Temas como la reforma del Consejo de la Magistratura —cuya composición acaba de ser declarada inconstitucional—, la conformación de la Corte Suprema de Justicia, la implementación del Código Procesal Penal, el traspaso de competencias penales a la ciudad de Buenos Aires, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, son algunos de los ejes que deberá encarar con celeridad y profundidad el nuevo jefe de Estado, ya que se trata de puntos centrales para el funcionamiento del sistema de Justicia.

En este plano, en las últimas semanas, el Gobierno de turno intentó hacer movimientos estratégicos, como el nombramiento del ex secretario de Justicia, Julián Álvarez, y del ex presidente del Banco Nación, Juan Ignacio Forlón, al frente de la Auditoría General de la Nación, lo que de inmediato generó que el Colegio de Abogados la Ciudad de Buenos Aires presentara un amparo para dejar sin efecto estas designaciones.

Por otro lado, con sus últimos estertores de gestión, el kirchnerismo hasta propuso a dos candidatos para ocupar la Corte Suprema —Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse fueron los nominados por la Presidente—, intentos no sólo repudiados por la oposición, que advirtió que no se votaría el tema en el recinto hasta la asunción de un nuevo Gobierno, sino que también generaron la impugnación por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que, entre otras cosas, argumenta que no se debería llamar a ocupar un cargo que el ministro Carlos Fayt aún no dejó vacante.

Así se suceden estos días, en medio de maniobras del oficialismo para acomodar alfiles estratégicos para su modelo de gestión dentro de los organismos gubernamentales, lo que genera una rápida reacción de la oposición, que parece no estar dispuesta a dar su aprobación para que un Gobierno saliente siga completando cargos.

La danza de cargos y las especulaciones crecen a medida que se acerca el 22 de noviembre. En este juego, en el que parece que habrá que barajar y dar de nueva, la Procuradora General de la Nación salió a hacer frente a los pedidos de renuncia y sostuvo que se mantendrá en su cargo más allá de que Mauricio Macri pueda resultar electo. En este capítulo, ya es de público conocimiento que el ingeniero tiene ese cargo en la mira.

La Justicia, el gran ausente

Ante este panorama, que evidencia el protagonismo que adquirió el Poder Judicial en los últimos años, sobre todo en el interés de la opinión pública, fue criticado el hecho de que ninguno de los dos candidatos presidenciales haya ahondado en el debate del domingo pasado en temas relacionados con la Justicia.

Tal vez uno de los mayores reclamos en las redes sociales un día después del debate fue la omisión de la muerte del fiscal Alberto Nisman, un tema que conmociona a la Argentina desde principios de año y que aún espera resolución. Fue la prensa internacional la que destacó a este gran ausente en el debate de los líderes que compiten por la presidencia del país.

Aunque este no fue el único tema que brilló por su ausencia. Amparados en la falta de tiempo que ofreció la modalidad del debate para explayarse en las diferentes temáticas, los candidatos no dieron a conocer a la sociedad sus propuestas para la puesta en marcha del Código Procesal Penal, un punto que se relaciona directamente con la vida de los ciudadanos, dado que modifica la forma en que serán investigados y llevados adelante los casos que lleguen a la Justicia.

Pero esta marcada ausencia del abordaje judicial no se limitó al debate presidencial, sino que la Justicia quedó prácticamente diluida entre las propuestas de campaña de las fuerzas políticas en los últimos meses. Entender que quien gobierne el país deberá abordar temáticas de gran magnitud para la vida de los argentinos, como la composición de la Corte, el funcionamiento de Ministerio Público Fiscal o nada más y nada menos que el código que regirá la investigación de los delitos por los fiscales, y que estos ejes hayan sido prácticamente pasados por alto en las propuestas de campaña, deja abiertas incógnitas de peso que tendrán un rol preponderante en las reglas de juego del país en 2016.

Es así que, sin perder de foco lo estratégica que resulta la ley de subrogancias, el tema se puso en el centro de debate en los últimos tiempos y trajo consigo un aluvión de medidas cautelares que buscó anular la designación de jueces sustitutos.

Días atrás, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal dictó una medida cautelar que suspende por seis meses la vigencia de la nueva ley de subrogancias, que facultaba al Consejo de la Magistratura a designar jueces sustitutos.

La magistrada hizo lugar a un pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, al señalar que hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, se deberá aplicar el anterior sistema de reemplazos, a cargo de las Cámaras de cada uno de los fueros.

