La Argentina, que aboga por la defensa de la democracia venezolana y el pleno respeto a los derechos fundamentales, ha intentado ayudar para evitar que la escalada de tensión se convierta en un incendio descontrolado. El intento diplomático de Buenos Aires era, entre otros, el de generar una instancia de diálogo con el apoyo de distintas organizaciones regionales que permitiera reducir riesgos hipotéticos y, al mismo tiempo, poner límites a los excesos que quieren arrasar con los principios fundamentales de la Constitución de Venezuela.

El esfuerzo diplomático conciliatorio de la canciller Susana Malcorra es ponderable. Aunque reconoció las limitaciones que plantean las actuales circunstancias, también advirtió sobre los riesgos de continuar con un impasse diplomático. La sugerencia que Malcorra formuló en la OEA de buscar “algún tipo de conciliación y complementación de varias iniciativas” parecía la propuesta más sensata y racional al permitir, entre otras cuestiones, crear las condiciones para acordar una eventual hoja de ruta que evitara males mayores para la sociedad venezolana.

Venezuela hoy, por el conjunto de elementos de la crisis política, económica y humanitaria, enfrenta el peor momento en su historia moderna. Es lamentable que el Gobierno venezolano no haya aprovechado la oportunidad y que, en cambio, sólo haya intentado, como lo señaló la canciller Rodríguez en el recinto de la OEA, “explicar su verdad”. También que rechace considerar o reflexionar sobre la ayuda diplomática regional ofrecida.

Es evidente que, como indicó Susana Malcorra en conferencia de prensa, no existen soluciones mágicas. Tampoco propuestas milagrosas. Sin embargo, vale la pena seguir con el intento de hacer prevalecer la lógica diplomática. Otras alternativas crearían situaciones más difíciles de remontar.

El Gobierno venezolano debería darse cuenta de que los tiempos se acortan. También de que la paciencia regional tiene un límite para tolerar situaciones que comprometen derechos fundamentales como principios centrales que rigen en toda democracia. Cada día aumentan los apoyos regionales que permitirían contar con los 18 votos necesarios para que la OEA aplique la Carta Democrática Interamericana. Es de esperar que Caracas reflexione y acepte, antes de que sea demasiado tarde, la oportuna mano diplomática tendida por Argentina.

La baja del precio, tras la reducción de la demanda de China y Europa, refleja el grado de confrontación entre los miembros principales de la OPEP. La última reunión en Viena no pudo acordar un límite a la producción. En gran medida el impasse es resultado de la rivalidad entre Arabia Saudita e Irán y la escalada de tensión entre ambos. También por la nueva dinámica de la guerra en Siria y la creciente presencia militar de Rusia. En ese contexto, Arabia Saudita no parece dispuesta a que Irán o Rusia mejoren sus alicaídas finanzas frente a las exigencias de los respectivos gastos militares.

El principal productor de la OPEP, Arabia Saudita, y los restantes socios del Golfo Pérsico no parecen preocupados por la caída de los precios del crudo, aun cuando se mantenga por un período prolongado. Incluso por debajo de los 25 dólares en el precio del barril mantienen ganancias. La fortaleza de las reservas de los respectivos Bancos Centrales es otro motivo de tranquilidad.

La actual cotización del barril del petróleo es, en cambio, una catástrofe para los productores africanos y latinoamericanos que se encuentran en situaciones vulnerables. Para Venezuela, Ecuador y México, un precio por debajo de los 70 dólares plantea un panorama muy delicado. El resultado electoral en Venezuela y el desplome de su economía es un reflejo. También Ecuador, que se encuentra al borde de la recesión. México, en otro ejemplo, acumula en el 2015 una pérdida de veinte mil millones de dólares y Moody’s redujo la calificación de Pemex y valoró como negativas las perspectivas a futuro.

¿Hasta cuándo se mantendrá la baja del precio del barril de petróleo? Goldman Sachs y Morgan & Stanley han indicado que el barril podría llegar incluso hasta los 20 dólares. Más allá del escenario planteado por los bancos de inversión, la devaluación del yuan, el fortalecimiento del dólar y la incertidumbre sobre las perspectivas de reactivación de la economía global son razones para pensar que la baja del precio del crudo continuará por algún tiempo.

