La situación de la niña que permaneció encerrada por años en plena Ciudad de Buenos Aires pone en la agenda política la necesidad de sancionar definitivamente una ley de adopción acorde a la Constitución Nacional, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Ley Nacional 26.061 de protección integral a la infancia.
Nadie puede explicarse cómo una pareja puede reducir a semejantes condiciones a una niña, cometiendo una serie de delitos aberrantes. Sin embargo, además de investigar el caso, es necesario analizar cómo se podría haber evitado, considerando que el propio Estado es responsable y garante de los derechos de la niña. El Estado falló en cada uno de sus estamentos, tanto en la órbita del poder administrativo, judicial como en el legislativo.