El debilitamiento de la OEA de los últimos cinco años conspira con el propósito de contar con un órgano capaz de responder a los variados problemas del hemisferio. Ningún otro organismo regional tiene el cuerpo jurídico, la estructura y los programas de cooperación y asistencia de la OEA. La Carta Democrática Interamericana, el sistema interamericano de los derechos humanos, integrado por la Comisión (CIDH) y la Corte de San José, son de vital importancia para América Latina. Las misiones de observación electoral son otro de los pilares con mayor reconocimiento internacional. Esos mecanismos, entre otros, han contribuido a través de décadas al prestigio de la institución.

Los cuestionamientos a la OEA deben encontrar solución diplomática. Algunos son de carácter financiero. Estados Unidos aporta alrededor del 60% de los fondos regulares del organismo, es decir, que es casi superior a la suma de las contribuciones de los restantes 33 integrantes. Esta situación constituye una anomalía que repercute de distinta forma en cuestiones políticas e incluso en la credibilidad y la confianza en la OEA. También es evidente que en la medida en que todos los países no consideren que la OEA sea un foro útil y eficaz para resolver problemas de alcance hemisférico no van a sostener el coste de mantenerlo.

El debilitamiento de la OEA incluye fundamentalmente cuestiones de antagonismo político que hay que superar. El hemisferio necesita consolidar un nuevo clima diplomático más acorde con los enunciados de las Cumbres de las Américas. Es importante que Cuba se reintegre al organismo tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. También que Venezuela regrese a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Ecuador vuelva a participar de las sesiones de la CIDH. Pero fundamentalmente es esencial que todos los países del hemisferio tengan la voluntad política de que la OEA recupere el vigor diplomático que le permita contribuir con una agenda de mayor eficacia a las necesidades y los desafíos de los Estados miembros, sin menoscabo de la consolidación de otros organismo regionales de reciente creación.

En el mundo actual el fortalecimiento de las instituciones internacionales es cada día más esencial. La mayoría de los problemas que se enfrentan hoy son de carácter global y requieren ser encarados de forma cooperativa, sea el narcotráfico, el crimen organizado o cuestiones de diversa índole que hacen a las asimetrías de percepciones hemisféricas. Es hora de impulsar ese trabajo diplomático y restablecer una OEA a la altura de las circunstancias. Hacerlo redundará en beneficio de los 35 Estados americanos. La Argentina, como en otros momentos de la historia interamericana, tiene la oportunidad de contribuir en ese sentido.

La última elección, que permite que la oposición tenga mayoría en la Asamblea Nacional, es una manifestación de que la ciudadanía venezolana reclama una evolución para que Venezuela supere la debacle económica y los abusos políticos. Sin embargo, ni la oposición debería desconocer el papel que conforme a la Constitución le corresponde al Ejecutivo ni el Gobierno el claro mensaje de las urnas.

Es momento de que unos y otros eviten desmesuras y recuperen el diálogo para impedir que el enfrentamiento de casi dos décadas se traslade a los dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo. En ese punto es donde Unasur y Mercosur deberían recuperar presencia y protagonismo diplomático constructivo. Ni la nueva mayoría parlamentaria debe ser abusiva ni el Gobierno puede ignorar su existencia. La gobernabilidad venezolana pasa por la búsqueda de equilibrio entre el Legislativo en manos de la oposición y el Ejecutivo conducido por el presidente Nicolás Maduro.

Muchos temas urgentes harán de esa convivencia un ciclo político difícil. El colapso económico y social del modelo chavista puede llevar a la oposición a intentar desde la Asamblea Nacional promover leyes orgánicas de difícil aceptación por parte de Maduro. Lo mismo podría pasar si se intentara desplazar autoridades. Pese a que para ambas posibilidades cuenta con los votos suficientes en la Asamblea, la ansiedad del triunfo electoral debería ser controlada. Las características del chavismo en el poder sugieren un camino paso a paso.

El primero a ojos del mundo debería ser la inmediata liberación de los presos políticos y el restablecimiento pleno del respeto a los derechos humanos. En este punto la diplomacia regional debería estar comprometida para asistir a evitar fracturas entre el poder Legislativo y el Ejecutivo. Sería deseable que fuera el propio Nicolás Maduro el que impulsara una ley de amnistía. Si lo hiciera, el Gobierno venezolano recuperaría mucho del prestigio internacional perdido.

