El desarrollo de nuestras vidas cotidianas, como el progreso de nuestras sociedades, tiene en los minerales un recurso que es un insumo indispensable para hacer viable la tecnología, que nadie quiere abandonar en su calidad de vida. Además, es recurso de desarrollo económico para las comunidades locales, provinciales y nacionales.

La minería es una actividad que nos acompañará en nuestras vidas como en nuestras actividades productivas, así también en el crecimiento de la nación que la adopta y ratifica como política de Estado económica, productiva, energética y ambiental. Todas dimensiones que deben ser concurrentes en un desarrollo sustentable.

Se trata de una actividad que está regulada por la ley. Eso no impide que, en este desarrollo productivo como en otros, haya prácticas criminales que no pueden ni deben esconderse bajo las argumentaciones de minería sustentable o responsable. Cuando sus acciones voluntarias, negligentes o accidentales sean conscientes del daño que ocasionan, al que son indiferentes, se debe poner a estos actores frente a una Justicia eficiente e independiente y actuar en tiempo y forma, con todo el rigor de la ley.

Aquí es donde el Estado debe estar presente y es nuestra responsabilidad cumplir con esta función. Los legisladores, con leyes, reglamentaciones y códigos que ajusten a derecho y amplíen los resguardos para que la minería sea no sólo actividad lícita y legal, sino responsable de cuidar la salud de las personas y el ambiente, aun cuando extraiga minerales y, en especial, cuando utilice agua, con su impacto en el entorno y en los múltiples recursos naturales.

Así también una Justicia ambiental, civil y penal que, en tiempo y forma, ejerza su función con fiscales y jueces que intervengan para proteger con la ley a los ciudadanos, como así también al ambiente.

El Poder Ejecutivo, tanto en su órbita local como provincial y nacional, ajustado a derecho, ordenado por las leyes, y colaborativamente con la Justicia, debe articular las políticas preventivas, los controles, el monitoreo y la fiscalización de los proyectos en actividad. Debe ejercer tanto el poder de policía como el de inspección para que se desarrolle la minería con responsabilidad y se evalúen con seriedad sus prospectos y sus proyectos futuros.

Junto con los correspondientes estudios de impacto ambiental y herramientas como el ordenamiento ambiental del territorio, que son requisitos indispensables de la ley para desarrollar estas actividades productivas, no es menor la importancia que tiene otra dimensión indispensable desde el derecho, el sentido común, la sensibilidad social y los derechos humanos que tiene la licencia social.

Las audiencias públicas y la participación ciudadana no sólo son una etapa de un proceso formal. Son una oportunidad única de validar la tensión que la minería tiene implícita cuando, sin poder ser sustentable, por ser extractiva y tener impacto ambiental, debe estar contenida en regulación legal, pero, al mismo tiempo, abre la oportunidad, respetando estas regulaciones que la hacen actividad lícita y legal, de atraer inversiones, expandir la economía, desarrollar regiones y provincias que tienen en este recurso económico su potencial de crecer, ofrecer trabajo y generar nuevas alternativas de desarrollo posterior o simultáneo.

Es en esta instancia donde el diálogo ciudadano, la participación y, en especial, el puente de representación que debe ser la conversación tienen que ser una prioridad, una práctica cultural y, para la sociedad, también una política de Estado.

Es decir, la minería no puede ser política de Estado energética, económica y productiva sin ir de la mano de otras políticas que la hacen viable: el diálogo participativo, el planeamiento colaborativo, la discusión, en la cual, sin pensar igual, haya respeto. Sin ceder las convicciones propias, se acepta que también haya otras para asegurar que todas ellas se puedan y deban expresar, pero ninguna se podrá transformar en práctica sin que sea legal y esté regulada no por una razón, un interés o una convicción, sino por lo que establece la ley.

