La pregunta que seguiría entonces, es qué sistema se pretende preservar. En efecto, en estos últimos doce años, sobre todo en los últimos ocho años, hemos visto cómo se ha descompuesto el sistema institucional de nuestro país. En rigor, lo que se ha vivido fue una ficción de democracia en la que todos hemos sido de una manera u otra grandes cómplices. Tanto nuestra Carta Magna como el Código Penal prevén expresamente sanciones para quienes alteren el orden constitucional. Sin embargo, hemos asistido mansamente a observar y tolerar cómo se desvirtuaba la división de poderes que debió regir, y que ciertamente no rigió. Nos hemos cansado de escuchar que durante la gestión Kirchner el Congreso de la Nación fue una escribanía del Ejecutivo. No se deliberaba ni elaboraba en el recinto, sino que se aprobaba lo que decidía el Ejecutivo Nacional a libro cerrado.

La mejor muestra de ello son las distintas manifestaciones, por ejemplo del senador Miguel Ángel Pichetto. Así, allá por el 2008, Pichetto exclamaba: “Si Julio Cobos vota en contra, tendrá que irse del Gobierno”, o cuando sostuvo sin ningún pudor: “Voto el Código Civil por obligación política”, o finalmente, cuando hace muy poco tiempo, manifestó: “Recuperé la capacidad de pensar”; lo que, a contrario sensu, indica y es un reconocimiento de que la había perdido. Sobre todo esta última manifestación da cabal visualización de lo que sucedió durante todo el Gobierno kirchnerista. El Congreso no tenía voluntad propia, ni concebía un pensamiento autónomo, sino que estaba sometido —por voluntad propia, ciertamente— a lo que el Ejecutivo dispusiera. Esto parecería justamente lo que el artículo 227 del Código Penal prevé y castiga: “Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución Nacional)”.

Algo similar ocurrió con el Poder Judicial. Hemos asistido a un enfrentamiento visible entre una Justicia militante, es decir, al servicio de un poder político y funcionarios que exigían mantenerse al margen de la militancia política. Corolario de esta disputa, fiscales removidos de sus causas o suspendidos, imposibilitados de continuar con sus investigaciones; jueces que recibían todas las causas que interesaban al Gobierno y otros que eran objeto de denuncias y quita de sueldo. O sobreseimientos exprés en causas que involucraban a funcionarios del Gobierno, etcétera. Como contrapartida, un sinfín de sentencias y mandas judiciales que el Ejecutivo no respetó ni cumplió; los jubilados pueden dar buena prueba de ello. O funcionarios que jamás volvieron a ser reincorporados en sus cargos pese a lo resuelto ni más ni menos que por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. En suma, un Poder Judicial totalmente desvirtuado y controvertido.

Es notorio, luego, que la división de poderes y el sistema democrático en estos últimos años sólo fue una parodia de lo que debió ser. Un Poder Ejecutivo que verdaderamente fue por todo, sin reconocer ningún límite. Interfirió con tal desparpajo en todos los ámbitos que hoy resulta imposible olvidar a aquellos funcionarios autoritarios que irrumpían en asambleas privadas al grito de “Aquí no se vota”, al tiempo que exhibían y ofrecían guantes de box a quien osara oponerse: el colmo de lo bizarro.

Ya con el diario del lunes, y a la luz de lo que vemos que va surgiendo de las distintas causas judiciales que parecerían haber recobrado vida a partir del cambio de gobierno, se puede observar que lo que verdaderamente marcó la era kirchnerista fue la gran corrupción que reinó, que dejó como saldo un país empobrecido y funcionarios enriquecidos. Todos esos atropellos a la república que atentaron contra una verdadera democracia tuvieron por único objeto esconder la corrupción que hoy finalmente sale a la luz.

Cabe preguntar, entonces, retornando al inicio, cuál es el sistema que se quiere preservar. Si es el que parecería que queremos dejar atrás a partir de la última elección, no comparto que sea una buena idea pactar con quienes han sido los responsables de esa gran corrupción. Si el sistema implica corrupción, la mejor opción entonces es pensar en cambiar de sistema. Nunca preservarlo. Pero si concluimos en que no es el sistema el que falló, sino sus actores, que se aprovecharon de él para enriquecerse a sus expensas, lo que debemos hacer es prescindir de ellos y castigar los actos de corrupción. De lo contrario, no estaremos preservando el sistema, sino coadyuvando a su deformación e incentivando la corrupción.

