Archivo de Tag: AFIP

El ciclo de la corrupción

“Un informe secreto, elaborado con datos de la Oficina Anticorrupción, arroja una conclusión escalofriante: las quince causas más relevantes de corrupción de la última década le ocasionaron al Estado un perjuicio de 3200 millones de pesos. El documento demuestra, además, que el Gobierno sigue con atención el trabajo de los jueces federales en los procesos contra los ex funcionarios”, difundió un diario porteño.

Luego de la detención del ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime por la compra de trenes a España y Portugal de manera irregular y con un grave perjuicio económico para el país, de la promocionada ruta del dinero K, de las denuncias por evasión contra el empresario kirchnerista Cristóbal López y la causa por presunta lavado de dinero que involucra a la propia ex presidenta Cristina Fernández y a su hijo Máximo Kirchner, la crónica del diario porteño con que se inicia esta columna bien podría responder a la caída en desgracia del kirchnerismo por denuncias de corrupción.

Sin embargo, el párrafo de un extenso artículo es de hace 16 años y corresponde a los primeros meses del gobierno de Fernando de la Rúa, que creó la Oficina Anticorrupción, exclusivamente, para investigar la corrupción menemista pero no la propia, que luego derivó en los Sobornos del Senado.

Esos “3.200 millones de pesos” (equivalentes a 3.200 millones de dólares porque regía la Convertibilidad, 1 peso=1dolar) comprendían, entre otros casos resonantes, a: “Pagos indebidos en Yacyretá por dos mil millones de pesos, maniobras relacionadas con la mafia del oro por 129 millones, cuatro causas vinculadas al PAMI por 678 millones de pesos, dos investigaciones contra María Julia Alsogaray por 22 millones, una contra Gerardo Sofovich por 20 millones”, según el diario Página 12 de principios del 2000.

Como en aquel entonces, los jueces federales se convertían en los adalides de la ética y la transparencia, lugartenientes de los argentinos en la lucha contra la corrupción, y procesaban a mas de 100 funcionarios menemistas, los hacían desfilar por tribunales y metían preso (eso sí, en prisión domiciliaria en una quinta) al ex mandatario Carlos Menem.

Menem, junto a María Julia Alsogaray fueron los únicos presos. ¿Habrá sido el pago de favores muchos jueces y fiscales que fueron nombrados en el Poder Judicial por el propio Menem? Probablemente.

Dieciseis años después, luego también de una década de un gobierno (antes el menemista, ahora el kirchnerista) la sociedad argentina vuelve a ser testigo de millones de pesos que se esfumaron en sus narices y, lejos de mejorar la vida de los argentinos, fueron a parar a bolsillos de particulares.

La primera conclusión que debería estar a flor de piel de los debates es que está fallando el Sistema como para que la dirigencia política, a su antojo, siga robando el dinero de todos desde hace mas de 30 años.

El sistema que rige la administración pública, el modo de gestionar de un gobierno, los nombramientos, la rendición de cuentas, el manejo de los fondos, los contratos y licitaciones, el control, las auditorías, la transparencia, está haciendo agua por todos lados.

En la Argentina hay unos 1300 hospitales públicos. Los 8 mil millones de pesos por evasión con los que fue denunciado por la AFIP el “zar del juego” Cristóbal López equivalen a 6.600 tomógrafos. Es decir, 5 tomógrafos por cada hospital en todo el país. Lo que terminaría por un buen tiempo con los reclamos recurrentes en la Salud Pública acerca de la falta de estos aparatos que cuestan alrededor de 1.200.0000 pesos. Patético.

Cualquier especialista en la lucha contra la corrupción sostiene que puede ser muy plausible la investigación, denuncia y eventual (porque casi nadie va preso) encarcelamiento de un corrupto. Pero el principal daño es lo que se roba y la sociedad no recupera jamás.

¿Es una tarea imposible, titánica, disminuir abruptamente la corrupción? No, de ninguna manera. Pero es, claro está, una decisión política. Las medidas preventivas son las menos costosas y complejas.

En primer lugar, fortalecer los organismos de control (Auditoría General de la Nación –AGN-, Sindicatura General del Estado Nacional –SIGEN-, Oficina Anticorrupción –OA-). Darles mayor cantidad de recursos humanos, tecnología y normas que les pueda servir, por ejemplo, para bajar la concesión de un servicio público cuando es deficiente o denunciar penalmente para que vaya preso, a un funcionario que desvió fondos a sus cuentas.

Eso sí, ninguno de los organismos, como ocurre con la Oficina Anticorrupción, debe funcionar dentro del propio Poder Ejecutivo. Cuando De la Rúa la creó, primero la OA fue protagonista al investigar “hacia atrás” al menemismo. Pero cuando le tocó –como con la alianza y luego el kirchnerismo- jamás denunció por corrupción a funcionarios del gobierno al que pertenecía. Lógica pura.

