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Garantismo: el absurdo como regla

Hace unos días nos escandalizábamos cuando dos fiscales, Alejandro Alagia y Javier de Luca, fiscal general y fiscal de Casación respectivamente, en el marco de la Feria del Libro y en defensa de la reforma al Código Penal que  impulsa el gobierno, llamaron “conflictos sociales” a los delitos, minimizaron el daño a la vida y a la propiedad y afirmaban que “el castigo es una solución irracional”.

Por cierto que nada nuevo bajo el sol, parafraseando a la Presidente, ya que en esta misma línea vienen declamando y actuando en consecuencia muchos funcionarios judiciales enrolados en la corriente denominada “Justicia Legítima”; que pareciera que de justicia y de legítima mucho no tiene.

Daría la sensación de que el Gobierno se esfuerza en hacer del absurdo la regla. Bajo un falso garantismo, se invierten los roles de victima y victimario, despreocupándose por la suerte y destino de los primeros, y sólo abogando por eximir de toda responsabilidad a aquellos que infringen la ley. Confusión que ha alcanzado al propio Francisco quien, en su afán de llevar misericordia a todos “sus hijos”, pareciera olvidarse de las víctimas que sufren a mano de sus victimarios y confundir “penas” con “venganza”.

En este escenario, quien emerge aportando un poco de claridad ante tanta confusión, es el Secretario de Seguridad Sergio Berni, que se muestra contrariado y asombrado con el proceder de muchos de estos jueces que hacen del tribunal una puerta giratoria; justo es reconocer que este funcionario, no menor en el gobierno, no ahorra críticas contra estos jueces y fiscales. Creo que es también un deber admitir, que es una suerte que dentro de un gobierno de estas características, exista un Berni que aporte sansatez y sentido común; no quisiera pensar cuál sería la situación si en lugar de Berni estuviese alguno de estos funcionarios que consideran que el delito no existe…

Dentro de esta confusión que destaco y describo, quien también aportó para modigerar y poner límite a tanto “absurdo” fue el diputado Sergio Massa quién muy rápido de reflejos impidió que la reforma al Código Penal avanzara callada y sigilosamente hacia un destino que hubiera sido irreversible para todos los argentinos de bien. Una de las curiosidades de esta reforma, es que ha sido encargada a quienes no creen ni en la existencia del delito, ni en las penas. Algo así como encargarle al Gordo Valor la custodia de caudales. El principal mentor de este garantismo que encuentra en la reforma su punto cúlmine, -me refiero al Dr. Zaffaroni-, al ver cómo se desmoronaba su proyecto tan pronto como la sociedad tomó conocimiento del mismo, -ya hay más de dos millones de firmas en contra-, no encontró mejor método para defenderlo, y denostar a su oponente, que mandar al diputado a “estudiar de nuevo”; lo paradójico, es que en un fallo reciente, el máximo Tribunal que el propio Zaffaroni integra, reconoció la constitucionalidad y legitimidad de la figura de la reincidencia que Massa defendía y Zaffaroni criticaba. Cual si fuera un silogismo, daría la sensación de que la Corte mandó al único de sus integrantes que no firmó la referida sentencia a estudiar nuevamente, poniendo las cosas en su lugar.

Pero no todo es “garantismo” puro. A la sombra de una ideología supuestamente preocupada por volver a obtener la apertura de cárceles y abolir todo rezago de orden y castigo al delincuente, se cobija un alto grado de corrupción, en el que se entremezclan política y justicia. Hoy la destitución  del fiscal Campagnoli es quizás uno de los hechos mas  elocuente en este sentido. Pero podemos repasar otros hechos no menos graves, como lo actuado respecto del ex Procurador Righi, o del Juez Rafecas, o  el Fiscal Rívolo o lo que se habría intentado respecto del juez Lijo, en relación a las causas que involucran a Lázaro Báez y el vicepresidente Boudou. En este último caso, el diputado Kunkel disparó sin pudor, hace unas pocas horas, una advertencia a Lijo: “Si no actúa correctamente, será investigado”…

Destituciones que no se limitan ciertamente a causas por corrupción, sino que se hacen extensivas también a otras tantas que contrarían “políticas” del gobierno, como lo que sucede con los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, integrantes de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, que deben soportar un pedido de juicio político por fallar a favor de los jubilados. La contracara de estas destituciones, es la defensa encendida que se hace desde el gobierno respecto de otros jueces, muy cuestionados por la ciudadanía, como es el caso, verbigracia, del juez Oyarbide.

Quizás donde se pueda visualizar con mayor precisión este escenario que se describe, donde el absurdo es la regla y lo absurdo es la excepción, es lo que sucede con la Sala II de la Cámara Federal de Casación, integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David (este último vale aclarar suele votar en disidencia). Según una investigación realizada por Infobae, el 95% de los acusados por causas de drogas que llegan a esta Sala, tienen muchas chances de ser liberados y volver a su actividad preferida: el delito. Al respecto, recomiendo ver la citada investigación y el cuadro que acompaña la nota, que ofrece un muestrario amplio de las resoluciones de esa Sala sobre causas de narcotráfico, que terminan en nulidad y absolución gracias a los tecnicismos a los que recurre el tribunal.

