En aquel momento, la reforma al Código Procesal Penal era tan solo “potencia”, un proyecto. Hoy, lamentablemente ya es “acto”, es una realidad; mas allá de los planteos e impugnaciones que se han formulado en su contra y que todavía deben ser resueltos. Lo cierto es que lo que entonces parecía tan solo una posibilidad lejana, hoy se ve plasmado, a partir de las designaciones de los nuevos fiscales nombrados por la Procuradora General de la Nación, y especialmente por las destituciones y reasignaciones de funciones que han sufrido los fiscales Marijuan, Taiano y Ernst. Tan preocupante es la realidad que atraviesan el Poder Judicial y el Ministerio Público, que ha merecido por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la emisión de un comunicado para manifestar su “preocupación” por las resoluciones que dictó en los últimos días la procuradora, Alejandra Gils Carbó, para “cubrir con fiscales subrogantes los 17 cargos de Fiscal General creados por el Anexo II de la Ley 27.063.

El enfrentamiento de los integrantes del Ministerio Público entre si, y entre muchos de ellos y la Procuradora, ya no es un secreto para nadie. Varias misivas y declaraciones que se han hecho públicas dan buena cuenta de ello. No hay más que ver, por caso, la carta enviada por el fiscal Carlos Ernst a Gils Carbó en la que denuncia un “trato desaprensivo”, o las declaraciones del fiscal Marijuán, quejándose de la persecución a sus empleados. O que decir del episodio que le tocó vivir al fiscal José María Campagnoli, a quien se buscó desplazar de sus funciones por todos los medios. O la denuncia del fiscal Augusto Troncoso por supuesto espionaje desde la Procuración. Lo mismo sucede entre integrantes del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público y la Procuradora. A esta altura, es pública la cruzada de Gils Carbó contra el juez Claudio Bonadío, al que se ha llegado al extremo de sancionar con una quita del 30% de su salario. Tampoco resulta ajeno a este enfrentamiento el Gremio Judicial, desde el que se afirma que la finalidad última de las designaciones que está realizando la Procuradora de fiscales y empleados con jerarquía es la de  “perseguir opositores” y “garantizar la impunidad” del gobierno saliente más allá del 2015. 

Definitivamente, se ha ideologizado la función jurisdiccional. Para un sector que lidera la Procuradora, daría la sensación que priva el interés político por sobre la razón jurídica. El enfrentamiento entre los enrolados en la corriente autodenominada “Justicia Legítima”, y  los históricos funcionarios de carrera o no comprometidos “ideológicamente” ya es manifiesto. Están los que, contrariando el deseo del Secretario de Justicia, prefieren resolver “ciñéndose” a los Códigos contra los que prefieren amoldarse a la pretensión política que se les marca desde la estructura. Préstese atención, y pronto se advertirá que los fiscales y jueces que han sido objeto de embestida por parte de algún integrante de Justicia Legítima, son aquellos que tienen a su cargo causas con alto contenido político; ya sea por tratarse de temas como el de Papel Prensa (Clarín/Nación), tal el caso del fiscal Taiano, o por tener que intervenir en causas que involucran a personas relacionadas con el poder político, como sucede verbigracia con Báez, en el caso de Marijuan y Bonadío, y sucedió antes con Campagnoli.

Sentirse un fiscal militante, por definición, es lo contrario a ser un fiscal independiente. Integrar una agrupación política, o una agrupación con ideología en el caso de jueces y fiscales, es una limitante que los inhibe de ser imparciales, pues siempre va a primar su interés político o ideológico por sobre cualquier otro;  sobre todo cuando les toque intervenir en causas con contenido político. El enfrentamiento público entre la Procuradora y miembros del Ministerio Público a su cargo debería inhabilitarla para seguir en el cargo. No por el enfrentamiento en si, sino por su condicionamiento politico y/o ideológico. A nadie podría culparse a esta altura por dudar de su “imparcialidad” en la toma de decisiones. No dejan de llamar la atención las designaciones de fiscales que, tras rendir exámenes escrito y oral y por el análisis de sus antecedentes, no quedaron en lugares expectantes; por qué no se eligió a los que obtuvieron las primeras posiciones es la pregunta que surge. Porque ¿cuál es entonces la razón de ser de los concursos? En el caso de los recientemente designados como subrogantes en el fuero federal porteño, donde “curiosamente” tramitan causas sensibles contra funcionarios públicos y de narcotráfico, -Juan Pedro Zoni y Leonel Gómez Barbella-, quedaron en el noveno y undécimo lugar respectivamente; como para pensar…

Es un año de elecciones. Seguramente los candidatos a asumir la Primera Magistratura en el curso del 2015 estén mirando con mucha atención este conflicto y su desarrollo. No sería de extrañar que, ni bien asumidos, tengan que revisar designaciones y resoluciones…

Por cierto que nada nuevo bajo el sol, parafraseando a la Presidente, ya que en esta misma línea vienen declamando y actuando en consecuencia muchos funcionarios judiciales enrolados en la corriente denominada “Justicia Legítima”; que pareciera que de justicia y de legítima mucho no tiene.

