Esta es una diplomacia de mafiosos. “Usted roba, váyase con sus millones a un consulado”. “Usted es ineficiente, tome esta embajada y viva tranquilo por unos cuantos años”. “Usted es profundamente patriota-revolucionario y además sostiene un cargo público, pues es el momento preciso para montar una estética en Miami, por ejemplo”. Ni hablar de los ministros “quita y pon”, que van dejando una estela de pobreza, corrupción, hambre y miseria sólo superada por el nepotismo y la negación.

Mientras tanto, Venezuela vive una de sus peores épocas en toda su historia. En un país dividido en dos, el mediático-gubernamental que hace de todo una novela, una dramatización en los géneros de ficción, suspenso y drama, y otro país más terrenal, aterrizado, ese que se despierta con el corte de luz y que llega a casa siempre y cuando la “buena voluntad” del malandro así lo quiera.

Son horas, días, años y generaciones perdidas. Nos desenchufaron, cual paciente terminal. Las raciones de agua y comida fueron reducidas hasta el mínimo posible, así como las de medicinas y la atención de los servicios públicos. Dejamos de trabajar, de producir, de soñar.

La institucionalización de lo improvisado trastocó nuestros esquemas, nuestra cultura y la planificación a futuro. El futuro es ahora, es el empaque de harina Pan que espero conseguir en el mercado de los chinos, es el jabón y el shampoo que le compraré al bachaquero en la noche al salir a casa, es el pote de agua que llenaré para lavar los corotos y poder bañarme cada dos días, en el mejor de los casos.

Los enchufados nos desenchufaron. No es la guerra económica, no es el imperio, ni Álvaro Uribe. Son los corruptos boina rojas que se valieron del mayor capital de la historia de Venezuela para, embelesados por el poder y la fortuna, dejarnos el cascarón vacío, la casa sin luz, el estante sin comida.

Paradójico es el simple hecho de saber que luego de tantos años lo re-estatizado volvió a manos de inversionistas privados y extranjeros, con muchos más cuestionamientos que los que les precedieron, que, a pesar de haber “invertido” más de sesenta mil millones de dólares en el sector energético, hoy día se viva uno de los racionamientos eléctricos más cruentos de la historia nacional. Y ni hablar del paro gubernamental que llevó a la administración pública a trabajar solamente ocho horas a la semana, para luego detener el país otros cinco días sin justificación real ni coherente.

Nos desenchufaron, esa es la realidad. Jugaron sistemáticamente con la paciencia del pueblo, con el hambre de la gente. Pero como todo tiene un límite, los últimos acontecimientos han demostrado que cuando la gente se cansa y se obstina, el cortocircuito llega. Y como los enchufados no son electricistas de verdad, pues el chispazo los sorprenderá en el momento más inesperado.

Se habla de millones de dólares en comisión que fueron a parar a las arcas del gabinete de Pérez Molina, incluyéndolo en un caso de corrupción aduanera sin precedentes en este país. Pero más allá del tema concreto de la defraudación, lo que me llama la atención luego de tantas muestras de poca o nula separación de poderes en nuestra América, con Venezuela, México y Argentina a la cabeza, es ver cómo los órganos del Estado guatemalteco, las organizaciones no gubernamentales, los investigadores y los docentes universitarios y hasta la Iglesia Católica suenan a una sola voz: Piden la renuncia del primer mandatario para facilitar la investigación.

Pérez Molina ha dicho que no va a renunciar y que no tiene nada que ver con este tema, al mejor estilo Blatter en la FIFA: “La FIFA no es corrupta, no hay corrupción en el fútbol, es con la gente, la gente es corrupta. No se trata de la institución…”, había afirmado previamente.

Pero el Presidente no tuvo en cuenta que entre los que piden la renuncia se encuentra nada más y nada menos que la propia Contraloría General de Guatemala, quien además instó al mandatario a que “presente de manera inmediata su renuncia al cargo para evitar mayores incidentes con consecuencias insospechables”, secundando a la Procuraduría General de la Nación, que solicitaba lo propio “para evitar la ingobernabilidad del país centroamericano”, según informa el diario La Nación.