Quienes quieren hacer minería de otra forma, sin someterse a estos límites y estas regulaciones, deben saber que el Estado, junto a la licencia social y la comunidad, no lo permitirá. Desde las asambleas hasta los funcionarios de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo estamos, como establece la ley, para cuidar un ambiente sano y equilibrado, que no puede ser degradado ni contaminado por ninguna acción productiva.

Quienes por sus ideas están convencidos de que ninguna minería debe permitirse, o quienes sostienen que es legal, pero no acuerdan con sus métodos o sus prácticas, deberán pacíficamente lograr que los legisladores modifiquen las leyes, que los Gobiernos locales, provinciales y nacionales tengan representantes que compartan sus convicciones y las cumplan cuando asuman sus funciones y no cuando las prometen en campañas. Esto también vale para referentes en la Justicia y en el derecho: que interpreten leyes o propongan reglamentaciones que lleven la actividad minera a esas prácticas que son posibles de transformar en un nuevo estándar, pero que no son hoy los límites que impone la ley.

Los argentinos nos hemos acostumbrado a que haya leyes que no se cumplen, a que las licencias sociales sean un trámite que puede manipularse, a que los intereses económicos siempre estén por encima de los principios, a que el interés de un sector o una actividad prevalezca siempre sobre el bien común, a que como populistas se diga lo que no se hace y se queme en el presente todo futuro. A que no haya confianza en nada ni en nadie y a que la vida de la gente sea descartada, vendida o comprada sin la menor consideración.

Todo lo recién detallado no está vinculado con la minería sino con la crisis de valores y prácticas de la sociedad argentina. Ese cambio indispensable es un cambio cultural que no se resuelve sólo con una herramienta formal exterior a nosotros mismos que propone la ley, sino con un cambio espiritual interior de aquello que somos en lo que hacemos, mucho más que lo que aspiramos en lo que decimos o proponemos.

Es tiempo de comprometer más que prometer y de hacer más que decir. Este debate sobre minería, responsabilidad, licencia social, impacto ambiental, desarrollo económico, inversiones, trabajo, calidad de vida, remediación, conflicto de intereses, diálogo, encuentro, consensos y, fundamentalmente, bien común, es el glosario de un nuevo tiempo donde el encuentro entre los argentinos nos permitirá estar unidos bajo una misma ley, un mismo cielo y haciendo en este mismo suelo, de nuestra Argentina, una tierra prometida en la que habrá, como promueve nuestra Constitución, prosperidad y, entre otras actividades, minería, pero nunca a expensas de la vida.

Los que no tenemos ninguna duda de que no se suicidó, empezamos a escuchar, un año después, a una sociedad que vuelve sobre sí misma a tomar conciencia y a separarse de esa manipulación horrorosa que fue, antes de que lo mataran, el agravio, el ataque, la provocación y la violencia desde el autoritarismo de un Estado que lo denostó como para desestimarlo en su persona —no en su función—. Luego de que lo mataran, nuevamente, y durante mucho tiempo, se trató de hablar de él y no de lo que representaba o del trabajo que hacía.

Recuerdo la consternación de todos ese 18 de enero, que ya en la madrugada nos habíamos levantado con el estremecimiento de la noticia; y el sentido común de los argentinos, que en este caso estoy convencido de que no falla, dijo: lo mataron. Había sido nada más que cinco días después de haber presentado su denuncia y en la víspera de ir al Congreso a ampliarla y a aportar más datos.

Además, fuimos también testigos simultáneos, no sólo de la pérdida de su vida, sino de la impericia, ya sea por negligencia o por dolo, de contaminar la escena de ese departamento y de continuar la misma matriz de zona liberada, que ya habíamos conocido en los dos atentados, tanto en la AMIA como en la Embajada de Israel.

Como ejemplo de esto, tenemos a los diez custodios que no estaban, el cinismo de hacer ir a su madre para que llevara las llaves para entrar; y luego, lo que de alguna manera sigue todavía como una especie de sombra silenciosa que va a salir a la luz, la fiscal Viviana Fein, quien luego de haber obstruido, no avanzado, ocultado o no haber sido lo suficientemente enérgica y eficiente en la investigación de la que ya fue apartada por la jueza Palmaghini, fue premiada por la Fiscal General de la Nación.