¿Seguiremos este ciclo de hablar de casos de corrupción, con jueces que se ponen a investigar, cuando termina un gobierno y llega uno nuevo? ¿O definitivamente empezaremos algún día el camino para prevenir que se prive a millones de argentinos de la oportunidad de vivir un poco mejor?

Rendir cuentas es una obligación

El Estado en la Argentina ha dejado hace mucho tiempo de ser, como lo definió Hegel, “la conciencia de un pueblo”, para convertirse en un botín del que se apoderan los gobiernos de turno para alimentar la cultura del despilfarro y el manejo turbio de sus recursos.

El manejo de los recursos en el Estado es de tal oscurantismo que los ciudadanos, que cumplen con la ley y abonan religiosamente sus impuestos, no tienen posibilidad alguna de saber cómo y en qué gastan los funcionarios el dinero de todos.

“Cajas chicas” asignadas a organismos del Poder Ejecutivo sobre las que no se exige rendición o presentación de comprobantes; viáticos exagerados por almuerzos o viajes, muchas veces innecesarios o ficticios; recursos básicos como papel, tinta de impresora, accesorios de librería, etc, malgastados; llamadas telefónicas particulares desde las líneas de las oficinas estatales;  incumplimiento de horario; planta de empleados sobredimensionada o sin capacitación alguna.

La rendición de cuentas es un aspecto fundamental para la gobernabilidad de los países, es decir, para la capacidad de los gobiernos de usar eficazmente los recursos públicos. A través de ella, los funcionarios están obligados a informar, justificar y responsabilizarse públicamente por sus actuaciones.

En la vida cotidiana, todos debemos rendir cuentas: los ciudadanos ante la AFIP y los gobernantes y funcionarios ante el pueblo porque, en definitiva, son empleados a los que les paga el pueblo.

Sin embargo, poco se sabe de los hombres de Estado.

En Brasil, cualquier ciudadano puede ingresar al Portal de Transparencia de la Contraloría General de la Unión (CGU) y acceder a los datos de cualquier empleado estatal de rango bajo, medio o alto. Así, puede saber qué cargo ocupa y en qué organismo; la fecha y forma en que ingresó; y cuál es su sueldo. En la Argentina, resulta de por sí bastante complejo acceder a la declaración patrimonial del Presidente o de algunos ministro del gabinete nacional.

¿Por qué? Quizás la respuesta puede deducirse en que no hay herramienta mas eficaz para cotejar si un funcionario “metió la mano en la lata” que analizar, año tras año, su estado patrimonial.

Pero la corrupción ha ido evolucionando en el tiempo y los corruptos fueron dejando de tener bienes a su nombres para poner sus bienes a nombre de cónyuges, familiares y/o amigos, creando a veces sociedades con “conocidos”, pero cuyo principal ingreso provenía del primer eslabón: el funcionario.

De hecho, suena extraño que el gobierno de Cristina Fernández haya modificado la ley de Etica Pública y ya no sea obligación del funcionario presentar la declaración jurada con los bienes e ingresos de los/as cónyuges o convivientes e hijos/as menores de edad. Si el corrupto pone sus bienes a nombre de un allegado, no se sabrá, al menos que haya una denuncia judicial que avance, como ocurre en el caso del vicepresidente Amado Boudou.

Actualmente, sólo puede accederse por Internet a declaraciones juradas correspondientes al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con un informe de Mayo de este año de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)  en lo que respecta al Poder Legislativo, se encuentran publicadas las declaraciones juradas de sólo 99 Diputados sobre un total de 257 (38,52%), y de 7 Senadores sobre un total de 72 (9,72%).

En el caso de los candidatos a cargos legislativos nacionales durante las últimas elecciones, el grado de cumplimiento de la norma fue prácticamente nulo en relación al universo de obligados.

Respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recién a fines de abril de este año reglamentó la ley de declaraciones juradas patrimoniales e integrales y, a raíz de eso, aún no se tienen acceso a las declaraciones juradas de los Ministros del Alto Tribunal. En cuanto al Consejo de la Magistratura aun no emitió su propia reglamentación y por tanto tampoco se encuentran disponibles las declaraciones de los jueces nacionales, federales y provinciales.

En un país como la Argentina, en el que según estimaciones privadas la corrupción y la criminalidad económica se ha llevado unos 13 mil millones de dólares que aún no han sido recuperados por el Estado; con investigaciones judiciales con un promedio de 14 años de demora y que en su mayoría prescriben y/o quedan impunes, si el gobierno de turno no da respuesta claras a un problema mas que evidente, resulta sospechoso.