Las definiciones sobre todo aquello que puede considerarse discriminatorio son tan amplias que el carácter mismo de la opinión sobre otros, cualquiera sea la naturaleza de la crítica, podría considerarse discriminatorio y ser pasible de sanciones. A la vez, se establece que los medios de prensa, las agencias de noticias, diarios en línea y revistas electrónicas que cuenten con plataformas que admitan contenidos generados por los usuarios deben adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios.

Si bien los medios en línea ya disponen de mecanismos de edición para no publicar o bien remover mensajes ofensivos, vinculados con pornografía infantil, privacidad de las personas o que realicen apología del delito o la violencia, está claro que estas medidas se adoptan con un criterio de autorregulación basado en la libertad de expresión de ideas y opiniones. Si esa potestad de edición se convierte en una obligación impuesta por el Estado, que a su vez establece parámetros tan difusos sobre lo que se considera discriminatorio o no, se abriría una puerta inevitable a la censura convalidada por el Congreso Nacional.

Estos intentos de regular y morigerar la crítica en internet no son nuevos. Como una letanía, distintos actores del oficialismo han propuesto sus mejores ideas para cercenar opiniones desfavorables en la web. En diciembre de 2013, durante las protestas policiales y marchas callejeras, un diputado oficialista hizo aprobar en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto para facultar a los organismos nacionales competentes, en caso de conmoción interior, a bloquear comentarios y expresiones en internet. Luego, en abril de 2014 la Cámara de Diputados de Chaco aprobó un proyecto para obligar a todo aquel que comentara en internet a acreditar su identidad fehacientemente. También la diputada Diana Conti propuso, en un proyecto presentado en el Congreso Nacional en octubre de 2014, que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) dispusiera la clausura directa de los medios digitales que publicaran opiniones o comentarios considerados discriminatorios.

La Corte Suprema estableció en el reciente fallo “María Belén Rodríguez c/Google” (Fallos 308:789) que toda restricción a la libertad de expresión se presume inconstitucional, definió la responsabilidad de los buscadores e indicó que las medidas de remoción o sanción de los contenidos deben seguir un procedimiento especial previo.

La particular visión de los legisladores oficialistas sobre la responsabilidad y la actuación de los medios y los portales traslada al ámbito de internet las prácticas de represión del disenso que han fracasado en imponer por otras vías.

Desde la Fundación LED venimos alertando sobre los intentos de regular contenidos en internet y exigiendo un debate público profundo sobre la necesidad de proteger en nuestro país el carácter abierto y neutral de la web. Es importante que todos los actores sean consultados en las reuniones parlamentarias donde se discuten estos proyectos.

Según un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras, América latina está atravesando uno de los periodos más violentos de la historia, desde que la democracia se instaló en la mayoría de los países de la región. “México, a la cabeza de esta triste lista, se distingue por ser el país más peligroso para los periodistas en todo el continente americano: 81 periodistas fueron asesinados entre enero de 2000 y septiembre de 2014. Le sigue Colombia, donde han perdido la vida 56 periodistas y, después, Brasil, con 38 asesinatos en este período. Finalmente, en Honduras, el número de periodistas asesinados fue de 27 casos”, según difundió dicha organización.

Este lamentable saldo fue alcanzado en momentos en que dichos periodistas denunciaron violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado y la corrupción.

Si bien Argentina no es comparable con los países antes citados, corremos el riesgo, cada vez menos latente y más real, de tener los mismos niveles de intolerancia con la prensa que en países como Venezuela y Ecuador.

El exilio de Damián Patcher luego de revelar por Twitter la muerte del fiscal Alberto Nisman, o el hostigamiento que sufrió Teresita Dussart por el mismo caso, son, en sí mismos, ejemplos de lo que no podemos volver a vivir y ante lo que debemos aplicar un estricto control y compromiso ciudadano.

En este contexto, los invito a leer los informes anuales que realiza la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) acerca de las “Limitaciones al ejercicio de la Libertad de Expresión”, donde se reflejan las dificultades cotidianas por las que atraviesan la prensa y los periodistas en nuestro país.