En efecto, la acordada 3/15 de la CSJN, que es la que prorroga la entrada en vigencia de este nuevo sistema de notificaciones hasta el 2 de mayo de 2016, dispone una serie de modificaciones a los códigos de rito que, a mi entender, implica que la Corte se ha arrogado facultades legislativas. Así pues, a partir de la acordada referida, se modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en lo que toca a domicilios, notificaciones, plazos, firmas y copias. Ciertamente que en muchos casos no queda claro el alcance de la reforma. Tal lo que sucede, verbigracia, con la obligación de subir copia del escrito y documentos presentados en papel dentro de las 24 horas. A este respecto, nadie alcanza a definir con precisión cómo deben contarse esas 24 horas. Según el artículo 152 del Código Procesal, “las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el Reglamento para la Justicia Nacional. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por la Corte Suprema para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los jueces, los funcionarios o los empleados deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las siete (7) y las veinte (20)”. Luego, una presentación que se haya hecho a las 10 horas, por ejemplo, ¿a qué hora del día siguiente vence el plazo de 24 horas para subir las copias? ¿A las 10, a las 13.30, a las 20 horas? ¿O a las 23.59 horas? Sin dudas, no está claro.

Si prestamos atención a lo que informa el artículo 136 del Código Procesal, advertiremos que la notificación electrónica no figura entre los medios autorizados. Y así podríamos seguir describiendo las modificaciones que va a experimentar el ordenamiento procesal tan pronto entre en vigencia el nuevo sistema de notificaciones. O las distintas dudas que genera. Qué sucede, por ejemplo, con la notificación de las copias con contenido reservado. O con la obligación de entrar todos los días a la nube para chequear si hay notificaciones. En alguna medida, esta modalidad altera la razón de ser de los días de nota. O cuestiones prácticas que pueden generar más de un dolor de cabeza. Tal lo que podría suceder si se bloquea el acceso a la nube, y de esta suerte se impide subir en el plazo que establece la acordada las copias correspondientes. Adviértase que cualquiera nos puede bloquear el acceso con tan solo equivocar nuestra contraseña tres veces seguidas. Y, por supuesto, siempre hay “pícaros”.

Supongo que una acordada no debería ser suficiente para modificar un código. Para ello está el Poder Legislativo, esa es su función. No le corresponde al Poder Judicial legislar. Lamentablemente, no es la primera vez que el Poder Judicial se entromete en cuestiones legislativas. Hemos visto que dos de los máximos responsables de la reforma a los Códigos Civil y Comercial de la Nación han sido dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Digo lamentablemente, pues los jueces deben interpretar y aplicar la ley, pero no crearla. Una vez más, para ello está el Poder Legislativo y por ello existe la división de poderes. Hubiera sido preferible que los jueces se abstuvieran de participar en la reforma de los códigos. No se puede ser juez y parte, no corresponde. En un momento donde existe tanta debilidad institucional, debería prestarse máxima atención al cuidado de estas formalidades.

En un juego de intrigas sin precedentes, digno de la serie House of Cards, la muerte del fiscal que investigaba nada más y nada menos que a la entonces Presidente de la nación va tejiendo su telaraña cada vez con mayor precisión, sobre jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, custodios, cúpula del Gobierno anterior y servicios extranjeros. De una gravedad institucional única. Causas y consecuencias que entremezclan política local y terrorismo internacional. Si fuera el guión de un libro o de una película, seguramente sería un best seller. Sin embargo, daría la sensación de que muchos argentinos no alcanzan a comprender la entidad de lo que está sucediendo. Se trivializa la información, hasta casi se podría decir que se la naturaliza, sin advertir que lo que verdaderamente está en juego es la salud y el futuro de la república.

Más allá de los avatares económicos, del dólar, de la inflación o del precio de la luz o de la nafta, no resolver una muerte que involucra a las máximas autoridades de un Gobierno puede resultar una bisagra de la que no se tenga posibilidad de regresar. Lo que es peor, resolverla puede resultar aún más escandaloso. Muchos actores de la política local se encuentran alcanzados por todas estas dudas. Una ex presidente de la nación, ministros, secretarios de Estado y funcionarios del Ministerio Público. El indubio pro reo en este caso es inadmisible, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los funcionarios a los que salpica la investigación siguen ocupando lugares de privilegio en la vida pública de nuestro país. Ellos mismos deberían haber sido los primeros interesados en despejar todas estas dudas. Pero, contrariamente a ello, sólo se limitaron a denostar la persona y el trabajo del fiscal muerto. Lo que, naturalmente, sólo agregó más sombras.