Todos esperamos que Gils Carbó no solamente se aparte de la denuncia, sino que, también, en algún momento, sea juzgada, porque era su responsabilidad cuidar al Fiscal. No ofrecerle protección sino cuidarlo. Además, esperamos se arroje luz en la Justicia sobre Sergio Berni, que estaba en la escena del crimen y todavía nadie verificó con quién habló, a excepción de un periodista, que quizás inoportunamente en la madrugada misma, anunciaba que Nisman estaba muerto. Se tuvo que escapar del país para proteger su integridad física.

No sería justo hablar de estos personajes sin mencionar, por un lado, a quien todavía tiene que responder por el soldado Ledo: César Milani; y, por otro, a un jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que hizo el trabajo que tan bien sabía hacer: denostar, confrontar, vapulear e insultar la figura de Nisman durante las semanas posteriores.

Un año después, cuando uno recuerda todo eso, hay sombras pero también hay luces: los fiscales que nos convocaron el 18 de febrero del año pasado, bajo una lluvia inolvidable. También el coraje y el valor de una ciudadanía que no se doblegó, cuando todavía el relato K seguía plenamente vigente con su prepotencia y autoritarismo; y mostró que había una Argentina que no estaba anestesiada.

Un año después, con la efemérides, vuelve todo a una agenda. Desde Memoria Nisman, quizás tenemos una forma silenciosa o de bajo perfil que fue haber montado una guardia de honor durante todos estos meses. Hicimos una especie de balance, supimos la importancia de mantener la constancia y no esperar ni los aniversarios ni el protagonismo, sino tener la coherencia y la disciplina de hacer de la memoria una construcción, que lleva esfuerzo y trabajo. En este sentido, mi especial reconocimiento a Santiago Kovadloff, quien durante todo este tiempo, cada 18, en la calle o en el mismo salón de Ramah del templo de Libertad, convocó paneles de oradores y un auditorio diverso, minúsculo en cantidad pero potente en trascendencia, para reflexionar sobre lo que significa en la Argentina el asesinato de un Fiscal, la poca respuesta de sus instituciones y la anomia y la anestesia de la mayor parte de la ciudadanía.

De cara a este acontecimiento, un año después, con la asunción de un nuevo gobierno, cabe destacar que, más allá del duelo que aún le debemos y los honores que le dispensamos a Nisman, no hay nada más contundente para homenajearlo que los avances obtenidos. Por un lado, con la coherencia y al mismo tiempo la idoneidad del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien no utilizó el recurso que el gobierno de Fernández de Kirchner había usado de volver a apelar el dictamen y el fallo de inconstitucionalidad; y finalmente, lo que todos sabíamos y reclamábamos, ese momento oscuro de un febrero donde un Congreso adicto por obediencia debida cometió el atropello de haber vulnerado la soberanía de la Justicia y firmó a libro cerrado, y muchos en contra de su conciencia, el Memorándum de Encubrimiento, nunca de entendimiento.

Por eso, también corresponde honrar la memoria de Pepe Eliaschev, quien como periodista de investigación que fue, dos años antes de la firma de esa entrega que el Ejecutivo hizo de la causa y la memoria de los muertos, tuvo el coraje y el valor de denunciar las reuniones secretas en Alepo, siempre desconocidas por el Canciller y después constatadas, para sellar lo que durante años el mismo Néstor Kirchner se rehusó a firmar y que el Canciller con la Presidente entendían que era algo que podía aportar, no a los principios sino a sus intereses aún no descifrados, sobre por qué hacerse socios y encubrir a Irán.

