De hecho, desde hace varios años venimos trabajando desde la Cámara de Diputados sobre esta temática. En esa dirección, realizamos numerosas audiencias públicas en las que participaron todos los bloques políticos y se convocó a especialistas y eminencias de distintos sectores, como el judicial, el académico y organizaciones de la sociedad civil. En esas reuniones acordamos que la problemática de las adicciones debe ser abordada desde la perspectiva de la salud pública y no desde el Código Penal.

Nos basamos en el fallo del año 2009 de la Corte Suprema de Justicia, conocido como fallo Arriola, donde el Supremo Tribunal declaraba inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23737, que reprime la tenencia de drogas para uso personal. Los magistrados fundamentaron su decisión en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, donde se expresa que las acciones privadas de las personas que no perjudiquen a terceros no son punibles.

Además, por entonces, la Organización de Naciones Unidas ya había reconocido el fracaso de las políticas globales en la lucha contra el narcotráfico. Después de veinte años de aplicación de estas políticas, lejos de disminuir, el narcotráfico y todas sus prácticas delictivas asociadas habían aumentado.

En nuestro país las cifras son claras: desde 1989, cuando se sancionó la actual ley de drogas (ley 23737), hasta la actualidad, el tráfico de drogas creció. Sin embargo, sólo un poco más del diez por ciento de las causas iniciadas desde entonces fueron por tráfico.

Respecto a las consecuencias concretas de la aplicación de este modelo, basta con verificar la saturación judicial que tanto jueces como fiscales y defensores vienen denunciando, y que se observa en las propias cifras del Poder Judicial, que en los últimos diez años indican: el 70% del total de las causas por drogas son por tenencia para consumo personal; entre el 20% y el 25% son causas por tenencia simple, y sólo el 5% del total de causas por drogas son por su comercialización. Es decir que la mayoría de los recursos del Estado para la lucha contra el narcotráfico se concentraron en perseguir a los usuarios.

Creemos que el consumo problemático debe abordarse integralmente y desde la perspectiva de la salud. Con campañas de prevención y políticas públicas de asistencia a las adicciones en caso de ser necesario, pero de ninguna manera que el consumidor termine preso. De esta forma, se aumentan los daños a la salud y se estigmatiza a poblaciones vulnerables, mientras las prácticas delictivas del narcotráfico siguen avanzando.

Estamos convencidos de que hay que terminar con la criminalización de las personas por su posesión (tenencia simple) y por el uso de drogas.

En este contexto y con el consenso de todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados, con respecto a terminar con la criminalización de los consumidores, pero acompañado de políticas públicas de prevención y atención a esta problemática es que se aprobó por unanimidad el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan Icopro). Este se sumó a la ley 26586: Programa Nacional de Educación para la Prevención de Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas y a la ley de salud mental. Por medio de estas leyes se buscó garantizar campañas de prevención e información, y el acceso a centros interdisciplinarios de tratamiento.

Sin embargo, y a pesar del consenso, no pudimos avanzar en el tratamiento en el recinto de la despenalización de la tenencia para consumo personal. Desde mi punto de vista, por falta de decisión política de los bloques mayoritarios.

La resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre del 2012 expresa su preocupación por el aumento del uso de drogas en jóvenes y niños, el uso de nuevas sustancias psicoactivas cada vez más nocivas y el incremento del narcotráfico y, por lo tanto, de nuevas actividades delictivas cada vez más violentas.

Ante esta situación, la Asamblea propone que los Estados miembros aúnen esfuerzos en la reducción de la oferta y la demanda de sustancias ilícitas. Y especialmente en el combate de los graves problemas planteados por los vínculos cada vez mayores entre el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada.

En estos días, la ministra Patricia Bullrich, que en su momento participó de las audiencias que mencioné anteriormente en el Congreso de la Nación, manifestó, según una nota del diario Clarín, que el Gobierno irá a la ONU con un claro mensaje de no hablar de despenalización, porque cree que sería equivocado para nuestro país.

Creo que sería equivocado para nuestro país no centrar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Debemos concentrarnos en cuidar las fronteras, en tener un sistema de radarización, en investigar las pistas clandestinas que existen a lo largo y ancho de nuestro país, en terminar con la connivencia política y de las fuerzas de seguridad con el tráfico de drogas. Y sobre todo, combatir el lavado de dinero, la corrupción y las grandes redes criminales asociadas a ese delito.

Sobre un elevado costo en la canasta de alimentos que no para de crecer y que en marzo arrojó un alarmante 4,54% (con un acumulado para los últimos meses del 23,36%, según el Índice Barrial de Precios), el Gobierno prepara nuevos incrementos en los servicios públicos. A la energía eléctrica y los peajes se sumarán de manera inminente aumentos en las tarifas de gas, telefonía fija, transporte y ya se habla de un nuevo incremento eléctrico.