Tampoco está claro si el creciente enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán podría fracturar a la OPEP. Hasta ahora prima la cordura. El mercado de futuros, por ahora, apuesta a la unidad y a una eventual intervención de la OPEP en los precios. Ese optimismo, sin embargo, puede verse afectado por una diversidad de variables, en particular por la producción norteamericana del esquisto y el delicado cuadro de confrontación en Medio Oriente. Habrá que ver también cómo asimilará el mercado la sobreoferta.

La última elección, que permite que la oposición tenga mayoría en la Asamblea Nacional, es una manifestación de que la ciudadanía venezolana reclama una evolución para que Venezuela supere la debacle económica y los abusos políticos. Sin embargo, ni la oposición debería desconocer el papel que conforme a la Constitución le corresponde al Ejecutivo ni el Gobierno el claro mensaje de las urnas.

Es momento de que unos y otros eviten desmesuras y recuperen el diálogo para impedir que el enfrentamiento de casi dos décadas se traslade a los dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo. En ese punto es donde Unasur y Mercosur deberían recuperar presencia y protagonismo diplomático constructivo. Ni la nueva mayoría parlamentaria debe ser abusiva ni el Gobierno puede ignorar su existencia. La gobernabilidad venezolana pasa por la búsqueda de equilibrio entre el Legislativo en manos de la oposición y el Ejecutivo conducido por el presidente Nicolás Maduro.

Muchos temas urgentes harán de esa convivencia un ciclo político difícil. El colapso económico y social del modelo chavista puede llevar a la oposición a intentar desde la Asamblea Nacional promover leyes orgánicas de difícil aceptación por parte de Maduro. Lo mismo podría pasar si se intentara desplazar autoridades. Pese a que para ambas posibilidades cuenta con los votos suficientes en la Asamblea, la ansiedad del triunfo electoral debería ser controlada. Las características del chavismo en el poder sugieren un camino paso a paso.

El primero a ojos del mundo debería ser la inmediata liberación de los presos políticos y el restablecimiento pleno del respeto a los derechos humanos. En este punto la diplomacia regional debería estar comprometida para asistir a evitar fracturas entre el poder Legislativo y el Ejecutivo. Sería deseable que fuera el propio Nicolás Maduro el que impulsara una ley de amnistía. Si lo hiciera, el Gobierno venezolano recuperaría mucho del prestigio internacional perdido.

Es de esperar que la madurez política se imponga. También que América Latina sepa estar a la altura de las circunstancias. Hasta ahora su papel diplomático ha sido muy desilusionante. La nueva etapa delicada de esperanza en la que ingresa Venezuela exige que la región asuma un rol de mayor responsabilidad y compromiso.

La magnitud de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, como la fractura de su sociedad, no permite que América Latina siga ignorando la situación. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha señalado la necesidad de actuar ya, además de advertir sobre los riesgos de la escalada indeseable de violencia y la creciente violación a los derechos humanos. También ha afirmado: “Cada muerto en Venezuela duele en todas las Américas”.

La afirmación de Almagro no parece haber sido escuchada en Unasur ni el Mercosur. Ambos organismos regionales mantienen silencio en una vergonzosa actitud frente a un cuadro político de una altísima gravedad. La voz del presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, parece haber sido de las muy pocas que han reclamado una acción urgente en consonancia con el secretario general de la OEA. Esa actitud es concordante con un reclamo similar por parte de ex presidentes de América Latina y de España.

La diplomacia regional no puede seguir con una actitud de escandalosa parálisis y de condescendencia con los abusos del Gobierno venezolano. El Gobierno argentino, hasta ahora, ha sido uno de los principales responsables de esa inacción. Ese comportamiento es repudiable y contradice los valores esenciales del sistema interamericano e incluso del Mercosur. Ante las alteraciones de la vida democrática en Venezuela, resulta urgente la aplicación de los instrumentos pertinentes que incluye la Carta Democrática Interamericana, que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática.

Las elecciones del 6 de diciembre son cruciales para el futuro democrático de Venezuela y es imprescindible que toda América Latina reclame que se celebren en un clima de libertad, sin violencia y acoso político. El Gobierno venezolano debe reconocer de una vez por todas las normas elementales de la democracia y el respeto a las libertades individuales y de libre expresión. De lo contrario, debe asumir las consecuencias de la condena internacional.

