Finalmente la Presidente de la Nación decidió hablarle al país. Lamentablemente, no fue para sincerar la realidad ni mucho menos para hacer un llamado a la unidad. Sencillamente, el objetivo fue ponerle nombre y apellido a los responsables de la muerte del Fiscal Alberto Nisman. Como siempre, aparecieron en escena “los jueces y fiscales (no enrolados en la corriente Justicia Legítima), los medios y especialmente, Clarín. Haciendo caso omiso de lo que expresamente enseña el art. 109 de la Constitución Nacional, la Presidente de la Nación parecería haber resuelto -mas allá de lo que investiga la Justicia- el enigma de la desgraciada muerte del fiscal. Lo que seguramente la inhibió de dar el pésame a sus familiares.
Negando realidades obvias, como quién fue el responsable de la elección del fiscal a cargo de la Unidad AMIA, o la falta de independencia de la Procuración General de la Nación respecto del Ejecutivo, o la militancia de los fiscales militantes, -valga la redundancia-, ensayó una supuesta deuda de la democracia para con la sociedad; en ese tren, propuso -en rigor decidió, si nos atenemos a las mayorías que maneja el oficialismo en el Congreso-, un nuevo cambio de nombre a la Secretaría de Inteligencia (SI). Continuar leyendo