De los tres poderes del Estado, del que más se requiere seguramente hoy es del Poder Judicial. Es su responsabilidad, no solamente resolver este caso, sino demostrarles a todos los argentinos y a la comunidad internacional que nuevamente está a la altura de las circunstancias; más allá de la depuración que necesariamente deberá reconocer y transitar. A nadie se le escapa que hoy la Justicia es una institución muy controvertida y desacreditada. Se impone que recupere su excelencia y que podamos volver a creer en ella. Porque sin jueces creíbles y confiables no hay república posible. La Justicia es la bisagra. De ella depende que el país encuentre las respuestas que está buscando. De lo contrario, por más esfuerzo y buenas intenciones que tenga el flamante Presidente, el camino será cada vez más oscuro y tortuoso. Es ahora o nunca, es la hora del Poder Judicial.

Las minorías fueron totalmente avasalladas. Los organismos de control tampoco funcionaron. Los pocos que pretendieron cumplir con su finalidad o fueron desarticulados o sus funcionarios terminaron desafectados. Pero el peor defecto que tuvo esta década fue la descomposición que sufrió el Poder Judicial. Apareció algo inédito en el país que fue la justicia militante. Por propia definición, justicia y militancia son conceptos antagónicos. Una procuradora militante, fiscales militantes que alentaban a los jueces a hacer política en sus sentencias y jueces partidarios resultaron la antítesis del equilibrio y la objetividad que requiere la labor judicial.

Al igual que lo sucedido en el ámbito del Poder Legislativo, aquí también se echó mano del Poder Judicial para dar apariencia de legalidad a actos ciertamente ilegítimos. Así hubo un sinfín de causas que involucraban a funcionarios o a empresarios vinculados al poder político que rápidamente fueron sobreseídas, desestimadas o archivadas, o sencillamente encajonadas. En este transcurrir hubo persecución y destituciones para aquellos jueces y fiscales que osaron cumplir con su deber. Todos saben a lo que me refiero. Sin embargo, para ser honestos, reconozcamos que esta Justicia militante fue el caldo ideal para dar lugar también a otros jueces que aprovecharon para lucrar con el poder económico. Jueces que se presentaban como probos luchando contra el poder político, hacían su negocio por detrás con sentencias que favorecían a distintos grupos económicos poderosos enfrentados con el poder político. Hay algún caso emblemático de algún tribunal que interviene y resuelve en causas donde el cónyuge de uno de sus integrantes es reconocido abogado de una de las partes.

Todo este desmoronamiento de la Justicia alimentó una sensación de impunidad que rápidamente se transformó en una realidad. No tiene sentido ponerme a enumerar los casos más emblemáticos, pues todos los conocen acabadamente. Sólo diré que el grado de corrupción al que hemos asistido es definitivamente alarmante. De la familia presidencial para abajo, le caben a funcionarios del más alto nivel todo tipo de denuncias; algunas, ciertamente muy graves, otras, escandalosas.

Con el nuevo Gobierno llega la hora de borrar esa huella. El país pide a gritos terminar con la impunidad y castigar la corrupción. La República Argentina necesita recuperar la confianza y el equilibrio en su Poder Judicial. Hay que terminar con los jueces subrogantes a medida, o con los fiscales militantes, o con los jueces y los fiscales que sencillamente no cumplen con sus deberes de funcionarios públicos. Ni que hablar de los corruptos. El Gobierno de Mauricio Macri debe dar señales claras y concretas al respecto. Debe comenzar por exigir lo más sencillo, que se aplique la ley. Es cierto que hay que modificar leyes; hay que otorgar mayor severidad a ciertos delitos que hacen a la corrupción del Estado. Hay que readecuar la prescripción para los delitos por corrupción para evitar que se los evada tan fácilmente. Hay que suprimir la “probation” para los casos de corrupción. Pero hasta tanto todo esto suceda, cuanto menos hay que exigir que se aplique la legislación vigente. Y castigar con juicio político al que no cumpla con los deberes del funcionario público o falle en la aplicación de la ley.

