Sin referirse a la inflación, ni mencionar que según el Indec la mitad de las personas que tienen empleo gana menos de $ 4.040 por mes, la Presidente aclaró que esta medida no es un “tarifazo”.

Es curioso que se anunciara una baja de subsidios del 20%, los cuales son más altos que las tarifas que se pagan, llevando a un incremento real de tarifas que en varios casos es del 100% y en algunos casos llega al 400%. Si esto no es un tarifazo, ¿entonces qué es?

Es cierto que muchas personas consiguieron empleo, pero también es cierto que muchas de esas personas apenas llegan a fin de mes debido a la alta inflación que en los últimos dos meses superó el 7%, y en caso de seguir subiendo en la misma magnitud superaría el 40% anual.

En un contexto de desaceleración de la economía, tensión social por reclamos sindicales y paritarias pendientes de definición, una medida como esta no hace más que subir la presión sobre los precios, frenar más el consumo, y propiciar un enfriamiento en la economía. Mientras, el salario de los trabajadores pierde día a día su poder de compra.

¿La madre de todos los argentinos? Una madre no dejaría jamás que algunos de sus hijos mueran de hambre o desnutrición, como sucede en provincias del interior del país. Una madre enseña a compartir entre hermanos pero dando el ejemplo, no enriqueciéndose a costa de sus propios hijos. Una madre haría algo para resguardar a sus hijos que se esfuerzan pero pierden gran parte de lo que ganan por la alta inflación. Frente a todo esto, la madre de todos los argentinos, no miraría para otro lado.

Los gremios mantienen posturas muy duras que habilitan agresiones como la de ayer. Es cierto que merecen un salario digno, como todos los trabajadores. Pero la metodología de protesta que se está instalando en estos días es la más inadecuada.  De hecho, en diciembre pasado se produjo un caso similar con las huelgas de los policías que dejaron desprotegidas a muchas familias y se vivieron momentos de temor y de violencia porque, al igual que los docentes, reclamaban un aumento de sueldo olvidando el derecho que tienen los ciudadanos a vivir de forma segura.

Ahora, en el mismo colectivo de reclamos por aumentos, se suman los médicos de hospitales públicos bonaerenses, quienes continúan de paro.

Entre las propuestas insuficientes del gobierno provincial y las exigencias contundentes de los diferentes gremios, quien pierde siempre es la sociedad.

Está bien que los docentes y médicos reclamen un mejor sueldo, ¿pero es esta la mejor manera? No se puede tomar a los chicos como rehenes, no se debe jugar con el futuro de las nuevas generaciones, no tienen que ser los alumnos y los pacientes la variable de ajuste.

Frente a esta situación, cabe analizar otras soluciones y preguntarse si las paritarias debieran estar establecidas por ley, si se debiera pautar una fecha de negociación, o si los salarios debieran actualizarse automáticamente por inflación, considerando un sinceramiento de la inflación en el Indec. Sin embargo, en estos casos los precios siempre seguirían subiendo y entraríamos en una bola de nieve interminable.

Es justo un sueldo digno, pero es injusta la forma de reclamo, porque los derechos de unos terminan donde empiezan los derechos de los demás. La responsabilidad del gobierno no es menor; hasta la fecha las políticas por combatir la inflación no sólo son escasas sino también ineficientes, y el salario de los trabajadores pierde día a día su poder adquisitivo.

La baja en el nivel de actividad del mercado automotor hizo que varias empresas suspendan a su personal, anticipen vacaciones y recorten turnos para atenuar el efecto negativo que les generó la menor demanda. En enero de este año, casualmente el mes en el que comenzó a aplicarse este impuesto, la producción de autos bajó un 17,9% interanual, y las ventas de automóviles nuevos cayeron un 19,5%, según datos de ADEFA.

Esta semana los directivos de las empresas automotrices mantuvieron una reunión con el ministro de Economía, Axel Kicillof, la ministra de Industria, Débora Giorgi, y otros funcionarios del Gobierno. La expectativa del encuentro por parte de los empresarios era que se modifique el nuevo impuesto, pero finalmente se fueron decepcionados porque no se les hizo ningún anuncio en ese sentido.

