Resulta difícil determinar cuándo empezó esta cultura. Seguramente, Raúl Zaffaroni haya sido un abanderado en este tránsito. Sin embargo, su máxima expresión la encontramos con lo que se ha dado en llamar Justicia militante. Fiscales como Javier De Luca, verbigracia, integrante de dicha agrupación, quien ha sido explícito al afirmar que el Código Penal debe servir, antes que nada, no para castigar a quien infringe la ley, sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado. O el fiscal Alejandro Alagia, también simpatizante de dicha sector, quien destacó que lo positivo del otrora proyecto de reforma del Código Penal que impulsara Zaffaroni es que se trataba de “una declaración de desconfianza, pero hacia las penas”.

Para estos fiscales, el delito es un “conflicto social”, es decir, en alguna medida, hasta lo legitiman o lo exculpan. La definición más rotunda al respecto es que, para ellos, “el castigo es una solución irracional”. Lo que vemos sucede, o mejor dicho no sucede, con quienes cometen un delito, va en línea con la ideología que impera hoy en Tribunales. Lo que no se alcanza a colegir es si esta línea de pensamiento que manda en el ámbito judicial va de la mano con lo que piensa y siente la ciudadanía en general. Cada vez son más las voces que se alzan para reprochar que muchos homicidios o robos que se sufren a diario son cometidos por delincuentes que deberían estar detenidos y, sin embargo, se encuentran en libertad.

Desde ya que esta liviandad con que se exculpa a quien delinque encuentra su límite, una vez más, en cuestiones de ideología. No está políticamente bien visto tratar con la misma vara a los hoy ancianos que están involucrados en causas relacionadas con el proceso militar. Para ellos, se ve que el castigo es una solución racional. Tan así resulta que tampoco son susceptibles del beneficio por razones humanitarias de la prisión domiciliaria por cuestiones de edad avanzada. Lo paradójico es que a la mayoría de estos ancianos se los juzga en causas que tienen que ver con derechos humanos. Está tan desnaturalizado el proceso penal en nuestro país que ni los propios actores del sistema, es decir, abogados, jueces y fiscales, coincidimos o tenemos pautas claras sobre cómo interpretar cuándo una persona debe ir presa y cuándo no.

Con tan sólo ver lo que está sucediendo en estos días en causas tan notorias como las que está llevando adelante el juez Sebastián Casanello, se advertirá en toda su dimensión lo que vengo describiendo. Así, pues, no resulta fácil explicar por qué algunos imputados en dichas causas se encuentran detenidos con prisión preventiva y otros en libertad; y otros ni siquiera son llamados a declarar. Tal el caso de los Báez, padre e hijo: uno, detenido, el otro, en libertad. A esta altura, cuesta creer que la razón del diferente tratamiento radique en el temor a que uno se profugue y el otro no. Al respecto, si tomamos el caso del abogado Víctor Stinfale, detenido al momento de ir a ponerse a disposición del juez, no se entiende el criterio utilizado entonces para decidir su detención. El argumento de que se pudiera profugar en este caso parecería no alcanzar.

En síntesis, daría la sensación de que hoy todo queda librado a la total discrecionalidad de los jueces. Las reglas, o ya no se entienden, o en todo caso ya no se conocen. O peor, ya no hay reglas. Causas que se encuentran bajo “secreto de sumario” son comentadas públicamente con lujo de detalle por radio o televisión. Dicho de otra forma, parecería que el secreto de sumario queda limitado a alguna de las partes, mas no así al público en general. Absurdo.

Tampoco encuentra explicación que causas denunciadas hace muchos años no hayan merecido actividad por parte de los mismos jueces que ahora pretenden mostrarse preocupados por su gravedad y entidad. Resulta una obviedad que su falta manifiesta de actividad derivó, una vez más, en un gran beneficio para los imputados. Lo cierto es que, como están dadas las condiciones, hoy, en nuestro país, es muy difícil que quien incurre en un delito vaya preso. Y, claro está, dicha postura sólo alienta a más delito. Se llega al absurdo de especular abiertamente con cargos en función de obtener fueros para eludir responsabilidad en el futuro por delitos cometidos en el pasado, cual si fueran prerrogativas personales, haciendo caso omiso de lo que indica al respecto nuestra Carta Magna en sus artículos 16 y 68.