Este aumento anunciado por el Gobierno podría llegar a traer consecuencias muy perjudiciales para amplios sectores de nuestra sociedad, lo que alejaría aún más el objetivo declamado en la campaña de pobreza cero.

Este cuadro de situación traerá consecuencias no sólo para los hogares humildes, donde muchas familias directamente no podrán afrontar los aumentos, ya que la canasta de alimentos ocupa cada vez mayores recursos; sino también entre los trabajadores, los sectores medios y los pequeños comercios y los talleres.

Para el grupo social más vulnerable, el Gobierno ha propuesto un régimen de tarifa social sobre el cual, en los últimos días y ante los cuestionamientos que hemos formulado, ha aclarado que el sistema beneficiará a 2,7 millones de usuarios. Aun considerando que esa vaya a ser la amplitud en la implementación, insistimos en que es limitada e insuficiente y que muchos de los hogares más pobres del país se verán alcanzados por los aumentos.

Y eso es así, primero, porque el límite de 150KW de consumo mensual es limitado en numerosos casos, tanto por la existencia de gran cantidad de hogares multifamiliares como por la carencia en muchos de ellos de servicios como el agua o el gas, lo que obliga a la utilización de más energía eléctrica y lleva a superar ampliamente ese límite.

También porque el universo contemplado para acceder a la tarifa social —jubilados, beneficiarios de planes sociales y trabajadores—, si bien abarcaría un espectro amplio al incluir a los que ganen menos de dos salarios mínimos, no incluye a los enfermos crónicos electrodependientes. Tampoco a los inquilinos, que luego de abonado el alquiler quedan por debajo del límite de ingreso de 12 mil pesos. Hay que considerar, además, que en el país más de seis millones de argentinos habitan casas alquiladas y muchísimos de ellos se encuentran en el límite de ingreso. Un dato de color, inexplicable, es que el poseedor de un auto de menos de 15 años de antigüedad no puede acceder a la tarifa social, aunque reúna los otros requisitos.

Por otro lado, me preocupa cómo afectarán estos incrementos en las actividades de las pymes comerciales e industriales, que generan gran cantidad de empleo y no se encuentran contempladas en ningún tipo de escalonamiento tarifario. Se va a dar la situación en la cual la factura de luz será mayor que el alquiler. Para muchos de ellos los incrementos no serán absorbibles, ni tendrán posibilidad de traslado a los precios sin disminuir sus ventas o su nivel actividad, con un impacto directo sobre el empleo y la actividad económica.

El aumento de las tarifas significará entonces, empujar a miles de personas a la pobreza.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri se refirió a la dictadura más sangrienta de nuestra historia como parte del proceso de consolidación de la violencia política de los años setenta. Quizá por descuido, quizá porque así lo cree, lo cierto es que el Presidente no condenó al terrorismo de Estado, sino a una violencia política en abstracto, definición que abonó durante las décadas de impunidad el discurso de los dos demonios.

A quienes militamos desde hace años por la memoria, la verdad y la justicia, reclamando el esclarecimiento y la condena a los responsables civiles y militares de los crímenes de lesa humanidad, nos inquieta esta definición tan ambigua de Macri. El esclarecimiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura debe ser una política de Estado, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, y debe contar con la firme convicción y el acompañamiento de la dirigencia política democrática para que no vuelva a repetirse jamás aquella historia.

Las expresiones del ministro porteño Darío Lopérfido, quien cuestionó la cifra de desaparecidos, o la reflexión del propio Presidente, preguntándose si tenía sentido discutir sobre dicho aspecto, confirman que al menos existen dudas en el nuevo Gobierno con respecto a continuar y profundizar el camino de justicia iniciado. Un camino transitado que, dicho sea de paso, de ninguna manera se constituye en un logro del Gobierno que se fue, sino en un reclamo histórico de todo el pueblo argentino.

Este proceso de búsqueda de verdad, que es reparador para los familiares y las víctimas, pero también es indispensable para superar las heridas que la dictadura dejó en nuestra sociedad y en nuestra nación, colocó al país en un lugar ejemplar entre las naciones democráticas del mundo y esto debe continuar.

En este sentido, es muy preocupante que personajes nefastos ligados a la inteligencia militar como César Milani, otrora hombre fuerte del Gobierno k, sigan sobrevolando áreas sensibles del Estado (las actuales autoridades deberían aclarar las versiones que circulan al respecto). Como también lo es el hecho de que se estén desmantelando áreas del Ministerio de Justicia que cumplían funciones relevantes en las investigaciones de delitos económicos de la dictadura.

