En momentos de aumentos de tarifas y precios que agravan la situación de millones de argentinos, el Presidente decide quitarles retenciones a las mineras, uno de los sectores económicos que más se han enriquecido desde el Gobierno de Carlos Menem en adelante.

Los fundamentos expuestos en el decreto 349/2016 que regula la medida reiteran los argumentos de quienes gobernaron los últimos 30 años y mantuvieron los privilegios del sector: la pérdida de competitividad de Argentina en relación con el resto de países de la región, los grandes costos operativos, la necesidad de promover la actividad como “vector de potenciación del federalismo” y, sobre todo, la necesidad de “implementar medidas tendientes a revertir el estado actual de la economía, generando condiciones que permitan la reactivación y una mayor competitividad para los distintos sectores productivos del país, el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo, llevando así a mayor prosperidad general al país”.

Años atrás, desde la Vicepresidencia de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación tuve la oportunidad de viajar a La Rioja, Catamarca y San Juan, debido a denuncias presentadas por pobladores de zonas cercanas a emprendimientos mineros en marcha o en carpeta. Les puedo asegurar que, a pesar de años de incentivos fiscales de todo tipo, la minería ha provocado el achicamiento o la desaparición de muchos productores locales, con quienes compite por el uso del suelo o el agua; aumenta el desempleo, la pobreza y la contaminación. Y lo que es peor, encontré una marcada debilidad de las instituciones democráticas del lugar, a partir de Gobiernos cuasifeudales, que no toleran las voces críticas, que amedrentan a quienes deciden defender una tierra mejor para sus hijos. Continuar leyendo →