En recientes investigaciones, como el último libro de Daniel Santoro y lo que salió a la luz al reconocer el Canciller mismo que sabía que Irán puso la bomba, preguntándole a un presidente de una institución judía “¿qué querés que haga?, ¿con quién querés que negocie?” se refuerza todo esto. A confesión de las partes, no hace falta relevar las pruebas de lo que todos sospechábamos.

No obstante, luego de ese recorrido, el memorándum es inconstitucional. Esto es muy importante porque se vuelve a iniciar la posibilidad de que la denuncia no muera con él, y que otro fiscal y quizás en otro juzgado, la pueda reabrir; ya que fue de manera inescrupulosa, por la extorsión y el temor que tuvo Rafecas en el Consejo de la Magistratura, al cometer el bochorno de desestimar totalmente la denuncia, antes de que la Presidente reinaugurara las últimas sesiones en el Congreso, tal como ella pidió.

De alguna forma hoy, con el memorándum inconstitucional y la muerte de Nisman como parte indivisible de la causa AMIA, todos tenemos la expectativa de que esta causa, que durante todo este tiempo no avanzó mucho, no quede sepultada como pasó el último año. En ese sentido va la creación de una Secretaría de Estado para seguir los casos AMIA y Nisman; la reciente resolución del director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que habilita a presentarse ante la Justicia a todo funcionario o ex funcionario; y la disposición del presidente Mauricio Macri de desclasificar la documentación referente a Nisman.

Para honrar y recordar al Fiscal no hay nada más noble que volver al cauce de la investigación; y que esperemos se esclarezca el atentado a la AMIA, que en otras palabras quiere decir que sea juzgado, porque la investigación arroja claridad sobre la participación local, que todavía no fue juzgada, y la internacional, que es Irán.

Al respecto, esperemos que este nuevo Congreso, que tiene que deliberar y no solamente votar lo que les mandan, por mayorías automáticas, pueda tratar la posibilidad del juicio en ausencia, una materia controversial, pero que tiene que darnos la posibilidad de avanzar sobre aquellos que están imputados y no quieren colaborar con la Justicia; y fundamentalmente, que la Unidad Fiscal Especial (UFI) de la causa que lideraba Nisman vuelva a recobrar la actividad.

Todos nosotros honramos la memoria de Alberto acompañando a su familia, en particular, a sus dos hijas, que tienen muy claro que al papá lo mataron. La culpabilidad del hecho está en manos de la Justicia, y no podemos prejuzgar, pero la evidencia clara y contundente de que la responsabilidad política es de Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno es algo que nunca se va a borrar de cada uno de nosotros. Como la memoria de Alberto.

Parece que los fiscales recientemente nombrados estarían de vacaciones, mientras el país entero está sumido en el duelo que el Estado no le dio a Nisman; y se toman su tiempo para llegar a una Fiscalía que sospechamos van a intentar desmantelar o reorientar para encontrar la nueva verdad que pueda estar alineada con las teorías que D’Elía, Esteche y Larroque querían plantar, dirigidos por Mohsen Rabbani desde la embajada paralela con Irán.

Nisman está muerto, pero no su lucha ni su causa. Las pruebas están y serán parte de las evidencias del encubrimiento con Irán. Sin embargo, no debemos dejar de velar por la causa principal de la masacre de la AMIA. En este contexto, la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, es parte del problema, no de la solución. Por su desempeño político partidario, sectario y discrecional, dio muestras de confeccionar las listas negras que recordamos de las dictaduras y que ella retomó para remover a quienes pretenden ser independientes del régimen que nos gobierna.

Finalmente, la muerte se llevó a Nisman de la causa y de la vida. El plan de removerlo, como hacen con los que no son de la justicia ilegítima que pretenden administrar, se vio impedido por este trágico hecho.