Por todo esto es necesario que trabajemos en la concientización de la sociedad para tener siempre presente que la libertad de expresión y de información sigue siendo la primera de las libertades.

La masacre de periodistas y dibujantes de la revista Charlie Hebdo nos conmocionó el último 7 de enero. La respuesta masiva y global frente a la barbarie fue una movilización que, bajo la bandera de la defensa de la libertad de expresión, ratificaba la necesidad colectiva de conjurar el miedo de forma inmediata.

No ceder ante los violentos es la primera reacción de un pueblo conmovido y comprometido con sus valores fundacionales. Nada es más importante que la libertad, la tolerancia y la convivencia pacífica en una sociedad estructurada bajo un estado de derecho, por eso la marcha de más de 4 millones de franceses fue contundente.

Mientras tanto la reacción de nuestro gobierno ante los hechos de París se resumió en un escueto comunicado y el bochorno de un canciller que no participó oficialmente de la marcha.

Lamentablemente, como lo ratifica la Presidenta el 20 de enero, a través de una carta publicada en Facebook, la reacción de la Casa Rosada ante la masacre de Charlie no fue improvisada sino coherente con el posicionamiento geopolítico e ideológico del gobierno.

Se mostró muy perturbada Cristina Fernández de Kirchner por la cobertura que los diarios locales le dieron a la marcha parisina y vinculó esos hechos con la muerte del Fiscal Alberto Nisman.

Esa vinculación, lo ha dicho ella misma, triangula la denuncia del Fiscal Nisman con el terrorismo internacional y las muertes de los dibujantes de Charlie. Infiere en su texto informal, -única vía de comunicación elegida para fijar su posición respecto a la desaparición de quien la acusaba de participar del encubrimiento de los responsables de la voladura de la AMIA-, que los acontecimientos de Charlie y el repudio mundial al terrorismo fueron parte de un plan mediático-judicial para destituirla y que la denuncia de Nisman fue pergeñada por sectores de inteligencia que desde hace 11 años le están a ella subordinados.

Es cierto lo que dice la Sra. Presidente, hay un vínculo entre los hechos de Charlie y la muerte del Dr. Nisman, y ese vínculo es el miedo. El ejercicio del terror, la imposición de la muerte ante la disidencia, la necesidad de silenciar, o eliminar, a quienes a través del humor, la crítica o la denuncia hacen pensar a los demás que las cosas no siempre son como el poder las quiere presentar.

Son horas de dolor y confusión en la República Argentina. El 19 de enero de 2015 muchos ciudadanos se despertaron haciéndose una vieja pregunta que se creía extinta y sepultada en nuestro país: ¿puede ser que algún sector del Gobierno o de sus organismos de inteligencia hayan tenido que ver en la muerte de un ciudadano? La respuesta a esa pregunta hace aflorar un miedo antiguo y conocido, el miedo al terrorismo de estado.

Es necesario para la continuidad misma del Estado de derecho que el Gobierno reaccione, ponga a disposición de la Justicia los elementos necesarios para investigar la muerte del fiscal Nisman, aparte a los funcionarios que tuvieron la responsabilidad de su custodia y, por sobre todas las cosas, que transparente ante la sociedad su relación con las denuncias formuladas.

Si la libertad de expresión es un vehículo para vencer al miedo, el acceso a la información pública como parte constitutiva de ese derecho es lo que nos perfecciona como ciudadanos. Por eso es importante que la Sra. Presidente de respuestas. Ella tiene la responsabilidad de conducir el gobierno y de responder por sus actos y los de sus funcionarios, y esa responsabilidad va mucho más allá de su derecho de compartir preguntas sin respuestas en las redes sociales.

Poco pudor y mucha urgencia. No se esperará la sanción de la ley que indulta a las empresas telefónicas de la prohibición impuesta por la ley de medios para prestar radiodifusión, sino que se avanzará de inmediato en la aprobación del expediente de Telefé, cajoneado desde hace dos años. 

Es evidente que el gobierno ha decidido entregar todo el mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión a las multinacionales. Es pública la preferencia de la Presidenta por series como Game of Thrones de la poderosa HBO y su admiración por  la empresa Direct TV, gran beneficiaria de la ley de medios. Está claro, que ese es entonces el modelo que se pretende cristalizar para el futuro de la industria audiovisual en el país, una matriz concentrada y extranjerizada de señales y medios, con grandes operadores de redes que residen fuera de nuestras fronteras.