Nuestro país ha suscrito distintos acuerdos internacionales en los que se comprometió a disuadir el delito. Sólo como ejemplo, tómese el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, por sus siglas en inglés) o el Protocolo Mercosur 8/95. Evitar sanciones o permitir que un delincuente transite todo el proceso penal en libertad, en un país donde los procesos son eternos, o se “cajonean”, o se dilatan hasta el infinito, o sencillamente se los deja prescribir, lejos de disuadir en la comisión del delito, lo alienta. Y eso es lo que sucede en el país. Por eso vemos que, verbigracia, las defraudaciones en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se repiten sistemáticamente, o que las denuncias por violencia de género terminan inexorablemente en femicidios. O que delincuentes que deberían estar presos y vaya uno a saber por qué se encuentran en libertad o con salidas transitorias no tienen ningún reparo a la hora de volver a reincidir. O que personas que han hecho grandes desfalcos a las arcas públicas gozan de su libertad como si nada hubiera pasado, y otras incluso ocupan cargos públicos de suma entidad.

Sencillamente, todo esto sucede porque parecería ser, desgraciadamente, que en la Argentina delinquir es gratis.

Mucho peor, cuando esta negación de justicia se hace con ostentación, sin ningún pudor, diría, de manera impunemente bizarra. Los videos que hemos visto en los últimos días son sólo la gota que colma el vaso. Muchísimo antes, se denunciaron todos los ilícitos que hoy salen a la luz, sin que ningún funcionario judicial demostrara, hasta ahora, verdadera voluntad para avanzar en su investigación y su castigo. Funcionarios, jueces, amigos y socios del poder que se han vuelto abrupta y encandilantemente millonarios, en lo que ellos mismos denominaron “la década ganada”.

Fortunas que, ciertamente, son imposibles de justificar. La ostentación del nuevo rico hizo imposible que esas fortunas y sus “dueños” pasaran inadvertidos, como prudentemente indicaría el manual del delincuente: nunca llamar la atención gastando ostentosamente el botín logrado. Tropezaron con la misma piedra de siempre. Se creyeron que la impunidad no tenía fecha de vencimiento, que era para toda la vida. Ese fue su talón de Aquiles y, por qué no, el de la mayoría de los delincuentes: ostentación e impunidad.

Muchos argentinos, en el mientras tanto, apostaron fuertemente a que las nuevas autoridades, desde el inicio mismo de su toma de posesión del Gobierno, adoptarían drásticas medidas para combatir tan manifiesta corrupción. No fue así. El nuevo Gobierno se ha mostrado en exceso dubitativo a la hora de tomar decisiones a este respecto. Sin ir más lejos, le tiembla la mano para tomar el control de las calles. Prefiere cederla que asumir el riesgo de que “le tiren un muerto”, como no se cansan de repetir en su entorno. No reparan en el ciudadano, que pide a los gritos orden y respeto. No advierten que, al priorizar su seguridad, dejan desprotegido al ciudadano que le brindó su voto y su confianza. Esa desprotección la sociedad la siente, la vive, la sufre.

Tampoco percibe el ciudadano que se hayan tomado medidas en lo que hace a la depuración del Poder Judicial. Siguen actuando los mismos funcionarios que han venido “no actuando” hasta aquí. Luego, la pregunta que sigue es qué puede cambiar entonces. La respuesta es obvia: nada. Y, lamentablemente, es lo que vemos que sucede. Mucho fuego de artificio, pero resultados, ninguno. Los mayores responsables de los actos de corrupción que tanto daño le han causado al país se pasean y pavonean por las calles y los escenarios como estrellas de cine, declamando contra el actual Gobierno, rodeados de un séquito de fans que tienen piedra libre para hacer lo que les plazca, concitando la atención de todas las cámaras y los programas de televisión. Son ellos, los imputados, quienes denuncian e insultan a los jueces que osan citarlos, y les hacen sentir el rigor de sus fanáticos.

Con total descaro, siguen ocupando lugares de privilegio en áreas muy sensibles del Gobierno, a pesar de las denuncias que pesan sobre ellos, y a pesar de un nuevo Gobierno. Como frutilla del postre, por si todo ello no alcanzara, son muchos los que hacen gala de sus “fueros”, en un premeditado y provocador “por si acaso”. Por ello no debe sorprender que, al final del día, los ciudadanos, en cualquier ámbito sea que estén, “reaccionen” y manifiesten espontáneamente su disgusto ante tanta impunidad y falencia del Estado. De todos modos, en lugar de detenernos en la observación del árbol, sugeriría no perder de vista el bosque.