Pese a la seriedad de la situación, la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó, por un voto, la solicitud colombiana de convocar a una reunión de cancilleres para analizar los efectos humanitarios del cierre de las fronteras y las deportaciones. La lamentable actitud de la OEA responde a que once países votaron en abstención y, consecuentemente, evitaron que Colombia obtuviera los 18 votos necesarios. Vergonzosamente, la Argentina fue uno de ellos.

Resulta incomprensible el voto argentino contrario a la convocatoria de una sesión ministerial del organismo hemisférico ante una situación tan grave y urgente. Como lo es también la persistente actitud de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA. Representa además un desilusionante abandono de una de las mayores tradiciones diplomáticas de la Argentina de proteger el derecho de las personas ante situaciones internacionales críticas, en tiempos de paz o de conflicto. Asimismo, constituye una paradoja. Mientras se ha enviado recientemente ayuda humanitaria a refugiados en el Líbano a través de Cascos Blancos, se ignora una situación de enorme seriedad humanitaria que enfrenta un país hermano.

La razón de este lamentable comportamiento diplomático obedece al exceso de condescendencia con el Gobierno venezolano. El reciente intento de mediación de los cancilleres de Argentina y Brasil parece servir más a los interés venezolanos que a los colombianos. Ese desequilibrio es concordante con la posición que ambos países han mantenido ante los casos de represión en Venezuela, encarcelamiento de opositores políticos y graves restricciones a las libertades individuales y de expresión. La solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro parece tener prioridad frente a violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Es decepcionante que la Argentina no actué con mayor responsabilidad diplomática. Es de esperar que la grave situación económica y política que atraviesa Venezuela no lleve a Caracas a seguir adoptando medidas condenables y que puedan poner en riesgo la paz y la seguridad de la región.

En este contexto, las elecciones legislativas convocadas para fin de año no parecen contar, por el momento, con las garantías democráticas mínimas para asegurar comicios transparentes. También en lo que hace a la libre participación de las principales fuerzas políticas en campañas electorales, en particular por cuanto por primera vez en 16 años los 19 partidos de la oposición, agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, tienen la posibilidad de ganar las elecciones parlamentarias. Sin embargo, es difícil ser optimista en un país donde se han afectado todos los elementos esenciales de la democracia representativa, como los parámetros de salvaguardia de la democracia previstos en la Carta Democrática Interamericana.

Es importante para la crítica situación venezolana que las próximas elecciones del 6 de diciembre sean libres y transparentes. Es de esperar que el Gobierno venezolano, a diferencia del pasado, acepte observadores internacionales calificados para los comicios, en particular de la Organización de Estados Americanos. Así lo ha solicitado recientemente un número significativo de expresidentes latinoamericanos y sería importante que todos los Gobiernos de la región insistan con la misma aspiración. Han sido auspiciosas las referencias de la Presidenta del Brasil en ese sentido. Sería importante que la Argentina hiciera manifestaciones en la misma dirección.

Hasta ahora el comportamiento argentino respecto de la grave crisis política en Venezuela ha sido muy desilusionante. En ningún momento se han efectuado gestiones diplomáticas para interceder en la liberación de los 75 presos políticos ni se ha expresado preocupación por el grado de represión que se ejerce contra la oposición y la libertad de prensa.

Es de esperar que tras las elecciones presidenciales de octubre, la diplomacia del Palacio San Martín recupere el protagonismo en política exterior en la defensa de valores y principios esenciales como la democracia y los derechos humanos. Es urgente que la Argentina, uno de los impulsores de la Carta Democrática Interamericana y de los protocolos específicos del Mercosur y Unasur, vuelva a ejercer el liderazgo regional en defensa del sistema interamericano de derechos humanos para asegurar que América Latina toda permanezca como una zona libre de autoritarismos y desvíos democráticos.

En ese marco pensar que Venezuela es aún una democracia representativa en el marco de su propia Constitución o en los términos de la Carta Democrática Interamericana, es una falacia. La realidad muestra una atmósfera política en la que se están traspasando todos los límites admitidos. Incluso el Estado de Derecho es de una gran precariedad donde se han desvanecido las garantías jurídicas.