Por otra parte, hace pocos días la AFIP dio a conocer la valuación fiscal de los automóviles a considerar en la declaración jurada de bienes personales de 2013. El organismo recaudador aclaró que dichos valores no contemplan la suba de precios registrada en los primeros meses del año, que se debe principalmente al nuevo impuesto, y también a la devaluación sufrida en el mes de enero. De todas formas, el efecto de este nuevo gravamen tendrá una importante repercusión en el impuesto a los bienes personales de 2014, ya que en caso de que no se actualice el mínimo no imponible de dicho tributo, lo cual no se hace desde el año 2008, habrá muchas más personas que tendrán que pagarlo.

Es importante destacar que no siempre una suba de impuestos implica una mayor recaudación. Ya que si los montos que se cobran son excesivos, entonces puede disminuir tanto la oferta como la demanda de los bienes gravados por ese impuesto, de forma tal que la caída en las ventas termine siendo mayor al efecto del aumento impositivo. Esto es lo que en 1980 explicó el economista Arthur Laffer, utilizando a tal efecto un gráfico que se terminó conociendo como la curva de Laffer, la cual muestra que a partir de un determinado punto subir los impuestos puede producir una baja en la recaudación.

Este nuevo impuesto, que se creó para frenar la salida de divisas, terminó afectando a toda la industria automotriz, provocando una caída importante en el nivel de actividad, y puede terminar perjudicando el trabajo de muchas personas. A veces se toman medidas de forma improvisada, sin analizar los efectos colaterales que pueden tener. El problema es que, en casos como este, los efectos colaterales negativos terminan siendo más importantes que el supuesto beneficio que implicaba esta medida.

Hace un tiempo el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, había manifestado públicamente que no pagarían nada a Repsol por expropiar las acciones de YPF. Finalmente tuvo que desdecirse y reconocer que había que cumplir con la ley y por lo tanto había que pagar por esta expropiación.

Desde hace varios años el gobierno viene hablando del desendeudamiento. Pero también tuvo que hacer lo contrario a lo que dijo, y terminó endeudándose para pagar por YPF. Lo curioso es que demoró la negociación mucho tiempo, y finalmente cierra un acuerdo a largo plazo, de forma tal que lo tenga que pagar otro gobierno. Lo preocupante es que se comprometió a entregar títulos que pagan intereses que van del 7% al 8,75% por un período de casi 20 años.

Hay países de la región, como Bolivia o Perú, que consiguen deudas a una tasa inferior a la mitad de lo que vamos a pagar por YPF. Y hay países que se financian a tasas del orden del 2%. El mundo está atravesando desde hace años un período en el que las tasas de interés son bajísimas. Las tasas Libor y Euribor son del 0,55%, la tasa de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años es del 2,6%. Pero Argentina tiene que pagar casi el 9%.

Con este acuerdo, Repsol consigue cobrar tasas de interés que no existen en casi ningún país del mundo, haciendo un muy buen negocio financiero. Pero como contrapartida, Argentina hace un pésimo negocio, comprometiéndose a pagar un costo financiero altísimo por un período de tiempo demasiado largo.

Un problema adicional es que si en unos años la situación de nuestro país mejora, si baja el riesgo país, y si logramos conseguir financiamiento a tasas más bajas, lamentablemente vamos a tener que seguir pagando estos títulos por muchos años a tasas altísimas. Es fácil comprometerse con dinero ajeno. Es más fácil cuando las deudas las paga otro. Y esto es lo que acaba de hacer el kirchnerismo, manejó muy mal la expropiación de YPF y esta deuda se la deja al próximo gobierno.

Las autoridades económicas justificaron las diferencias entre el nuevo índice y el anterior en el hecho de que este IPC contempla las variaciones de precios de todo el país, mientras que el anterior representaba solamente las variaciones en los precios del gran Buenos Aires. Si esa explicación fuera válida para justificar que las nuevas mediciones arrojan una inflación mayor a la que surgía de la metodología anterior, esto implicaría reconocer que en la provincia de Buenos Aires los precios suben en menor proporción que en el resto del país, lo cual resulta muy poco creíble. Es decir, intentan justificar las mentiras de tantos años, con una nueva mentira.

