Mucho peor, cuando esta negación de justicia se hace con ostentación, sin ningún pudor, diría, de manera impunemente bizarra. Los videos que hemos visto en los últimos días son sólo la gota que colma el vaso. Muchísimo antes, se denunciaron todos los ilícitos que hoy salen a la luz, sin que ningún funcionario judicial demostrara, hasta ahora, verdadera voluntad para avanzar en su investigación y su castigo. Funcionarios, jueces, amigos y socios del poder que se han vuelto abrupta y encandilantemente millonarios, en lo que ellos mismos denominaron “la década ganada”.

Fortunas que, ciertamente, son imposibles de justificar. La ostentación del nuevo rico hizo imposible que esas fortunas y sus “dueños” pasaran inadvertidos, como prudentemente indicaría el manual del delincuente: nunca llamar la atención gastando ostentosamente el botín logrado. Tropezaron con la misma piedra de siempre. Se creyeron que la impunidad no tenía fecha de vencimiento, que era para toda la vida. Ese fue su talón de Aquiles y, por qué no, el de la mayoría de los delincuentes: ostentación e impunidad.

Muchos argentinos, en el mientras tanto, apostaron fuertemente a que las nuevas autoridades, desde el inicio mismo de su toma de posesión del Gobierno, adoptarían drásticas medidas para combatir tan manifiesta corrupción. No fue así. El nuevo Gobierno se ha mostrado en exceso dubitativo a la hora de tomar decisiones a este respecto. Sin ir más lejos, le tiembla la mano para tomar el control de las calles. Prefiere cederla que asumir el riesgo de que “le tiren un muerto”, como no se cansan de repetir en su entorno. No reparan en el ciudadano, que pide a los gritos orden y respeto. No advierten que, al priorizar su seguridad, dejan desprotegido al ciudadano que le brindó su voto y su confianza. Esa desprotección la sociedad la siente, la vive, la sufre.

Tampoco percibe el ciudadano que se hayan tomado medidas en lo que hace a la depuración del Poder Judicial. Siguen actuando los mismos funcionarios que han venido “no actuando” hasta aquí. Luego, la pregunta que sigue es qué puede cambiar entonces. La respuesta es obvia: nada. Y, lamentablemente, es lo que vemos que sucede. Mucho fuego de artificio, pero resultados, ninguno. Los mayores responsables de los actos de corrupción que tanto daño le han causado al país se pasean y pavonean por las calles y los escenarios como estrellas de cine, declamando contra el actual Gobierno, rodeados de un séquito de fans que tienen piedra libre para hacer lo que les plazca, concitando la atención de todas las cámaras y los programas de televisión. Son ellos, los imputados, quienes denuncian e insultan a los jueces que osan citarlos, y les hacen sentir el rigor de sus fanáticos.

Con total descaro, siguen ocupando lugares de privilegio en áreas muy sensibles del Gobierno, a pesar de las denuncias que pesan sobre ellos, y a pesar de un nuevo Gobierno. Como frutilla del postre, por si todo ello no alcanzara, son muchos los que hacen gala de sus “fueros”, en un premeditado y provocador “por si acaso”. Por ello no debe sorprender que, al final del día, los ciudadanos, en cualquier ámbito sea que estén, “reaccionen” y manifiesten espontáneamente su disgusto ante tanta impunidad y falencia del Estado. De todos modos, en lugar de detenernos en la observación del árbol, sugeriría no perder de vista el bosque.

Dejar el control de la calle a una facción política por miedo a que le “tiren un muerto” es señal de debilidad, no de prudencia. Realizar allanamientos seis años después de ocurridos los hechos no es hacer justicia; en rigor, es todo lo contrario. De igual suerte, sobreseer una denuncia de enriquecimiento con toda prisa, sin pericias y sin apelaciones tampoco es hacer justicia; eso es y se llama impunidad. Es ahí donde debemos poner el acento y centrar nuestra atención. El que falla no es el ciudadano que reacciona por impotencia, sino el Estado, que no cumple con su rol. Desde ya que no está bien reaccionar, pero mucho peor es el desamparo del Estado. No perdamos de vista el bosque por detenernos en el árbol.