En ese contexto, adquiere singular importancia la actitud del ex presidente de España, Felipe González, que ha expresado disposición de asumir la defensa legal de presos políticos, en particular de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Otras personalidades de la región, como Fernando Enrique Cardozo, se han sumado a la iniciativa. La situación venezolana es tan grave que hasta el maniatado Secretario General de UNASUR ha ponderado el gesto de Felipe González.

Ya en noviembre pasado un grupo de ex mandatarios latinoamericanos habían expresado la preocupación por la falta de garantías jurídicas en Venezuela. El grupo estaba integrado por Ricardo Lagos (Chile), Alejandro Toledo (Perú), Fernando Enrique Cardozo (Brasil), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Oscar Arias (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador). Lamentablemente la lista no incluía a ex presidentes argentinos.

Es evidente que, ante el delicado cuadro venezolano y la absoluta inacción de la diplomacia regional, el único camino para ayudar a Venezuela es la asistencia internacional no gubernamental, compuesta por la voz de aquellos que no tienen temor por las represalias del régimen venezolano. Resulta penoso que los presidentes de América Latina sean tan condescendientes con un gobierno que se encuentra violando los principios esenciales sobre los cuales desde hace varias décadas se asienta la convivencia hemisférica, entre otros, la defensa de la democracia y los derechos humanos.

La Argentina, lamentablemente, parece haber descartado de la política exterior la importancia que revisten los valores y principios internacionalmente reconocidos. Un exceso de pragmatismo parece impregnar toda su diplomacia. El comportamiento con Venezuela es quizás la muestra más dolorosa de ese abandono y la pérdida de un comportamiento mínimamente ético en las relaciones internacionales.

La decisión de Estados Unidos, quizás exagerada aunque limitada en el alcance, era inevitable ante la falta de respuestas al continuo agravamiento de la situación política y humanitaria. El relator de derechos humanos de Naciones Unidas advirtió recientemente sobre un cuadro que incluye torturas y otras formas de violaciones de estos derechos. Ya supera en un centenar los presos políticos.

Los dos gobiernos que más hubieran podido ayudar a la reflexión venezolana, Argentina y Brasil, no lo hicieron. Ambos se alinearon con Nicolás Maduro en una forma que contradice los documentos constitutivos del Mercosur y Unasur. Esa actitud envalentonó a Caracas. Estados Unidos, ahora, ha hecho una última contribución al dar una nueva excusa para que el gobierno venezolano se abroquele en un discurso anti imperialista.

El grado de la incapacidad venezolana a la razón, como a la prudencia, ha quedado en evidencia en la respuesta de Nicolás Maduro a un comentario genérico del Vicepresidente del Uruguay. Directamente lo tildó de cobarde en una reacción que deja traslucir el ánimo confrontativo del gobierno venezolano. Es probable que el exabrupto de Venezuela haya estado dirigido, en realidad, contra otro uruguayo que se perfila como probable sucesor a la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

Venezuela puede temer que el embajador Luis Almagro muestre ser más efectivo que José Miguel Insulza y ponga a la OEA a cumplir con la responsabilidad primordial que le corresponde conforme a la Carta Democrática Interamericana. Nada sería más preocupante para Caracas.

La situación venezolana se encuentra, asimismo, ante una espiral que puede tener una variedad de derivaciones no queridas para América Latina. El alineamiento militar con Rusia y el riesgo de que bombarderos estratégicos rusos utilicen bases venezolanas, es el otro componente que amenaza el horizonte y que pudo haber estado en el pensamiento de Washington al dictar una orden ejecutiva que se centra en una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

Es evidente que América Latina debería reaccionar antes de que sea demasiado tarde para la democracia venezolana como para la estabilidad regional. Es hora que Argentina y Brasil asuman la responsabilidad de utilizar la diplomacia para abrir el camino a un diálogo hemisférico en lugar de agregar más animosidad a un cuadro de por sí efervescente, como lo hizo el poco atinado comunicado de Buenos Aires.

El trial, OEA, CIDH y Corte, tras medio siglo de evolución y perfeccionamiento, ha sido fundamental para la salud democrática de la región, la vigencia del Estado de derecho y la defensa de los derechos de miles de latinoamericanos. La experiencia del SIDH ha sido de la más exitosa del mundo y constituye, de manera subsidiaria y complementaria, la última esperanza ante eventuales insuficiencias o ineficacias de los mecanismos nacionales de protección contra la injusticia, la arbitrariedad o la impunidad. La independencia del SIDH ha sido fuente de credibilidad y requisito imprescindible de eficacia.