Si lo que se pretende con esta nueva medición es sincerar la inflación, entonces es una buena señal para la economía, porque no se puede adoptar la mentira como política de estado, tal como se hizo durante tantos años en nuestro país. Pero vale la pena preguntarse si también se sincerarán otras variables como ser la pobreza e indigencia, los otros índices de precios, las variaciones en el PBI, y en definitiva todas las mediciones que realiza el organismo estadístico, que perdió toda credibilidad por la manipulación de cifras en los últimos siete años.

Hay que tener en cuenta que si se muestra la inflación real, entonces también se debe reconocer que la pobreza e indigencia es muy superior, ya que se mide en función a canastas básicas que se realizan en base a las variaciones de precios. ¿Reconocerá el Indec que hay muchos más pobres en nuestro país que los que informó en los últimos años? ¿Aceptará el gobierno informar variables económicas que tiran por tierra el país maravilloso que intentó mostrar el “relato” oficial durante tanto tiempo? ¿Se animarán a insinuar que en la “década ganada” hubo demasiada gente que perdió, y unos pocos funcionarios y amigos del poder que ganaron mucho?

Habrá que esperar un poco más de tiempo para ver si esto es efectivamente un cambio en la manipulación estadística y ver si el nuevo IPC refleja la realidad o si estamos frente a una nueva mentira. Tendremos que esperar que transcurran varios meses para ver si la nueva inflación oficial es la real. Por el bien del país, sería bueno que se acaben las mentiras estadísticas y que se muestre la realidad económica del país, porque reconocer el problema es el primer paso para poder buscar una solución.

En estas semanas, se anunció un aumento para los jubilados del 11,31% a partir del mes de marzo, llevando la jubilación mínima a un valor de $ 2.757. Es el primer aumento que se otorga en 2014, y el próximo será en el mes de septiembre. Sin embargo, lejos de celebrar esta medida, hay reclamos porque el incremento es muy inferior a la inflación de los últimos 6 meses, que fue la más elevada de los últimos años, y es incluso inferior al aumento otorgado en setiembre de 2013.

El salario mínimo, vital y móvil asciende a $ 3.600, por lo que la jubilación mínima representa tan sólo un 76% de dicho salario.

Resulta llamativo que la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tenga dinero para financiar obras de infraestructura de más de $ 35 mil millones, y que sea uno de los organismos encargados de financiar el déficit fiscal del Estado a través de la compra de títulos públicos en cantidades muy elevadas, cercanas a los $ 200 mil millones, pero no pueda disponer de fondos para pagar jubilaciones dignas, condenando a millones de jubilados a vivir en la pobreza.

Tampoco hay justificación para las cada vez más prolongadas demoras en los juicios contra dicho organismo a efectos de actualizar los haberes de los jubilados. La Anses juega con la vida de personas que tienen una edad avanzada y que gracias a las estrategias maliciosas de este organismo no logran cobrar una jubilación decente, y por lo tanto no pueden disfrutar como se merecen los últimos años de sus vidas.

Los importes tan bajos de las jubilaciones condenan a muchos abuelos a no poder contar con una buena obra social, teniendo que conformarse con el PAMI, cuyos servicios son en muchos casos pésimos. Es la edad en la que se tiene mayor necesidad de recurrir a tratamientos médicos y, lamentablemente, gracias a Anses, se cuenta con menos recursos que los previstos.

Es necesario brindar a las personas mayores la oportunidad de vivir dignamente, en lugar de castigarlos condenándolos a una situación de vulnerabilidad. Y para ello es preciso destinar los fondos que correspondan al pago de las jubilaciones, para las que aportaron durante toda su vida laboral. Esto lo debe realizar la Anses. Y también debe contribuir la justicia, destrabando los miles de juicios por actualización de haberes que están pendientes de resolución. Si Dios lo permite, todos vamos a llegar a ser ancianos, y a ninguno le gustaría pasar las tardes reclamando por una jubilación justa, como lo hacen miles de abuelos cada semana frente al Congreso Nacional.

La economía del país perdió la brújula. Empezando con el presupuesto y el Indec, en el que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La inflación prevista y el tipo de cambio estipulado en el presupuesto para el corriente año es de 10% y 6,4% respectivamente. Lejos de esto, hoy se convive con una inflación del 30% y un tipo de cambio que se disparó a 8 pesos en tan sólo un mes.

A pesar del acuerdo de precios que intentó imponer el ministro de economía Axel Kicillof, recientemente permitió un  incremento del 7,5% en el sector de electrodomésticos.

