Esta nueva estructura que fija la legislación sancionada presenta un esquema totalmente diferente en lo que refiere a la organización del trabajo de fiscales y fiscalías -que pasan de ser una estructura en espejo, donde por cada instancia judicial había un fiscal, a organizarse en fiscalías de distrito-, un tema que a lo largo de algunos meses fue resistido por algunos actores judiciales y que hoy llegó para instalarse.

Lo cierto es que mientras las miradas en el país están puestas en el escenario electoral, en la Justicia ya se comenzó a atravesar el que significa un contundente cambio en la organización y el desarrollo de los procesos judiciales, donde los fiscales pasarán a desempeñarse bajo un nuevo esquema de trabajo sobre el que aún no se sabe a ciencia cierta la forma en qué se materializará.

Para esto, el Ministerio Público Fiscal ya se encuentra dando los primeros pasos no solo en jornadas de capacitación de fiscales -que fueron llevados a Chile para adentrarse en el funcionamiento del nuevo modelo-, sino que también se está avanzando en la adquisición de tres edificios donde comenzarán a funcionar estas nuevas estructuras. Uno de ellos será alquilado, el otro fue comprado por la Procuración General y el tercero cedido por la Administración de Bienes del Estado. Los tres inmuebles están ubicados en la zona del centro de la ciudad y se están adaptando para poder contener a las nuevas fiscalías de distrito que establece la ley. Más allá de la adquisición de los edificios, el MPF también está avanzando en diferentes licitaciones, entre ellas la del equipamiento de los laboratorios que utilizarán los fiscales para sus investigaciones. Aún no se precisaron cifras oficiales para estas inversiones.

Cabe recordar que el camino para llegar a la ley no fue sencillo, el debate fue enérgico, dado que aquellos más cercanos al Gobierno defendieron la iniciativa que se convirtió en ley, que establece a una organización más flexible en la que se crea la figura del llamado fiscal coordinador de distrito -quien estará a la cabeza de un conjunto de fiscales que serán igualados en jerarquía- y que será designado por un período de dos años. Solo fiscales generales podrán aspirar a esa función y para ello deberán presentar un plan de trabajo ante el procurador general de la nación, quien los elegirá en función de su propuesta y su idoneidad personal para el cargo, de acuerdo con la reglamentación que se dicte al respecto.

Por otro lado, explican fuentes judiciales, “los fiscales con más años en la función no se ven dispuestos a resignar sus facultades procesales a manos de un colega coordinador designado directamente por el procurador general”.

Más allá de que aún existen voces que advierten que la legislación podría ser modificada por un nuevo Gobierno, el camino para la puesta en marcha de la nueva ley orgánica ya comenzó. En este contexto, antes de fin de mes se convocará a los gremios -la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la CABA y la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial- para coordinar la capacitación de todo el personal que quedará involucrado en este cambio de paradigmas que modificará los procedimientos de raíz.

Entre los temas top de la lista judicial que deberán atender los gobernantes que resulten electos se encuentra principalmente la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Varios fueron los intentos del oficialismo por reformar su integración: propusieron el rechazado pliego de Roberto Carlés, en un primer intento de avanzar con un candidato afín; luego se sucedieron varios rounds de público conocimiento y aún pesa sobre el ministro de la Corte, Carlos Fayt, un intento de la Comisión de Juicio Político por pedirle una revisión psicofísica. Así es que el polémico tema de la integración de la Corte tendrá sin dudas su nuevo capítulo en 2016, y el rumbo podrá variar desde la ampliación de sus integrantes, el intento de recambio de sus miembros hasta dejar -en un primer momento- que la Corte siga trabajando con sus cuatro ministros, como lo viene haciendo, en una clara señal de lograr una suerte de pacificación con el máximo tribunal. Obviamente cada movida dependerá del color político que llegue a la Casa Rosada luego del proceso electoral.

No puede dejarse de lado que si de ampliar la Corte se trata -posiblemente llevarla a siete o nueve miembros-, en el caso de que se buscara aprobar una ley, hasta completar el número de integrantes se debería recurrir a un sistema de subrogantes para que el tribunal logre la mayoría de los votos necesarios para fallar. En este contexto hay un detalle que no puede pasarse por alto: el sistema dispone que se debe convocar a los presidentes de las cámaras de apelaciones y si ello no fuera posible, se deberá acudir a una lista de conjueces, que ya fue declarada nula por la Corte. Y este será sin dudas un problema a atender en 2016.