Dejar el control de la calle a una facción política por miedo a que le “tiren un muerto” es señal de debilidad, no de prudencia. Realizar allanamientos seis años después de ocurridos los hechos no es hacer justicia; en rigor, es todo lo contrario. De igual suerte, sobreseer una denuncia de enriquecimiento con toda prisa, sin pericias y sin apelaciones tampoco es hacer justicia; eso es y se llama impunidad. Es ahí donde debemos poner el acento y centrar nuestra atención. El que falla no es el ciudadano que reacciona por impotencia, sino el Estado, que no cumple con su rol. Desde ya que no está bien reaccionar, pero mucho peor es el desamparo del Estado. No perdamos de vista el bosque por detenernos en el árbol.

La pregunta que seguiría entonces, es qué sistema se pretende preservar. En efecto, en estos últimos doce años, sobre todo en los últimos ocho años, hemos visto cómo se ha descompuesto el sistema institucional de nuestro país. En rigor, lo que se ha vivido fue una ficción de democracia en la que todos hemos sido de una manera u otra grandes cómplices. Tanto nuestra Carta Magna como el Código Penal prevén expresamente sanciones para quienes alteren el orden constitucional. Sin embargo, hemos asistido mansamente a observar y tolerar cómo se desvirtuaba la división de poderes que debió regir, y que ciertamente no rigió. Nos hemos cansado de escuchar que durante la gestión Kirchner el Congreso de la Nación fue una escribanía del Ejecutivo. No se deliberaba ni elaboraba en el recinto, sino que se aprobaba lo que decidía el Ejecutivo Nacional a libro cerrado.

La mejor muestra de ello son las distintas manifestaciones, por ejemplo del senador Miguel Ángel Pichetto. Así, allá por el 2008, Pichetto exclamaba: “Si Julio Cobos vota en contra, tendrá que irse del Gobierno”, o cuando sostuvo sin ningún pudor: “Voto el Código Civil por obligación política”, o finalmente, cuando hace muy poco tiempo, manifestó: “Recuperé la capacidad de pensar”; lo que, a contrario sensu, indica y es un reconocimiento de que la había perdido. Sobre todo esta última manifestación da cabal visualización de lo que sucedió durante todo el Gobierno kirchnerista. El Congreso no tenía voluntad propia, ni concebía un pensamiento autónomo, sino que estaba sometido —por voluntad propia, ciertamente— a lo que el Ejecutivo dispusiera. Esto parecería justamente lo que el artículo 227 del Código Penal prevé y castiga: “Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional)”.

Algo similar ocurrió con el Poder Judicial. Hemos asistido a un enfrentamiento visible entre una Justicia militante, es decir, al servicio de un poder político y funcionarios que exigían mantenerse al margen de la militancia política. Corolario de esta disputa, fiscales removidos de sus causas o suspendidos, imposibilitados de continuar con sus investigaciones; jueces que recibían todas las causas que interesaban al Gobierno y otros que eran objeto de denuncias y quita de sueldo. O sobreseimientos exprés en causas que involucraban a funcionarios del Gobierno, etcétera. Como contrapartida, un sinfín de sentencias y mandas judiciales que el Ejecutivo no respetó ni cumplió; los jubilados pueden dar buena prueba de ello. O funcionarios que jamás volvieron a ser reincorporados en sus cargos pese a lo resuelto ni más ni menos que por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. En suma, un Poder Judicial totalmente desvirtuado y controvertido.

Es notorio, luego, que la división de poderes y el sistema democrático en estos últimos años sólo fue una parodia de lo que debió ser. Un Poder Ejecutivo que verdaderamente fue por todo, sin reconocer ningún límite. Interfirió con tal desparpajo en todos los ámbitos que hoy resulta imposible olvidar a aquellos funcionarios autoritarios que irrumpían en asambleas privadas al grito de “Aquí no se vota”, al tiempo que exhibían y ofrecían guantes de box a quien osara oponerse: el colmo de lo bizarro.

Ya con el diario del lunes, y a la luz de lo que vemos que va surgiendo de las distintas causas judiciales que parecerían haber recobrado vida a partir del cambio de gobierno, se puede observar que lo que verdaderamente marcó la era kirchnerista fue la gran corrupción que reinó, que dejó como saldo un país empobrecido y funcionarios enriquecidos. Todos esos atropellos a la república que atentaron contra una verdadera democracia tuvieron por único objeto esconder la corrupción que hoy finalmente sale a la luz.