Una vez que la ley Argentina Digital apruebe la “colonización” del mercado será imparable. No solo por la diferencia de tamaño de los jugadores entre los operadores de cable y las empresas telefónicas, sino también por el carácter multinacional de éstas últimas, que al alcance de la mano, o a giro de satélite si se quiere, dispondrán de todas las facilidades para inundar de producciones audiovisuales a una audiencia ávida de contenidos globalizados. 

Mientras escuchamos a Cristina de Kirchner y a sus funcionarios repetir mil veces que la ley de medios era para combatir a los monopolios y para generar mayor producción de contenidos nacionales, vimos cómo, en menos de 5 años, las medidas que tomaron fueron favorables a la concentración del mercado y a la extranjerización de las redes, los medios y sus contenidos.

Por otra parte, otras características de la reforma conducen a imponer mayor hegemonía estatal por sobre el resto de las redes privadas. Ya se avanzó en la construcción de una red de fibra óptica propia, de 25.800 km. A su vez se desarrolló la red 100% estatal de televisión digital con sus 83 antenas y casi un millón y medio de decodificadores domésticos distribuidos. Estas redes y los millonarios recursos utilizados (22 mil millones de pesos en 10 años) solo tienen su explicación en la ambición de sostener el relato y garantizarla elección de contenidos amigables para transportar a los hogares. Paka-Paka, Canal Encuentro y los medios privados que crecieron al calor de la pauta oficial (millonaria también por cierto) transitan por la TDA sin competencia ni pluralidad. 

No es difícil para nadie adivinar, bajo el nuevo eslogan de la “neutralidad de las redes” se esconde la intención de controlar todas las redes y sus contenidos para manejarlos de modo tan imparcial como  6,7,8 o Fútbol para Todos.

Estos 100 millones al año se sumarán a los recursos que durante el año 2013, según nuestras estimaciones, llegaron a cifras nunca antes registradas. En el último informe anual de la Fundación LED denunciamos que el gobierno nacional destinó para el año 2013 más de 10.000 millones de pesos a los distintos programas y partidas que financian su política comunicacional. Desde los recursos para la pauta publicitaria oficial y el programa Fútbol para Todos, hasta la instalación de antenas de Televisión Digital Abierta (TDA) y la distribución gratuita de decodificadores, pasando por los subsidios a la productoras de contenidos afines al oficialismo, esa enorme masa de recursos demuestra el afán del gobierno por dominar los medios de comunicación y el modo en que los ciudadanos se informan y forman su opinión.

Esos recursos siguen incrementándose en forma sostenida. La semana pasada se conoció una Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que amplió en 210 millones las partidas presupuestarias destinadas a publicidad oficial, en 37 millones las del Fútbol para Todos y 130 millones para Radio y Televisión Argentina.

Como expresamos reiteradamente, estas son solo las partidas que figuran en el Presupuesto Nacional. Para tener una noción más completa de los recursos totales en materia de propaganda y comunicación del Gobierno es necesario sumar los gastos en publicidad de las “restatizadas”Aerolíneas Argentinas o YPF, y aquellos que realizan organismos descentralizados como la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES que destina, según sus propios datos, 510 millones al año.

La estrategia de la administración Kirchner desplegada durante esta década no fue exitosa. Está claro que, a pesar del obsceno y permanente incremento de recursos desde el año 2003 hasta aquí en materia de publicidad oficial y disciplinamiento de medios, el gobierno nacional no logra imponer las líneas editoriales adictas ni lograr instalar sus programas en las preferencias de audiencia.

Por citar solo algún ejemplo, el diario Página/12, con una circulación de 20.000 ejemplares diarios, recibió entre el año 2009 y el 2013 de 160 millones de pesos, mientras que Perfil, con 60.000 ejemplares de cada edición bisemanal, obtuvo alrededor de 6 millones. Indicadores que en sí mismos pueden demostrar la inequidad en la distribución y los escasos resultados obtenidos en función del posicionamiento en el mercado.