¿Qué habría que hacer para combatir la inflación? En primer lugar es necesario generar confianza y revertir las expectativas actuales de una mayor suba de precios. Para ello se requiere transparentar el Indec y realizar un presupuesto coherente que permita conocer los ingresos con los que va a contar el país para distribuirlos de forma eficiente, sin dilapidar los recursos en gastos que no reportan beneficios para la sociedad.

Algunos gastos que se podrían reducir son los $ 1.400 millones de fútbol para todos, los $ 750 millones de publicidad oficial, los $ 1.000 millones destinados a mantener Canal 7 (Televisión Pública), que debería financiarse con publicidad privada; y los casi $ 2.000 millones que se le dan a Aerolíneas Argentinas, empresa que debería gestionarse con eficiencia para que deje de ser deficitaria.

Por otra parte, si se subieran las tasas de interés se le quitaría presión al dólar, lo que serviría para que no se recaliente el consumo. Para esto habría que considerar un acuerdo social entre sindicatos, empresarios, y el gobierno, para lograr frenar la espiral inflacionaria.

Adicionalmente, es necesario fijar los objetivos monetarios, de forma tal de frenar la emisión de dinero, lo cual sería posible si se logra revertir el déficit fiscal.

Si se lleva adelante un plan económico integral que abarque como mínimo estos temas, si se le da difusión al mismo, y se toman medidas tendientes a cumplirlo, esto generaría confianza y lograría revertir las expectativas desfavorables sobre la economía. Pero también es necesario que haya reglas claras, que se combata la corrupción y que haya una justicia independiente que garantice el cumplimiento de las leyes. Esto permitiría atraer inversiones, lo cual también quitaría presión sobre el dólar y sobre la inflación.

Es necesario que seamos un país serio, creíble. Pero si se sigue utilizando la mentira como política de Estado, si se usan los recursos para reclutar militantes, si sigue habiendo una justicia adicta al poder, si se sigue emitiendo para financiar un déficit creciente, entonces difícilmente se combata la inflación.

Que levanten el cepo cambiario significaría que cada persona pueda intercambiar sus monedas sin pedir permiso a, por ejemplo, la AFIP. Ser libre para decidir la moneda de ahorro significaría no tener que pagar impuestos para obtenerla.

Por el contrario, el jefe de Gabinete Nacional, Jorge Capitanich, informó que los dólares se podrán comprar previa autorización de la AFIP, que dependerá de la capacidad contributiva de cada persona, al igual que sucede actualmente con la compra de moneda extranjera para los viajes al exterior.

Quienes han tenido que viajar fuera del país saben que en general los importes que autoriza a comprar la AFIP son irrisorios, y que no se condicen ni con los ingresos ni con la capacidad contributiva de las personas. Es precisamente eso lo que provoca una suba del dólar paralelo en las épocas de vacaciones: la demanda es muy grande y lo que se autoriza a comprar es muy poco, con lo cual las personas van a comprar al mercado informal lo que no pueden obtener formalmente. Esta medida anunciada por el gobierno no es más que una puesta en escena, y probablemente siga habiendo una fuerte limitación a la compra de dólares. 

En definitiva, va a seguir existiendo el dólar blue. El único cambio a partir del anuncio oficial es el encarecimiento del dólar, ya que en menos de un mes se devaluó el peso en un porcentaje casi tan alto como la inflación real de todo 2013. Si la demanda de dólares se incrementa fuertemente y la oferta sigue restringida, entonces continuará subiendo la cotización del dólar, lo que potenciará aún más la inflación. Esto continuará afectando de manera negativa a los sectores más vulnerables, haciendo que pierdan su poder adquisitivo. Por lo tanto, se potenciarán los reclamos en las paritarias que están próximas a comenzar, retroalimentando aún más la suba de precios.

Por otra parte, llama la atención que hace pocos días el mismo gobierno anunció medidas tendientes a limitar fuertemente la salida de dólares para compras en el exterior con tarjetas de crédito, y ahora anuncia que se permitirá comprar dólares libremente. Hay algo que evidentemente no cierra. Como decía Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. Tendremos que esperar unos días para ver cómo sigue este circo.

