Atravesó la deliberación la pesada constatación de que luego del 3 de junio nada se hizo para frenar la ola de femicidios que se produce a diario. En apenas cuatro días, tres mujeres más fueron asesinadas en Mar del Plata. Dos de ellas habían denunciado la situación y el Estado no las protegió. La misma conclusión de siempre: el Estado como responsable, resonó en los talleres, que autoconvocaron un escrache frente al Municipio. Las funcionarias kirchneristas presentes trataron de desviar la convocatoria, pero no lo lograron.

En todos los talleres se reclamó la convocatoria a otro #NiUnaMenos. El carácter que asume este es claro: denunciar que el Gobierno prefirió no mover fichas, no incrementar el presupuesto ni avanzar en campañas. Tampoco actuaron los Gobiernos locales inscritos en la oposición al Gobierno nacional. Cada día se palpita con mayor crudeza la realidad de que a estos Gobiernos la violencia contra la mujer y los niños les es absolutamente funcional.

El encuentro deliberó sobre una amplia variedad de temáticas, pero en cada una de ellas se expresó la necesidad de avanzar en una nueva y masiva convocatoria. #NiUnaMenos es que no haya más muertas por abortos clandestinos, es que se termine con el trabajo precario, con la explotación sexual y con la contaminación del medio ambiente que mata y produce hambre. Junto a la Organización de Mujeres del Plenario de Trabajadoras, viajó a Mar del Plata la mamá de Melisa, muerta en Quequén por un derrame en las napas de líquido para fumigar barcos, por el que nadie pagó aún.

“Ni una menos” es lo que todos los días reclaman los familiares de víctimas de la impunidad del Estado, como la familia de Paulina Lebbos en Tucumán, la de Tati Piñeiro en Misiones o la de Vanina Kosteki para que paguen los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón. La familia de Romina Ríos, asesinada en La Rioja, a quien la Policía se negó a tomar la denuncia por su desaparición, junto al resto de las víctimas, acordaron impulsar un gran encuentro contra la impunidad en marzo del 2016. Ellas también reclamaron otro #NiUnaMenos para dejar en evidencia las responsabilidades políticas.

Las cientos de docentes que actuaron en los talleres educativos, que funcionaron en un verdadero Cromañón edilicio de escuelas municipales que muy deterioradas, también reclamaron otro #NiUnaMenos y pusieron al desnudo las políticas antieducativas desarrolladas por el Gobierno de Daniel Scioli y por los Gobiernos provinciales y nacional.

El Día de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer es el 25 de noviembre. Ese día desde la mayoría de los talleres del Encuentro Nacional se convocó a poner en pie grandes movilizaciones en todo el país para exigir, pero también para denunciar. La organización independiente de las mujeres es el camino para ponerle fin a esta situación y enormes contingentes de mujeres comenzaron a emprenderlo luego de los debates en este masivo Encuentro Nacional.

“Ni Una Menos” en cada hogar, en cada barrio, en cada pueblo y ciudad. El Estado es responsable. ¡Vamos las mujeres organizadas de manera independiente por sus derechos!

El Frente de Recuperación Gremial, encabezado por la Agrupación Bordó (PO), junto a la agrupación No Docentes de Base y la René Salamanca, se presentará para dar pelea a la burocracia sindical del gremio, famosa por su patoteada a estudiantes, cómplice y ejecutora del derrumbe de la universidad y de las conquistas de los trabajadores.

La lista de oposición será encabezada por quien escribe, Vanina Biasi, delegada general de la comisión interna de la Facultad de Ciencias Sociales, y el enfermero del Hospital de Clínicas Gabriel Beati, ambos de la Bordó.

Desde hace 20 años, Apuba tiene la misma conducción al mando de Jorge Anró, un dirigente de extracción peronista que logró ganar el gremio en 1994 bajo un ropaje moderadamente combativo y que luego arrasó con cualquier expresión de democratización sindical e intercambio y consulta a los trabajadores. La base de su poder reside en su sometimiento a los rectores y gobiernos de turno: fue menemista, al tiempo que mantenía una íntima sociedad con el radical Shuberoff, y tuvo sus privilegios con De La Rúa. Un miembro de su directiva, el radical Marcelo Distéfano, se tomó licencia para ocupar un cargo en el Ministerio de Trabajo de Flamarique, o sea que formó parte de la gestión de la “Ley Banelco”.