Cabe preguntar, entonces, retornando al inicio, cuál es el sistema que se quiere preservar. Si es el que parecería que queremos dejar atrás a partir de la última elección, no comparto que sea una buena idea pactar con quienes han sido los responsables de esa gran corrupción. Si el sistema implica corrupción, la mejor opción entonces es pensar en cambiar de sistema. Nunca preservarlo. Pero si concluimos en que no es el sistema el que falló, sino sus actores, que se aprovecharon de él para enriquecerse a sus expensas, lo que debemos hacer es prescindir de ellos y castigar los actos de corrupción. De lo contrario, no estaremos preservando el sistema, sino coadyuvando a su deformación e incentivando la corrupción.

En efecto, la acordada 3/15 de la CSJN, que es la que prorroga la entrada en vigencia de este nuevo sistema de notificaciones hasta el 2 de mayo de 2016, dispone una serie de modificaciones a los códigos de rito que, a mi entender, implica que la Corte se ha arrogado facultades legislativas. Así pues, a partir de la acordada referida, se modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en lo que toca a domicilios, notificaciones, plazos, firmas y copias. Ciertamente que en muchos casos no queda claro el alcance de la reforma. Tal lo que sucede, verbigracia, con la obligación de subir copia del escrito y documentos presentados en papel dentro de las 24 horas. A este respecto, nadie alcanza a definir con precisión cómo deben contarse esas 24 horas. Según el artículo 152 del Código Procesal, “las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el Reglamento para la Justicia Nacional. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por la Corte Suprema para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los jueces, los funcionarios o los empleados deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete (7) y las veinte (20)”. Luego, una presentación que se haya hecho a las 10 horas, por ejemplo, ¿a qué hora del día siguiente vence el plazo de 24 horas para subir las copias? ¿A las 10, a las 13.30, a las 20 horas? ¿O a las 23.59 horas? Sin dudas, no está claro.

Si prestamos atención a lo que informa el artículo 136 del Código Procesal, advertiremos que la notificación electrónica no figura entre los medios autorizados. Y así podríamos seguir describiendo las modificaciones que va a experimentar el ordenamiento procesal tan pronto entre en vigencia el nuevo sistema de notificaciones. O las distintas dudas que genera. Qué sucede, por ejemplo, con la notificación de las copias con contenido reservado. O con la obligación de entrar todos los días a la nube para chequear si hay notificaciones. En alguna medida, esta modalidad altera la razón de ser de los días de nota. O cuestiones prácticas que pueden generar más de un dolor de cabeza. Tal lo que podría suceder si se bloquea el acceso a la nube, y de esta suerte se impide subir en el plazo que establece la acordada las copias correspondientes. Adviértase que cualquiera nos puede bloquear el acceso con tan solo equivocar nuestra contraseña tres veces seguidas. Y, por supuesto, siempre hay “pícaros”.

Supongo que una acordada no debería ser suficiente para modificar un código. Para ello está el Poder Legislativo, esa es su función. No le corresponde al Poder Judicial legislar. Lamentablemente, no es la primera vez que el Poder Judicial se entromete en cuestiones legislativas. Hemos visto que dos de los máximos responsables de la reforma a los Códigos Civil y Comercial de la Nación han sido dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo lamentablemente, pues los jueces deben interpretar y aplicar la ley, pero no crearla. Una vez más, para ello está el Poder Legislativo y por ello existe la división de poderes. Hubiera sido preferible que los jueces se abstuvieran de participar en la reforma de los códigos. No se puede ser juez y parte, no corresponde. En un momento donde existe tanta debilidad institucional, debería prestarse máxima atención al cuidado de estas formalidades.

En la política argentina, desde hace muchísimos años, los apellidos se repiten sin cesar. En todo caso, parecería cobrar vida aquella famosa frase del científico francés Antoine Lavoisier: “Nada se crea, nada se pierde… todo se transforma”. Gobernadores que luego son senadores, más tardes ministros, un poco después intendentes, y así se viven transformando. Ejemplos abundan. Mismos nombres, siempre funcionarios. Esta es la explicación, por cierto, de que hayamos sido testigos de situaciones tan bizarras, tales como ver aplaudir de pie la declaración del default y más tarde volver a ver en el mismo recinto y a los mismos actores aplaudir de pie la salida del default. O a los responsables de producir una de las mayores inflaciones del mundo cuando estuvieron en el Ejecutivo, ahora desde el otro lado del mostrador, pero siempre, por supuesto, dentro de la órbita estatal, rasgarse las vestiduras criticando la inflación que otrora supieron conseguir. Casi se podría decir que el Estado les pertenece; de una manera u otra, ellos siempre están y son los que aplauden con la misma vehemencia ir para un lado u otro. Da lo mismo. La consigna es estar. Aquel famoso eslogan de una conocida tarjeta de crédito parece haberse impregnado en los funcionarios argentinos: “Pertenecer tiene sus privilegios”.