Los fiscales de la causa AMIA son legítimos, no porque sean de la agrupación de Gils Carbó, sino porque debemos darles la posibilidad de que asuman la conducción de la Fiscalía y demuestren idoneidad, vocación e independencia para continuar con el trabajo de Nisman. Sus antecedentes no nos permiten tener entusiasmo, y esta semana en la que ni siquiera fueron a su lugar de trabajo para hacerse cargo, los pondría del lado de quienes quieren que la causa esté enterrada para siempre, y así se pueda cumplir con el compromiso político que asumieron, como pacto, la Presidente y el Canciller: encubrir la verdad fabricando una nueva que les sirva para liberar a Irán y condenar a la investigación de Nisman a morir con él.

Así como el 11 es la fecha en la que el fundamentalismo terrorista islámico ha perpetrado sus atentados profanando la vida y al Islam en distintas ciudades del mundo; los terroristas del Estado iraní, con apoyo de conexión local impune, lo hacen en Buenos Aires los días 18. Paradójico que el atentado contra la Argentina en su soberanía, como fue el caso de embajadas extranjeras, como la del Estado de Israel; o en sedes de instituciones de la sociedad civil, como la AMIA, o a fiscales de la Nación de confesión judía, como Nisman, sean los 18, ese número que en la tradición judía representa la vida (jai=18), en el terror iraní fue signado con la muerte.

Así como esta trágica coincidencia, que en el simbolismo iraní de tradición persa no es una casualidad librada al azar, tampoco lo fue la fecha en que se firmara el pacto de encubrimiento que ya se venía gestando a espaldas de todos, tal como lo anticipara Pepe Eliaschev y lo denunciara el fiscal antes de morir.

Ni más ni menos que un 27 de enero, Día Internacional de Recordación de la Shoá se firmó el Memorándum y se habilitó a Irán a que pudiera tramitar ante Interpol que se bajaran las alertas rojas para los funcionarios iraníes imputados por la Justicia argentina. Solo Nisman objetó este intento en las audiencias en Interpol mientras la diplomacia iraní apelaba y la Argentina se callaba en complicidad. Mientras los iraníes saben muy bien lo que hacen, la Argentina no puede explicar lo que firmó y ni siquiera puede hacerse cargo de la fecha en la que lo hizo.

Ninguno de estos mensajes subliminales pueden ser extrapolados a lo que sin dudas es una casualidad: que el último texto que intenta defender lo indefendible y transmutar en víctima a quien es la responsable política de este magnicidio, lleve como número la carta 18. Carta Abierta quiere cerrar una causa que todavía no ha comenzado. En  su texto, el grupo de militantes intelectuales que subordinan el intelecto a la militancia, no logran limpiar la sangre derramada que ya tenía habilitación en la violencia verbal del mismo sector que representan. Artesanos de la palabra para dividir y confrontar, ¿dicen que son huérfanas las palabras que invitan a matar?

No atentan en su carta 18 contra la vida, sino contra el sentido común de millones de argentinos que somos testigos del hundimiento, no solo de la imagen pública de nuestra presidente, sino del verso del relato. Así como Isabelita será recordada por la Triple A, Cristina lo será por la muerte de Nisman.

Sin embargo, será también un 18, en este caso de febrero, que la sociedad argentina será interpelada a movilizarse en silencio para hacer escuchar el grito sagrado de libertad, desgarrados ante la falta de memoria, verdad y justicia frente a la muerte del fiscal.

Como cada 18 en la calle Pasteur, los familiares recuerdan a las víctimas de la AMIA, asumimos este compromiso a partir de marzo en la calle Talcahuano, frente al Palacio de Justicia, para clamar ¡Justicia, justicia perseguirás para que vivas!

La muerte de Nisman es una nueva causa, que se suma a la de la Embajada, la AMIA y al encubrimiento con Irán. Nisman es una causa ya no solo de su familia como deudos, ni de la comunidad judía, ni de los fiscales, ni mucho menos de la política partidaria; es una causa de la dignidad de la república que matamos en indiferencia y negligencia institucional, absorbidos por el consumo y en el no te metas.