Sin embargo, en el último lustro la OEA fue perdiendo protagonismo y el sistema interamericano de derechos humanos sufriendo alteraciones con la intención de limitar el radio de acción. Venezuela se retiró de la Corte y de la CIDH. Algunos países, principalmente del ALBA, han intentado limar la competencia de la Comisión y de la Corte de San José a punto tal que, por ejemplo, Ecuador vetó en la reciente Cumbre de la CELAC un párrafo de apoyo y reconocimiento al sistema interamericano de derechos humanos. La Argentina, con menor grado de protagonismo, se mantuvo en esa misma línea.

Es cuanto menos desilusionante que la defensa de los derechos humanos y las libertades básicas del Estado de derecho se encuentren subordinadas en América Latina y el Caribe a intereses políticos de dudosa raíz democrática. Sería lamentable para los ciudadanos de la región que el SIDH no logre retomar la relevancia humanitaria conforme a los instrumentos que le dieron vida.

Es hora también que la OEA vuelva a recuperar las atribuciones conforme a la Carta constitutiva. Los diversos organismos regionales, sea UNASUR, SICA, CARICOM o la CELAC, deberían evitar intentar reemplazar o desplazar a la OEA en las responsabilidades primordiales en materia de democracia y derechos humanos. Los organismos subregionales, en cambio, deberían lograr mayor armonía con la OEA para aumentar la efectividad en la defensa de los valores y principios proclamados, en particular en lo que hace a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la tutela de derechos y libertades fundamentales.

Es de esperar que el próximo Secretario General de la OEA ponga todo el empeño y capacidad diplomática en lograr el objetivo central de fortalecer el SIDH e idear un mejor tejido de cooperación con los organismos subregionales. América Latina y el Caribe no pueden seguir apañando la insistente devaluación del sistema interamericano de derechos humanos como convertir a la Carta Democrática Interamericana en un instrumento vacío de contenido.

Los primeros beneficiarios, además de Estados Unidos, son los países importadores como lo es hoy la Argentina. El saldo neto también podría ser positivo para la economía internacional. Capital Economics calcula que la caída del precio del crudo representará una inyección de más de 350 mil millones de dólares de nuevas inversiones a la economía global. Este número podría aumentar de manera sensible si se confirma las previsiones de Goldman Sachs de que el precio del petróleo podría aun declinar en un 15%.

La nómina de países más afectados incluye, entre otros, a Irán, Rusia y Venezuela. Los tres países enfrentan situaciones críticas. En el caso de Rusia, la combinación de sanciones occidentales, por la ocupación de Crimea y la injerencia en Ucrania, y la baja del precio del petróleo, podrían obligar a Moscú a la drástica revisión de políticas. Irán, con un gobierno electo para mejorar la situación económica interna, corre el riesgo de dar lugar al auge de sectores más fundamentalistas. El desplome económico de Venezuela, podría ser inminente y arrastraría a algunos países caribeños que sobreviven de la solidaridad venezolana.

Otros países, como México, tercer productor del hemisferio, también podrían sufrir consecuencias en los pronósticos de inversión extranjera y de crecimiento. Bolivia también, ya que la cotización del petróleo regula el precio del gas que exporta a Brasil y a la Argentina. Ecuador tampoco estaría en mejores condiciones. El protagonismo petrolero de Brasil, asimismo, se podría limitar. Los precios de las reservas en aguas ultra profundas solo serían rentables con precios del crudo más altos o con inversiones chinas de carácter más de concepción geoestratégica que de mercado.

El precio barato del petróleo, por uno o dos años, pone en riesgo la llamada revolución mundial del “fracking”. En el actual contexto,  la posibilidad de captar inversiones se reducen. La Argentina, con Vaca Muerta, podría eventualmente sufrir consecuencias que demoren aspiraciones.

Estas consideraciones apuntan a destacar que el mundo se va complicando con una diversidad de nuevas variables geopolíticas. Si bien el precio del petróleo no es exclusivo para considerar perspectivas globales al existir otras variantes relevantes, es evidente que hay que tener la cabeza muy fresca para el análisis y la reflexión en política exterior. Es de esperar que la Argentina se prepare para estar a la altura de las circunstancias.