En diez días de gestión el presidente Mauricio Macri fue mas allá que Cristina Fernández, el último símbolo de la década kirchnerista: abrió la Casa Rosada al periodismo con conferencias de prensa y anuncios por parte de funcionarios de segunda línea; recibió a gobernadores, referentes y legisladores de la oposición; firmó 29 decretos de necesidad y urgencia; y designó en comisión a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Tanto las manifestaciones antikirchneristas de los últimos tiempos como el contenido del frente Cambiemos den la campaña electoral que culminó con la entronización de Macri en la Casa Rosada, no planteaba cuestiones de fondo, otro modelo, sino mas bien asuntos relacionados con las “formas” y el “estilo” caudillezco que caracterizó a los Kirchner.

En los primeros días del nuevo gobierno, el “cambio” apuntó precisamente a eso. Contactó y diálogo con la prensa, con la oposición, desdramatizar la política, consensuar políticas con los sectores productivos –industriales, el campo, los sindicatos- y no mucho mas. Pero a la vista de una ex presidente como Cristina Fernández para quien todo se dirimía entre amigos y enemigos, denunciadora serial de desestabilizaciones y contubernios en su contra, la diferencia resulta considerable.

Sin embargo después, de una manera u otra, la nueva administración demostró algunos vicios de la política argentina. En primer lugar, bajo la necesidad de evitar llevar a la discusión parlamentaria algunos temas espinosos, el Gobierno prefirió designar en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en “comisión” vía DNU para que luego, en marzo, fueran tratados sus pliegos en la Comisión de Acuerdos del Senado.

De la misma manera, tenía pensado designar a una serie de embajadores claves, en “comisión”, como Martín Lousteau (EEUU), Diego Guelar (China), Carlos Magariños (Brasil),  Marcelo Stubrin (Colombia), José Octavio Bordón (Chile) o Guillermo Montenegro (Uruguay). La “ansiedad” de Macri para comenzar a trabajar cuanto antes, hizo que todos esos nombres, los de los jueces de la Corte y de los embajadores, corrieran peligro en el Senado.

La “inexperiencia política” omitió para el Gobierno que esas decisiones serían consideradas un desaire por “la política”, mas allá incluso de los senadores del Frente para la Victoria. Por el solo hecho de haber relegado a la Comisión de Acuerdos, todas las designaciones corrían peligro de ser rechazadas. Entonces, ¿Rosatti volvería a su estudio o Lousteau debería regresar de Washington y retomar su banca en Diputados? Hubiera sido un papelón.

Afortunadamente, Macri ya avisó en campaña que no era “infalible” e iba a “cometer errores”, que luego empezó a desandar. Aunque no se creía que los errores llegarán tan temprano.

Por eso resultó clave que postergará hasta febrero la jura de los dos ministros de la Corte, para dar lugar al proceso de objeciones y audiencias públicas. Simultáneamente, comenzó a tender líneas con los senadores de la oposición e incluso se animó a deslizar que es probable que finalmente convoque a sesiones extraordinarias para tratar los pliegos de militares y diplomáticos. De esa manera, también dio marcha atrás con las designaciones en comisión de los embajadores.

La firma de decretos es una cuestión netamente política. El ministro de Justicia, Germán Garavano, justificó la utilización de 29 DNU y la no discusión en el Congreso, de una manera muy peligrosa: “Los DNU que se van a dictar son básicamente reparativos de estas situaciones, no de cambio total”. Es un argumento similar al que el kirchnerismo utilizó durante mucho tiempo. Valiéndose de la “mayoría automática” en la Cámara de Diputados y del Senado, evitó consensuar muchas decisiones que ahora, justa o injustamente, el gobierno de Macri deshace.

¿Habrá en algún momento políticas de Estado en las cuales oficialismo y oposición se pongan de acuerdo y establezcan programas o legislación a largo plazo, que no deban ser revisadas por el gobierno entrante y así sucesivamente? Ese es uno de los desafíos de presidente Macri. No sólo cambiar la formar sino establecer otras en base al consenso y al largo plazo, saliendo de la lógica electoralista y cortoplacista de la Argentina de los últimos 30 años.