El proyecto oficial para crear un Sistema Federal de Medición de Audiencias (SIFEMA) comienza a desnudar los primeros números sobre el verdadero costo del nuevo emprendimiento oficial dentro de su política permanente de control sobre los medios de comunicación. Estimaciones realizadas en base a los recursos destinados hasta a la actualidad al desarrollo embrionario del proyecto en la Universidad Nacional de San Martín, y a los costos de sistemas similares, prevén una erogación mínima de 100 millones de pesos anuales para sostener el nuevo “Indec de audiencia”.
Estos 100 millones al año se sumarán a los recursos que durante el año 2013, según nuestras estimaciones, llegaron a cifras nunca antes registradas. En el último informe anual de la Fundación LED denunciamos que el gobierno nacional destinó para el año 2013 más de 10.000 millones de pesos a los distintos programas y partidas que financian su política comunicacional. Desde los recursos para la pauta publicitaria oficial y el programa Fútbol para Todos, hasta la instalación de antenas de Televisión Digital Abierta (TDA) y la distribución gratuita de decodificadores, pasando por los subsidios a la productoras de contenidos afines al oficialismo, esa enorme masa de recursos demuestra el afán del gobierno por dominar los medios de comunicación y el modo en que los ciudadanos se informan y forman su opinión.
Esos recursos siguen incrementándose en forma sostenida. La semana pasada se conoció una Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que amplió en 210 millones las partidas presupuestarias destinadas a publicidad oficial, en 37 millones las del Fútbol para Todos y 130 millones para Radio y Televisión Argentina.
Como expresamos reiteradamente, estas son solo las partidas que figuran en el Presupuesto Nacional. Para tener una noción más completa de los recursos totales en materia de propaganda y comunicación del Gobierno es necesario sumar los gastos en publicidad de las “restatizadas”Aerolíneas Argentinas o YPF, y aquellos que realizan organismos descentralizados como la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES que destina, según sus propios datos, 510 millones al año.
La estrategia de la administración Kirchner desplegada durante esta década no fue exitosa. Está claro que, a pesar del obsceno y permanente incremento de recursos desde el año 2003 hasta aquí en materia de publicidad oficial y disciplinamiento de medios, el gobierno nacional no logra imponer las líneas editoriales adictas ni lograr instalar sus programas en las preferencias de audiencia.
Por citar solo algún ejemplo, el diario Página/12, con una circulación de 20.000 ejemplares diarios, recibió entre el año 2009 y el 2013 de 160 millones de pesos, mientras que Perfil, con 60.000 ejemplares de cada edición bisemanal, obtuvo alrededor de 6 millones. Indicadores que en sí mismos pueden demostrar la inequidad en la distribución y los escasos resultados obtenidos en función del posicionamiento en el mercado.
Esto explica los dos motivos principales por los que a la Presidenta le es tan necesario “conocer las preferencias de los argentinos” y crear un sistema estatal que reemplace a la empresa que mide el rating. El primero, por la omnipotente y utópica idea de que si logra “manipular” los indicadores de audiencia tal como manipuló los del Indec, logrará marcar la tendencia de la pauta privada en los medios audiovisuales a fin de favorecer a las señales y/o programas que prohíjan y asfixiar a los que lideran el actual ráting con sus contenidos independientes. El otro motivo tiene que ver con el deseo de autocomplacencia. Si no han logrado liderar el mercado de la información y el entretenimiento en estos diez años de cooptación de medios y voluntades, por lo menos se contentarán con inventarles rátings deslumbrantes.