De cara a lo que viene, es fundamental que el nuevo Gobierno comprenda la importancia que tiene la recomposición judicial. En este orden, un paso importante en la lucha contra la corrupción, y un mensaje indubitado de la voluntad de dar combate a este flagelo, sería volver a otorgarle autarquía a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, aun cuando se la mantenga bajo la órbita del Ministerio Público, pero debidamente separada de la Procuración General de la Nación. La Fiscalía ha sido un organismo muy eficaz para investigar la corrupción del Estado. Hoy se encuentra totalmente desaprovechada y prácticamente sin actividad. Sería un buen comienzo, y por cierto muy accesible, volver a motorizar esta Fiscalía en aras de facilitar que se investigue la corrupción en el ámbito de la administración pública.

En aquel momento, la reforma al Código Procesal Penal era tan solo “potencia”, un proyecto. Hoy, lamentablemente ya es “acto”, es una realidad; mas allá de los planteos e impugnaciones que se han formulado en su contra y que todavía deben ser resueltos. Lo cierto es que lo que entonces parecía tan solo una posibilidad lejana, hoy se ve plasmado, a partir de las designaciones de los nuevos fiscales nombrados por la Procuradora General de la Nación, y especialmente por las destituciones y reasignaciones de funciones que han sufrido los fiscales Marijuan, Taiano y Ernst. Tan preocupante es la realidad que atraviesan el Poder Judicial y el Ministerio Público, que ha merecido por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la emisión de un comunicado para manifestar su “preocupación” por las resoluciones que dictó en los últimos días la procuradora, Alejandra Gils Carbó, para “cubrir con fiscales subrogantes los 17 cargos de Fiscal General creados por el Anexo II de la Ley 27.063.

El enfrentamiento de los integrantes del Ministerio Público entre si, y entre muchos de ellos y la Procuradora, ya no es un secreto para nadie. Varias misivas y declaraciones que se han hecho públicas dan buena cuenta de ello. No hay más que ver, por caso, la carta enviada por el fiscal Carlos Ernst a Gils Carbó en la que denuncia un “trato desaprensivo”, o las declaraciones del fiscal Marijuán, quejándose de la persecución a sus empleados. O que decir del episodio que le tocó vivir al fiscal José María Campagnoli, a quien se buscó desplazar de sus funciones por todos los medios. O la denuncia del fiscal Augusto Troncoso por supuesto espionaje desde la Procuración. Lo mismo sucede entre integrantes del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público y la Procuradora. A esta altura, es pública la cruzada de Gils Carbó contra el juez Claudio Bonadío, al que se ha llegado al extremo de sancionar con una quita del 30% de su salario. Tampoco resulta ajeno a este enfrentamiento el Gremio Judicial, desde el que se afirma que la finalidad última de las designaciones que está realizando la Procuradora de fiscales y empleados con jerarquía es la de  “perseguir opositores” y “garantizar la impunidad” del gobierno saliente más allá del 2015. 

Definitivamente, se ha ideologizado la función jurisdiccional. Para un sector que lidera la Procuradora, daría la sensación que priva el interés político por sobre la razón jurídica. El enfrentamiento entre los enrolados en la corriente autodenominada “Justicia Legítima”, y  los históricos funcionarios de carrera o no comprometidos “ideológicamente” ya es manifiesto. Están los que, contrariando el deseo del Secretario de Justicia, prefieren resolver “ciñéndose” a los Códigos contra los que prefieren amoldarse a la pretensión política que se les marca desde la estructura. Préstese atención, y pronto se advertirá que los fiscales y jueces que han sido objeto de embestida por parte de algún integrante de Justicia Legítima, son aquellos que tienen a su cargo causas con alto contenido político; ya sea por tratarse de temas como el de Papel Prensa (Clarín/Nación), tal el caso del fiscal Taiano, o por tener que intervenir en causas que involucran a personas relacionadas con el poder político, como sucede verbigracia con Báez, en el caso de Marijuan y Bonadío, y sucedió antes con Campagnoli.