Si bien el Gobierno ya anticipó que apelará esta decisión, en los pasillos de Tribunales se rumorea que este fallo puede generar un efecto dominó y destrabar otras presentaciones que aún aguardan por una resolución, como lo es el caso de la acción presentada por la Asociación de Magistrados o el Colegio Público de Abogados de la capital federal.

Cabe destacar que la polémica norma provocó en los últimos meses al menos una decena de presentaciones, donde se reclamó por la suspensión de los artículos 1 y 2 de la ley 27145, que, según se argumenta, otorgan al “Consejo de la Magistratura facultades discrecionales para elegir, sin ningún orden de prelación, entre jueces, secretarios o abogados previamente anotados en una lista”. En ese sentido, el rumbo de la legislación ya había sufrido un tropezón cuando la Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional había emitido dos fallos en ese sentido, pero que no habían logrado suspender la vigencia de la norma.

En este plano, se critica fuertemente el hecho de que mediante esta ley se estaría dejando de lado la forma establecida en la Constitución de designación de un magistrado para establecer una especie de sistema paralelo: se echan por tierra los concursos para acceder al cargo y se nombran subrogantes para cubrir las vacantes, quienes no deben pasar por evaluación alguna.

La realidad es que el punto más álgido que generó la actual puesta en duda de la ley es la percepción instalada en la esfera judicial de que se intenta desde la política captar puestos claves de la Justicia, especialmente de la federal.

“Indudablemente esta inconstitucional ley de subrogancias tuvo como finalidad crear tribunales a medida para las causas que le interesan al Gobierno. Por eso se colonizó la Cámara de Casación, donde están las causas del Pacto con Irán y Hotesur”, sostiene el vicepresidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Sáenz.

Lo cierto es que la jueza Rodríguez Vidal argumenta su decisión en que los artículos de la nueva ley “no superan un estándar de principios de imparcialidad e independencia judicial”, argumento que ya había sido esgrimido por la propia Corte en sentencias previas.

De esta manera, se descarta, al menos por el momento y hasta que pasen las elecciones presidenciales, la intención de que el Consejo de la Magistratura tenga la facultad de nombrar jueces suplentes con una mayoría simple de votos, y la posibilidad de poner en igualdad la elección a magistrados titulares con abogados escogidos de una lista de conjueces aprobada por el Senado.

Otro de los argumentos por los que se acusa de inconstitucional a la legislación es la delgada línea de interpretación que maneja en cuanto debe regir respecto de aquellas magistraturas en las que se produzca una vacante, sea por inicio de una licencia, por una renuncia, por un jury de enjuiciamiento o por vencimiento de subrogancias temporales, mas no en casos de subrogancias en curso.

El camino de la nueva ley de subrogancias viene colmado de complicaciones y, de comenzar a ser resueltas las decenas de amparos pendientes, el panorama podría hacer tambalear a una ley que hoy ya camina por la cuerda floja.

Lo cierto es que desde el oficialismo buscan dejar todo en impecable orden antes de las elecciones presidenciales, a fin de que el tan debatido código comience a funcionar -sin flancos débiles- en marzo próximo a la luz de un nuevo Gobierno.

Si bien desde el Ejecutivo son auspiciosos con el ritmo que vienen tomando los preparativos de puesta en marcha de esta reforma en la ciudad, desde la Asociación de Magistrados y otros actores que se reunirán esta tarde advierten que de comenzarse bajo las actuales condiciones de falta de personal y capacitación, el nuevo sistema podría enfrentar un colapso de causas, por lo que ya hay rumores de que el plazo de arranque se extendería hasta septiembre.

Para el inicio de esta primera etapa del nuevo Código -que se aplicará en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires- se deberá invertir principalmente en lo referente a la recomposición salarial de los jueces de primera instancia penal a lo equivalente al sueldo de camarista, lo que conllevará un desembolso aproximado de 34 millones de pesos, según pudo conocer Infobae.

Sumado a esto, otro costo de fuerte impacto será el reacondicionamiento edilicio que deberá emprenderse -dado que para este nuevo sistema no solo se necesitarán nuevas posiciones de trabajo, sino que también otras estructuras, como, por ejemplo, salas para audiencias orales y equipamiento. Por último, será necesaria la creación de nuevos cargos, lo que conllevará en total una inversión aproximada de 500 millones de pesos. Estas cifras, que corresponden a recategorizaciones, nuevos cargos y reformas edilicias, estarían contempladas dentro del presupuesto del Consejo de la Magistratura 2016, que va a contar unos 14.000 millones de pesos.