Los 18 serán para los argentinos todo lo contrario de lo que pretendieron los asesinos locales e iraníes. De la violencia a la paz, del terror a la fraternidad, del autoritarismo de personas a la democracia de la ley. Los 18 serán de la justicia arraigada en la verdad, en una memoria completa; y, fundamentalmente, en el legado de un fiscal de la Nación que no debe volver a partir. Ya se fue cuando lo mataron, que no se vaya porque lo olvidamos. El próximo 18F marchamos en silencio. Pero los 18 de cada mes, frente a Tribunales, hagamos juntos Memoria Nisman.

Las imágenes siempre son potentes. En esta, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich está rompiendo un ejemplar del diario Clarín donde hay una nota sobre la muerte del fiscal Nisman. Con la excusa de que la noticia publicada es falsa, rompe la hoja del diario en el que está escrita.

A diario, vemos un stand up donde hablan sin decir nada. Ayer rompieron un ejemplar de Clarín, en lugar de leer la realidad que no gobiernan. Como escribió Eduardo Van der Kooy: “Imaginen lo que hace Capitanich cuando recibe los informes sobre pobreza, desnutrición y muerte infantil en Chaco”.

No es ninguna novedad que el kirchnerismo atentó históricamente contra la libertad de prensa, entre otras cosas, mediante el hostigamiento constante hacia medios y periodistas críticos al Gobierno. En estos años, nos acostumbraron trágicamente a la confrontación, al agravio, al escrache al que no piensa igual a lo que dicta el relato.

En su última cadena nacional, la presidente, entre chicanas a la oposición y a los medios, habló de su libertad de expresión: “Me voy a referir a una ONG que nuclea a jueces y magistrados y que su presidente dijo que no debería opinar ni hablar.

Todos somos iguales, libertad de expresión y de prensa es para todos los argentinos, incluida la Presidenta”. “Voy a hablar todas las veces que quiera hablar”. Tanto en cadena nacional como en su Facebook, la Presidente, al emitir livianamente sus opiniones —y contradicciones — sobre la investigación de la muerte del fiscal Nisman, viola el art. 109 de la Constitución Nacional, que prohíbe al presidente interferir en causas penales en trámite.

Los que pensamos que otra Argentina es posible, y trabajamos para ello, creemos que el diálogo, el respeto por el disenso y el fortalecimiento de las instituciones son la base de nuestro porvenir.

Todos sabemos que el único motivo por el cual Nisman pierde su vida está vinculado a la Causa AMIA. Es decir, no hay ni antecedentes ni otros motivos que puedan explicar sino la investigación de la AMIA; por lo tanto, Nisman es una víctima más. Y si bien, con la prudencia y la mesura de todos, se le está dando a la Justicia independiente, al peritaje y al ámbito institucional que dirima en qué circunstancias murió, sostenemos que suicidio por inducción o suicidado es matarlo.

Por otro lado, quiero recordar que las cintas del atentado a la Embajada de Israel y de la de sede de la AMIA desaparecieron. Desaparecieron pruebas. Por eso, tenemos el compromiso de seguir con esta investigación, porque si bien terminó la vida de Nisman trágicamente ayer, esto recién empieza por la gravedad de lo que implica. Porque más allá de si se suicidó o lo suicidaron, cosa que investigará la Justicia, lo que importa es la seria implicancia política, institucional de un Ejecutivo que hace una semana tenía que responder a la imputación de Nisman; y ahora tiene que explicar una muerte.

Falleció alguien que durante las últimas horas y semanas dio las pruebas de ir de frente, de tener el coraje y el valor de hablar, de presentarse, de no haberse intimidado, que anticipó que estaba siendo amenazado, y fue sugestivamente el día que iba a ampliar la información de sus pruebas en el Congreso de la Nación.

Primero, presionaron para que la reunión de la Comisión en el Congreso sea abierta y así no pueda por ley traer las pruebas. Cuando venía al Congreso con evidencias, apareció sin vida. El Fiscal está muerto, pero no la causa ni las pruebas. Que no desaparezcan.

