Recientemente nuestra Presidenta envió al Congreso Nacional para su debate un nuevo proyecto de Código Procesal Penal, que casualmente fue destacado desde el atrio oficial por sus defectos y no por sus virtudes. En lugar de situarse discursivamente en los aciertos que propone, la Presidenta elogió las bondades de una nueva ley que permitiría expulsar del país a los extranjeros, o que permitiría detener preventivamente por razones de conmoción social.
También en esa dirección se ha expresado el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien sostuvo que había que extraditar a los extranjeros que cometían algún delito.
El sistema judicial siempre ha sido objeto de numerosos debates y discusiones en nuestro país. Se tiene la impresión –sobradamente justificada – de que la justicia es muy lenta y especialmente que no llega nunca cuando los acusados son los poderosos de turno.
Por otro lado, salvo contadísimas excepciones, los funcionarios públicos que han cometido delitos en ejercicio de sus funciones llegan a ser condenados. El procedimiento penal aún vigente posibilita un ilimitado derrotero recursivo que si no es resuelto con celeridad en audiencias públicas y orales, permite la prescripción de causas de renombrada gravedad institucional, como por ejemplo aquellas en que se investigan hechos de corrupción por el desvío de recursos públicos que terminan en cuentas off shore. Continuar leyendo