Daría la sensación de que el Gobierno se esfuerza en hacer del absurdo la regla. Bajo un falso garantismo, se invierten los roles de victima y victimario, despreocupándose por la suerte y destino de los primeros, y sólo abogando por eximir de toda responsabilidad a aquellos que infringen la ley. Confusión que ha alcanzado al propio Francisco quien, en su afán de llevar misericordia a todos “sus hijos”, pareciera olvidarse de las víctimas que sufren a mano de sus victimarios y confundir “penas” con “venganza”.

En este escenario, quien emerge aportando un poco de claridad ante tanta confusión, es el Secretario de Seguridad Sergio Berni, que se muestra contrariado y asombrado con el proceder de muchos de estos jueces que hacen del tribunal una puerta giratoria; justo es reconocer que este funcionario, no menor en el gobierno, no ahorra críticas contra estos jueces y fiscales. Creo que es también un deber admitir, que es una suerte que dentro de un gobierno de estas características, exista un Berni que aporte sansatez y sentido común; no quisiera pensar cuál sería la situación si en lugar de Berni estuviese alguno de estos funcionarios que consideran que el delito no existe…

Dentro de esta confusión que destaco y describo, quien también aportó para modigerar y poner límite a tanto “absurdo” fue el diputado Sergio Massa quién muy rápido de reflejos impidió que la reforma al Código Penal avanzara callada y sigilosamente hacia un destino que hubiera sido irreversible para todos los argentinos de bien. Una de las curiosidades de esta reforma, es que ha sido encargada a quienes no creen ni en la existencia del delito, ni en las penas. Algo así como encargarle al Gordo Valor la custodia de caudales. El principal mentor de este garantismo que encuentra en la reforma su punto cúlmine, -me refiero al Dr. Zaffaroni-, al ver cómo se desmoronaba su proyecto tan pronto como la sociedad tomó conocimiento del mismo, -ya hay más de dos millones de firmas en contra-, no encontró mejor método para defenderlo, y denostar a su oponente, que mandar al diputado a “estudiar de nuevo”; lo paradójico, es que en un fallo reciente, el máximo Tribunal que el propio Zaffaroni integra, reconoció la constitucionalidad y legitimidad de la figura de la reincidencia que Massa defendía y Zaffaroni criticaba. Cual si fuera un silogismo, daría la sensación de que la Corte mandó al único de sus integrantes que no firmó la referida sentencia a estudiar nuevamente, poniendo las cosas en su lugar.

Pero no todo es “garantismo” puro. A la sombra de una ideología supuestamente preocupada por volver a obtener la apertura de cárceles y abolir todo rezago de orden y castigo al delincuente, se cobija un alto grado de corrupción, en el que se entremezclan política y justicia. Hoy la destitución  del fiscal Campagnoli es quizás uno de los hechos mas  elocuente en este sentido. Pero podemos repasar otros hechos no menos graves, como lo actuado respecto del ex Procurador Righi, o del Juez Rafecas, o  el Fiscal Rívolo o lo que se habría intentado respecto del juez Lijo, en relación a las causas que involucran a Lázaro Báez y el vicepresidente Boudou. En este último caso, el diputado Kunkel disparó sin pudor, hace unas pocas horas, una advertencia a Lijo: “Si no actúa correctamente, será investigado”…

Destituciones que no se limitan ciertamente a causas por corrupción, sino que se hacen extensivas también a otras tantas que contrarían “políticas” del gobierno, como lo que sucede con los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, integrantes de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, que deben soportar un pedido de juicio político por fallar a favor de los jubilados. La contracara de estas destituciones, es la defensa encendida que se hace desde el gobierno respecto de otros jueces, muy cuestionados por la ciudadanía, como es el caso, verbigracia, del juez Oyarbide.

Quizás donde se pueda visualizar con mayor precisión este escenario que se describe, donde el absurdo es la regla y lo absurdo es la excepción, es lo que sucede con la Sala II de la Cámara Federal de Casación, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David (este último vale aclarar suele votar en disidencia). Según una investigación realizada por Infobae, el 95% de los acusados por causas de drogas que llegan a esta Sala, tienen muchas chances de ser liberados y volver a su actividad preferida: el delito. Al respecto, recomiendo ver la citada investigación y el cuadro que acompaña la nota, que ofrece un muestrario amplio de las resoluciones de esa Sala sobre causas de narcotráfico, que terminan en nulidad y absolución gracias a los tecnicismos a los que recurre el tribunal.

En síntesis, contrariamente a lo que debiera suceder en cualquier sociedad organizada, donde prima el orden, el respeto y el apego a la ley, para esta administración kirchnerista lo que prima es la defensa del victimario en detrimento de la víctima. Es un gobierno que pretende hacernos creer que no cree en el delito ni en las penas, mientras muchos de sus integrantes o allegados se enriquecen de manera escandalosa y eluden su responsabilidad, acomodando los hechos a sus necesidades.

El derecho penal está incorporado a las sociedades para regular la convivencia; sus normas deben ser disuasorias, y de ninguna manera alentar al delito. No pueden sembrar la confusión, que muchos jueces y funcionarios hoy pregonan y ocasionan con sus conductas y decisiones.