Hoy la gente está consternada y de alguna manera shockeada, porque nadie puede comprar la hipótesis de un suicidio como si hubiera sido una decisión de esta persona; y mucho menos volver a comprar el relato, ahora adaptado a esta última tragedia. Así como la semana pasada explicaron que Nisman denunció para tapar el éxito de la temporada en Mar del Plata, ahora dicen que se suicidó porque no tenía pruebas y hoy tenía que venir al Congreso.

Nisman murió, pero no muere su denuncia. Nuestro dolor y repudio se traducirá en más memoria, verdad y justicia. Este es un tercer atentado en la Argentina, atentando porque nos quieren matar de miedo. Ante esto, renovamos en compromiso su lucha, que será a partir de hoy la de todos los argentinos.

Los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA pueden tener móviles diferentes, pero un común denominador. Irán contrata como política de Estado de régimen terrorista, paga con redes internacionales globales; e implementa, a través de sus embajadas, con la necesaria participación de la conexión local. Luego será en Londres, New York y Atocha, en formatos diferentes, bajo el mismo principio: el mundo ya no es un lugar seguro; y hace falta, nada más que tomarse un avión, para recordar lo que la memoria social y la justicia internacional rápidamente olvidan

Nuestras vidas están amenazadas permanentemente por el terror; y son pocos los Estados como Irán, que reconocen abiertamente —frente al silencio y complicidad de los demás— que esa es su bandera; y que han declarado una guerra mundial libre. La embajada de Irán en Latinoamérica es Venezuela. Así, como Buenos Aires es capital de la impunidad. 

No debemos olvidar que en las otras ciudades, en donde se perpetraron atentados similares, hay policía, inteligencia, causas, jueces, culpables y condenas a favor de la sociedad; y que cuentan con un Estado eficiente —y no, como nuestro caso, en donde agencias del Estado encubren con su maquinaria de hacer inteligencia para los asesinos, en lugar de preservar y defender a las víctimas, donde un Poder judicial no tiene poder; y donde la política de Estado carece de vocación de llegar hasta el final de los primeros y últimos culpables—.

Nosotros, los ciudadanos argentinos, contamos, con el pasar de los años, con dos datos de la realidad en cuanto al atentado de la AMIA, que sí constan en el expediente y la causa judicial. La responsabilidad del atentado es de Irán, y existió una conexión local culpable, en la implementación de la masacre. 

A pesar de eso, nuestro canciller firmó el certificado de impunidad de quienes niegan la tragedia más cruenta, el genocidio de seis millones de judíos y de tantos otros miles de muertos; los mismos que piden la destrucción de los judíos y del Estado de Israel. Y lo firmó justo en un Día Internacional en Memoria de las Víctimas de la Shoá, el día en el que el mundo entero se compromete a no olvidar y a que como humanidad seamos testigos del horror y custodios de nuestros hermanos sin distinción.

Irán pretendió, desde el primer momento, rechazar las imputaciones y desconocer a la Justicia argentina. Es decir, negar lo que la Fiscalía requiere, que es, ni más ni menos, que Irán permita que sus funcionarios imputados sean juzgados con las garantías que confiere la ley, sin la impunidad que les asegura Teherán.

Nuestra peor pesadilla fue superada por la realidad. No sólo la presunción de que nada se obtendría para avanzar en la causa, sino lo que no nos deja salir del estupor, la vergüenza y la indignación es la claudicación de principios por intereses. Sabemos qué principio se cedió: el de la justicia. Aún no sabemos qué intereses se negociaron. El Poder Ejecutivo decidió canjear Irán por AMIA. Su prioridad ahora ya no es la causa, sino la negociación con Irán. 

Argentina le otorga todo, absolutamente todo lo que Irán pretendía, dándole la espalda al pueblo argentino que viene luchando por una justicia que no llega.