Este 24 de marzo tiene además un condimento adicional: la llegada del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Es una pena que su visita coincida con el aniversario de un golpe militar en el que su país tuvo mucha responsabilidad, como la tuvo en la mayoría de las dictaduras de nuestro continente. No obstante, es también una oportunidad para que el presidente Obama pida disculpas al pueblo argentino en nombre de su país por la responsabilidad histórica que les cabe.

Al mismo tiempo, si se confirman los trascendidos de los últimos días y se desclasifican los informes históricos que el departamento de Estado norteamericano tiene en su poder, tendríamos un aporte invalorable en la lucha por la defensa de los derechos humanos; nos ayudaría a conocer la verdad sobre muchos de los hechos que ocurrieron durante la dictadura y posiblemente aportaría información respecto de las responsabilidades políticas, así como del paradero de muchas víctimas.

Quiero terminar reflexionando en torno a los objetivos que el nuevo Gobierno dice proponerse, lo que el presidente Macri definió como sus tres grandes desafíos: la Argentina con pobreza cero, la derrota del narcotráfico y la unión de los argentinos. Esos objetivos y otros con que todos los argentinos soñamos, muchos de ellos relacionados con el respeto de los derechos humanos de hoy, no serán alcanzados si nuestro Estado no concluye con el proceso de búsqueda de verdad, rescate de la memoria y logro de justicia por el que hemos luchado desde hace décadas.

La fecha elegida se retrotrae a 1911, año en el que 140 trabajadoras de Nueva York, la mayoría jóvenes inmigrantes italianas y judías que trabajaban en la Triangle Shirtwaist Company, perdieron la vida debido a la falta de seguridad laboral.

Un siglo pasó desde aquella tragedia evitable. Durante ese siglo, las mujeres hemos conseguido el reconocimiento de nuestros derechos en numerosos tratados internacionales y regionales. Los más emblemáticos son la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y, a nivel nacional, la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Podríamos decir que, un siglo después, las mujeres contamos con la consagración de numerosos derechos en pos de la tan buscada igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, en 2011, cien años después y en Argentina, 282 mujeres fueron asesinadas por violencia machista (255 en el año 2012, 295 en el año 2013 y 277 en el año 2014).

El tiempo pasa, los derechos se reconocen en tratados, pero a las mujeres nos siguen matando. De los 277 femicidios de 2014, en el 14% las mujeres habían hecho las denuncias judiciales por violencia contra sus agresores. Como en el caso de Cintia, la mujer asesinada por su ex pareja de 17 puñaladas en Morón, quien había denunciado y contaba con una orden de prohibición de acercamiento contra su ex pareja.

Se trata de muertes evitables. Estamos hablando de mujeres, madres, hijas, amigas que podrían seguir con vida si funcionaran las instituciones, si el Poder Judicial, si las fuerzas de seguridad hicieran su trabajo como corresponde. Muertes evitables si el Gobierno tuviera en su agenda la violencia contra las mujeres como una problemática a resolver.

No parece ser el caso del Gobierno que nunca dotó de presupuesto necesario al Consejo Nacional de las Mujeres, que nunca publicó estadísticas acerca de la violencia contra las mujeres, herramienta indispensable para la elaboración de políticas pública, nunca quiso poner en discusión el debate sobre el aborto. Es cierto que discursivamente el tema estaba presente en el relato, pero en los hechos los femicidios crecieron exponencialmente durante los años kirchneristas.

En esta nueva administración, el tema directamente fue acallado, invisibilizado a tal extremo que, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Mauricio Macri no dedicó párrafo alguno a la agenda legislativa que propone para combatir la violencia contra las mujeres. No parece ser un tema relevante.

Por su parte, la sociedad sí habló. El 3 de junio del año pasado miles de personas salieron a la calle a gritar “#NiUnaMenos, basta de mujeres muertas”. A pesar de todo esto, como una crónica anunciada, las mujeres seguimos siendo asesinadas por hombres violentos.

¿Cuánto más hay que esperar? ¿Cuántas más tienen que morir? ¿Qué envergadura debe tomar el problema para que los Gobiernos trabajen por una solución?

La violencia de género es una violación grave a los derechos humanos. Incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, y también mortales, para mujeres y niñas, lo que afecta negativamente su bienestar e impide su plena participación en la sociedad.

Se trata de una problemática compleja cuyas causas se encuentran en la discriminación de género, las normas sociales provenientes de una sociedad patriarcal y los estereotipos de género que la perpetúan.

Tan compleja es la problemática como su solución. Para abordar una solución a la violencia de género es necesario hacerlo en forma interdisciplinaria. Necesitamos fuerzas de seguridad especializadas en la temática y no una policía que revictimice a las denunciantes, las expulse del sistema de protección y les ponga obstáculos para hacer la denuncia. También hace falta un Poder Judicial que cuente con un fuero especial para las causas de violencia de género: un expediente en donde se denuncia que un agresor violó en reiteradas oportunidades una cerca perimetral no puede esperar a los tiempo de la Justicia.

