Se habla de millones de dólares en comisión que fueron a parar a las arcas del gabinete de Pérez Molina, incluyéndolo en un caso de corrupción aduanera sin precedentes en este país. Pero más allá del tema concreto de la defraudación, lo que me llama la atención luego de tantas muestras de poca o nula separación de poderes en nuestra América, con Venezuela, México y Argentina a la cabeza, es ver cómo los órganos del Estado guatemalteco, las organizaciones no gubernamentales, los investigadores y los docentes universitarios y hasta la Iglesia Católica suenan a una sola voz: Piden la renuncia del primer mandatario para facilitar la investigación.

Pérez Molina ha dicho que no va a renunciar y que no tiene nada que ver con este tema, al mejor estilo Blatter en la FIFA: “La FIFA no es corrupta, no hay corrupción en el fútbol, es con la gente, la gente es corrupta. No se trata de la institución…”, había afirmado previamente.

Pero el Presidente no tuvo en cuenta que entre los que piden la renuncia se encuentra nada más y nada menos que la propia Contraloría General de Guatemala, quien además instó al mandatario a que “presente de manera inmediata su renuncia al cargo para evitar mayores incidentes con consecuencias insospechables”, secundando a la Procuraduría General de la Nación, que solicitaba lo propio “para evitar la ingobernabilidad del país centroamericano”, según informa el diario La Nación.

Si queremos seguir con las muestras de independencia de poderes, que es el motivo de mi artículo, podemos ir más allá y analizar las acciones realizadas por el Ministerio Público, órgano que junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala solicitó el pasado viernes 21 de agosto de 2015 el antejuicio de mérito contra Otto Pérez Molina, pese a que el primer mandatario niega su vinculación con la banda de crimen organizado y aduce no ser el jefe de la red de defraudación aduanera.

Por su parte, Prensa Libre de Guatemala, en un artículo publicado el 30 de agosto de 2015, destacó que el arzobispo metropolitano Óscar Julio Vian Morales se sumó a las voces que piden la renuncia del presidente, manifestando: “este Gobierno, al igual que otros, dijo que amaban a Guatemala, pero en realidad robaron a los pobres”.

Al tiempo que la antigua vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, ya se encuentra detenida por este caso que quedará como referencia para nuestra historia latinoamericana, con crecientes protestas a lo largo y ancho del país, con más de 30 implicados en el millonario escándalo y con la renuncia progresiva de varios ministros ante las presiones colectivas, el desenlace es predecible y el resultado será el reforzamiento de la institucionalidad del país, pese al daño patrimonial.

El dinero de recupera, de eso estoy seguro. Pero lo que tiene más valor, a partir de este episodio claroscuro de Guatemala, son las medidas ejemplarizantes que están enviando al resto de los mandatarios latinoamericanos y su séquito. Los gobernantes no pueden ser intocables, todo lo contrario. Son los funcionarios públicos con mayor responsabilidad y entrega. Las instituciones que rigen el normal desenvolvimiento de nuestros países, fiscalía, contraloría, defensoría, entre otras, también tienen que regirse por las leyes y las normas, haciéndolas cumplir, sin temor a quien controla el uso legal de la fuerza letal, bajo el supuesto del apoyo popular.

Guatemala nos está dando una cátedra de independencia de poderes y control del Estado sobre los funcionarios. Queda de nuestra parte aprender de esta experiencia o seguir cometiendo los errores que nos están costando nuestra vida y la de nuestras repúblicas.

Hablar de violencia en Venezuela es hablar de tres cosas básicas: balas, asesinos e impunidad. Para el año 2014, según el Observatorio Venezolano de Violencia, teníamos la segunda tasa de muerte por violencia del mundo, ubicándonos en 82 asesinados por cada cien mil habitantes. Ecuador, México, El Salvador, Colombia y Brasil son bebés de pecho al compararse con nosotros.

Las cifras podrían ser mucho más dramáticas, por cuanto ya van once años sin obtener información oficial sobre este tema. La censura gubernamental hace que hasta el más valiente se asuste, dando paso a toda clase de mitos y leyendas para sortear el bloqueo informativo en este tema. Un bloqueo profundamente irresponsable e insostenible.

No son números, son almas. Solo el año pasado se registraron 24.980 fallecidos por violencia en el país más chévere del mundo. Son 25 mil personas con sueños, familia, esperanzas y sentimientos. Mucho peor cuando hablamos de la cifra de asesinatos desde 1999 hasta la fecha. Son más de 160 mil personas las que han muerto por causa de la violencia en Venezuela, mucho más que las que fallecieron en Japón a causa de la bomba atómica en Hiroshima, la cual cobró la vida de 140 mil personas, según las cifras oficiales de la ciudad.

El Gobierno, con sus reiterados planes con la cara de Hugo Chávez estampada y sus interminables horas de exposición en medios, se ha preocupado más por el qué dirán que por la raíz del problema. Un sistema profundamente inútil, contaminado, viciado. Lamentablemente aplican la misma estrategia para atacar la escasez de alimentos, comidas y medicinas. Pañito caliente y encomendarnos a Dios.

Las bandas delictivas controlan el país. No nos engañemos. La impunidad se ha sumado al empoderamiento, producto de las distorsiones del Estado. Hoy día los azotes, los malandros, los sicarios, los asesinos, los delincuentes y los capos se saben con un control supragubernamental, el control del armamento y la política. ¿No están de acuerdo con esta afirmación? ¿Entonces qué hacía el Gordo Bayón, reconocido delincuente y asesino, negociando el contrato colectivo de Sidor en pleno Palacio de Miraflores? Recordemos que Bayón fue asesinado la noche del lunes 2 de junio de 2014, cuando salía del palacio presidencial, en la ciudad de Caracas, aún cuando tenía prohibición expresa de salir del estado Bolívar, por estar imputado por un triple homicidio y porte ilícito de arma de fuego. ¿Consecuencias o responsables por lo sucedido? Ninguna ni nadie.

Todavía esperamos los resultados de los cuadrantes de seguridad de un oficial de la Guardia Nacional por autobús, de los globos aerostáticos de la Alcaldía Mayor de Caracas, de la intervención de casi el 80 % de los cuerpos policiales en Venezuela, de la creación de la Universidad de la Seguridad y de la Policía Nacional Bolivariana, del Plan Cayapa y de las interminables horas tratando de convencernos que la violencia es impulsada por el paramilitarismo colombiano, que obedece a los intereses de la ultraderecha, como si de ser cierto fuera un atenuante ante la profunda ineficiencia de los funcionarios que rigen el destino de nuestro país. Recordemos la infeliz frase expresada por el presidente Nicolás Maduro a finales del año pasado: “¿Qué quieres tú que yo haga?”.

En fin, señor presidente, señor ministro de Interior y Justicia, y demás miembros del Ejecutivo, ¿qué les parece si aplicamos sus espléndidas políticas ante la guerra económica para acabar también con la delincuencia? Cuidado y si termina funcionando.