Cuando uno revisa los nombres de la política argentina, rápidamente advierte que son los mismos desde hace muchísimos años. Cual si los cargos fueran parte del haber hereditario, pasan de padres a hijos o se reparten entre cónyuges. Pero siempre se mantienen dentro del espectro familiar. Una vez más, ejemplos abundan. La consigna parecería ser no permitir que la política se renueve. Y esto involucra a todas las fuerzas políticas. Por supuesto que no alentados por patriotismo ni desprendimiento. Nadie, casi nadie, se despide pobre de la función pública, curiosamente, todo lo contrario. Cuando uno revisa el patrimonio de la mayoría de los funcionarios que desde hace años viven de la política, se sorprende de la evolución que han sufrido sus patrimonios. De no estar tan deteriorada la institución Justicia en nuestro país, seguramente las muchas denuncias por enriquecimiento ilícito que se han ido formulando a lo largo de los últimos años hubieran revelado por qué nadie quiere alejarse del calor del Estado. Un país cada vez más empobrecido y funcionarios cada vez más ricos.

La gota que colma el vaso a este respecto son los pedidos de licencia de los que se aprovechan y abusan los funcionarios para acumular y preservar cargos e inmunidad. No sólo para no permitir que otros ingresen a la política, sino para asegurarse de que el “conchabo” del Estado no se acabe nunca, pase lo que pase. Si se fracasa en la gestión, no hay problema, otro cargo espera. Y si es con fueros para aventar cualquier intento de denuncia, mejor que mejor. La premisa: vivir del Estado y garantizados por el Estado.

Hace pocos días, nos enteramos de que a Amado Boudou lo habían echado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El ex Vicepresidente de la nación mantenía, aunque parezca mentira, su cargo en Anses a la sombra y el amparo de una tan injustificada como vergonzosa licencia. Escandaloso. Por cierto, no es el único caso. El ex secretario de Seguridad y después representante argentino en Interpol, tras renunciar a este último organismo, recuperó su banca de diputado, también preservada gracias a otra oportuna licencia. Y así podríamos seguir enumerando casos. Grotesco. Casi una garantía de mala praxis. Si me echan, estoy cubierto. Y por supuesto, el garante es siempre el Estado.

A la hora de modernizar el Estado, se impone terminar con estas prácticas. Hay que exigir una ley que prohíba que un funcionario que accede a un cargo mantenga uno anterior. Si no ilegal, ciertamente inmoral. Esa no es la finalidad ni el objetivo de la función pública; no lo puede ser, no lo debe ser. Sería de desear que alguna vez nuestros funcionarios, en lugar de enriquecerse a expensas del Estado o de reclamar indemnizaciones millonarias por cesar en la función pública, pusieran por delante el interés de la república y se preguntaran, honestamente, qué pueden hacer por su país, en lugar de aprovecharse de él.

En un juego de intrigas sin precedentes, digno de la serie House of Cards, la muerte del fiscal que investigaba nada más y nada menos que a la entonces Presidente de la nación va tejiendo su telaraña cada vez con mayor precisión, sobre jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, custodios, cúpula del Gobierno anterior y servicios extranjeros. De una gravedad institucional única. Causas y consecuencias que entremezclan política local y terrorismo internacional. Si fuera el guión de un libro o de una película, seguramente sería un best seller. Sin embargo, daría la sensación de que muchos argentinos no alcanzan a comprender la entidad de lo que está sucediendo. Se trivializa la información, hasta casi se podría decir que se la naturaliza, sin advertir que lo que verdaderamente está en juego es la salud y el futuro de la república.