Frente a este panorama, esta tarde los representantes de cada estamento expondrán en la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación, donde se espera que el tema de mayor foco sea deliberar de qué forma se llevará adelante la implementación de un sistema que necesita mayor cantidad de personal para poder ser puesto en marcha, para no correr peligro de desbordes que lo lleven al fracaso.

Sin ir más lejos, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó al Consejo de la Magistratura que informe si se encuentran las partidas presupuestas para habilitar 37 cargos para la nueva Casación, situación ante la que no se descarta que el Consejo pida una partida extraordinaria a la Jefatura de Gabinete.

Uno de los temas que mayor rispidez generó a lo largo del extenso debate que trae consigo este código refiere a que se estipuló su arranque por la ciudad de Buenos Aires, lo que no tardó en despertar duras críticas del arco judicial, dado que la llamada Justicia de Comodoro Py quedaría por algún tiempo al margen de esta implementación. Así, se abrió fuego cruzado entre diferentes actores judiciales que hoy vaticinan que los jueces federales quedarán al margen de la implementación del nuevo código por un largo tiempo, dado que la comisión especial tiene un plazo inicial de seis años para aplicar esta reforma y todo parece apuntar a que los jueces federales serán por lejos los últimos en ser subidos a este barco.

Otros de los temas que volverán álgido el primer encuentro de la comisión llegará de la mano de los jueces, quienes sienten que, a través de la creación de oficinas judiciales, en cierta forma se les quiere marcar agenda, dado que estas tendrán ni más ni menos que la tarea de recepcionar todas las denuncias que luego serán designadas a los magistrados.

Desde el Ejecutivo y el Legislativo ponen mayor énfasis en la capacitación del personal, y sobre todo, de los magistrados. Saben que el resto de los detalles en el funcionamiento del código se podrá ir puliendo y hasta modificando con el paso del tiempo, pero también son conscientes de que si no logran capacitar a los actores del sistema, este podría ser el punto débil y un considerable blanco de críticas que haga tambalear a la reforma.

En lo que respecta a los fiscales, otro es el panorama, ya que a partir de este nuevo sistema acusatorio pasarán a tener un mayor grado de protagonismo. En este plano, según pudo conocer Infobae, una de las inquietudes que se debatirán esta tarde refiere justamente a la carga de trabajo en relación con la cantidad de personal: “Actualmente hay 49 fiscales de instrucción, 14 de correccional y 7 de menores; a partir de la reforma, este total dividido en cuatro distritos nos daría un promedio de 18 fiscales por sección, a los que le agregaría el fiscal de distrito y los auxiliarles fiscales que surjan de un concurso que ya se ha transformado en polémico. Estas cantidades resultan insuficientes para hacer frente a la cantidad de audiencias que vendrían por delante, poniendo en riesgo el resultado de la reforma desde su inicio”, indican fuentes judiciales y reafirman los rumores sobre la posibilidad de que haya una extensión para la puesta en marcha del código al 1.º de septiembre.

Las cartas del arranque del Código Procesal Penal ya están jugadas y todo parece indicar que se puso el pie en el acelerador para cumplir con los tiempos de la legislación, aunque no se descarta que de la reunión que mantengan esta tarde los representantes de la comisión puedan surgir nuevos proyectos de ley, de resolución o de reglamento que busquen cambiar las reglas del juego.

Esta nueva estructura que fija la legislación sancionada presenta un esquema totalmente diferente en lo que refiere a la organización del trabajo de fiscales y fiscalías -que pasan de ser una estructura en espejo, donde por cada instancia judicial había un fiscal, a organizarse en fiscalías de distrito-, un tema que a lo largo de algunos meses fue resistido por algunos actores judiciales y que hoy llegó para instalarse.

Lo cierto es que mientras las miradas en el país están puestas en el escenario electoral, en la Justicia ya se comenzó a atravesar el que significa un contundente cambio en la organización y el desarrollo de los procesos judiciales, donde los fiscales pasarán a desempeñarse bajo un nuevo esquema de trabajo sobre el que aún no se sabe a ciencia cierta la forma en qué se materializará.

