Si entendemos que este concepto es, en esencia, el interés de un país consensuado y aplicado normativamente por el conjunto de sus representantes políticos y sociales, vemos que de ese tipo de políticas no tenemos ninguna.

El manejo de la cosa pública se hace sin la conducción estratégica que significarían políticas de Estado preexistentes y sin la regulación y el control de un cuerpo de dirigencia comprometido, públicamente, a hacerla cumplir.

En este sentido, el litigio con los “fondos buitre” debe servirnos para comprender que si un grupo inversor se permite el lujo de poner en jaque a una Nación soberana, es justamente porque como Estado (gobierno, oposición y sociedad civil), nos hemos puesto por error, omisión o complicidad, en el lugar de la carroña.

Crisis oportuna

Las crisis sirven para muchas cosas y reportan beneficios a diversos intereses. Pero en este caso, pensando a futuro, la oportunidad que nos da en esta situación es la de entender que este problema no está aislado sino que forma parte de una serie de desastres que crecen y prosperan en las grietas que dejan las políticas de Estado ausentes.

Por ejemplo: hoy, en lugar de ser conveniente homologar a la Argentina en los organismos de crédito internacionales, es imprescindible.

La diferencia entre lo conveniente y lo imprescindible, se sabe, es la desesperación.

Esa desesperación fuerza negociaciones desventajosas que, para colmo, no sirven de nada porque el problema que llevó a esa desesperación financiera de hoy, es otra política de Estado que sigue ausente: la crisis energética.

Para no abundar en la cadena de interrelaciones que tienen los problemas argentinos, pensemos en una serie de puntos sobre los que es urgente que la dirigencia política, gremial, social y religiosa se pongan de acuerdo en dos etapas: para los 500 días que le restan al gobierno actual y los próximos 50 años:

i) Política de desarrollo: Posicionar a la Argentina dentro de la región en equilibrio entre las posibilidades del país y las necesidades del mundo en el futuro mediato, evitando que la matriz sea monodependiente tanto de “clientes” como de producción.

ii) Política energética: Consensuar un modelo de país a nivel energético que use los recursos naturales en equilibrio con el desarrollo programado (enlaza lo anterior).

iii) Política sobre recursos: Establecer a nivel constitucional el alcance de la intervención del Estado Nacional, los provinciales y empresas privadas en la explotación de los recursos naturales, supeditándolos al desarrollo nacional.

iv) Política de seguridad: Establecer compromisos y colaboraciones a nivel regional para oponerlo al narcotráfico, entendiendo que el problema del narco no es solamente su consumo y distribución, sino también los intereses que usan a los Estados nacionales como herramientas.

v) Política de tierras públicas y parques nacionales: Anteponer a ello la política de recursos y de seguridad frente al narcotráfico.

vi) Política de crédito internacional: Supeditar el manejo de la deuda y el crédito internacional a las políticas de estado anteriores, y no a la inversa.

Estos puntos solo pretenden ponernos a pensar en que, tal vez, su sola existencia previa hubiera podido evitar no solo la crisis con los “fondos buitre” que es un tema menor, sino la endemia de improvisaciones a la que parecemos condenados.

La solución tiene que pasar sí o sí por un acuerdo multisectorial con dos objetivos, no más: comprometer al conjunto del país con las políticas de Estado que se le propongan y comprometerse, como fuerzas políticas, con el bienestar de ese conjunto.

Deudas públicas y de las otras

Nunca supimos para qué tomamos deuda y ahora parece también haber sido inútil el “desendeudamiento”, de larga publicidad.

Si no es por la ausencia de un interés nacional claro y público, no se entiende que el destino de una negociación de deuda soberana pueda depender del glamour, la astucia, la torpeza o el interés personal de un ministro que, antes de sentarse a negociar, hace pública la estrategia del gobierno nacional.

Y esa es la deuda mayor que la Nación tiene consigo misma: haber permitido que la improvisación -en el mejor de los casos- ocupara el lugar que los Estados nacionales tienen reservado, so pena de desaparecer, a sus políticas.

La deuda entre la dirigencia política y la sociedad es mutua porque hemos permitido y fomentado un clientelismo moral gracias al cual establecimos un “código” tácito de complicidad para remplazar con él el imperio de los valores y el derecho.

Las deudas se pagan pero eso es perogrullo. Lo importante de las deudas es si sabemos subordinarlas al interés nacional expresado normativamente en políticas de Estado.