Más allá de los avatares económicos, del dólar, de la inflación o del precio de la luz o de la nafta, no resolver una muerte que involucra a las máximas autoridades de un Gobierno puede resultar una bisagra de la que no se tenga posibilidad de regresar. Lo que es peor, resolverla puede resultar aún más escandaloso. Muchos actores de la política local se encuentran alcanzados por todas estas dudas. Una ex presidente de la nación, ministros, secretarios de Estado y funcionarios del Ministerio Público. El indubio pro reo en este caso es inadmisible, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los funcionarios a los que salpica la investigación siguen ocupando lugares de privilegio en la vida pública de nuestro país. Ellos mismos deberían haber sido los primeros interesados en despejar todas estas dudas. Pero, contrariamente a ello, sólo se limitaron a denostar la persona y el trabajo del fiscal muerto. Lo que, naturalmente, sólo agregó más sombras.

De los tres poderes del Estado, del que más se requiere seguramente hoy es del Poder Judicial. Es su responsabilidad, no solamente resolver este caso, sino demostrarles a todos los argentinos y a la comunidad internacional que nuevamente está a la altura de las circunstancias; más allá de la depuración que necesariamente deberá reconocer y transitar. A nadie se le escapa que hoy la Justicia es una institución muy controvertida y desacreditada. Se impone que recupere su excelencia y que podamos volver a creer en ella. Porque sin jueces creíbles y confiables no hay república posible. La Justicia es la bisagra. De ella depende que el país encuentre las respuestas que está buscando. De lo contrario, por más esfuerzo y buenas intenciones que tenga el flamante Presidente, el camino será cada vez más oscuro y tortuoso. Es ahora o nunca, es la hora del Poder Judicial.

Lo que sorprendió a propios y extraños, sin embargo, se fue aclarando a medida que avanzaba en su diatriba frente a los micrófonos el señor Oscar Parrilli. El verdadero riesgo, aparentemente, se agotaba en la conducta y las decisiones del nuevo Presidente electo. Explicó este funcionario que era su obligación advertir a la población sobre el peligro de la inflación y la devaluación que ¿anunciaba? el nuevo Presidente. Asimiló las medidas judiciales deducidas por Mauricio Macri y Gabriela Michetti para que se aclare judicialmente a partir de qué hora y día exactamente cesaba un mandato y comenzaba el otro, con “casi un golpe de Estado”. Dicho de otra forma, quien tiene a su cargo la función de ocuparse de la inteligencia nacional, actividad consistente en la obtención, la reunión, la sistematización y el análisis de la información específica referida a los hechos, los riesgos y los conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior de la nación, alertó a la población sobre el riesgo que encerraba el nuevo Presidente electo. Y en esa inteligencia aconsejó a la ex Presidente a no concurrir a la ceremonia de traspaso de mando. Sin dudas, un grotesco. No existe otro calificativo.

Imaginarán ustedes la confianza que se puede tener en un funcionario de estas características, nada menos que al frente de la inteligencia del país. Uno se pregunta en manos de quién hemos estado todos estos años. La verdad es que Parrilli, como tantos otros, no están al servicio de la república, sino de la ex Presidente, quien no se resigna a aceptar que su tiempo ya fue. No importó el papelón internacional, ni la manifiesta fragilidad institucional y democrática a la que se expuso al país frente al mundo entero. La adicción al poder fue más fuerte. En sintonía con esta demostración de desprecio a las instituciones y a la investidura presidencial, el hijo de la ex Presidente explicó que su bloque de legisladores, 24 horas antes de la celebración, todavía no tenía definido si asistiría o no la ceremonia; cual si fuera un evento frívolo al que no se sabe si se va a concurrir o no. Está a la vista de todos que esta gente nunca tuvo respeto republicano ni creyó en la democracia. Por el contrario, se esforzó hasta el último minuto en socavar los cimientos de la república. Se especuló con no dar quórum a la reunión de las Cámaras al momento del juramento del nuevo Presidente, como un obstáculo más, como si con ello se hubiera podido sortear o dilatar el traspaso de mando. Paradójico que quien se cansó de espetarnos a los argentinos que ella era consecuencia de la voluntad popular pusiera tanto empeño hasta el último minuto para desconocer la nueva manifestación de expresión de la voluntad popular.

Los argentinos deberíamos haber aprendido la lección. Nunca más debemos permitirnos esta clase de dirigentes y funcionarios que tanto daño le han hecho al país y a los argentinos. A las puertas de una nueva oportunidad, de una nueva esperanza, digamos todos juntos: “Nunca más a los adictos al poder, que desprecian y le faltan el respeto a los valores de la democracia y de la república”.