Esto explica los dos motivos principales por los que a la Presidenta le es tan necesario “conocer las preferencias de los argentinos” y crear un sistema estatal que reemplace a la empresa que mide el rating. El primero, por la omnipotente y utópica idea de que si logra “manipular” los indicadores de audiencia tal como manipuló los del Indec, logrará marcar la tendencia de la pauta privada en los medios audiovisuales a fin de favorecer a las señales y/o programas que prohíjan y asfixiar a los que lideran el actual ráting con sus contenidos independientes. El otro motivo tiene que ver con el deseo de autocomplacencia. Si no han logrado liderar el mercado de la información y el entretenimiento en estos diez años de cooptación de medios y voluntades, por lo menos se contentarán con inventarles rátings deslumbrantes.

La historia nos demuestra que desde que Gutemberg inventara la imprenta, la difusión de cualquier tipo de información, sea cultural, política o religiosa, siempre incomodó a los gobernantes. Antes de que cayera físicamente el muro del Berlín, éste había sido derribado por la información que circulaba de un lado a otro, imposible de ser detenida por barricadas, muros o cables electrificados. En los históricos días de las caídas de los regímenes de los países del Este, todo se dio como un contagio indiscriminado e inmanejable por la información que se transmitía de un lugar a otro. El deseo de libertad no ha podido ser censurado o reprimido nunca. Algo similar hemos presenciado durante los últimos años en los países de medio oriente y el norte de África, en donde los sistemas parecían pétreos. A pesar de su poder, dureza o totalitarismo, fueron incapaces de impedir la comunicación de la gente.

Las redes electrónicas e Internet en particular han sido los medios de convocatoria y manifestación al inconformismo reinante. Es sorprendente observar como en Venezuela se pretende controlar en forma directa la información por medio de la censura. Los sms, fotos y vídeos tomados por teléfonos celulares, los comentarios en Twitter recorren el mundo en forma inmediata. La respuesta del gobierno es predecible: censurar la comunicación de todo tipo. Hackers, empresas privadas y ciudadanos con un conocimiento mínimo de tecnología logran burlar estos intentos dando a conocer lo que piensan u ocurre.

Infinidad de bibliografía sostiene que los regímenes autoritarios tratan de todas formas el perpetuarse en el poder. A veces lo logran; hasta que ocurre algo imprevisto. Situaciones imposibles de reprimir que explicadas solo desde el análisis político son insuficientes. Las mayorías de las naciones cuentan con redes de telecomunicaciones y con mecanismos técnicos, jurídicos o socialmente imposibles de controlar. La característica principal de las redes sociales es su extrema complejidad. Esto hace que escapen de un centro uniforme formador de opinión, reglas o conductas. El deseo de libertad es la riqueza del hombre, y ésta pareciera que hoy ha tomado el nombre servidores, redes, satélites o celulares. En la Unión Soviética la literatura que circulaba deforma ilegal y clandestina se llamaba samizdat, hoy podría haberse llamado Internet.

Esa Argentina de la impunidad, de la corrupción al más alto nivel gubernamental, esa Argentina de la pizza y el champagne y la década del 90, es la que aflora cuando uno piensa en el episodio de Río de Janeiro. Cuatro personas de la mano de Echegaray golpeando a periodistas con el fin de evitar que las imágenes del funcionario se publicaran. Está claro, no hay diferencias ideológicas entre el funcionario y los preceptos menemistas. Tampoco hay diferencias entre los niveles de corrupción entre el gobierno de Carlos Menem y el de Cristina Fernández de Kirchner.

Dirigentes de la oposición solicitaron de inmediato la renuncia del funcionario por considerar que se traspasaron todos los límites de la ética pública en un viaje compartido entre el jefe de la AFIP y la Aduana y su controlado, el poderoso empresario Jorge Lambiris dueño de una empresa de depósitos fiscales y logística aduanera, devenido en patovica. Pero está claro, Echegaray es Cristina. Sería imposible que la señora Presidenta le exigiera la renuncia a un miembro de su gobierno por cumplir a rajatabla con las exigencias del “modelo”.