Para esto, el Ministerio Público Fiscal ya se encuentra dando los primeros pasos no solo en jornadas de capacitación de fiscales -que fueron llevados a Chile para adentrarse en el funcionamiento del nuevo modelo-, sino que también se está avanzando en la adquisición de tres edificios donde comenzarán a funcionar estas nuevas estructuras. Uno de ellos será alquilado, el otro fue comprado por la Procuración General y el tercero cedido por la Administración de Bienes del Estado. Los tres inmuebles están ubicados en la zona del centro de la ciudad y se están adaptando para poder contener a las nuevas fiscalías de distrito que establece la ley. Más allá de la adquisición de los edificios, el MPF también está avanzando en diferentes licitaciones, entre ellas la del equipamiento de los laboratorios que utilizarán los fiscales para sus investigaciones. Aún no se precisaron cifras oficiales para estas inversiones.

Cabe recordar que el camino para llegar a la ley no fue sencillo, el debate fue enérgico, dado que aquellos más cercanos al Gobierno defendieron la iniciativa que se convirtió en ley, que establece a una organización más flexible en la que se crea la figura del llamado fiscal coordinador de distrito -quien estará a la cabeza de un conjunto de fiscales que serán igualados en jerarquía- y que será designado por un período de dos años. Solo fiscales generales podrán aspirar a esa función y para ello deberán presentar un plan de trabajo ante el procurador general de la nación, quien los elegirá en función de su propuesta y su idoneidad personal para el cargo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte al respecto.

Por otro lado, explican fuentes judiciales, “los fiscales con más años en la función no se ven dispuestos a resignar sus facultades procesales a manos de un colega coordinador designado directamente por el procurador general”.

Más allá de que aún existen voces que advierten que la legislación podría ser modificada por un nuevo Gobierno, el camino para la puesta en marcha de la nueva ley orgánica ya comenzó. En este contexto, antes de fin de mes se convocará a los gremios -la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la CABA y la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial- para coordinar la capacitación de todo el personal que quedará involucrado en este cambio de paradigmas que modificará los procedimientos de raíz.

Lo cierto es que desde la Asociación de Magistrados se encuentran ultimando los detalles para la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra el régimen de subrogaciones. Pero esta no sería la única acción que llegará a la Justicia dado que, según fuentes consultadas, habrá otros organismos que planean recorrer el mismo camino como la agrupación Será Justicia o el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

El flanco más débil de la legislación, al que apuntarán para pedir su inconstitucionalidad, es que estipula la designación de jueces subrogantes a través de una mayoría simple del Consejo de la Magistratura de la Nación, en contraposición a la mayoría agravada que requieren las normas anteriores basadas en la Constitución Nacional.

En este plano, se critica fuertemente el hecho que mediante esta ley se estaría dejando de lado la forma establecida en la Constitución para la designación de un magistrado para establecer una especie de “sistema paralelo”: se echan por tierra los concursos para acceder al cargo, y se nombran subrogantes para cubrir las vacantes, quienes no deben pasar por evaluación alguna.

Esto evidencia que la ley tiene requisitos más leves dado que –conforme lo critican quienes se encuentran trabajando en los textos que llegarán a la Justicia- se producen nombramientos de jueces subrogantes y no existen procesos que acrediten su idoneidad, no se les da la garantía de inamovilidad y, según indican, esto no garantizaría la imparcialidad de quien ocupa el cargo.

La realidad es que el punto más álgido que generó la actual puesta en duda de la ley es la percepción instalada en la esfera judicial de que se intenta desde la política captar puestos claves de la justicia, especialmente de la federal. “Se busca lograr tribunales a medida para el tratamiento de causas importantes y es por esto que se hacen maniobras en pos de manejar a la Justicia¨, explica un grupo de magistrados que llegaba al cuarto piso del palacio de tribunales.

El detonante de la crisis fue la reciente remoción del juez Luis María Cabral, desplazado por el Consejo de la Magistratura de la subrogancia que ocupaba en la Cámara Federal de Casación Penal, cuando se estaba por dictar sentencia en la causa por el Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán por el atentado a la AMIA.

El resultado inmediato: la reacción de un sector de la Justicia que busca frenar –como puede leerse en un comunicado de la Asociación de Magistrados “los reiterados ataques a la independencia del Poder Judicial”. En este contexto, mientras se esté llevando a cabo en la puerta del Palacio de Tribunales una marcha convocada en defensa de la independencia de la Justicia, apenas una hora antes, el presidente de la Corte Suprema –Ricardo Lorenzetti- mantendrá una reunión con los presidentes de las cámaras de apelaciones del país para tratar el conflicto desatado por la polémica ley que permite designar interinamente al frente de juzgados vacantes a abogados que no ejercen la magistratura.