Las minorías fueron totalmente avasalladas. Los organismos de control tampoco funcionaron. Los pocos que pretendieron cumplir con su finalidad o fueron desarticulados o sus funcionarios terminaron desafectados. Pero el peor defecto que tuvo esta década fue la descomposición que sufrió el Poder Judicial. Apareció algo inédito en el país que fue la justicia militante. Por propia definición, justicia y militancia son conceptos antagónicos. Una procuradora militante, fiscales militantes que alentaban a los jueces a hacer política en sus sentencias y jueces partidarios resultaron la antítesis del equilibrio y la objetividad que requiere la labor judicial.

Al igual que lo sucedido en el ámbito del Poder Legislativo, aquí también se echó mano del Poder Judicial para dar apariencia de legalidad a actos ciertamente ilegítimos. Así hubo un sinfín de causas que involucraban a funcionarios o a empresarios vinculados al poder político que rápidamente fueron sobreseídas, desestimadas o archivadas, o sencillamente encajonadas. En este transcurrir hubo persecución y destituciones para aquellos jueces y fiscales que osaron cumplir con su deber. Todos saben a lo que me refiero. Sin embargo, para ser honestos, reconozcamos que esta Justicia militante fue el caldo ideal para dar lugar también a otros jueces que aprovecharon para lucrar con el poder económico. Jueces que se presentaban como probos luchando contra el poder político, hacían su negocio por detrás con sentencias que favorecían a distintos grupos económicos poderosos enfrentados con el poder político. Hay algún caso emblemático de algún tribunal que interviene y resuelve en causas donde el cónyuge de uno de sus integrantes es reconocido abogado de una de las partes.

Todo este desmoronamiento de la Justicia alimentó una sensación de impunidad que rápidamente se transformó en una realidad. No tiene sentido ponerme a enumerar los casos más emblemáticos, pues todos los conocen acabadamente. Sólo diré que el grado de corrupción al que hemos asistido es definitivamente alarmante. De la familia presidencial para abajo, le caben a funcionarios del más alto nivel todo tipo de denuncias; algunas, ciertamente muy graves, otras, escandalosas.

Con el nuevo Gobierno llega la hora de borrar esa huella. El país pide a gritos terminar con la impunidad y castigar la corrupción. La República Argentina necesita recuperar la confianza y el equilibrio en su Poder Judicial. Hay que terminar con los jueces subrogantes a medida, o con los fiscales militantes, o con los jueces y los fiscales que sencillamente no cumplen con sus deberes de funcionarios públicos. Ni que hablar de los corruptos. El Gobierno de Mauricio Macri debe dar señales claras y concretas al respecto. Debe comenzar por exigir lo más sencillo, que se aplique la ley. Es cierto que hay que modificar leyes; hay que otorgar mayor severidad a ciertos delitos que hacen a la corrupción del Estado. Hay que readecuar la prescripción para los delitos por corrupción para evitar que se los evada tan fácilmente. Hay que suprimir la “probation” para los casos de corrupción. Pero hasta tanto todo esto suceda, cuanto menos hay que exigir que se aplique la legislación vigente. Y castigar con juicio político al que no cumpla con los deberes del funcionario público o falle en la aplicación de la ley.

De cara a lo que viene, es fundamental que el nuevo Gobierno comprenda la importancia que tiene la recomposición judicial. En este orden, un paso importante en la lucha contra la corrupción, y un mensaje indubitado de la voluntad de dar combate a este flagelo, sería volver a otorgarle autarquía a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, aun cuando se la mantenga bajo la órbita del Ministerio Público, pero debidamente separada de la Procuración General de la Nación. La Fiscalía ha sido un organismo muy eficaz para investigar la corrupción del Estado. Hoy se encuentra totalmente desaprovechada y prácticamente sin actividad. Sería un buen comienzo, y por cierto muy accesible, volver a motorizar esta Fiscalía en aras de facilitar que se investigue la corrupción en el ámbito de la administración pública.