El Jefe de la AFIP y su entorno agredieron a periodistas. Ok, eso es lo que establece el manual del buen kirchnerista. La propia Presidenta desde su atril nos tiene acostumbrados a la diatriba permanente contra los medios  y periodistas. Cada vez que pueden los funcionarios ningunean a los “periodistas no militantes” los escrachan o los enjuician en la Plaza de Mayo. Es más, en diciembre, el matrimonio oficialista que gobierna Santiago del Estero se animó a meter preso por diez días al periodista Juan Pablo Suárez acusándolo de sedición.

El funcionario que debe controlar a las empresas que operan en la aduana viaja de compinche con el empresario de la empresa de logística aduanera más importante. ¿Y qué? ¿Acaso a Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, no le pagaban el alquiler de su departamento las empresas de transporte? ¿Acaso Vanderbroele, accionista del fondo que controla Ciccone, no pagaba las expensas del departamento de Boudou? De testaferros y amigos generosos saben un montón, si no miren la suma que Lázaro Báez le pasa a los Kirchner por el alquiler de los hoteles de la familia presidencial.

Echegaray y su comitiva pasaron la noche en un lujoso hotel de Río y pagaron la cena 1000 dólares por cubierto. ¿Se acuerdan de la presidenta provisional del Senado y de su esposo el gobernador Alperovich de gran lujo sobre los camellos de Dubai? ¿Y de las estadías de la Presidenta en el exclusivo Hotel Mandarine de Nueva York o en las islas Seychelles? La ostentación y el incremento sideral de los patrimonios personales de los funcionarios es una marca registrada de la década k.

Durante la breve nota de Otero antes de la golpiza, Echegaray se jactaba de haber podido comprar dólares por los sistemas que él mismo implementó para que todo el que tenga capacidad contributiva pueda comprar divisas. Pero se olvidó de decir el funcionario que nos mandó a todos a vacacionar en el país antes de salir de gira por Copacabana, que al ciudadano común cuando intenta ir a Brasil solo le venden reales. Este doble discurso es también una marca identitaria del modelo, mientras declaman lo nacional y popular, compran autos importados, carteras italianas e invierten en Punta del Este. Mientras expropian Aerolíneas Argentinas, viajan en Emirates Airlines.

¿Qué miembro del gabinete se va a animar a sugerirle a Echegaray que renuncie? ¿Por qué motivos deberían hacerlo? Probablemente por los mismos que debería renunciar casi todo el gobierno. Entonces ¿qué hacemos?, se pregunta la indignada ciudadanía. Hay dos vías concretas de poner límites a la corrupción y la impunidad. Una, la más importante, es a través del voto. Y Mientras esperamos al 2015 para ejercerla, probemos con la vía complementaria que es la de la autodefensa. Defendiendo la libertad de expresión y el ejercicio independiente del periodismo nos protegemos a nosotros mismos como sociedad. Es el método más efectivo para poner límites al poder descontrolado. Nadie debería olvidarlo. Desde la Fundación LED seguiremos difundiendo este mensaje. La mejor vacuna contra el totalitarismo y el abuso de poder es la información de los ciudadanos, la prensa independiente garantiza que todo lo que se quiera ocultar se sepa tarde o temprano.

Se advirtió en la puesta en escena del gabinete nacional en el búnker de campaña. Con la curiosa ausencia del secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, el Presidente en ejercicio Amado Boudou pronunciaba hasta el hartazgo el nombre de Néstor Kirchner como forma de conjurar el trance y a la vez disfrazar el aplastante mensaje de las urnas. Los argumentos utilizados causarían cierta perplejidad si no hubiéramos escuchado a la Presidenta ensayarlos en las PASO sobre la victoria en la Antártida. “Retuvimos la mayoría parlamentaria”, “somos la fuerza más votada”, esgrimían esta vez, mientras los números hablaban solos y se perdía en bastiones donde el oficialismo se creía invencible.

La primera reflexión post electoral debería enfocarse entonces en cómo en dos años se desvaneció el capital político acumulado de un espacio que detentó la mayor concentración de poder político y económico desde el retorno de la democracia. La respuesta está justamente allí, la democracia no soporta modelos hegemónicos, en los que el disenso se convierte en un motivo de castigo y no en una sana forma de fortalecer el sistema democrático.