Es de esperar que la madurez política se imponga. También que América Latina sepa estar a la altura de las circunstancias. Hasta ahora su papel diplomático ha sido muy desilusionante. La nueva etapa delicada de esperanza en la que ingresa Venezuela exige que la región asuma un rol de mayor responsabilidad y compromiso.

La magnitud de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, como la fractura de su sociedad, no permite que América Latina siga ignorando la situación. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha señalado la necesidad de actuar ya, además de advertir sobre los riesgos de la escalada indeseable de violencia y la creciente violación a los derechos humanos. También ha afirmado: “Cada muerto en Venezuela duele en todas las Américas”.

La afirmación de Almagro no parece haber sido escuchada en Unasur ni el Mercosur. Ambos organismos regionales mantienen silencio en una vergonzosa actitud frente a un cuadro político de una altísima gravedad. La voz del presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, parece haber sido de las muy pocas que han reclamado una acción urgente en consonancia con el secretario general de la OEA. Esa actitud es concordante con un reclamo similar por parte de ex presidentes de América Latina y de España.

La diplomacia regional no puede seguir con una actitud de escandalosa parálisis y de condescendencia con los abusos del Gobierno venezolano. El Gobierno argentino, hasta ahora, ha sido uno de los principales responsables de esa inacción. Ese comportamiento es repudiable y contradice los valores esenciales del sistema interamericano e incluso del Mercosur. Ante las alteraciones de la vida democrática en Venezuela, resulta urgente la aplicación de los instrumentos pertinentes que incluye la Carta Democrática Interamericana, que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática.

Las elecciones del 6 de diciembre son cruciales para el futuro democrático de Venezuela y es imprescindible que toda América Latina reclame que se celebren en un clima de libertad, sin violencia y acoso político. El Gobierno venezolano debe reconocer de una vez por todas las normas elementales de la democracia y el respeto a las libertades individuales y de libre expresión. De lo contrario, debe asumir las consecuencias de la condena internacional.

La lista de temas que requieren actualización es amplia. En el ámbito regional el alicaído Mercosur necesita una obvia recomposición. Ya no es posible seguir ignorando los riesgos del creciente deterioro. Menos aún que se siga abstrayendo de lo que ocurre en el mundo. De las numerosas negociaciones multilaterales sustantivas en ninguna participa el Mercosur. Ese aislamiento ha quedado en mayor evidencia con el informe del Banco Mundial, Doing Business in 2016, donde los países miembros se encuentran en un índice muy poco favorable para hacer negocios. El contraste sobresale cuando se compara con la ubicación adquirida por los que integran la Alianza del Pacífico.

Unasur es otro capítulo para la reflexión. En los últimos años el ámbito sudamericano ha quedado reducido a solidaridades que chocan con los propios principios y valores que proclama defender. El caso más patético es Venezuela. Las gestiones diplomáticas ante los excesos del Gobierno venezolano han concluido en actitudes condescendientes con la represión, las violaciones a los derechos humanos y las limitaciones a las libertades individuales. Tampoco Unasur ha probado ser un instrumento útil en términos de integración física y mayor interconexión regional.

La unidad y la cohesión de América Latina y el Caribe también han sufrido una desarticulación preocupante que no guarda relación con la necesidad de mayor coordinación ante los desafíos de la globalización. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que aglutina a 33 países, se ha convertido en un mero recolector de aspiraciones genéricas diversas sin un plan de acción que promueva de manera eficaz su ubicación en el mundo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha sufrido las consecuencias de los desvaríos promovidos por varias capitales. Su parálisis es lamentable al ser el único organismo hemisférico que cuenta con un sistema probado y eficaz en defensa de los derechos humanos y la democracia. El resultado ha sido que tanto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como la Carta Democrática Interamericana han quedado virtualmente inmovilizadas.

Estos ejemplos reducidos al ámbito regional pone en evidencia, entre otros, la necesidad de encarar una política latinoamericana con visión geopolítica y con ojos más abiertos al siglo XXI. La Argentina no sólo debe salir del aislamiento internacional en el que se encuentra, sino que debería impulsar una diplomacia regional con cristales renovados y estratégicos que proyecte con mayor énfasis y acierto la necesidad de una América Latina abierta e integrada al mundo.

