Cada vez es más evidente que el hilo conductor en materia de política económica es la falta de un plan. En diciembre del año pasado, las distorsiones generadas por el cepo y el tipo de cambio desdoblado impulsaron la suba de impuestos internos a los autos denominados de “alta gama” en un intento por desalentar la compra de vehículos importados. Como consecuencia, un automóvil con precio final de $250.000 ($170.000 a valor de fábrica) pasó a costar $310.000 sólo por efecto del traslado del impuesto. En el caso de un vehículo de $300.000, gravado a una alícuota mayor, el precio habría trepado a $500.000.
Como muchos preveían, el impacto se sintió no sólo sobre los vehículos de mayor valor sino también en los modelos más económicos que venían encareciéndose por efecto de la devaluación. Sucede que terminales y concesionarias fijan precios buscando un margen de rentabilidad global, y lo que dejan de obtener por modelos de alta gama (cuyos márgenes son relativamente más elevados) pueden compensarlo aumentando precios de modelos de gama media o baja.