Las minorías fueron totalmente avasalladas. Los organismos de control tampoco funcionaron. Los pocos que pretendieron cumplir con su finalidad o fueron desarticulados o sus funcionarios terminaron desafectados. Pero el peor defecto que tuvo esta década fue la descomposición que sufrió el Poder Judicial. Apareció algo inédito en el país que fue la justicia militante. Por propia definición, justicia y militancia son conceptos antagónicos. Una procuradora militante, fiscales militantes que alentaban a los jueces a hacer política en sus sentencias y jueces partidarios resultaron la antítesis del equilibrio y la objetividad que requiere la labor judicial.

Al igual que lo sucedido en el ámbito del Poder Legislativo, aquí también se echó mano del Poder Judicial para dar apariencia de legalidad a actos ciertamente ilegítimos. Así hubo un sinfín de causas que involucraban a funcionarios o a empresarios vinculados al poder político que rápidamente fueron sobreseídas, desestimadas o archivadas, o sencillamente encajonadas. En este transcurrir hubo persecución y destituciones para aquellos jueces y fiscales que osaron cumplir con su deber. Todos saben a lo que me refiero. Sin embargo, para ser honestos, reconozcamos que esta Justicia militante fue el caldo ideal para dar lugar también a otros jueces que aprovecharon para lucrar con el poder económico. Jueces que se presentaban como probos luchando contra el poder político, hacían su negocio por detrás con sentencias que favorecían a distintos grupos económicos poderosos enfrentados con el poder político. Hay algún caso emblemático de algún tribunal que interviene y resuelve en causas donde el cónyuge de uno de sus integrantes es reconocido abogado de una de las partes.

Todo este desmoronamiento de la Justicia alimentó una sensación de impunidad que rápidamente se transformó en una realidad. No tiene sentido ponerme a enumerar los casos más emblemáticos, pues todos los conocen acabadamente. Sólo diré que el grado de corrupción al que hemos asistido es definitivamente alarmante. De la familia presidencial para abajo, le caben a funcionarios del más alto nivel todo tipo de denuncias; algunas, ciertamente muy graves, otras, escandalosas.

Con el nuevo Gobierno llega la hora de borrar esa huella. El país pide a gritos terminar con la impunidad y castigar la corrupción. La República Argentina necesita recuperar la confianza y el equilibrio en su Poder Judicial. Hay que terminar con los jueces subrogantes a medida, o con los fiscales militantes, o con los jueces y los fiscales que sencillamente no cumplen con sus deberes de funcionarios públicos. Ni que hablar de los corruptos. El Gobierno de Mauricio Macri debe dar señales claras y concretas al respecto. Debe comenzar por exigir lo más sencillo, que se aplique la ley. Es cierto que hay que modificar leyes; hay que otorgar mayor severidad a ciertos delitos que hacen a la corrupción del Estado. Hay que readecuar la prescripción para los delitos por corrupción para evitar que se los evada tan fácilmente. Hay que suprimir la “probation” para los casos de corrupción. Pero hasta tanto todo esto suceda, cuanto menos hay que exigir que se aplique la legislación vigente. Y castigar con juicio político al que no cumpla con los deberes del funcionario público o falle en la aplicación de la ley.

De cara a lo que viene, es fundamental que el nuevo Gobierno comprenda la importancia que tiene la recomposición judicial. En este orden, un paso importante en la lucha contra la corrupción, y un mensaje indubitado de la voluntad de dar combate a este flagelo, sería volver a otorgarle autarquía a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, aun cuando se la mantenga bajo la órbita del Ministerio Público, pero debidamente separada de la Procuración General de la Nación. La Fiscalía ha sido un organismo muy eficaz para investigar la corrupción del Estado. Hoy se encuentra totalmente desaprovechada y prácticamente sin actividad. Sería un buen comienzo, y por cierto muy accesible, volver a motorizar esta Fiscalía en aras de facilitar que se investigue la corrupción en el ámbito de la administración pública.

Ciertamente, llegaban uno y otro en situaciones y con necesidades bien diferenciadas. Scioli esperando el milagro que lo volviera a posicionar, Macri con la intención de tan sólo transcurrir el compromiso. En ese escenario, el ganador por lejos resultó Mauricio Macri. El lenguaje corporal de los candidatos durante el debate, y sobre todo al inicio y al final, fue más que elocuente al respecto. Un Scioli tenso y nervioso al inicio, un Macri exultante y merecedor del beso y abrazo de su mujer sobre el final. El campeón había retenido la corona. El retador hizo lo que pudo, pero, como sucede en el mundo del boxeo, sólo con un knock out hubiese salido victorioso. Demasiado pretensioso para un candidato que hasta en el debate mismo llegó a negar a sus colaboradores de “esquina”.