Luego de asumido Kirchner, y como era de esperar, Jorge Anró se pasó al kirchnerismo y por supuesto fue un espadachín fundamental de los rectores que sucedieron al radical.

La directiva hoy está pintada ante las negociaciones de paritarias y responde verticalmente a los acuerdos que hace UPCN (que dirige la paritaria del Frente de Gremios Estatales), ha sido la protagonista necesaria del desguace edilicio de toda la UBA y del vaciamiento en el área de Salud. Gracias a la acción de esta conducción dentro del Hospital de Clínicas, el hospital escuela más grande de América Latina ha pasado a ser una cáscara vacía que se derrumba cada día más, sin insumos, con una pérdida creciente de aparatología y una burocracia que protege el accionar delictivo con sus patotas.

La burocracia fue protagonista de la firma de un convenio a la baja, que produjo la pérdida de conquistas como el porcentaje de antigüedad que se cobra por año, que sufrió una reducción, o el desmantelamiento del tipificador de funciones, que habilitó la polifuncionalidad, un principio que mantuvieron las reformas de los convenios que provenía del menemismo en la “década ganada”.

El gremio ha sido un aliado sistemático del Rectorado (el kirchnerismo, el radicalismo y el PRO, que son quienes dirigen la UBA) en la pelea por mantener el sistema de gobierno antidemocrático en el que ni siquiera participa de forma orgánica el sector no docente.

El desafío del Frente de Recuperación Gremial está a la vista. Participamos de este proceso electoral librando una batalla por la reapertura de las paritarias, el 82% móvil y las condiciones de trabajo. Por frenar la privatización que, sobre todo en el ámbito de la salud, ha provocado el derrumbe total de nuestras fuentes de trabajo. Esta lucha es un aporte desde el sector no docente, a la lucha de AGD y la Fuba y al crecimiento en nuestro país de listas para acabar con la burocracia sindical.

Las reivindicaciones de las mujeres han quedado totalmente relegadas: la asignación universal por hijo no es universal y fue devorada por la inflación, la mujer accede fundamentalmente a trabajos precarios, la ley de violencia de género, que ignora muchos aspectos de la violencia institucional contra las mujeres jamás fue financiada, la ley de trata, que el gobierno sólo aceptó modificar en medio del escándalo por las absoluciones en el caso Marita Verón, nunca fue reglamentada. Las reiteradas denuncias sobre casos de mujeres desaparecidas, la incapacidad del estado para encontrar a las Maritas, a las María Cash y a cientos de mujeres desaparecidas, ha revelado la falsedad total del discurso que pretendía que con la eliminación del rubro 59 se combatía la trata, una verdadera falsificación sólo pensada para encubrir el delito. Luego de cuatro años y medio de ley de trata de personas, la esclavitud sexual y laboral no ha sido afectada en nada y los funcionarios policiales y políticos implicados no han sido siquiera molestados. El trabajo para tender un manto de impunidad en este terreno ha sido tejido desde las esferas más altas del poder político.

Sobre el final de la campaña el candidato kirchnerista por la CABA, Daniel Filmus habló de reglamentar el aborto no punible. Lo único que explica estas palabras de parte de un representante político de una fuerza que ha rechazado tratar siquiera los proyectos de legalización en el congreso, es que el electorado capitalino se inclina mayoritariamente por el respeto de la decisión de las mujeres y de forma amplia o restringida aprueba el derecho al aborto. Una verdadera hipocresía de parte del espacio kirchnerista.

En otras latitudes, el candidato kirchnerista por Salta sobre el tramo final de la campaña, ratificó su profesión de fe contra las mujeres, su voluntad de violentar la decisión de la Corte Suprema y su política clerical y salió al ataque del Partido Obrero por su defensa del derecho al aborto, junto con el retrógrado Olmedo y el propio Obispo de Salta. Creían interpretar el sentir popular con sus escandalosas declaraciones derechistas. Se equivocaron, el pueblo de Salta votó masivamente al Partido Obrero y colocó en primer lugar de la elección de Salta Capital ni más ni menos que al partido que defiende el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, coincidiendo o no con este planteo tan manoseado y tergiversado desde el gobierno y la oposición burguesa.