Necesitamos que se declare la emergencia social en materia de violencia contra las mujeres para poder dotar al Consejo Nacional de Mujeres del presupuesto necesario para que comience a elaborar y aplicar políticas públicas destinadas a combatir la violencia. Necesitamos que el Poder Ejecutivo trabaje en esa dirección para evitar más muertes anunciadas.

Hemos elaborado una agenda de trabajo para este año con distintos proyectos de ley que tienen como finalidad frenar la violencia de género. Entre ellos, un proyecto de ley para el uso de una pulsera electrónica para los violentos que tengan orden de prohibición de acercamiento y que las fuerzas de seguridad estén conectadas en el momento en que el agresor viola el perímetro y puedan actuar; un proyecto de ley que sanciona con pena privativa de la libertad a los agresores que violan las órdenes de restricción; un proyecto de ley para la creación de una comisión de las mujeres en el Congreso Nacional para que pueda tratar de forma urgente todos los proyectos que tengan esta finalidad y los pueda enviar a votación.

Evidentemente, la violencia de género debe ser prevenida, con educación, con la modificación de los estándares de la cultura patriarcal, con la eliminación de estereotipos de mujeres propios de estas sociedades, con la garantía de la independencia económica de las mujeres, etcétera.

Hoy tendríamos que estar hablando de cómo lograr la igualdad real y total de derechos entre varones y mujeres, sin embargo, este 8 de marzo nos encuentra, nuevamente, hablando acerca de cómo hacemos para que nos deje de matar la violencia machista.

Este 8 de marzo debemos ir todos a la marcha del Día Internacional de las Mujeres y pedir por #NiUnaMenos, por más y mejores derechos, por la igualdad entre varones y mujeres. Debemos desarrollarnos, debemos aspirar, en definitiva, a una sociedad más justa e igualitaria.

Los fundamentos expuestos en el decreto 349/2016 que regula la medida reiteran los argumentos de quienes gobernaron los últimos 30 años y mantuvieron los privilegios del sector: la pérdida de competitividad de Argentina en relación con el resto de países de la región, los grandes costos operativos, la necesidad de promover la actividad como “vector de potenciación del federalismo” y, sobre todo, la necesidad de “implementar medidas tendientes a revertir el estado actual de la economía, generando condiciones que permitan la reactivación y una mayor competitividad para los distintos sectores productivos del país, el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo, llevando así a mayor prosperidad general al país”.

Años atrás, desde la Vicepresidencia de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación tuve la oportunidad de viajar a La Rioja, Catamarca y San Juan, debido a denuncias presentadas por pobladores de zonas cercanas a emprendimientos mineros en marcha o en carpeta. Les puedo asegurar que, a pesar de años de incentivos fiscales de todo tipo, la minería ha provocado el achicamiento o la desaparición de muchos productores locales, con quienes compite por el uso del suelo o el agua; aumenta el desempleo, la pobreza y la contaminación. Y lo que es peor, encontré una marcada debilidad de las instituciones democráticas del lugar, a partir de Gobiernos cuasifeudales, que no toleran las voces críticas, que amedrentan a quienes deciden defender una tierra mejor para sus hijos.

La reactivación económica y la creación de puestos de trabajo siempre fueron la excusa para ampliar las ventajas del sector. El kirchnerismo prometía para el 2025 unos 380 mil empleos directos y 800 mil indirectos. Pero, según datos oficiales, en el 2010 hubo un promedio de 19.400 trabajadores registrados en explotación de minerales no energéticos (sin considerar petróleo, gas, carbón y uranio), 7.100 en minerales metalíferos y 12.200 en otras minas y canteras. Minera La Alumbrera, en Catamarca, prometía en 1993 unos diez mil puestos de trabajo directo; la propia empresa reconoce que actualmente trabajan 1.800 empleados: 800 permanentes y cerca de mil contratistas.

Pocos sectores económicos locales cuentan con los incentivos de esta actividad: no son alcanzadas por ningún aumento de impuesto nacional, provincial ni municipal durante 30 años; están eximidas de todo gravamen y tasa municipal y los Gobiernos deben facilitarles la infraestructura (caminos, servicios de agua y luz). No pagan más del 3% de regalías, según manifiesten en una declaración jurada, pudiendo descontar los gastos de traslado desde que el mineral es extraído hasta su comercialización. No pagan el impuesto al cheque; les reintegran el IVA de lo que invierten en inmuebles y maquinarias y descuentan del impuesto a las ganancias los gastos de exploración y toda la previa al inicio de funcionamiento.