Las encuestas sobre el final del debate fueron el golpe de gracia para las aspiraciones del milagro. Tanto las realizadas en redes sociales como las efectuadas en televisión o por vía telefónica vieron a un Mauricio Macri ampliamente ganador. Para Scioli, daría la sensación que este debate fue la confirmación de sus pocas chances de cara a la elección del domingo. Por el contrario, para Macri, fue la ratificación de que la tendencia parece no cambiar. Para la sociedad, también significó sacarse una espina. Sabíamos que poco o nada podía agregar el debate en sí, pero de todas formas lo queríamos ver y escuchar. Hoy ya podemos afirmar con total certeza que, efectivamente, nada agregó a lo que ya conocíamos. Sin embargo, no fue en vano. Seguramente a la gran mayoría de argentinos que lo presenciaron les haya dado la tranquilidad de saber y ratificar que están bien encaminados en la elección de su voto, sea cual sea su preferencia.

Por el contrario, para quienes se encolumnaban en el grupo de los “ellos”, quedaban los retos, los gritos y las descalificaciones. Incluso existen denuncias por actos más graves y peligrosos, como espionaje, agresiones físicas y, por qué no decirlo, hasta muertes que al día de hoy no han sido esclarecidas.

Pareció cobrar vida aquella vieja publicidad que decía: “Pertenecer tiene sus privilegios”. Sobran nombres para retratar esta realidad. Hebe de Bonafini con sus Sueños Compartidos, Guillermo Moreno gritando “Acá no se vota” y ofreciendo guantes de boxeo a quien osara actuar conforme al derecho. Luis D’Elía tomando una comisaría, Amado Boudou justificando todas sus causas y sus falsos domicilios como simples casualidades. Leonardo Fariña contando con todo detalle por televisión cómo pesaban el dinero que se llevaban, para al otro día negarlo con total descaro, cual pieza de ficción. Del otro lado, quien tuviera el atrevimiento de cuestionar al Gobierno se exponía a la visita de algún inspector o a un escrache público. Cómo olvidar a aquel abuelo al que la Presidente tildó de “amarrete”, o cuando el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos dio detalles de la situación impositiva de dirigentes de la oposición.

Para que todo esto no se vuelva a repetir lo primero que deberíamos erradicar de nuestras conductas es el fanatismo. Para administrar el país no se debe buscar un ídolo, sino elegir un Presidente. Quizás ahí radica nuestro pecado original. No elegimos administradores, sino que inventamos ídolos. Idealizamos de tal manera a quien elegimos para que nos gobierne, o nos fanatizamos tanto con el espacio al que pertenece que desnaturalizamos su rol y sus obligaciones. Lo peor es que, sin advertirlo, nos transformamos en fanáticos admiradores y enemigos naturales de quienes no lo son. A un ídolo no se lo cuestiona, se le perdona y permite todo. En ese devenir, el país queda relegado a un segundo plano, y lo importante pasa a ser la suerte que corra nuestro ídolo o nuestro espacio político. Es a él a quien se debe cuidar y preservar. Así es que nos hemos acostumbrado a escuchar que, aun a sabiendas de que no es bueno para el país, se vota igual tal o cual ley, porque lo que manda es la disciplina partidaria. Recordemos por caso a Miguel Ángel Pichetto, que, contra su convicción, votó a favor de la reforma del Código Civil o de la ley de abastecimiento sólo por obediencia. En otras palabras, entre lo que consideraba mejor para el país, se inclinó por lo que entendió que era mejor para su espacio político.

Nos encontramos a las puertas del ballotage. Es inminente la elección de un nuevo Presidente de la nación. Dos son las opciones: Mauricio Macri o Daniel Scioli. Sería prudente que al momento de elegir cada ciudadano tuviera bien presente que la opción por la que se incline debe priorizar al país y no a un espacio político. Debe guiarnos el mejor interés del país y no el fanatismo. No estamos optando por un bando, sino que estamos eligiendo un Presidente para la nación. Sería de desear que sea quien sea el candidato elegido, no lo desvirtuemos ni lo consagremos como ídolo; dejemos al fan de lado. Optemos por el que se nos presente como más idóneo y sepamos preservar al Presidente aun de nosotros mismos.