La Presidenta de la Nación acaba de sancionar el decreto 929, que procura incentivar la inversión de las empresas petroleras para revertir una declinación productiva, que en el caso del petróleo lleva 120 meses de caída consecutiva, mientras en el caso del gas la caída es más corta e intensa a la vez, generando una fuerte dependencia de la importación de gas de Bolivia y de gas por barco, y a pesar de ello, mantiene una demanda insatisfecha por cortes de servicio, que se traduce en menor potencial de producción de bienes todos los días, pero en especial durante el invierno.
El decreto establece las pautas que se les impone a las empresas para concederle precios y divisas en condiciones ventajosas, del estilo de las existentes en la década del 90’, eliminándoles de este modo el impuesto a las exportaciones que se aplican en el país tras la salida de la convertibilidad. Para ello se requiere una inversión que supere los US$ 1000 millones en 5 años. Nada de pequeñeces.