Lo cierto es que desde el oficialismo buscan dejar todo en impecable orden antes de las elecciones presidenciales, a fin de que el tan debatido código comience a funcionar -sin flancos débiles- en marzo próximo a la luz de un nuevo Gobierno.

Si bien desde el Ejecutivo son auspiciosos con el ritmo que vienen tomando los preparativos de puesta en marcha de esta reforma en la ciudad, desde la Asociación de Magistrados y otros actores que se reunirán esta tarde advierten que de comenzarse bajo las actuales condiciones de falta de personal y capacitación, el nuevo sistema podría enfrentar un colapso de causas, por lo que ya hay rumores de que el plazo de arranque se extendería hasta septiembre.

Para el inicio de esta primera etapa del nuevo Código -que se aplicará en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires- se deberá invertir principalmente en lo referente a la recomposición salarial de los jueces de primera instancia penal a lo equivalente al sueldo de camarista, lo que conllevará un desembolso aproximado de 34 millones de pesos, según pudo conocer Infobae.

Sumado a esto, otro costo de fuerte impacto será el reacondicionamiento edilicio que deberá emprenderse -dado que para este nuevo sistema no solo se necesitarán nuevas posiciones de trabajo, sino que también otras estructuras, como, por ejemplo, salas para audiencias orales y equipamiento. Por último, será necesaria la creación de nuevos cargos, lo que conllevará en total una inversión aproximada de 500 millones de pesos. Estas cifras, que corresponden a recategorizaciones, nuevos cargos y reformas edilicias, estarían contempladas dentro del presupuesto del Consejo de la Magistratura 2016, que va a contar unos 14.000 millones de pesos.

Frente a este panorama, esta tarde los representantes de cada estamento expondrán en la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación, donde se espera que el tema de mayor foco sea deliberar de qué forma se llevará adelante la implementación de un sistema que necesita mayor cantidad de personal para poder ser puesto en marcha, para no correr peligro de desbordes que lo lleven al fracaso.

Sin ir más lejos, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó al Consejo de la Magistratura que informe si se encuentran las partidas presupuestas para habilitar 37 cargos para la nueva Casación, situación ante la que no se descarta que el Consejo pida una partida extraordinaria a la Jefatura de Gabinete.

Uno de los temas que mayor rispidez generó a lo largo del extenso debate que trae consigo este código refiere a que se estipuló su arranque por la ciudad de Buenos Aires, lo que no tardó en despertar duras críticas del arco judicial, dado que la llamada Justicia de Comodoro Py quedaría por algún tiempo al margen de esta implementación. Así, se abrió fuego cruzado entre diferentes actores judiciales que hoy vaticinan que los jueces federales quedarán al margen de la implementación del nuevo código por un largo tiempo, dado que la comisión especial tiene un plazo inicial de seis años para aplicar esta reforma y todo parece apuntar a que los jueces federales serán por lejos los últimos en ser subidos a este barco.

Otros de los temas que volverán álgido el primer encuentro de la comisión llegará de la mano de los jueces, quienes sienten que, a través de la creación de oficinas judiciales, en cierta forma se les quiere marcar agenda, dado que estas tendrán ni más ni menos que la tarea de recepcionar todas las denuncias que luego serán designadas a los magistrados.

Desde el Ejecutivo y el Legislativo ponen mayor énfasis en la capacitación del personal, y sobre todo, de los magistrados. Saben que el resto de los detalles en el funcionamiento del código se podrá ir puliendo y hasta modificando con el paso del tiempo, pero también son conscientes de que si no logran capacitar a los actores del sistema, este podría ser el punto débil y un considerable blanco de críticas que haga tambalear a la reforma.

En lo que respecta a los fiscales, otro es el panorama, ya que a partir de este nuevo sistema acusatorio pasarán a tener un mayor grado de protagonismo. En este plano, según pudo conocer Infobae, una de las inquietudes que se debatirán esta tarde refiere justamente a la carga de trabajo en relación con la cantidad de personal: “Actualmente hay 49 fiscales de instrucción, 14 de correccional y 7 de menores; a partir de la reforma, este total dividido en cuatro distritos nos daría un promedio de 18 fiscales por sección, a los que le agregaría el fiscal de distrito y los auxiliarles fiscales que surjan de un concurso que ya se ha transformado en polémico. Estas cantidades resultan insuficientes para hacer frente a la cantidad de audiencias que vendrían por delante, poniendo en riesgo el resultado de la reforma desde su inicio”, indican fuentes judiciales y reafirman los rumores sobre la posibilidad de que haya una extensión para la puesta en marcha del código al 1.º de septiembre.

Las cartas del arranque del Código Procesal Penal ya están jugadas y todo parece indicar que se puso el pie en el acelerador para cumplir con los tiempos de la legislación, aunque no se descarta que de la reunión que mantengan esta tarde los representantes de la comisión puedan surgir nuevos proyectos de ley, de resolución o de reglamento que busquen cambiar las reglas del juego.