En este contexto, las elecciones legislativas convocadas para fin de año no parecen contar, por el momento, con las garantías democráticas mínimas para asegurar comicios transparentes. También en lo que hace a la libre participación de las principales fuerzas políticas en campañas electorales, en particular por cuanto por primera vez en 16 años los 19 partidos de la oposición, agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, tienen la posibilidad de ganar las elecciones parlamentarias. Sin embargo, es difícil ser optimista en un país donde se han afectado todos los elementos esenciales de la democracia representativa, como los parámetros de salvaguardia de la democracia previstos en la Carta Democrática Interamericana.

Es importante para la crítica situación venezolana que las próximas elecciones del 6 de diciembre sean libres y transparentes. Es de esperar que el Gobierno venezolano, a diferencia del pasado, acepte observadores internacionales calificados para los comicios, en particular de la Organización de Estados Americanos. Así lo ha solicitado recientemente un número significativo de expresidentes latinoamericanos y sería importante que todos los Gobiernos de la región insistan con la misma aspiración. Han sido auspiciosas las referencias de la Presidenta del Brasil en ese sentido. Sería importante que la Argentina hiciera manifestaciones en la misma dirección.

Hasta ahora el comportamiento argentino respecto de la grave crisis política en Venezuela ha sido muy desilusionante. En ningún momento se han efectuado gestiones diplomáticas para interceder en la liberación de los 75 presos políticos ni se ha expresado preocupación por el grado de represión que se ejerce contra la oposición y la libertad de prensa.

Es de esperar que tras las elecciones presidenciales de octubre, la diplomacia del Palacio San Martín recupere el protagonismo en política exterior en la defensa de valores y principios esenciales como la democracia y los derechos humanos. Es urgente que la Argentina, uno de los impulsores de la Carta Democrática Interamericana y de los protocolos específicos del Mercosur y Unasur, vuelva a ejercer el liderazgo regional en defensa del sistema interamericano de derechos humanos para asegurar que América Latina toda permanezca como una zona libre de autoritarismos y desvíos democráticos.

En ese marco pensar que Venezuela es aún una democracia representativa en el marco de su propia Constitución o en los términos de la Carta Democrática Interamericana, es una falacia. La realidad muestra una atmósfera política en la que se están traspasando todos los límites admitidos. Incluso el Estado de Derecho es de una gran precariedad donde se han desvanecido las garantías jurídicas.

En ese contexto, adquiere singular importancia la actitud del ex presidente de España, Felipe González, que ha expresado disposición de asumir la defensa legal de presos políticos, en particular de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Otras personalidades de la región, como Fernando Enrique Cardozo, se han sumado a la iniciativa. La situación venezolana es tan grave que hasta el maniatado Secretario General de UNASUR ha ponderado el gesto de Felipe González.

Ya en noviembre pasado un grupo de ex mandatarios latinoamericanos habían expresado la preocupación por la falta de garantías jurídicas en Venezuela. El grupo estaba integrado por Ricardo Lagos (Chile), Alejandro Toledo (Perú), Fernando Enrique Cardozo (Brasil), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Oscar Arias (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador). Lamentablemente la lista no incluía a ex presidentes argentinos.

Es evidente que, ante el delicado cuadro venezolano y la absoluta inacción de la diplomacia regional, el único camino para ayudar a Venezuela es la asistencia internacional no gubernamental, compuesta por la voz de aquellos que no tienen temor por las represalias del régimen venezolano. Resulta penoso que los presidentes de América Latina sean tan condescendientes con un gobierno que se encuentra violando los principios esenciales sobre los cuales desde hace varias décadas se asienta la convivencia hemisférica, entre otros, la defensa de la democracia y los derechos humanos.

La Argentina, lamentablemente, parece haber descartado de la política exterior la importancia que revisten los valores y principios internacionalmente reconocidos. Un exceso de pragmatismo parece impregnar toda su diplomacia. El comportamiento con Venezuela es quizás la muestra más dolorosa de ese abandono y la pérdida de un comportamiento mínimamente ético en las relaciones internacionales.

La decisión de Estados Unidos, quizás exagerada aunque limitada en el alcance, era inevitable ante la falta de respuestas al continuo agravamiento de la situación política y humanitaria. El relator de derechos humanos de Naciones Unidas advirtió recientemente sobre un cuadro que incluye torturas y otras formas de violaciones de estos derechos. Ya supera en un centenar los presos políticos.