En medio de la contienda electoral, la Justicia sigue siendo eje de la escena y atraviesa transformaciones que muchos tildan de amenazantes para su independencia, que la sociedad cada día reclama con mayor firmeza. Resta mucho camino por recorrer hasta octubre y, según se escucha en los pasillos de tribunales, quedan aún nuevos intentos de reformas por llegar.

Entre los temas top de la lista judicial que deberán atender los gobernantes que resulten electos se encuentra principalmente la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Varios fueron los intentos del oficialismo por reformar su integración: propusieron el rechazado pliego de Roberto Carlés, en un primer intento de avanzar con un candidato afín; luego se sucedieron varios rounds de público conocimiento y aún pesa sobre el ministro de la Corte, Carlos Fayt, un intento de la Comisión de Juicio Político por pedirle una revisión psicofísica. Así es que el polémico tema de la integración de la Corte tendrá sin dudas su nuevo capítulo en 2016, y el rumbo podrá variar desde la ampliación de sus integrantes, el intento de recambio de sus miembros hasta dejar -en un primer momento- que la Corte siga trabajando con sus cuatro ministros, como lo viene haciendo, en una clara señal de lograr una suerte de pacificación con el máximo tribunal. Obviamente cada movida dependerá del color político que llegue a la Casa Rosada luego del proceso electoral.

No puede dejarse de lado que si de ampliar la Corte se trata -posiblemente llevarla a siete o nueve miembros-, en el caso de que se buscara aprobar una ley, hasta completar el número de integrantes se debería recurrir a un sistema de subrogantes para que el tribunal logre la mayoría de los votos necesarios para fallar. En este contexto hay un detalle que no puede pasarse por alto: el sistema dispone que se debe convocar a los presidentes de las cámaras de apelaciones y si ello no fuera posible, se deberá acudir a una lista de conjueces, que ya fue declarada nula por la Corte. Y este será sin dudas un problema a atender en 2016.

En segundo lugar se encuentra la nueva Ley de Implementación del Código Procesal Penal, que si bien ya comenzará a dar sus primeros pasos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en marzo de 2016, la teoría indica que la reforma debería extenderse al plano de la justicia federal, cuestión que hoy es dejada de lado y, según se rumorea en los pasillos de tribunales, “se habla de un acuerdo con los jueces federales para demorar su implementación en este escenario”. Aunque se trata simplemente de rumores, lo cierto es que en 2016 se espera que, a prueba y error, la reforma se empiece a extender a todas las áreas pertinentes y esto incluirá a la justicia federal, es decir, se deberá aplicar al tratamiento de casos de corrupción y delitos que involucran al poder, que hoy preocupan a muchos actores, pero que ya correrían con varios meses de ventaja hasta que se aplique para estos delitos. Este será uno de los temas calientes con el que el próximo gobernante deberá lidiar. No es novedad que las causas por corrupción que esperan una resolución abundan y este será un reclamo de la sociedad para el nuevo presidente.

De la mano del Código acusatorio, en 2016 regirá plenamente la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que incluirá una profunda y -resistida por algunos sectores- reestructuración del sistema de justicia en lo que refiere a la organización de los fiscales, la asignación de causas y el poder que tendrá en sus manos el Procurador General de la Nación. En este plano, quien sea gobernante del país verá, sin dudas, al Ministerio Público Fiscal de la Nación como un sitio clave en lo que refiere a la administración del sistema de justicia, dado que los fiscales -a través del sistema acusatorio- pasan a tener un nivel de protagonismo y relevancia que deberá ir de la mano de una adecuada y delicada transparencia en los procesos. La señalada preocupación por las denuncias de corrupción -a las que todo gobierno está expuesto en la Argentina- se trasladará entonces en el próximo turno presidencial a la actuación de los fiscales y se buscará sin duda controlar las decisiones de la Procuración.

A estas cuestiones que el nuevo gobernante prácticamente heredará -dado que fueron gestadas en los últimos tramos del gobierno kirchnerista- se suman nuevos desafíos que sin dudas estarán en agenda.

El reclamo de la sanción de un nuevo Código Penal, más allá de haber sido combatido en la campaña por algún candidato, fue mencionado hace días atrás por la viceministra de la Corte, Elena Highton de Nolasco, como una reforma sobre la que es necesario avanzar. Después de varios intentos fallidos, el anhelado proyecto del oficialismo por sancionar dentro de la reforma judicial el Código Penal no llegó finalmente a buen puerto, pero este será uno de los principales puntos que se espera que sea tratado en 2016, dado que de la mano de este volverán a un primer plano cuestiones como la duración de las penas, la suspensión del juicio a prueba, la reincidencia, entre otras polémicas que no pudieron ser dirimidas y que esperan ver la luz.