La reforma del Código Civil y Comercial representa un retroceso porque está escrito sobre la base de un acuerdo institucional con el lobby católico y porque incluso la formulación del lugar legal que ocupan los embriones no sólo aleja la posibilidad de la legalización del aborto sino que también obstaculiza la posibilidad de acceso a tratamientos de fertilización asistida.

En estas elecciones casi un millón y medio de personas “saltaron el cerco” y dieron una señal de alerta al régimen social que pretende descargar el ajuste sobre nuestras espaldas, votando al Frente de Izquierda. Las mujeres debemos todas saltar el cerco y exigir la aprobación de cada una de nuestras demandas como lo que son, cuestiones de vida o muerte. Para el Plenario de Trabajadoras el XXVIII Encuentro Nacional de Mujeres, que se desarrollará entre el 23 y 25 de noviembre en la ciudad de San Juan, debe ser una oportunidad para declarar nuestro compromiso de no permitir que la agenda de las mujeres sea relegada a un segundo plano en ningún ámbito. Ni en el Congreso ni en las calles. A organizarnos para luchar por lo nuestro.

Uno de los aparentes móviles sería el ensañamiento que tiene desde hace años Vinader con una mujer que fue su pareja, quien lo dejó por violento. Desde entonces, su ex novia radicó todo tipo de denuncias por amenazas, que la Justicia y la policía no atendieron. La masividad de los casos de denuncias de mujeres que son amenazadas, golpeadas, insultadas o secuestradas contrasta con la acción estatal de naturalización, acusación de algún tipo contra las víctimas, negativa a tomar las denuncias, ausencia de seguimiento e investigación.

Por otra parte, el caso de Araceli pone en evidencia las denuncias de que los integrantes de las fuerzas de seguridad o sus ex integrantes, son protagonistas de un modus operandis delictivo, el cual está vinculado con casos de trata de personas y sometimiento a la prostitución. Si bien aún no se ha podido saber qué pretendía exactamente cuando citó a Araceli con la promesa de un falso trabajo, el ex prefecto recurrió a un método extendido para poder vender mujeres y someterlas al negocio de la prostitución. Por lo tanto correspondería abrir una investigación no sólo sobre el prefecto, sino también sobre denuncias de desapariciones de mujeres que se hayan hecho en las comisarías (las que se hayan recibido).

La madre de Araceli llegó a la comisaría el día lunes 30, con una dirección que era la del lugar donde Araceli había sido citada, según han informado los diarios. Le dijeron que volviera 48 horas después, incumpliendo plenamente la obligación que la policía tiene de recoger las denuncias. La evaluación sobre la pertinencia o no de investigar un delito no es potestad de la policía, sino de la Justicia. No existe ley alguna que impida a la policía tomar la denuncia en un caso tan típico como el de una mujer que en nuestro país es citada para un trabajo y que luego no aparece. Casos como estos los hay de a cientos. Si existen disposiciones internas, que sean investigados los responsables de las mismas -como Matzkin, Casal y Granados-, pero de ningún modo se debe decretar la obediencia debida para quienes no recibieron la denuncia. Esas 48 horas de negativa a investigar fueron cruciales.

El caso de Araceli concentra todos los ataques sociales e institucionales que día a día viven las mujeres, por lo tanto la “justicia” por el caso de Araceli no puede agotarse en que Vinader quede preso de por vida, sino que debe avanzar sobre las responsabilidades del Estado en haber desatendido las denuncias de la ex mujer del prefecto, en no haber tomado la denuncia a la mamá de Araceli inmediatamente (algo que la podría haber salvado) y en los lazos de los integrantes o ex integrantes de las fuerzas de seguridad con el delito organizado -punto en el cual se ha actuado, durante todos estos años, desde el gobierno nacional y los gobierno locales, para defender la completa impunidad de los delincuentes ligados al Estado.