Sentirse un fiscal militante, por definición, es lo contrario a ser un fiscal independiente. Integrar una agrupación política, o una agrupación con ideología en el caso de jueces y fiscales, es una limitante que los inhibe de ser imparciales, pues siempre va a primar su interés político o ideológico por sobre cualquier otro;  sobre todo cuando les toque intervenir en causas con contenido político. El enfrentamiento público entre la Procuradora y miembros del Ministerio Público a su cargo debería inhabilitarla para seguir en el cargo. No por el enfrentamiento en si, sino por su condicionamiento politico y/o ideológico. A nadie podría culparse a esta altura por dudar de su “imparcialidad” en la toma de decisiones. No dejan de llamar la atención las designaciones de fiscales que, tras rendir exámenes escrito y oral y por el análisis de sus antecedentes, no quedaron en lugares expectantes; por qué no se eligió a los que obtuvieron las primeras posiciones es la pregunta que surge. Porque ¿cuál es entonces la razón de ser de los concursos? En el caso de los recientemente designados como subrogantes en el fuero federal porteño, donde “curiosamente” tramitan causas sensibles contra funcionarios públicos y de narcotráfico, -Juan Pedro Zoni y Leonel Gómez Barbella-, quedaron en el noveno y undécimo lugar respectivamente; como para pensar…

Es un año de elecciones. Seguramente los candidatos a asumir la Primera Magistratura en el curso del 2015 estén mirando con mucha atención este conflicto y su desarrollo. No sería de extrañar que, ni bien asumidos, tengan que revisar designaciones y resoluciones…

Ese deseo de la doctora Highton de Nolasco, a estar con lo acontecido en su momento con quien fuera el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, o con el fiscal Carlos Rívolo, ambos cuestionados por investigar el affaire Boudou/Ciccone, lamentablemente hasta la fecha, no ha quedado más que en eso, en un deseo. Recordemos que Righi se tuvo que alejar del cargo, y Rivolo fue separado de la causa, que ya se había cobrado también la suerte del juez Rafecas. Hoy, es el turno del fiscal José María Campagnoli; el motivo, investigar “en exceso” a un empresario cercano a la familia presidencial. Parafraseando a la Presidente de la Nación, uno se ve tentado a decir, a esta altura, “nada nuevo bajo el sol”.

Lo cierto es que el mensaje que pareciera se nos quiere enviar, al final del día, es que investigar a funcionarios del gobierno, o a personas vinculadas al gobierno no pareciera ser posible bajo el signo de este gobierno. Ello es lo que movilizó seguramente a distintas organizaciones y a muchos ciudadanos a levantar firmas y alzar su voz contra la suspensión del fiscal Campagnoli. Apoyo que ciertamente, hasta el momento, pareciera no ser suficiente. Flota en el aire la sensación de que el Poder Judicial o muchos de sus integrantes no acompañan con la fuerza necesaria la reacción del resto de la sociedad; como si en alguna medida  estuvieran dejando librado a su suerte a este fiscal. Lo que lastima es que, en rigor, contra lo que la sociedad se levanta y reacciona no es contra la “suerte” de un fiscal, -ni siquiera importa el nombre-, sino contra la “suerte” de la República. Lo que la sociedad percibe que está en juego es “impunidad” y “corrupción”.

La falta de reacción de muchos jueces se contrapone con el pequeño grupo de funcionarios judiciales y del Ministerio Público que integran el espacio autodenominado como “Justicia Legítima”, muy cercano a la Procuradora que ha sucedido en el cargo al “alejado” Esteban Righi, y que es quién impulsa el juicio político y otros sumarios contra el fiscal Campagnoli. Este grupo, que no tiene ningún prurito en reconocer su cercanía con el gobierno e incluso en exponer su deseo de “hacer política”, no escatima esfuerzos para apoyar la destitución del fiscal; incluso llegó a sacar una solicitada criticando las “actitudes corporativas” de algunos de “sus colegas”, afirmando que se deploraba que por vías de hecho y desinformación a la opinión pública se pretenda influir en la marcha de los procedimientos instituidos por la Constitución y las leyes.

A favor o en contra, lo que nadie puede negar a esta altura de los acontecimientos es que la suspensión e intención de destituir al fiscal José María Campagnoli, no responde a una inconducta procesal sino a un interés político. No es ningún secreto que las medidas tomadas contra el fiscal no se limitaron a su persona, sino que alcanzaron a sus colaboradores, lo que reflejaría de manera manifiesta, que lo que se busca con su destitución no sería juzgar una conducta irregular, sino enviar un mensaje aleccionador al resto de la sociedad, y muy en especial, al resto de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público; no se les ocurra investigar en exceso…