En un plano más terrenal, y atendiendo a la tensa relación que hoy existe entre algunos sectores de la justicia con el gobierno actual, el escenario para los nuevos gobernantes será de definiciones estratégicas en lo que refiere a su relacionamiento con la justicia federal, la Corte Suprema y, sin dudas, el logro de una más equilibrada composición del Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un órgano que tiene un rol estratégico, ya que por sus despachos pasan nada más y nada menos que los nombramientos y las acusaciones a los magistrados (cabe destacar que el nuevo gobierno podrá designar su representante e incidir así en las mayorías hoy imperantes en ese cuerpo). Todos estos son lazos que actualmente no logran mantener un mínimo de estabilidad y dejan en evidencia un panorama de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que muchas veces terminan en un arduo pase de facturas que no hace más que poner en riesgo la independencia judicial.

Intentos como el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, la implementación del juicio por jurados en el plano nacional, la creación de una justicia de menor cuantía, el debate de un Código de Ética Judicial, si bien serán temas que estarán presentes, es muy probable que pasen a un segundo plano.

Ya se develaron las incógnitas de las alianzas electorales y las candidaturas con miras a las PASO y a las elecciones generales de octubre, y toda la política está ahora inmersa en una campaña que promete nuevas polémicas alrededor de muchos temas de interés para la sociedad, que debe decidir con su voto. Mientras tanto, las cuestiones relativas a la justicia y a sus actores principales quedarán como siempre en un plano de análisis reservado solo a los interesados y a unos pocos ciudadanos más a los que el tema preocupa.

En este contexto, la piedra fundamental para instalar el debate sobre la integración de la Corte fue la propuesta del pliego de Roberto Carlés para ocupar el lugar que dejó vacante hace algún tiempo el ministro Eugenio Zaffaroni; una iniciativa que fue echada por tierra rápidamente por una oposición que advirtió que no votarían ningún pliego hasta tanto se de paso a las elecciones que traerán consigo al nuevo mandato gubernamental.

Así las cosas, la Corte parece ser el botín más preciado a medida que se acercan las elecciones de octubre. No fue casual que este mediodía el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, invitara a un acto en el cuarto piso del Palacio al que concurrieron jueces nacionales y federales, y medios de comunicación, en una clara muestra de poder de convocatoria.

Que la relación entre el Gobierno y la Corte está más tirante que nunca no es novedad. En este plano, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dio otro golpe contundente y avanzó en la investigación para conocer cuál es el estado de salud mental del ministro de la Corte Carlos Fayt –de 97 años- y certificar si aún es idóneo para seguir en su cargo de juez del máximo tribunal. Frente a esto, la oposición reaccionó y denunció que no se pueden solicitar medidas de prueba porque no hay un pedido de juicio político contra el juez. Se presentó entonces una denuncia contra la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Anabel Fernández Sagasti, y otros 16 legisladores que aprobaron comenzar la investigación,  por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En este plano, el juez Ercolini le solicitó a la Comisión de Juicio Político los antecedentes de cómo se inició el proceso investigativo contra Fayt.

La Corte es, sin dudas, el centro por donde pasará la próxima disputa político judicial. La pregunta que cabe hacerse es si la Comisión se encuentra habilitada para abrir este tipo de investigación.  La oposición interpretó que se trata de una medida antirreglamentaria, ya que en la comisión no se presentó ningún pedido de juicio político contra el jurista, de 97 años, que habilite al cuerpo a solicitar medidas de prueba para una investigación. Sin dudas todas estas idas y vueltas del oficialismo obedecen a que no reúne los dos tercios de las Cámaras del Congreso como para motorizar un verdadero juicio político contra Fayt.

Pero lejos de quedar paralizado el tema, en un nuevo round,  la Comisión “invitó” a Jorge Rizzo –líder de Gente de Derecho y ex Presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal- a que les brindara el “crudo” del audio emitido en su programa de Radio América en donde podían escucharse testimonios exclusivos del juez Fayt.  Rizzo –quien es abogado del ministro de la Corte- echó por tierra la posibilidad de que esto se concretara y señaló nuevamente que “no tienen ningún tipo de potestad -para hacer el pedido de revisión psicofísica a Fayt-, eso podrían hacerlo en el marco de un juicio político; acá no hay ninguna causal que pueda impulsar un pedido de juicio político que serían incumplimiento de los deberes o delito, ninguno de los dos casos se constituyen por lo tanto lo que están haciendo es una alharaca”.