Los dos gobiernos que más hubieran podido ayudar a la reflexión venezolana, Argentina y Brasil, no lo hicieron. Ambos se alinearon con Nicolás Maduro en una forma que contradice los documentos constitutivos del Mercosur y Unasur. Esa actitud envalentonó a Caracas. Estados Unidos, ahora, ha hecho una última contribución al dar una nueva excusa para que el gobierno venezolano se abroquele en un discurso anti imperialista.

El grado de la incapacidad venezolana a la razón, como a la prudencia, ha quedado en evidencia en la respuesta de Nicolás Maduro a un comentario genérico del Vicepresidente del Uruguay. Directamente lo tildó de cobarde en una reacción que deja traslucir el ánimo confrontativo del gobierno venezolano. Es probable que el exabrupto de Venezuela haya estado dirigido, en realidad, contra otro uruguayo que se perfila como probable sucesor a la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Venezuela puede temer que el embajador Luis Almagro muestre ser más efectivo que José Miguel Insulza y ponga a la OEA a cumplir con la responsabilidad primordial que le corresponde conforme a la Carta Democrática Interamericana. Nada sería más preocupante para Caracas.

La situación venezolana se encuentra, asimismo, ante una espiral que puede tener una variedad de derivaciones no queridas para América Latina. El alineamiento militar con Rusia y el riesgo de que bombarderos estratégicos rusos utilicen bases venezolanas, es el otro componente que amenaza el horizonte y que pudo haber estado en el pensamiento de Washington al dictar una orden ejecutiva que se centra en una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

Es evidente que América Latina debería reaccionar antes de que sea demasiado tarde para la democracia venezolana como para la estabilidad regional. Es hora que Argentina y Brasil asuman la responsabilidad de utilizar la diplomacia para abrir el camino a un diálogo hemisférico en lugar de agregar más animosidad a un cuadro de por sí efervescente, como lo hizo el poco atinado comunicado de Buenos Aires.

El Comunicado Conjunto del Consejo Mercado Común es básicamente una lista de buenos propósitos comerciales donde cada país incluyó, como en un catálogo, los puntos que más le interesan. Sin embargo, se eludieron los temas centrales para revitalizar de manera efectiva la integración subregional.

A más de 25 años del objetivo de crear un Mercado Común, los resultados son todavía desilusionantes. La escasa relevancia de la reunión de Caracas, que pareció un espejo de Unasur, fue puesto en evidencia por el Presidente del Uruguay, José Mujica, al sugerir como alternativa a futuras reuniones el uso del teléfono.

Es preocupante que el Mercosur haya perdido impronta y vitalidad cuando la situación económica y financiera de los Estados Miembros, como las perspectivas que plantea la globalización, debería haber aconsejado una estrategia diplomática con un impulso marcadamente diferente. La aceleración para la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y los países de la Alianza del Pacífico, como propuso Brasil, pudo haber sido una iniciativa estimulante. Lamentablemente Argentina y Venezuela no mostraron mayor interés en acelerar plazos, presumiblemente por motivos más ideológicos que comerciales.

El Mercosur debería recuperar con urgencia los objetivos originales. El Tratado de Asunción debe volver a ser el centro de  nueva vitalidad. Esto implica, entre otros, mayores esfuerzos en materia arancelaria común y mejor disposición para la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. También un enfoque más amplio respecto a terceros países. Es de esperar que la nueva oferta del Mercosur para alcanzar un TLC con la Unión Europea logre superar más de 15 años de negociaciones. Sería un paso importante en el fortalecimiento del Mercosur a escala global.

Es hora también que el Mercosur deje de ser una tribuna regional para obtener apoyos externos a urgencias nacionales o ser utilizado como plataforma para objetivos electorales. Existen otros órganos o ámbitos para esos propósitos. Es de esperar que en el futuro, por el bien de la integración regional, nos demos cuenta.

Este cuadro, junto con el grave desorden económico y la reducción de la producción del petróleo, está haciendo tambalear al presidente Nicolás Maduro. Venezuela se encuentra al borde del precipicio financiero y enfrenta el riesgo de un colapso económico. El fracaso de la gestión gubernamental parece un hecho ampliamente reconocido como el creciente clima de disconformidad social ante la escasez de productos básicos. El país se encamina a la décima devaluación.