Si queremos seguir con las muestras de independencia de poderes, que es el motivo de mi artículo, podemos ir más allá y analizar las acciones realizadas por el Ministerio Público, órgano que junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala solicitó el pasado viernes 21 de agosto de 2015 el antejuicio de mérito contra Otto Pérez Molina, pese a que el primer mandatario niega su vinculación con la banda de crimen organizado y aduce no ser el jefe de la red de defraudación aduanera.

Por su parte, Prensa Libre de Guatemala, en un artículo publicado el 30 de agosto de 2015, destacó que el arzobispo metropolitano Óscar Julio Vian Morales se sumó a las voces que piden la renuncia del presidente, manifestando: “este Gobierno, al igual que otros, dijo que amaban a Guatemala, pero en realidad robaron a los pobres”.

Al tiempo que la antigua vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, ya se encuentra detenida por este caso que quedará como referencia para nuestra historia latinoamericana, con crecientes protestas a lo largo y ancho del país, con más de 30 implicados en el millonario escándalo y con la renuncia progresiva de varios ministros ante las presiones colectivas, el desenlace es predecible y el resultado será el reforzamiento de la institucionalidad del país, pese al daño patrimonial.

El dinero de recupera, de eso estoy seguro. Pero lo que tiene más valor, a partir de este episodio claroscuro de Guatemala, son las medidas ejemplarizantes que están enviando al resto de los mandatarios latinoamericanos y su séquito. Los gobernantes no pueden ser intocables, todo lo contrario. Son los funcionarios públicos con mayor responsabilidad y entrega. Las instituciones que rigen el normal desenvolvimiento de nuestros países, fiscalía, contraloría, defensoría, entre otras, también tienen que regirse por las leyes y las normas, haciéndolas cumplir, sin temor a quien controla el uso legal de la fuerza letal, bajo el supuesto del apoyo popular.

Guatemala nos está dando una cátedra de independencia de poderes y control del Estado sobre los funcionarios. Queda de nuestra parte aprender de esta experiencia o seguir cometiendo los errores que nos están costando nuestra vida y la de nuestras repúblicas.

Y es que nos resulta increíble cómo es posible que en su verbo y discurso no haya absolutamente nada rescatable, ni siquiera con la excusa de haber contado con un predecesor al cual tuvo que escucharlo más que un operador de radio en cabina, y que al menos, sabía cómo distraer a la gente y mantenerlos en permanente expectativa mientras el país se nos iba por el precipicio.

Sí, también me pregunto cómo es posible que mientras nuestro país se despedaza día a día, se empeñe en vivir en permanente negación y no anuncie lo que tanta gente honesta ha esperado que comunique: su renuncia ante el fracaso público y notorio.

Al escucharle hablar de conspiradores siempre pienso en sus “compañeros de lucha”. Lo digo porque es a todas luces un eufemismo argumentar sobre la materia, teniendo experiencia práctica y aplicada en nuestro propio país y en otros tantos de manera indirecta ¿O es que acaso ustedes no fueron unos golpistas y conspiradores?

Peor aún, siguen llevando bien puestos estos calificativos, al enjuiciar alcaldes sin justificación alguna, al cambiar las estructuras institucionales para mantener cuotas de poder, como el caso jefatura del Distrito Capital y las zonas distritales, o de inhabilitar a políticos que antes de entrar en una contienda electoral ya se veían como ganadores. Son unos golpistas, sí.

La rimbombancia heredada y la verborrea sin sentido se curan, mi estimado presidente. No necesita hacer el ridículo para distraer a la opinión pública. Lo que necesita es hacerle frente a los compromisos y fracasos y hacer lo propio, cosa que le vuelvo a recordar, esperamos mucho, su renuncia.

Pero para que mi argumento no se vea tan chocante y “conspirador”, le voy a dar una “ayudaíta” a ver si se anima de una buena vez por todas, dándole a conocer algunos ejemplos de lo que hicieron sus homólogos en otras oportunidades y latitudes, con respecto a la materia:

En agosto de 1974, Richard Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos, por haber sido implicado en el famoso escándalo de Watergate, que consistió fundamentalmente en espionaje interno, obstrucción de la justicia y corrupción.