En síntesis, contrariamente a lo que debiera suceder en cualquier sociedad organizada, donde prima el orden, el respeto y el apego a la ley, para esta administración kirchnerista lo que prima es la defensa del victimario en detrimento de la víctima. Es un gobierno que pretende hacernos creer que no cree en el delito ni en las penas, mientras muchos de sus integrantes o allegados se enriquecen de manera escandalosa y eluden su responsabilidad, acomodando los hechos a sus necesidades.

El derecho penal está incorporado a las sociedades para regular la convivencia; sus normas deben ser disuasorias, y de ninguna manera alentar al delito. No pueden sembrar la confusión, que muchos jueces y funcionarios hoy pregonan y ocasionan con sus conductas y decisiones.

Más allá de la “frontera”

Mucho se habla de inseguridad, violencia y drogas. Desde luego, sin que medie búsqueda de solución para ninguno de estos problemas. Sin embargo, llama la atención de muchos analistas el hecho de que jamás se reconozca ni se aborde la complejidad de las villas de emergencia como parte de nuestra realidad cotidiana. A nadie se le escapa que el delito, la violencia asociada a éste y el narcotráfico son moneda corriente en los asentamientos precarios, refractándose estas variables tanto hacia adentro como hacia afuera.

Es común enterarnos de que tras un hecho delictivo, los delincuentes ingresan y se esconden en alguna villa, como si hubieran cruzado una ‘frontera‘ que les garantizara ‘inmunidad‘. En igual sentido, escuchamos a la enorme mayoría de sus residentes -honestos y trabajadores- reclamar por la falta de seguridad generada por las bandas que allí se instalan. Estos grupos no permiten al habitante de la villa circular con libertad; fuerzan a este último a convivir con las balaceras y a tolerar la multiplicación de puestos de venta de drogas.

En definitiva, estos enclaves se presentan como una suerte de ‘territorio extranjero’dentro de nuestro propio país. Los asentamientos exhiben sus propias reglas, su propio ‘gobierno‘, y sus fronteras están claramente delimitadas. Incluso Gendarmería Nacional -fuerza federal dedicada a resguardar las fronteras nacionales- desde hace ya tiempo ha recibido la tarea de controlar los accesos a las villas. Una línea imaginaria separa, de facto, a ambos mundos.

Ni los gobiernos nacionales, provinciales ni municipales controlan -por ejemplo- las normas de construcción y urbanización dentro de los asentamientos precarios. Allí están los casos de la Villa 31 de Retiro o de la Villa 1-11-14; el paisaje cambia apenas el observador cruza una calle. Los controles de rigor -aplicables al resto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- no aplican allí. Es el adiós a los controles edilicios, bromatológicos, impositivos. Al cierre, los habitantes de las villas tienen sus propias normas de convivencia. Nadie puede hacerse el distraído: no existe gobierno que fije ni ejerza contralor sobre el peligroso crecimiento de las viviendas ni sobre las normativas de construcción. Cada día se construye más, y tampoco puede ocultarse que estas obras representan un gran negocio para los “mandamases” de los asentamientos, quienes alquilan los metros ilegalmente construidos a valores exorbitantes y en permanente crecimiento. 

¿Qué ha sucedido con el poder y la autoridad del Estado? El Estado Nacional no llega a las villas -puesto que allí no manda-; peor aún: acepta y reconoce su propia inoperancia en este terreno, con resignación. Las fuerzas de policía solo ingresan en los asentamientos en gran número, pertrechados y preparados como para un combate. Como si debieran ingresar a un territorio hostil… en donde las leyes no llegan. Son bien conocidos numerosos casos de ambulancias o de autobombas que se ven imposibilitados de ingresar ante cualquier emergencia.

La pregunta se presenta obligada: ¿cómo es posible que existan “enclaves” dentro de nuestro propio territorio nacional, no controlados por autoridad alguna? ¿Por qué resulta inasequible cobrar impuestos, tasas o contribuciones dentro de las villas, a sabiendas del secreto a voces del suculento negocio inmobiliario que se lleva a cabo en tales sitios?¿Por qué debe tolerarse la construcción sin límites ni reglamentación? ¿Por qué la policía no recorre los asentamientos como lo hace en cualquier otro barrio o punto de la Ciudad? 

No escapa a ningún análisis serio que la variable de la ‘inseguridad‘ está claramente relacionada con lo que sucede en torno de estos “enclaves independientes”. A pesar de ello, no se oyen de parte de funcionarios o aspirantes a ocupar cargos públicos declaraciones ni programas tendientes a encarar la problemática real de las villas, persiguiendo soluciones concretas al respecto.

Quizás sea un buen comienzo apuntar a la recuperación de estos espacios, para que el Estado Nacional vuelva a mandar en ellos. Hasta tanto ello no suceda, las villas continuarán siendo una “frontera a cruzar”, que entorpecerá -no se dude- el tránsito hacia las respuestas contundentes ante la falta de seguridad que aqueja a todos los ciudadanos. Teniéndose siempre muy presente que aquellos que más padecen el flagelo de la violencia -al menos, en modos más directos- son los propios habitantes de las villas. Personas de bien que han visto diluírse en el tiempo las viejas promesas de urbanización.