A pesar de estas enormes ventajas, la megaminería no puede ser considerada motor de desarrollo: la tecnología y los principales insumos, maquinarias y recursos humanos son importados desde su país de origen. Casi no existen articulaciones con el aparato productivo nacional, ni en la fase previa de exploración ni en la final, ya que prácticamente todo lo que se extrae se exporta en bruto.

En cuanto al aporte a la prosperidad de la población, aún con cifras del cuestionado Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el 2010 había en Argentina un 12% de personas bajo la línea de pobreza. Sin embargo, en el Gran San Juan representaba un 14,4%. En el Gran Catamarca, con 13 años de funcionamiento de la minera más grande del país, la cifra ascendía al 20,9%, nivel superior a la media del noroeste argentino. En esa provincia, los indicadores sociales siguen siendo alarmantes: 25% de su población económicamente activa trabaja en el Estado; 56% de los menores de 18 años reciben la asignación universal por hijo; 75% de las escuelas públicas alimenta a sus alumnos; 87 mil niños comen en comedores infantiles o escolares. La tasa de suicidios supera un 58% la media nacional: 13,5 casos cada cien mil habitantes.

Todos estos datos, muy bien señalados por Maristella Svampa y otros, en su libro Quince mitos y realidades de la minería trasnacional en la Argentina (El Colectivo, 2011), refutan los sustentos falaces de quienes pretenden continuar con la entrega de nuestros recursos naturales a costa del futuro de nuestra gente.

Por otro lado, al hablar de potenciar el federalismo, el Gobierno debería recordar que nueve legislaturas provinciales sancionaron leyes que prohíben o restringen en alguna medida la megaminería metalífera a cielo abierto: Chubut (2003), Río Negro (2005); Tucumán, La Rioja, La Pampa y Mendoza (2007); Córdoba y San Luis (2008); Tierra del Fuego (2011). Leyes logradas a partir de la movilización de distintos sectores de la sociedad, incluso de importantes actores económicos en clara contradicción de intereses. En el caso de La Rioja, Río Negro y Chubut, los Gobiernos sucesivos violaron la voluntad popular al vetar o modificar la norma, desvirtuarla.

Argentina merece un cambio de 180 grados en materia minera, necesitamos modificar sus ventajas económicas y ponerlas en sintonía con nuestras necesidades más urgentes; fomentar los organismos de control, las auditorías permanentes y los monitoreos de obras con participación de las comunidades involucradas, respetar a los distritos que soberanamente decidieron decirle “no” a esta actividad contaminante; promover una amplia normativa legal de presupuestos mínimos de control ambiental, entre otras medidas. En eso estamos trabajando. En lo que sería un verdadero cambio para bien, muy lejos de la medida tomada recientemente por el actual Gobierno.

Si por un momento creyéramos legítima esta dicotomía, aquellos que defendemos la educación pública y laica porque es una causa nacional tendríamos que optar entre dos candidatos que se formaron en universidades privadas, que comulgaron con el arancelamiento y las restricciones al ingreso en las universidades nacionales y que apoyaron la ley de educación superior menemista, que intentó desarticular y vaciar la educación pública.

Si los progresistas debiéramos optar por el mal menor, como insinúan, nos veríamos obligados a elegir entre dos candidatos que nacieron y crecieron en familias ricas y privilegiadas, que fueron firmes impulsores de las reformas neoliberales de los noventa, las mismas que destruyeron a la industria nacional y dejaron una herencia de pobreza estructural que aún se sostiene en torno al 30% de la población.

Si tuviéramos que aceptar que votar a uno u otro es un daño colateral para nuestras convicciones, nos enfrentaríamos al dilema de optar entre dos personajes públicos que utilizan al Estado como botín de guerra, haciendo negocios personales y favoreciendo a amigos con el dinero público. Y no sólo eso, deberíamos cerrar los ojos frente a declaraciones juradas “flojas de papeles” y que de ninguna manera justifican patrimonios millonarios.

Así podría seguir enunciando muchas más cosas en común entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, como su marcada tendencia a omitir al Parlamento o a la Legislatura en las decisiones de Gobierno, ya sea vetando leyes o gobernando a través de decretos. Sus trayectorias personales ligadas a los negocios y a la farándula; su sospechoso silencio ante el daño ambiental de los emprendimientos megamineros a cielo abierto; su pragmatismo político que les permite cambiar de discurso como de medias, etcétera, etcétera.

Yo quiero decir en esta columna a quienes trabajamos, creemos y soñamos con un país mejor, inclusivo, democrático y transparente que para nosotros, los progresistas de ayer y hoy, lo más importante en estas elecciones es sentar las bases de un proyecto político que mejore la calidad de vida de los argentinos —más allá de los votos que saquemos— y eso es imposible de lograr sin coherencia y honestidad.