En segundo lugar se encuentra la nueva Ley de Implementación del Código Procesal Penal, que si bien ya comenzará a dar sus primeros pasos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en marzo de 2016, la teoría indica que la reforma debería extenderse al plano de la justicia federal, cuestión que hoy es dejada de lado y, según se rumorea en los pasillos de tribunales, “se habla de un acuerdo con los jueces federales para demorar su implementación en este escenario”. Aunque se trata simplemente de rumores, lo cierto es que en 2016 se espera que, a prueba y error, la reforma se empiece a extender a todas las áreas pertinentes y esto incluirá a la justicia federal, es decir, se deberá aplicar al tratamiento de casos de corrupción y delitos que involucran al poder, que hoy preocupan a muchos actores, pero que ya correrían con varios meses de ventaja hasta que se aplique para estos delitos. Este será uno de los temas calientes con el que el próximo gobernante deberá lidiar. No es novedad que las causas por corrupción que esperan una resolución abundan y este será un reclamo de la sociedad para el nuevo presidente.

De la mano del Código acusatorio, en 2016 regirá plenamente la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que incluirá una profunda y -resistida por algunos sectores- reestructuración del sistema de justicia en lo que refiere a la organización de los fiscales, la asignación de causas y el poder que tendrá en sus manos el Procurador General de la Nación. En este plano, quien sea gobernante del país verá, sin dudas, al Ministerio Público Fiscal de la Nación como un sitio clave en lo que refiere a la administración del sistema de justicia, dado que los fiscales -a través del sistema acusatorio- pasan a tener un nivel de protagonismo y relevancia que deberá ir de la mano de una adecuada y delicada transparencia en los procesos. La señalada preocupación por las denuncias de corrupción -a las que todo gobierno está expuesto en la Argentina- se trasladará entonces en el próximo turno presidencial a la actuación de los fiscales y se buscará sin duda controlar las decisiones de la Procuración.

A estas cuestiones que el nuevo gobernante prácticamente heredará -dado que fueron gestadas en los últimos tramos del gobierno kirchnerista- se suman nuevos desafíos que sin dudas estarán en agenda.

El reclamo de la sanción de un nuevo Código Penal, más allá de haber sido combatido en la campaña por algún candidato, fue mencionado hace días atrás por la viceministra de la Corte, Elena Highton de Nolasco, como una reforma sobre la que es necesario avanzar. Después de varios intentos fallidos, el anhelado proyecto del oficialismo por sancionar dentro de la reforma judicial el Código Penal no llegó finalmente a buen puerto, pero este será uno de los principales puntos que se espera que sea tratado en 2016, dado que de la mano de este volverán a un primer plano cuestiones como la duración de las penas, la suspensión del juicio a prueba, la reincidencia, entre otras polémicas que no pudieron ser dirimidas y que esperan ver la luz.

En un plano más terrenal, y atendiendo a la tensa relación que hoy existe entre algunos sectores de la justicia con el gobierno actual, el escenario para los nuevos gobernantes será de definiciones estratégicas en lo que refiere a su relacionamiento con la justicia federal, la Corte Suprema y, sin dudas, el logro de una más equilibrada composición del Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un órgano que tiene un rol estratégico, ya que por sus despachos pasan nada más y nada menos que los nombramientos y las acusaciones a los magistrados (cabe destacar que el nuevo gobierno podrá designar su representante e incidir así en las mayorías hoy imperantes en ese cuerpo). Todos estos son lazos que actualmente no logran mantener un mínimo de estabilidad y dejan en evidencia un panorama de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, que muchas veces terminan en un arduo pase de facturas que no hace más que poner en riesgo la independencia judicial.

Intentos como el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, la implementación del juicio por jurados en el plano nacional, la creación de una justicia de menor cuantía, el debate de un Código de Ética Judicial, si bien serán temas que estarán presentes, es muy probable que pasen a un segundo plano.

Ya se develaron las incógnitas de las alianzas electorales y las candidaturas con miras a las PASO y a las elecciones generales de octubre, y toda la política está ahora inmersa en una campaña que promete nuevas polémicas alrededor de muchos temas de interés para la sociedad, que debe decidir con su voto. Mientras tanto, las cuestiones relativas a la justicia y a sus actores principales quedarán como siempre en un plano de análisis reservado solo a los interesados y a unos pocos ciudadanos más a los que el tema preocupa.