La dilación que asegura el acuerdo, que no es vinculante a la causa, es un acto de obstrucción a la Justicia. El acuerdo ha cruzado un límite en el rumbo y las prioridades de nuestra sociedad. Si la política exterior argentina propone alinearnos con Irán, será solo la sociedad argentina la que pueda revertirlo.

La masacre de la AMIA no es sólo un tema comunitario judío, sino, fundamentalmente, una prioridad de todos los argentinos. Quiero decirlo con claridad, y en una sola frase: nuestro canciller firmó un acuerdo que es, en sí mismo, un acto de encubrimiento.

No olvidamos y renovamos nuestro compromiso de revertir por inconstitucional y vergonzoso el acuerdo con Irán. Las víctimas de la Shoá y de la AMIA claman justicia como nosotros reclamamos que quienes firmaron con Irán también sean juzgados.

Por verdad, memoria y justicia.

Estamos orgullosos de nuestro tan querido, y ahora masivamente admirado, Bergoglio; que ha resucitado para nosotros mismos como Francisco. Ahora se perfila en su esencia: el maestro de la fe, el líder de lo institucional y el estadista.

Para nosotros mismos es una revolución descubrirlo en su dimensión universal, en escala mundial y asumiendo los desafíos de una agenda global. Cuánta falta nos hace en el mundo liderazgos inspiradores que puedan conducir desde la esencia del saber, la coherencia del hacer y la visión de hacer política noble en la dimensión más plena y auténtica de este arte, que es transformar la realidad para que la idea del bien común encarne en las problemáticas complejas; iluminando con la cultura del encuentro el diálogo que hace posible los consensos, que traen como fruto la paz.

La Argentina no tiene estadistas de su calibre, pero los argentinos tenemos los dones y bendiciones, tanto naturales como culturales, que podemos muchas veces desperdiciar en nuestra tierra pero ofrendar al mundo. Es la paradoja de verificar que el diálogo interreligioso entre nosotros es parte de nuestra identidad cultural, la de un pueblo unido en su diversidad, y que tenemos hombres y mujeres excepcionales que, como el mismo Papa, pueden tener dimensión de estadistas ejemplares, pero que al mismo tiempo para resolver nuestros desafíos cotidianos como Nación no logramos dialogar ni tenemos en nuestros liderazgos institucionales la calidad de quienes sirvan a todos desde el poder y no se sirvan a sí mismos de todo lo que el poder les otorga abusando de él.

En estos días, seremos testigos privilegiados de una revolución que es la paz en nosotros, entre nosotros y para toda una humanidad. Francisco llega a Medio Oriente; y es precisamente en el lugar más problemático donde propone lo más simple: el diálogo y el encuentro como una cultura que integra las diferencias y asume los conflictos, no para evitar la discusión sino para transitarla por este método espiritual, más allá de toda religión. Y en el diálogo, no cancelar las diferencias sino a partir de ellas, buscar los consensos en los que se fundamentan los logros que traen los acuerdos, renunciando a imponer una sola visión y someter a quien no la comparte.

En este sentido, Francisco es un revolucionario de la paz cuando explica en su peregrinar y en su clamor enérgico como sutil en gestos que no dialogar es una forma de violencia, que no hace falta una guerra para reconocer que imponerse por la fuerza en opresión o en terror solo profundiza el sufrimiento degradando lo humano y que la paz se inicia en el mismo instante de reconocer al otro como interlocutor en igualdad de derechos y de obligaciones éticas en reverenciar la dignidad de lo humano.

Somos hoy testigos de momentos históricos, y es por ello que debemos no solo admirar lo que vemos sino reflexionar en lo que hacemos para que este testimonio de Francisco sea nuestro propio evangelio.

Como testigo de estos días que emocionan, celebro en Jerusalem, la ciudad santificada por judíos, cristianos y musulmanes, que los argentinos, al recordar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, podamos reflexionar en una nueva revolución por evolución de hacer entre nosotros lo que Francisco hace para el mundo.