Sin embargo, esta columna intentará explicar que la pobreza, además, es un negocio para algunos sectores económicos y políticos que sin duda se benefician con su sostenimiento. Estos sectores, minoritarios, han visto crecer sus patrimonios y sus negocios durante la década, accedieron a fortunas enormes que les han permitido aislarse de las consecuencias más gravosas que la pobreza incorpora en el conjunto de la sociedad, al mismo tiempo que condiciona el acceso de los sectores más vulnerables a derechos básicos.

Entre las consecuencias más visibles que el sostenimiento y la consolidación de la pobreza traslada al conjunto de la sociedad está el crecimiento de Estados paralelos, como lo son las redes de narcotráfico o delincuencia, que afectan fuertemente al conjunto de la sociedad y se sostienen especialmente en condiciones de desigualdad como la que vivimos.

Ocultar los números de pobreza no solo es ocultar una realidad visible que se quiere negar, es también ocultar que Argentina, como el conjunto de los países latinoamericanos que crecieron en la primera década del siglo, amplió la brecha de desigualdad al interior de sus economías.

Como ejemplo de esto podemos mencionar datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que muestran cómo en nuestra sociedad los sectores de mejores ingresos, es decir, aquellos individuos y grupos vinculados con la explotación y la exportación de productos primarios, de origen agropecuario o mineral, la actividad financiera y la concentración de la oferta de bienes consumo masivo, que no representan siquiera el 10% de la población, tienen ingresos comparables con los sectores de altos ingresos de los países centrales del mundo (aproximadamente 94 mil dólares anuales). Los sectores de bajos ingresos, mientras tanto, aproximadamente el 50% de la población, tienen ingresos promedio de 5 mil dólares al año, comparable con los promedios de ingreso de países africanos.

Esta relación que hace Cepal de la desigualdad reinante en América Latina, de la que somos una clara muestra, nos convierte en la región más desigual del mundo, incluso por encima de África subsahariana. A esto debemos agregarle que los sectores más beneficiados por el ciclo económico son grupos empresariales extranjeros y cada vez más concentrados.

Ahora bien, podríamos decir que esta es una tendencia mundial y que Argentina no puede escapar a esta lógica de acumulación. Sin embargo, otra vez nos encontramos con datos incontrastables de organismos inobjetables en el plano estadístico, como Naciones Unidas, que revelan que el crecimiento del PBI en Latinoamérica (alrededor de 4% promedio en la última década) ha beneficiado al segmento más rico de la población, aun en países como Argentina y Brasil, que lograron mejorar su esquema impositivo y fiscal.

A su vez, los impuestos en nuestro país recaen sobre los sectores medios y bajos de la población. El IVA generalizado y el impuesto al trabajo (mal llamado “ganancias”) son la base de nuestro esquema impositivo, al punto que entre trabajadores aportantes y consumidores de bienes básicos (alimentos, especialmente) se concentra la recaudación del Estado; mientras que las grandes corporaciones mineras, los complejos y los fideicomisos sojeros, el sector financiero y el automotriz cuentan con enormes subsidios del Estado, exenciones impositivas de todo tipo y un tratamiento especial por parte del Gobierno.

Si comparamos nuestro esquema impositivo con el europeo, por ejemplo, nos encontramos con que el índice de Gini (que mide la desigualdad en los Estados) en Europa, con un sistema impositivo progresivo, se reduce promedio un 30%, mientras que en nuestro país, con un esquema recaudatorio regresivo, dicho índice prácticamente no se modifica. Lo que estoy planteando es que mientras que en los países centrales el Estado cumple un papel de igualador de las condiciones de vida de la gente, en nuestro país cumple el papel de consolidar la desigualdad.

Podría seguir describiendo muchísimas características del modelo “década ganada” que echan por tierra el relato K, pero creo que los datos que señalé son suficientes para comprender por qué el Gobierno oculta los datos de la pobreza.

Para terminar, resulta importante que nuestra mirada no se quede en la mera crítica, por lo que señalaré algunas medidas que un Gobierno progresista debería adoptar para resolver esta lamentable situación, una vez que se regularizara el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) y se sinceraran las cifras. En primer lugar, una reforma impositiva integral y progresiva, para que paguen más los que más tienen; un plan agresivo que promueva el empleo formal, premie a los empresarios que registren a sus trabajadores. Además, un Estado que castigue con firmeza la corrupción, empezando por la de los funcionarios públicos, para que el sector privado comprenda que esta no es una práctica “normal”; una promoción del sector de la economía social con una ley nacional de compra estatal y el reconocimiento del sector para que pueda elegir a sus representantes en el acuerdo en paritarias del ingreso de los trabajadores. Finalmente, un Estado activo y fuerte en la negociación con los sectores que explotan los recursos naturales demandados en el mercado mundial, para que una parte de esa renta se destine al desarrollo y la infraestructura educativa, social y científica del país.