Entre los temas top de la lista judicial que deberán atender los gobernantes que resulten electos se encuentra principalmente la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Varios fueron los intentos del oficialismo por reformar su integración: propusieron el rechazado pliego de Roberto Carlés, en un primer intento de avanzar con un candidato afín; luego se sucedieron varios rounds de público conocimiento y aún pesa sobre el ministro de la Corte, Carlos Fayt, un intento de la Comisión de Juicio Político por pedirle una revisión psicofísica. Así es que el polémico tema de la integración de la Corte tendrá sin dudas su nuevo capítulo en 2016, y el rumbo podrá variar desde la ampliación de sus integrantes, el intento de recambio de sus miembros hasta dejar -en un primer momento- que la Corte siga trabajando con sus cuatro ministros, como lo viene haciendo, en una clara señal de lograr una suerte de pacificación con el máximo tribunal. Obviamente cada movida dependerá del color político que llegue a la Casa Rosada luego del proceso electoral.

No puede dejarse de lado que si de ampliar la Corte se trata -posiblemente llevarla a siete o nueve miembros-, en el caso de que se buscara aprobar una ley, hasta completar el número de integrantes se debería recurrir a un sistema de subrogantes para que el tribunal logre la mayoría de los votos necesarios para fallar. En este contexto hay un detalle que no puede pasarse por alto: el sistema dispone que se debe convocar a los presidentes de las cámaras de apelaciones y si ello no fuera posible, se deberá acudir a una lista de conjueces, que ya fue declarada nula por la Corte. Y este será sin dudas un problema a atender en 2016.

En segundo lugar se encuentra la nueva Ley de Implementación del Código Procesal Penal, que si bien ya comenzará a dar sus primeros pasos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en marzo de 2016, la teoría indica que la reforma debería extenderse al plano de la justicia federal, cuestión que hoy es dejada de lado y, según se rumorea en los pasillos de tribunales, “se habla de un acuerdo con los jueces federales para demorar su implementación en este escenario”. Aunque se trata simplemente de rumores, lo cierto es que en 2016 se espera que, a prueba y error, la reforma se empiece a extender a todas las áreas pertinentes y esto incluirá a la justicia federal, es decir, se deberá aplicar al tratamiento de casos de corrupción y delitos que involucran al poder, que hoy preocupan a muchos actores, pero que ya correrían con varios meses de ventaja hasta que se aplique para estos delitos. Este será uno de los temas calientes con el que el próximo gobernante deberá lidiar. No es novedad que las causas por corrupción que esperan una resolución abundan y este será un reclamo de la sociedad para el nuevo presidente.

De la mano del Código acusatorio, en 2016 regirá plenamente la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que incluirá una profunda y -resistida por algunos sectores- reestructuración del sistema de justicia en lo que refiere a la organización de los fiscales, la asignación de causas y el poder que tendrá en sus manos el Procurador General de la Nación. En este plano, quien sea gobernante del país verá, sin dudas, al Ministerio Público Fiscal de la Nación como un sitio clave en lo que refiere a la administración del sistema de justicia, dado que los fiscales -a través del sistema acusatorio- pasan a tener un nivel de protagonismo y relevancia que deberá ir de la mano de una adecuada y delicada transparencia en los procesos. La señalada preocupación por las denuncias de corrupción -a las que todo gobierno está expuesto en la Argentina- se trasladará entonces en el próximo turno presidencial a la actuación de los fiscales y se buscará sin duda controlar las decisiones de la Procuración.

A estas cuestiones que el nuevo gobernante prácticamente heredará -dado que fueron gestadas en los últimos tramos del gobierno kirchnerista- se suman nuevos desafíos que sin dudas estarán en agenda.

El reclamo de la sanción de un nuevo Código Penal, más allá de haber sido combatido en la campaña por algún candidato, fue mencionado hace días atrás por la viceministra de la Corte, Elena Highton de Nolasco, como una reforma sobre la que es necesario avanzar. Después de varios intentos fallidos, el anhelado proyecto del oficialismo por sancionar dentro de la reforma judicial el Código Penal no llegó finalmente a buen puerto, pero este será uno de los principales puntos que se espera que sea tratado en 2016, dado que de la mano de este volverán a un primer plano cuestiones como la duración de las penas, la suspensión del juicio a prueba, la reincidencia, entre otras polémicas que no pudieron ser dirimidas y que esperan ver la luz.

En un plano más terrenal, y atendiendo a la tensa relación que hoy existe entre algunos sectores de la justicia con el gobierno actual, el escenario para los nuevos gobernantes será de definiciones estratégicas en lo que refiere a su relacionamiento con la justicia federal, la Corte Suprema y, sin dudas, el logro de una más equilibrada composición del Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un órgano que tiene un rol estratégico, ya que por sus despachos pasan nada más y nada menos que los nombramientos y las acusaciones a los magistrados (cabe destacar que el nuevo gobierno podrá designar su representante e incidir así en las mayorías hoy imperantes en ese cuerpo). Todos estos son lazos que actualmente no logran mantener un mínimo de estabilidad y dejan en evidencia un panorama de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que muchas veces terminan en un arduo pase de facturas que no hace más que poner en riesgo la independencia judicial.

Intentos como el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, la implementación del juicio por jurados en el plano nacional, la creación de una justicia de menor cuantía, el debate de un Código de Ética Judicial, si bien serán temas que estarán presentes, es muy probable que pasen a un segundo plano.

Ya se develaron las incógnitas de las alianzas electorales y las candidaturas con miras a las PASO y a las elecciones generales de octubre, y toda la política está ahora inmersa en una campaña que promete nuevas polémicas alrededor de muchos temas de interés para la sociedad, que debe decidir con su voto. Mientras tanto, las cuestiones relativas a la justicia y a sus actores principales quedarán como siempre en un plano de análisis reservado solo a los interesados y a unos pocos ciudadanos más a los que el tema preocupa.