Lo cierto es que, más allá de la puesta en escena de la Comisión, el foco directo no pasa entonces por la situación del propio Fayt, sino que a todas luces el oficialismo busca cambios mucho más profundos en la composición de la Corte Suprema.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, advirtió que “la actitud del Gobierno, en cuanto a las excusas que esgrimen contra Fayt, es fascista. Netamente se está atacando a una persona por su edad. El resto de las cosas que manifiestan son absolutamente hipotéticas”. Asimismo destacó que “el hecho de que los jueces hagan un acuerdo y algunos firmen en su domicilio, es absolutamente común; de hecho la presidenta firma decretos en Olivos, y encima es otra jurisdicción. Me parece que simplemente es una maniobra del Gobierno para atacar a la Corte, porque obviamente van a llegar expedientes que les preocupan”.

Revisión psicofísica

El debate de la revisión psicofísica en el Poder Judicial ya fue centro de disputas en diferentes épocas y siempre fue echado por tierra. Lo cierto es que en la provincia de Mendoza, el ministro de la Suprema Corte de Mendoza, Mario Adaro, fue uno de los grandes impulsores de una polémica iniciativa para que los jueces se sometan a estudios psicofísicos.

En esta línea, María Laura Garrigós de Rébori, titular de la Cámara Nacional de Casación Penal y referente de la agrupación Justicia Legítima, consideró que los jueces deberían hacer un “control psicofísico periódico” y que tendría que haber “algún marco de control” para la actividad de los magistrados. Este planteamiento desató una fuerte disconformidad en una amplia mayoría de integrantes de la esfera judicial, dado que es histórica la negativa a esta iniciativa.

Sobre los rumores que indican que existe un proyecto que buscará establecer un examen psicofísico anual a los integrantes del Poder Judicial, Recondo señaló que se trata de un tema “absolutamente invasivo. La Constitución en ningún lado indica esto”. Volviendo a referirse al caso del juez Fayt, el presidente de la Asociación de Magistrados se preguntó: “¿Le van a hacer juicio político a una persona porque es vieja? Esto es un verdadero horror. Estamos en contra de toda discriminación y acá hay una discriminación por edad para debilitar a la Corte y conseguir una vacante más”.

Consultado sobre la posibilidad de establecer regulaciones periódicas, Rizzo analizó que si hay un proyecto que va en esta dirección “no debería ser sólo para quienes integran el Poder Judicial, sino que también para los tres poderes del Estado”.

Según se vocifera en los pasillos del cuatro piso del Palacio de Tribunales, el examen psicofísico que se pide al ministro Fayt no es más que un medio para llegar al preciado fin de debilitar a la Corte y avanzar en su reforma. No puede dejarse de lado que  los cruces entre la Corte y el Gobierno arrancaron desde fines del año pasado, siguieron con algunos otros rounds que se iniciaron cuando desde el Gobierno se empezó a hablar de una ampliación del máximo tribunal y acto seguido la Corte declaró la nulidad de la lista de conjueces que aprobó el Senado. Se vienen meses movidos y sin dudas nuevas devoluciones de gentilezas entre ambas esferas de poder.

Si bien el kirchnerismo y la oposición finalmente alcanzaron un acuerdo y firmaron dictámenes de mayoría favorables a cinco proyectos de ley que el oficialismo empuja para que vean la luz antes de las elecciones, se registran marcados puntos de discordancia que podrían llevar el tema a la Justicia. Se trata de los proyectos de ley de implementación del Código, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, la ley orgánica del Poder Judicial y una reforma del Código Penal.

En lo que respecta particularmente al proyecto de implementación del Código, el oficialismo realizó dos importantes concesiones: una consiste en posponer su puesta en marcha para el 1° de marzo de 2016, y la otra en anular la creación de la Comisión de Implementación que iba a mantener una integración de 9 miembros inamovibles de sus cargos durante un período de seis años; esto a simple vista permitía que un Gobierno saliente, lograra incorporar la mayoría de los cargos de esta Comisión. Ante el riesgo de que este punto hiciera tambalear toda la reforma, finalmente la facultad de la implementación quedará en manos de la misma Comisión Bicameral que viene trabajando en el tema, a la que se le agregará una Secretaría Técnica y un Comité Asesor.

Desde el oficialismo se avanzó con la firme idea de no cambiar una coma de la iniciativa, pero al trascender que distintos actores de la esfera judicial llevarían el tema a la Justicia, por tildar de inconstitucional a esta Comisión, aunque dieron lucha hasta el final y las negociaciones se estiraron al límite, prefirieron suprimir este punto para no hacer peligrar la ansiada reforma.