Ganó, ayer, una nueva forma de ser argentinos, con ciudadanos comprometidos  que defienden el derecho de decir no, de interpelar a los funcionarios sospechados de corrupción y pedir la cárcel para ellos. Prevalece en la sociedad el gen que afloró durante el #8N, nadie se hace el distraído, nos comprometemos todos por un país sin autoritarismos y sin corrupción y lo expresamos en las urnas.

Pero, lo más importante y sustancial, es que quedó derrotada junto al oficialismo su peor herramienta, el cepo a la palabra.

Queda claro que la política comunicacional que el gobierno nacional aplicó durante una década nos costó a los argentinos cerca de 7000 millones de pesos por año. Los recursos públicos dedicados a la cooptación de medios, a la publicidad oficial, al Fútbol para Todos, a la televisión digital, a los medios públicos y su formidable aparato de persecución del disenso, se dilapidaron en desmedro de las prioridades que realmente le importan a la sociedad.

La formidable maquinaria de propaganda gubernamental no alcanzó para ocultar los reclamos de una sociedad movilizada que advirtió hace tiempo que el “modelo” hace agua si no atiende el bienestar de todos. Los reclamos sobre la inseguridad o la inflación, o el calamitoso estado del transporte ferroviario no fueron siquiera escuchados.

Mientras la sociedad reclamaba políticas públicas el gobierno ofrecía 7D y comenzaba una loca carrera contra cualquiera que opinara diferente. Campanella, Darín, recientemente Alfredo Casero, sufrieron la presión junto a las consultoras privadas o a las organizaciones de consumidores obligadas a no publicar más índices de precios. En vez de combatir las causas de la inflación se combatieron  “los mensajeros”, diarios, anunciantes, empresarios inmobiliarios o ciudadanos fueron perseguidos solo por expresar datos de la realidad o críticas al gobierno.

Cómo olla de presión el modelo autoritario fue acumulando rechazo. La elección que ganó tan holgadamente Gabriela Michetti en la Ciudad de Buenos Aires expresa el inicio del tiempo de cambio.

El camino es largo, recuperar la confianza, respetar el valor de la opinión del otro, y consolidar la unidad de la sociedad que hoy se muestra divida es un trabajo de todos.

Al igual que en la provincia, las primeras acciones se desplegaron en silencio, a través de la distribución de recursos públicos para coptar voluntades. La pauta oficial, que se incrementó 1678% desde el 2003 hasta hoy, y fue la herramienta principal a la hora de premiar o castigar líneas editoriales. Su distribución arbitraria funcionó, durante esta década, tanto como anzuelo fidelizador de algunos periodistas, como látigo represor de las expresiones críticas.

La sanción de la ley de medios y su aplicación discrecional ha permitido además la consolidación de un gran aparato mediático paraestatal. Empresarios enriquecidos al calor del gobierno pasaron a detentar licencias múltiples, reñidas con la ley sancionada y con la ética pública. Nada detiene a la señora Presidenta en su afán por controlar el relato. Como un gran espejo los medios funcionan devolviendo la imagen de los gobernantes. Lo positivo y lo negativo de sus rasgos se amplifican en la pantalla, y es por eso que la presión por mostrar sólo los aspectos benéficos, casi beatificadores de la imagen que Cristina Fernández de Kirchner tiene sobre sí misma, se profundiza hasta límites inimaginables.

Los rumores de una eventual intervención al grupo Clarín o la expropiación de las acciones privadas de Papel Prensa, son un ejemplo de esa presión y de la formidable escalada que registró el conflicto con los medios durante el presente año electoral. Admoniciones presidenciales, persecución fiscal o censura se despliegan sobre periodistas, consultores económicos, organizaciones de defensa al consumidor, actores o directores de cine o sobre cualquier ciudadano que piense diferente, como una de las características más graves de la política de control del relato. En esta última y desangelada etapa de la década kirchnerista el disenso está prohibido y nada es suficiente para exterminarlo. Ni la Constitución ni el respeto por las instituciones y la independencia del Poder Judicial son suficiente obstáculo para las ansias de imponer una “Cristina eterna”.