El trial, OEA, CIDH y Corte, tras medio siglo de evolución y perfeccionamiento, ha sido fundamental para la salud democrática de la región, la vigencia del Estado de derecho y la defensa de los derechos de miles de latinoamericanos. La experiencia del SIDH ha sido de la más exitosa del mundo y constituye, de manera subsidiaria y complementaria, la última esperanza ante eventuales insuficiencias o ineficacias de los mecanismos nacionales de protección contra la injusticia, la arbitrariedad o la impunidad. La independencia del SIDH ha sido fuente de credibilidad y requisito imprescindible de eficacia.

Sin embargo, en el último lustro la OEA fue perdiendo protagonismo y el sistema interamericano de derechos humanos sufriendo alteraciones con la intención de limitar el radio de acción. Venezuela se retiró de la Corte y de la CIDH. Algunos países, principalmente del ALBA, han intentado limar la competencia de la Comisión y de la Corte de San José a punto tal que, por ejemplo, Ecuador vetó en la reciente Cumbre de la CELAC un párrafo de apoyo y reconocimiento al sistema interamericano de derechos humanos. La Argentina, con menor grado de protagonismo, se mantuvo en esa misma línea.

Es cuanto menos desilusionante que la defensa de los derechos humanos y las libertades básicas del Estado de derecho se encuentren subordinadas en América Latina y el Caribe a intereses políticos de dudosa raíz democrática. Sería lamentable para los ciudadanos de la región que el SIDH no logre retomar la relevancia humanitaria conforme a los instrumentos que le dieron vida.

Es hora también que la OEA vuelva a recuperar las atribuciones conforme a la Carta constitutiva. Los diversos organismos regionales, sea UNASUR, SICA, CARICOM o la CELAC, deberían evitar intentar reemplazar o desplazar a la OEA en las responsabilidades primordiales en materia de democracia y derechos humanos. Los organismos subregionales, en cambio, deberían lograr mayor armonía con la OEA para aumentar la efectividad en la defensa de los valores y principios proclamados, en particular en lo que hace a los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la tutela de derechos y libertades fundamentales.

Es de esperar que el próximo Secretario General de la OEA ponga todo el empeño y capacidad diplomática en lograr el objetivo central de fortalecer el SIDH e idear un mejor tejido de cooperación con los organismos subregionales. América Latina y el Caribe no pueden seguir apañando la insistente devaluación del sistema interamericano de derechos humanos como convertir a la Carta Democrática Interamericana en un instrumento vacío de contenido.

Este cuadro, junto con el grave desorden económico y la reducción de la producción del petróleo, está haciendo tambalear al presidente Nicolás Maduro. Venezuela se encuentra al borde del precipicio financiero y enfrenta el riesgo de un colapso económico. El fracaso de la gestión gubernamental parece un hecho ampliamente reconocido como el creciente clima de disconformidad social ante la escasez de productos básicos. El país se encamina a la décima devaluación.

El precio internacional del petróleo debería, por lo menos, duplicar su valor de mercado actual para sostener un gasto público en ascenso y una economía virtualmente paralizada. La creciente presencia e influencia cubana es también materia de encendidas críticas de la oposición como de sectores militares del oficialismo. La paradoja es que Cuba ha iniciado una serie de reformas estructurales que van en sentido contrario a lo que sus expertos tecnócratas promueven en Caracas.

En ese marco de grave polarización política y distorsiones económicas, el mayor reto que enfrenta el presidente Maduro es dentro del chavismo mismo. La futura militarización del gobierno bolivariano parece un hecho probable. La duda es la forma que puede adquirir esa intervención y si Nicolás Maduro la aceptará mansamente. Las milicias bolivarianas ya están en la calle.

La apagada critica sudamericana a los excesos represivos de Caracas pondría de manifiesto las intensas gestiones de Maduro para obtener apoyo internacional y apagar los riesgos que se avecinan. Es como si el propio Maduro advirtiera sobre los cambios de orientación del chavismo.

El Mercosur y Unasur, en comunicados recientes de apoyo a Nicolás Maduro, han efectuado un tímido llamado a dejar de lado la violencia “de todos los sectores“ lo que constituye una expresión que abarca, sin nombrarlo, al gobierno venezolano. Es de lamentar que América del Sur, en particular el Mercosur, no sea más firme y categórico en la condena a excesos represivos. Las violaciones a los derechos humanos como respuesta a protestas democráticas no tienen justificación alguna. Tampoco que se haya resentido el estado de derecho. La solidaridad regional como “los afectos ideológicos” debe tener el límite que impone la defensa de valores universales como son las libertades individuales y la libertad de prensa. Los venezolanos hoy lo están reclamando.