En efecto, se acusa a los docentes en huelga de fomentar la privatización del sistema, destruyendo los años de recuperación estatal iniciados en la era K. Como prueba, se muestran las cifras oficiales que indican que la gestión pública perdió entre cuatro y cinco puntos porcentuales entre 2003 y 2012. Cifras que no reflejan toda la verdad, si se las mira de cerca.

Más que una profundización de un proceso privatizador de vieja data, se trata más bien del movimiento “normal” de la matrícula en el largo plazo: durante los períodos de bonanza económica, la matrícula privada se expande; las crisis la devuelven a su lugar. Desde hace sesenta años que la matrícula total se divide entre 75-80% para el sector público y 20-25% para el sector privado. La peculiaridad de la “década ganada” radica en una inclinación privatista más acusada, que arrima la participación no estatal al 30% del total. Extraña consecuencia para un gobierno que dice multiplicar el gasto público en educación y defender la gestión estatal. Hay síntomas, sin embargo, que preanuncian el fin del ciclo expansivo privado: la crisis económica en marcha empieza a reflejarse en las crecientes dificultades de los establecimientos no estatales, siendo la quiebra del Guido Spano un botón de muestra; la falta de vacantes en el sector público, es otro. Este “retorno” va a confluir con otro fenómeno más longevo, que afecta también al mundo privado.

A pesar de lo que digan, a los gobernantes argentinos no les interesa garantizar una educación de masas de calidad. La prueba está a la vista: los gobiernos de todos los signos políticos pasan y la educación empeora. Incluso el actual ha desarrollado una verdadera guerra contra la educación pública mediante una forma original de “privatización”: delegar las funciones del Estado en el sistema de punteros de La Cámpora, transformados ellos en “educadores populares” y las unidades básicas en “escuelas”. Se crea así un circuito de titulación express, informal y degradado mediante los planes Fines y el Progresar. Reemplazan docentes por tutores, destruyen el Estatuto del Docente, el salario y las condiciones laborales. En eso, entre otras cosas, se va el famoso 6% del presupuesto. Este escenario se va a agravar a límites todavía no vistos cuando el sector privado vuelque matrícula al Estado, como producto del ajuste en marcha.

La huelga docente no es más que el emergente de una situación de descomposición general del sistema de educación pública y privada que lleva ya medio siglo, por lo menos. Quienes se preocupan por un par de semanas sin clase, debieran prestar atención a este proceso que ya se asoma.