El precio internacional del petróleo debería, por lo menos, duplicar su valor de mercado actual para sostener un gasto público en ascenso y una economía virtualmente paralizada. La creciente presencia e influencia cubana es también materia de encendidas críticas de la oposición como de sectores militares del oficialismo. La paradoja es que Cuba ha iniciado una serie de reformas estructurales que van en sentido contrario a lo que sus expertos tecnócratas promueven en Caracas.

En ese marco de grave polarización política y distorsiones económicas, el mayor reto que enfrenta el presidente Maduro es dentro del chavismo mismo. La futura militarización del gobierno bolivariano parece un hecho probable. La duda es la forma que puede adquirir esa intervención y si Nicolás Maduro la aceptará mansamente. Las milicias bolivarianas ya están en la calle.

La apagada critica sudamericana a los excesos represivos de Caracas pondría de manifiesto las intensas gestiones de Maduro para obtener apoyo internacional y apagar los riesgos que se avecinan. Es como si el propio Maduro advirtiera sobre los cambios de orientación del chavismo.

El Mercosur y Unasur, en comunicados recientes de apoyo a Nicolás Maduro, han efectuado un tímido llamado a dejar de lado la violencia “de todos los sectores“ lo que constituye una expresión que abarca, sin nombrarlo, al gobierno venezolano. Es de lamentar que América del Sur, en particular el Mercosur, no sea más firme y categórico en la condena a excesos represivos. Las violaciones a los derechos humanos como respuesta a protestas democráticas no tienen justificación alguna. Tampoco que se haya resentido el estado de derecho. La solidaridad regional como “los afectos ideológicos” debe tener el límite que impone la defensa de valores universales como son las libertades individuales y la libertad de prensa. Los venezolanos hoy lo están reclamando.

Ya Washington había enfatizado con claridad, a todos los países, que cualquier desafío que represente una protección al ex agente norteamericano tendría “graves repercusiones”. El mensaje, independiente de la opinión que merezca, no contiene ambigüedades.

Las medidas preliminares que serían adoptadas por Washington incluirían la suspensión de visas a miembros del gobierno y empresarios venezolanos como el estudio para impulsar causas judiciales contra chavistas sospechados de vínculos con el narcotráfico y de haber incurrido en lavado de dinero. El secretario de Estado, John Kerry, en una reciente conversación telefónica, habría advertido al canciller venezolano, Elías Jaua, que las medidas de represalia podrían llegar a suspender la compra norteamericana de crudo, gasolina y derivados del petróleo.

Asimismo, los países europeos han decidido respaldar los esfuerzos de Estados Unidos de bloquear toda posibilidad que Snowden pueda sobre volar el espacio europeo. La situación delicada atravesada por el avión del presidente de Bolivia pone de manifiesto esa determinación. Ningún avión con bandera venezolana con sospecha de transportar al ex agente de la CIA será autorizado de transitar por el espacio aéreo de los países de la OTAN. Es probable que la medida incluya aviones cubanos y ecuatorianos. Tampoco se descarta que la medida esté también dirigida contra líneas aéreas de otros países que han demostrado cierta inclinación solidaria a favor de Venezuela.

La posibilidad que Estados Unidos deje de adquirir petróleo y derivados sería un suicidio económico para Venezuela ya que representa el 90% de los ingresos de divisas calculadas en 12 mil millones de dólares al año. El impacto en la economía venezolana sería catastrófico. Ya el ex presidente Hugo Chávez había fracasado en el intento de reemplazar al mercado norteamericano como principal cliente comercial de hidrocarburos ante la eventualidad de una mayor confrontación con Washington. Caracas no puede ignorar que las consecuencias del enfrentamiento serán muy graves. Salvo que Nicolás Maduro esté dispuesto a sufrir los avatares de esas represalias para cubrir el fracaso económico que ha hundido a Venezuela en recesión desde el 2009. Sería de lamentar que Maduro utilice el recurso legítimo del asilo para otros propósitos. También lo sería que involucre a UNASUR o a la presidencia Pro Tempore del Mercosur en ese sentido.

El episodio Snowden es preocupante desde todo punto de vista. Ni Estados Unidos debería ignorar el derecho internacional ni los demás Estados aprovecharse de un tema particularmente delicado. Todos deberían, en cambio, avocarse a encontrar una fórmula diplomática armoniosa que evite reproducir escenarios de confrontación con consecuencias imprevisibles.