Según los datos que publican mensualmente diversos diputados del Congreso Nacional, la inflación de 2013 fue del 28,38%, siendo la más elevada de la última década, y por ende, de la gestión de los Kirchner en el poder. Tan sólo en diciembre fue del 3,38% mensual, que es la medición más alta que tuvo este mes en los últimos 20 años. En contraste con estas cifras, según el INDEC la inflación de todo 2013 fue de tan sólo el 10,9%, número que no resiste el menor análisis. Las personas cuando salen de sus casas para ir al mercado o al trabajo difícilmente ratifiquen al INDEC.

A pesar de la suba que están teniendo los precios, el Gobierno no hace nada para contenerlos, por el contrario, toma medidas que no hacen más que potenciar la inflación. Vale destacar que somos el segundo país con mayor inflación de América, siendo superados sólo por Venezuela, que en 2013 tuvo una suba de precios superior al 50%. Y hay países como Chile, Perú, Ecuador y Colombia que tuvieron en todo el año pasado una inflación menor al 3,38%.

El problema es que la inflación genera un círculo vicioso que es difícil de frenar. Próximamente se negocian las paritarias, y en muchos casos se está hablando de un piso del 30%, o de negociaciones trimestrales para no quedar desfasados frente a la suba de precios. Y hay un precedente que afecta las paritarias, que es el caso del incremento en diciembre de los salarios de los policías, que en varias provincias fue superior al 30%. Y como si esto fuera poco, el “ancla inflacionaria” que tenía el gobierno, que era la cotización del dólar, ya dejó de cumplir esa función y nuestra moneda se está depreciando frente al dólar a una tasa similar e incluso superior a la de la suba de precios.

La inflación nos afecta a todos, y en mayor medida a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y es precisamente este problema el que genera presión sobre el tipo de cambio, afecta las reservas del Banco Central, desalienta inversiones, provoca un mayor déficit fiscal, y le quita competitividad a los productos que exportamos.

Un buen comienzo para solucionar este problema es reconocer la inflación y que el Gobierno adopte medidas para frenar esta escalada de precios. El próximo mes debuta el nuevo índice de inflación del INDEC, en ese momento se va a saber si efectivamente se terminó la manipulación de las estadísticas del organismo o si lo único que hubo fue un cambio de nombres en las autoridades económicas, pero con el mismo rumbo.

Hoy en día el valor a partir del cual hay que pagar este tributo es irrisorio. Si se actualizase dicho mínimo no imponible de forma tal que siga siendo, como en su creación, equivalente a 500 salarios mínimos vitales y móviles, entonces debería ser de $1.800.000. Y si se actualizase en función al incremento del valor de las propiedades medido en pesos, entonces debería superar ampliamente los 2 millones de pesos.

Por el contrario, en estos últimos días el gobierno anunció, a través del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que se estaba estudiando un aumento en el impuesto a los bienes personales. Sin embargo, la versión fue desmentida por el ministro de Economía, Axel Kicillof. Al parecer, la modificación a este cuestionado gravamen estaba en los planes de la AFIP, pero tuvieron que dar marcha atrás para evitar un mayor malestar social.

El proyecto de modificación de este impuesto implicaría revaluar los inmuebles a su valor de mercado. Actualmente, la ley establece que las propiedades deben ser valuadas a su valor de compra o a su valuación fiscal, el que sea mayor. Considerar el valor de mercado implicaría que muchas personas más tengan que pagar este gravamen.

Lo inexplicable es que el gobierno, en lugar de pensar en actualizar el mínimo no imponible, piensa en aumentar la valuación de las propiedades para recaudar más. Si se realizase ese revalúo, entonces tendrían que pagar el tributo incluso personas que tengan propiedades en asentamientos precarios. Es decir, terminarían pagando este impuesto a las riquezas personas que apenas tienen dinero para subsistir.

Pretender incrementar la recaudación con una maniobra como la que trascendió en estos días sería realmente disparatado porque el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales sigue sin actualizarse desde 2008. Por lo cual, hoy en día, si se toman los valores de mercado, todos los que posean una propiedad, aunque sea un departamento de un ambiente, deberían pagar este tributo.

Vale recordar que Argentina es uno de los países que tiene mayor presión fiscal y, lamentablemente, las contraprestaciones que se reciben por los impuestos que se pagan dejan mucho que desear.