En febrero de 2012, el presidente alemán Christian Wulff, dimitió tras haber sido acusado formalmente por la fiscalía de ese país por corrupción y tráfico de influencias.

A principios del 2014, el primer ministro de Ucrania, Nikolái Azárov renunció a su cargo “para crear más oportunidades para el compromiso social y político y para que el conflicto tenga una solución pacífica”.

En enero de 2015, el presidente más longevo de la historia italiana, Giorgio Napolitano, renunció a su cargo por su avanzada edad y problemas de salud, siendo el único presidente en la historia de ese país en ser reelecto.

Son solo algunos ejemplos que ilustran las distintas razones por las cuales un presidente en funciones puede y debe renunciar: por acusaciones de corrupción, espionaje, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y enfermedad. Podría agregar otras causas, pero creo que con las primeras cuatro ya tiene buenas excusas para hacerlo. Ande, anímese y haga lo propio.

Los representantes del gobierno central han sabido sacar provecho de las sanciones y declaraciones de Washington, generando toda una campaña de comunicación que incorpora a todos los medios que tienen a la mano, haciendo ver que las acciones en contra de los funcionarios venezolanos incursos en delitos de blanqueo de capitales, corrupción, narcotráfico o violación a los DD.HH., son ataques al país, afectando supuestamente a la gente común. Lo que no dicen es que las sanciones contemplan la congelación de cuentas mil millonarias en bancos norteamericanos de las cuales ninguno tiene cómo explicar su procedencia.

No dicen tampoco que la mayoría de los nombres dados a conocer salieron a la luz pública por declaraciones de exfuncionarios gubernamentales que viendo el panorama que se avecinaba, como rata en barco que se hunde, se han fugado del país para asegurar su tajada, a través de la ya famosa figura de “testigo protegido”, un recurso que no es nuevo, ni exclusivo. No dicen tampoco que el término “amenaza” está íntimamente relacionado, en este caso, a la realidad de un país que se ha convertido en uno de los principales corredores de droga, aunque el Estado lo niegue insistentemente.

Todo este torbellino generado por las sanciones y declaraciones en contra de funcionarios del gobierno nacional, ha dado pie a la posibilidad, nuevamente violando las leyes venezolanas, de detener ciudadanos y políticos de oposición bajo la excusa de golpes desgastados, sin antejuicios de mérito, sin presunción de inocencia, ni el debido proceso. El guion se repite, año tras año.

También aprovecharon para iniciar – ilegalmente – la precampaña política camino a unas elecciones parlamentarias que desde ya se ven ancladas nuevamente en la figura del fallecido presidente Hugo Chávez, en vista del descenso de la popularidad de Maduro, producto de la profunda crisis económica y social que se vive en nuestros días, de justificar los fracasos, tratando de persuadir a la opinión pública, bajo la afirmación de que la mayoría de los problemas son inducidos por el imperio y no resultado de políticas que claramente mostraron su fracaso. 

Los escándalos son tan frecuentes que ya por comunes se pasan sin mayores consecuencias. La población venezolana, mientras tanto, se mantiene ocupada tratando de cubrir sus necesidades básicas, quedando sin tiempo ni aliento para atender a lo que desde afuera se está viendo con cada vez más preocupación: un estado autoritario que a través de la dominación de las masas se ha convertido a las patadas en el epicentro del quehacer nacional, llevándose por el medio la poca institucionalidad que queda en nuestros 916.445 kilómetros cuadrados.

Ya podemos imaginar lo que está por venir: una sostenida campaña mediática centrada en una amenaza externa, blackout informativo en torno a los sancionados y sus cuentas mil millonarias, la negación total de lo que pueda “desestabilizar” al gobierno y nuevos testigos protegidos que por el miedo traicionarán a las mafias que gobiernan hoy el país. Mientras tanto esperamos que entre las colas y las aspiraciones electorales de la oposición, no nos desviemos del tema central, la excusa perfecta para seguir en dictadura.