Lo cierto es que este no resulta el único punto que podría hacer llegar el tema a instancia judicial, dado que según fuentes de la Justicia de Ciudad de Buenos Aires, “se sigue pensando en avanzar con esta implementación en territorio porteño, cuando debería comenzar a implementarse en la Justicia federal”.

Cabe destacar que consultado en este sentido cuando comenzaba el debate de la reforma, el titular de la Fiscalía de la Ciudad, Martín Ocampo, explicaba a Infobae: “Si nuestra voz no es escuchada, evaluaremos la posibilidad de presentar acciones judiciales. Como funcionarios de la Ciudad, debemos defender su autonomía”.

Por su parte, un grupo de jueces del fuero Nacional -que investiga y juzga los delitos ordinarios- mantuvo algunas reuniones en las que consensuaron un documento donde insisten sobre una cantidad de puntos con los que desacuerdan del proyecto, entre los que se encuentran el rol de la Oficina Judicial que se crearía, asimismo reclaman por la participación del Colegio Público de Abogados y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en la Bicameral, entre otros. El intenso debate de estos jueces se desarrolla más allá de las quejas por la posible existencia de un pacto con algunos de sus colegas del fuero Federal de Comodoro Py para que no se les aplique por el momento el nuevo Código.

En este escenario, el radicalismo y el peronismo federal presentaron dictámenes en minoría con observaciones en particular, en especial respecto a lo que entienden como “un exceso de facultades” que el proyecto kirchnerista le adjudica a la Procuración General de la Nación. En tal sentido, el fiscal de la Cámara Criminal y Correccional de la Capital, Ricardo Sáenz, manifestó su preocupación a Infobae y advirtió que “la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que propone el Ejecutivo remueve la mayor garantía que tienen los justiciables respecto de sus fiscales, que consiste en que no se pueda elegir quién lo va a investigar con posterioridad al hecho de que se trate. Con la reforma la organización y adjudicación de los casos queda en manos del Fiscal Coordinador de Distrito, una nueva figura hoy inexistente y que es designado directamente por el Procurador, sin ningún concurso”.

Otro de los cambios que mostraron la voluntad del oficialismo refiere a la carrera judicial, lo que significa el reconocimiento de los empleados interinos y contratados para poder pasar a los ministerios públicos –tanto fiscal, como de la defensa- garantizándoles los derechos adquiridos.

El Anexo II sigue siendo el foco del conflicto

La gran piedra en el zapato de esta reforma, según lo explica el titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Julio Piumato, es que no se modificó ningún aspecto del controvertido Anexo II sobre el que pesan tres amparos en la justicia contra la creación de 16 cargos de fiscal de cámara y 1600 puestos judiciales. “Sigue quedando abierta la ventana para los paracaidistas y vamos a insistir en el Senado para que se modifique este punto, porque por un lado se habla de respetar la carrera administrativa, y por otro se crean estos cargos que la violan sistemáticamente”, sostiene un enérgico Piumato. Cabe destacar que en su exposición ante la Bicameral, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tildó de “excesivos” la cantidad de cargos que el proyecto busca materializar.

Por otro lado, una de las mayores críticas que se sintió por parte de los actores judiciales refiere a que la atención del debate estuvo centrada en la implementación del Procesal Penal, dejando que prácticamente “pase inadvertida” la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que sin dudas aportará también modificaciones de relevancia para la organización de la Justicia y de la actividad de los fiscales. “La concentración de Poder va a hacer fracasar la reforma, porque ya sea Gils Carbó o el Procurador que venga mañana, va a tener un total manejo centralizado o personalista de todo y se va a perder la transparencia” en materia de investigaciones, sostuvo Piumato.

Las negociaciones avanzan y si bien “la oposición ha dado el acuerdo a las modificaciones de la Ley de Implementación, según entiendo, va a rechazar la ley del Ministerio Público Fiscal, justamente porque esta iniciativa termina por concentrar el poder”, analiza Piumato de cara al panorama que se avecina. Así las cosas, parece que aún quedan aspectos por pulir en las iniciativas que en horas más se tratarán en el Senado, donde por las lógicas mayorías conseguirán probablemente la media sanción de estas leyes que pasarán en tiempo récord a Diputados. Todo parece indicar que finalmente el kirchnerismo se alzará antes de octubre con el paquete de leyes anhelado.