Este último femicidio reabrió en los medios el tema de la violencia que vivimos las mujeres, en esta ocasión quizás debido a los detalles por demás morbosos del caso. Sin embargo, como en situaciones anteriores, vuelven a cargarse las tintas sobre la conducta de la mujer, su supuesta extorsión al marido, el estado de desequilibrio en que se encontraba él por razones laborales, etcétera. Todas estas explicaciones pretenden brindar cierta calma a nuestras conciencias sobre lo que nos resulta intolerable: que un hombre asesine a una mujer, y a la mujer con la que lo unía un vínculo afectivo.

La verdad es que Claudia vivía en un contexto de violencia y su marido la asesinó en forma cruel y brutal.

Sin embargo, lo cierto es que desde aquel 3 de junio donde la Plaza de los Congreso se colmó de una multitud de mujeres y hombres exigiendo #NiUnaMenos, las estadísticas arrojan la misma cifra de feminicidios: uno cada treinta horas. Es decir, han muerto 70 mujeres por feminicidio desde la marcha de #NiUnaMenos.

El caso de Claudia Schaefer resuena mientras son invisibilizados decenas de otros casos que ocurren por mes de mujeres asesinadas por hombres violentos, tal vez en contextos menos atractivos que el del coqueto country de Pilar y con protagonistas menos llamativos. En la mayoría de los casos, han tratado de pedir ayuda o denunciado al agresor sin ser escuchadas. La indiferencia, el ocultamiento, la invisibilización de la violencia machista es lo que mata a esas mujeres. Pero también la falta de espacios de acompañamiento y sostén. Sabemos, y lo sabe la Justicia, que las medidas cautelares son necesarias, son urgentes, pero no son suficientes para posibilitar que las mujeres vivan una vida libre de violencia.

La primera invisibilización se da cuando el Estado sigue sin realizar estadísticas oficiales para determinar la cifra de femicidios.

El Congreso, por su parte, se niega a tratar la ley que declara la emergencia nacional en materia de violencia contra las mujeres, proyecto que permite dotar de presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres, órgano encargado de la aplicación de la ley de prevención contra este tipo de violencia. El presupuesto permitiría, entre otras cosas, establecer a lo largo y ancho del país espacios de acompañamiento y empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, tal como lo dispone la ley 26.485. Permitiría la creación de nuevos patrocinios jurídicos gratuitos especializados en violencia de género y la asistencia financiera urgente que requieren las mujeres víctimas que tienen como único sustento el ingreso de estos hombres violentos. Si bien todos estos derechos están contemplados en la legislación vigente, sabemos que no están garantizados para las mujeres víctimas de violencia.

Ninguno de los tres candidatos a presidente que más miden en las encuestas ha puesto el tema de la violencia contra las mujeres en su agenda de campaña. Solo se han limitado oportunamente a sacarse la foto con el cartelito de #NiUnaMenos. Daniel Scioli, por ejemplo, si bien firmó los cuatro objetivos de la campaña, como los otros dos candidatos a presidente más votados y responsables políticos en sus jurisdicciones, se encuentra con un retraso notable en la aplicación de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Las problemáticas relacionadas con la violencia de todo tipo, y la violencia que sufren las mujeres por su condición de tal en particular, son complejas. Es necesario un abordaje interdisciplinario y una real voluntad política para llevar adelante las transformaciones más urgentes a fin de terminar con este flagelo.

Desde nuestro espacio reclamamos con carácter inmediato la declaración de la emergencia nacional como primer paso ineludible. Pero principalmente reclamamos voluntad política por parte del oficialismo para terminar con la violencia contra las mujeres. Ni una menos.

Lo que se busca en el fondo con estas reformas es estabilizar los sistemas democráticos independientemente de los vaivenes económicos o sociales que atraviesan a las sociedades nacionales o locales.

En la moderna Constitución de la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la mayoría de los distritos provinciales del país, se contempla la figura del ballottage para resolver quién debe ocupar la Jefatura de Gobierno y la regla es que quien sea jefe de Gobierno debe recibir al menos la mitad más uno de los votos del total de los electores. Está claro que el objetivo de esta normativa es que quien conduzca el Poder Ejecutivo de la ciudad empiece su gestión con un amplio, aunque relativo, apoyo ciudadano. La primera opción de los votantes ya está reflejada en la composición de la legislatura porteña.

Algo parecido a lo que se produce con los hinchas de una selección de fútbol -cuando su equipo queda eliminado, optan por uno de los dos finalistas- es lo que nos va a pasar a los porteños este domingo que viene. En el caso específico de este ballottage, los motivos de dicha opción son muy variados, algunos históricos, otros técnicos y otros puramente afectivos.

