Lo que se busca en el fondo con estas reformas es estabilizar los sistemas democráticos independientemente de los vaivenes económicos o sociales que atraviesan a las sociedades nacionales o locales.

En la moderna Constitución de la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la mayoría de los distritos provinciales del país, se contempla la figura del ballottage para resolver quién debe ocupar la Jefatura de Gobierno y la regla es que quien sea jefe de Gobierno debe recibir al menos la mitad más uno de los votos del total de los electores. Está claro que el objetivo de esta normativa es que quien conduzca el Poder Ejecutivo de la ciudad empiece su gestión con un amplio, aunque relativo, apoyo ciudadano. La primera opción de los votantes ya está reflejada en la composición de la legislatura porteña.

Algo parecido a lo que se produce con los hinchas de una selección de fútbol -cuando su equipo queda eliminado, optan por uno de los dos finalistas- es lo que nos va a pasar a los porteños este domingo que viene. En el caso específico de este ballottage, los motivos de dicha opción son muy variados, algunos históricos, otros técnicos y otros puramente afectivos.

Puesta en la situación de elegir entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, mi opción es clara. En lo histórico Larreta fue funcionario de Carlos Menem, Fernando De la Rúa y Carlos Ruckauf, en el Anses, el PAMI y la ex-DGI, todo antes de ser ministro de Mauricio Macri. En casi todos los casos recibió denuncias y se le abrieron causas por defraudación, malversación de fondos públicos, etc.

Martín Lousteau, por su parte, después de presidir el Banco Provincia de Buenos Aires en la gestión de Felipe Solá, fue el ministro de Economía más joven designado por Cristina Kirchner. Ministerio al que renunció luego de hacer públicas sus diferencias insalvables con el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Su historia reciente está más fresca, es diputado nacional por aquel acuerdo amplio que denominamos UNEN en el 2013.

Técnicamente, la formación académica de Rodríguez Larreta y de Lousteau es económica. Solo que mientras el primero adscribe con claridad a las recetas neoliberales que se ejecutaron en nuestro país durante la década del noventa, el segundo parece tener una mirada más heterodoxa de la economía, además de haber logrado una manera de comunicar esta materia más simple y coloquial.

En lo afectivo o emocional, nada me une a Rodríguez Larreta debido a que desde siempre fui una férrea opositora a la lógica individualista de los modelos empresariales que tanto daño le hicieron a nuestro país y a nuestra población. Ni hablar, por otro lado, del desprecio que quienes dirigen el Gobierno de la ciudad tienen por los derechos humanos, lo público en general y los sectores más vulnerables de la población. Con Martín, aunque provenimos de historias muy distintas, me une un lazo generacional que aprendió a valorar y defender a rajatabla la democracia, el pluralismo y el respeto por la diversidad.

Estoy segura de que más allá de la opinión de los dirigentes políticos, los porteños este domingo vamos a aprovechar la oportunidad que nos brinda el ballottage.

Los despidos actuales en la industria automotriz -hasta hace poco tiempo mostrada como vedette del éxito de las las políticas oficiales- y en la ferroviaria, causada una vez más por el Grupo Cirigliano, socio de este Gobierno, los obliga a neutralizar toda protesta.

Le digo al señor Secretario que no podemos acompañar ninguna iniciativa que tenga como finalidad directa y expresa la censura y la invisibilidad de las partes más postergadas o vulnerables de nuestra sociedad. Aunque a rigor de verdad, los trabajadores registrados no lo son, pues al menos tienen un salario y jubilación. Mucho peor la pasan los millones de hombres y mujeres que en la década ganada no consiguieron incorporarse formalmente al mercado laboral, y ni siquiera tienen un interlocutor para sus reclamos. Compatriotas que están afuera del sistema, sin salario, sin aguinaldo, sin obra social, y sin sindicato (bueno o malo) que los represente.

Señor  Secretario, nos parece justo y constitucional gritar a los cuatro vientos que hay hombres y mujeres que no tienen satisfechos sus más mínimos derechos económicos y sociales. Por eso, en días tan especiales como estos, en los que se festeja el inicio de un proceso emancipador, sería de esperar que su gobierno al menos desista de la idea de solucionar la debacle causada con mayor represión hacia nuestro pueblo.

No es cierto que estemos ante derechos subjetivos equivalentes o que debamos priorizar el derecho a transitar. El derecho a la seguridad alimentaria, al trabajo, a la salud y a la libertad, están muy por encima del derecho a trasladarse rápido de un punto a otro de nuestra república. Este derecho, el de transportarse rápido y seguro de un punto a otro de nuestras ciudades, dejó hace tiempo de ser un derecho garantizado. Sólo ver los embotellamientos de tránsito que provocan autos y colectivos diariamente nos hace concluir que en esa materia también hay un déficit grave de ausencia del Estado.

En las villas y asentamientos de nuestro país, sus ocupantes tampoco tienen el derecho a que entre una ambulancia o a “no embarrarse para tomar un colectivo los días de lluvia”. Les pregunto a los autores de esos proyectos cuántos días soportaría algunos de los que se quejan vivir sin agua, sin luz, sin gas, o sin ingresos. Estos días de falta de agua, merced a la baja del Rio de la Plata, pueden haber sido un lindo ejercicio de conscientización para muchos de nosotros que vivimos en condiciones dignas el resto del año.

Cuantos días soportarían los que apoyan estos proyectos esperar desde la madrugada un turno médico para un hijo con fiebre y diarrea. O que no podamos parir nuestro hijo cuando nuestro cuerpo nos lo exige porque no hay médico de guardia. Lean las estadísticas de muertes durante nacimiento en algunas provincias argentinas, y escandalícense igual que lo hacen cuando se corta una ruta.

Cuantos días soportarían que a las maestras de sus hijos no les abonen un salario digno, o que asistan a una escuela sin bancos y sin calefacción.

Estos son argumentos políticos, pero también los hay desde el punto de vista legal. No lo digo yo, lo han expresado muchos Jueces de nuestra nación, que también comprenden que el ejercicio de petición a las autoridades debe estar por fuera de los tribunales y que es la dirigencia política la que debe dar respuestas.

Reprimir la protesta social no solo es jugar con fuego poniendo en vilo la necesaria paz social, en tiempos de crecientes dificultades económicas como el que atravesamos, en el que justamente el gobierno debería recurrir más que nunca al diálogo para velar por los intereses de los más afectados.

Reprimir la protesta social es anular un derecho fundamental en las sociedades democráticas. Sin procesos de lucha y vindicación de derechos, no hubiera habido voto femenino, ni abolición de la esclavitud. Por eso, serán necesarias todas las protestas para que nosotros -sus funcionarios- actuemos y garanticemos el ejercicio de derechos humanos básicos.