Desde el inicio de nuestra gestión en la Provincia trabajamos gravando más fuertemente a quienes detentan mayor riqueza y redirigiendo lo recaudado, a través del presupuesto, a los sectores más vulnerables.

Sobre un importante esfuerzo político para lograr el consenso que requieren las políticas de Estado, fuimos llevando a cabo una serie de reformas tributarias que, sobre la base de cinco ejes fundamentales, lograron un aporte solidario de los bonaerenses en beneficio de sus vecinos y de la República Federal toda:

-El creciente aporte de los sectores económicos concentrados y de los beneficiarios directos del modelo productivo, con resguardo sobre las PyMEs para potenciar la producción y el empleo;
-La diferenciación de los patrimonios según su uso productivo en conjunción con la progresividad de las escalas de alícuotas sobre tales manifestaciones patrimoniales;
-La actualización de todas las valuaciones inmuebles para lograr la exteriorización de la verdadera capacidad contributiva bonaerense, de forma de conseguir una progresividad efectiva en los tributos;
-El tratamiento de tal capacidad contributiva de manera igualitaria y progresiva en la cabeza de cada ciudadano;
-La descentralización de recursos hacia los gobiernos municipales, con el fin de promover una gestión menos centralizada y más cercana a la gente.

Un breve relato basta para evidenciar la coherencia de las mismas entre sí, y con el proyecto de país que emprendimos hace más de una década.

El crecimiento inclusivo que comenzamos en aquel entonces requería volver a componer todo un entramado productivo perdido durante la crisis que culminara en 2002, de manera que la reapertura de las fábricas y talleres, como así también la vuelta de los trabajadores a sus puestos de trabajo, no sólo debía admirarse y llenarnos de emoción, sino también cuidarse como el bien más preciado que se había quebrado junto con el país: nuestra clase trabajadora.

Pero como en toda familia o mesa de amigos, todos debemos poner nuestra parte en función de las necesidades del proyecto común, y en forma solidaria. La verdadera progresividad requiere que el aporte sea proporcionalmente mayor desde las “personas” que en mejor condición de pagar están, y nuestro ordenamiento constitucional determina que para las provincias eso sólo sea posible sobre el incremento de la presión y la progresividad de los impuestos patrimoniales.

Así, nuestra Provincia logró en el año 2011 y por unanimidad, la reintroducción del Impuesto a la Herencia, que había sido derogado por la dictadura militar, restituyéndose el valor de la igualdad de oportunidades dentro de la normativa tributaria Argentina. Este impuesto no sólo representa la redistribución social de los enriquecimientos gratuitos, sino que además ya en 1875 se había asignado al financiamiento de la educación, entendiendo que las condiciones iniciales de cualquier persona debían ser igualadas por parte del Estado, tanto desde la forma de gastar como de la de recaudar. Este impuesto, al igual que el de aquél entonces, se diseñó de manera tal de captar la capacidad tributaria global y personal con alícuotas progresivas.

No sólo los enriquecimientos gratuitos representan capacidades tributarias diferentes entre los ciudadanos, sino que también dan cuenta de ello los valores inmobiliarios y automotores. Pero a diferencia de otros tributos los patrimonios tienen muy poco margen de ajuste automático respecto de la evolución de la economía, requiriendo de un gran consenso político no sólo para incrementar su participación en la estructura tributaria provincial, sino incluso para mantenerla.

Así fue que durante el año 2012 los legisladores provinciales tuvieron un gran esfuerzo en la tarea de convencer a la ciudadanía de que la correcta valuación de la riqueza de la tierra bonaerense también forma parte de un proyecto de justicia en las contribuciones públicas. Finalmente, y luego de largas y muy enriquecedoras sesiones, nuestra legislatura aprobó el primer revalúo integral de la tierra rural en más de 50 años, permitiéndonos aplicar una escala de alícuotas con efectiva progresividad sobre valores de la tierra.

En el mismo sentido, también logramos acordar que para el año 2013 rija la nueva metodología valuatoria para las urbanizaciones de barrios cerrados, conocidos como “countries”, que determinó que una gran parte de estos inmuebles se ubicaran y comenzaran a pagar impuestos de una manera acorde a la riqueza evidenciada sobre la escala progresiva de alícuotas del impuesto inmobiliario.

Por último, debemos remarcar que la mayor progresividad sobre la tierra que se le dio a todas las escalas de los impuestos inmobiliarios, también se transformó en una mayor progresividad sobre los grandes propietarios con la creación del Impuesto Inmobiliario Complementario (conocido como “Multipropietario”). Este instrumento permite una verdadera equidad horizontal (igualdad) en el tratamiento de la efectiva equidad vertical (progresividad), y consiste en contemplar la totalidad de la riqueza inmobiliaria de similares características en el momento de la aplicación de la escala de alícuotas diseñada. Así, hoy en la Provincia quien tenga una gran riqueza dividida en muchos pequeños campos, muchas pequeñas casas o muchos pequeños baldíos, enfrentará la misma carga en el inmobiliario que quien tiene un campo, una casa o un baldío de una respectiva valuación equivalente, logrando el tratamiento justo de nuestros ciudadanos.

Una vez asumidos en la gestión provincial, sobre un modelo productivo consolidado que ya llevaba 4 años de desarrollo, fuimos la primera provincia que comenzó a requerir a las patronales del agro y la industria su aporte al erario público.

Desde 2008 se eliminaron exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) a las grandes empresas agropecuarias e industriales, que habían recuperado rentabilidad con el nuevo modelo, pero manteniendo la exención a más del 97% de los contribuyentes PyMEs, disminuyendo así la posibilidad de traslado a precios y sus efectos sobre el consumidor a la vez que protegiendo las fuentes de trabajo.

Pero dentro mismo de los sectores existían también actores que debían solidarizar los beneficios de una posición dominante con el resto de la sociedad. De tal forma, se avanzó con el incremento en un 50% de la alícuota del Impuesto de Sellos sobre los arrendamientos rurales, a la vez que se duplicaron las alícuotas sobre los ingresos brutos de los pooles de siembra y la venta de agroquímicos. Desde la misma convicción, también se reintrodujo la carga sobre la televisión por cable, se establecieron las mayores alícuotas vigentes a nivel nacional sobre las telefónicas, a la vez que se duplicó la carga sobre el Juego (con alícuota del doble de la de CABA, y triplicando las vigentes en Córdoba y Santa Fe). Por último, y en relación a la participación de los Bancos al aporte provincial, entre 2011 y 2013 se incrementó en un tercio el gravamen sobre el sector, con una alícuota del 8% que supera ampliamente las vigentes entre sus vecinos.

Surge claramente que, en relación al aporte desde los sectores económicos, la carga sobre aquellos de concentración y poder resultaron los más gravados, logrando así una redistribución solidaria de las bondades del crecimiento económico logrado desde el modelo productivo. Nada de esto hubiera sido posible sin una articulación de estos claros lineamientos políticos hacia adentro del Poder Ejecutivo con equipos idóneos e instituciones de alta eficiencia en la Provincia. Eso es gestionar para el desarrollo.

Queda en evidencia que nosotros conocemos el proyecto que iniciamos en 2003 y para cuya gestión fuimos votados desde entonces, pero también sabemos que la democracia permite llevarlos adelante convenciendo y logrando consensos. Por eso es muy importante no sólo conocer desde donde venimos sino también hacia dónde vamos, porque las grandes transformaciones no se hacen de la noche a la mañana ni desde la redacción de cartas abiertas, sino abriendo las cartas para que la sociedad se convenza de que el camino de la equidad es el camino mejor para todos.