Puesta en la situación de elegir entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, mi opción es clara. En lo histórico Larreta fue funcionario de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Carlos Ruckauf, en el Anses, el PAMI y la ex-DGI, todo antes de ser ministro de Mauricio Macri. En casi todos los casos recibió denuncias y se le abrieron causas por defraudación, malversación de fondos públicos, etc.

Martín Lousteau, por su parte, después de presidir el Banco Provincia de Buenos Aires en la gestión de Felipe Solá, fue el ministro de Economía más joven designado por Cristina Kirchner. Ministerio al que renunció luego de hacer públicas sus diferencias insalvables con el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Su historia reciente está más fresca, es diputado nacional por aquel acuerdo amplio que denominamos UNEN en el 2013.

Técnicamente, la formación académica de Rodríguez Larreta y de Lousteau es económica. Solo que mientras el primero adscribe con claridad a las recetas neoliberales que se ejecutaron en nuestro país durante la década del noventa, el segundo parece tener una mirada más heterodoxa de la economía, además de haber logrado una manera de comunicar esta materia más simple y coloquial.

En lo afectivo o emocional, nada me une a Rodríguez Larreta debido a que desde siempre fui una férrea opositora a la lógica individualista de los modelos empresariales que tanto daño le hicieron a nuestro país y a nuestra población. Ni hablar, por otro lado, del desprecio que quienes dirigen el Gobierno de la ciudad tienen por los derechos humanos, lo público en general y los sectores más vulnerables de la población. Con Martín, aunque provenimos de historias muy distintas, me une un lazo generacional que aprendió a valorar y defender a rajatabla la democracia, el pluralismo y el respeto por la diversidad.

Estoy segura de que más allá de la opinión de los dirigentes políticos, los porteños este domingo vamos a aprovechar la oportunidad que nos brinda el ballottage.

El alcance de dichos estándares de belleza, basados en la extrema delgadez, curvas pronunciadas, músculos marcados, tez blanca, entre otros, no sólo contribuyen a la cultura de la discriminación y negación de la diversidad, sino que también promueven conductas alimenticias perjudiciales para la salud física, mental y social de mujeres y varones, siendo los principales sujetos de riesgo las y los jóvenes.

La Argentina carece de estadísticas oficiales referentes a los niveles de bulimia y anorexia, sin embargo, numerosas ONGs que se dedican a la temática han señalado a nuestro país como poseedor de niveles preocupantes de anorexia entre jóvenes.

Actualmente se encuentra proyectándose en nuestros cines con mucho éxito la película “Abzurdah”, basada en el libro del mismo nombre escrito por Cielo Latini. En ella se narra la historia de una adolescente de clase media acomodada que conoce por internet a un chico nueve años mayor que ella, con quien inicia una relación y del que se enamora perdidamente. La relación se vuelve una obsesión para Cielo, la protagonista, para quien la opción de dejar de comer se transforme en la ilusión de una vida perfecta.

Creo necesario que debatamos con los jóvenes acerca de los estereotipos de belleza que el mercado nos impone, y como, el tratar de encajar en ellos, nos acerca muchas veces peligrosamente a la enfermedad.

Es importante que el Estado intervenga en la de-construcción de esos estándares de belleza que imperan entre nuestros adolescentes y que se han impuesto con tal fuerza que, entre otras muchas cosas, son causal del fenómeno del “bullying” que tanto ha dado que hablar por estos días.

Tanto desde mi labor en el Congreso de la Nación, como desde el ejercicio de mi profesión, y asumiendo un lugar en la defensa de los derechos de las mujeres y los niños, esta temática me preocupa especialmente y entiendo necesario abordarla con un enfoque interdisciplinario y con carácter preventivo.

En ese marco, elaboramos dos proyectos de ley que tienen como finalidad desalentar las conductas llevadas a cabo por quienes se benefician en la imposición de determinados estereotipos de belleza que contribuyen a su retroalimentación. Uno propone regular la masa corporal que deben de tener las modelos para poder participar de desfiles de moda, y el otro regula el uso del Photoshop y otras formas de modificación digital de la imagen corporal en la publicidad gráfica.

Pero, insisto, el abordaje de la problemática debe ser multidisciplinario, y es sumamente importante comenzar por romper con los estereotipos de géneros, urgiendo la necesidad de transmitirle e inculcarle a nuestros adolescentes que no existe “La belleza”. Que todos y todas somos distintos/as, que lo que consideramos “bello” depende de cada una/o de nosotras/os. Que la “perfección” en los cuerpos no debe estar ligada a lo que nos dictan desde las usinas de la industria de la moda. Y que nada es más valioso que ser una misma.