Diez días con aciertos y errores

En diez días de gestión el presidente Mauricio Macri fue mas allá que Cristina Fernández, el último símbolo de la década kirchnerista: abrió la Casa Rosada al periodismo con conferencias de prensa y anuncios por parte de funcionarios de segunda línea; recibió a gobernadores, referentes y legisladores de la oposición; firmó 29 decretos de necesidad y urgencia; y designó en comisión a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Tanto las manifestaciones antikirchneristas de los últimos tiempos como el contenido del frente Cambiemos den la campaña electoral que culminó con la entronización de Macri en la Casa Rosada, no planteaba cuestiones de fondo, otro modelo, sino mas bien asuntos relacionados con las “formas” y el “estilo” caudillezco que caracterizó a los Kirchner.

En los primeros días del nuevo gobierno, el “cambio” apuntó precisamente a eso. Contactó y diálogo con la prensa, con la oposición, desdramatizar la política, consensuar políticas con los sectores productivos –industriales, el campo, los sindicatos- y no mucho mas. Pero a la vista de una ex presidente como Cristina Fernández para quien todo se dirimía entre amigos y enemigos, denunciadora serial de desestabilizaciones y contubernios en su contra, la diferencia resulta considerable.

Sin embargo después, de una manera u otra, la nueva administración demostró algunos vicios de la política argentina. En primer lugar, bajo la necesidad de evitar llevar a la discusión parlamentaria algunos temas espinosos, el Gobierno prefirió designar en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en “comisión” vía DNU para que luego, en marzo, fueran tratados sus pliegos en la Comisión de Acuerdos del Senado.

De la misma manera, tenía pensado designar a una serie de embajadores claves, en “comisión”, como Martín Lousteau (EEUU), Diego Guelar (China), Carlos Magariños (Brasil),  Marcelo Stubrin (Colombia), José Octavio Bordón (Chile) o Guillermo Montenegro (Uruguay). La “ansiedad” de Macri para comenzar a trabajar cuanto antes, hizo que todos esos nombres, los de los jueces de la Corte y de los embajadores, corrieran peligro en el Senado.

La “inexperiencia política” omitió para el Gobierno que esas decisiones serían consideradas un desaire por “la política”, mas allá incluso de los senadores del Frente para la Victoria. Por el solo hecho de haber relegado a la Comisión de Acuerdos, todas las designaciones corrían peligro de ser rechazadas. Entonces, ¿Rosatti volvería a su estudio o Lousteau debería regresar de Washington y retomar su banca en Diputados? Hubiera sido un papelón.

Afortunadamente, Macri ya avisó en campaña que no era “infalible” e iba a “cometer errores”, que luego empezó a desandar. Aunque no se creía que los errores llegarán tan temprano.

Por eso resultó clave que postergará hasta febrero la jura de los dos ministros de la Corte, para dar lugar al proceso de objeciones y audiencias públicas. Simultáneamente, comenzó a tender líneas con los senadores de la oposición e incluso se animó a deslizar que es probable que finalmente convoque a sesiones extraordinarias para tratar los pliegos de militares y diplomáticos. De esa manera, también dio marcha atrás con las designaciones en comisión de los embajadores.

La firma de decretos es una cuestión netamente política. El ministro de Justicia, Germán Garavano, justificó la utilización de 29 DNU y la no discusión en el Congreso, de una manera muy peligrosa: “Los DNU que se van a dictar son básicamente reparativos de estas situaciones, no de cambio total”. Es un argumento similar al que el kirchnerismo utilizó durante mucho tiempo. Valiéndose de la “mayoría automática” en la Cámara de Diputados y del Senado, evitó consensuar muchas decisiones que ahora, justa o injustamente, el gobierno de Macri deshace.

¿Habrá en algún momento políticas de Estado en las cuales oficialismo y oposición se pongan de acuerdo y establezcan programas o legislación a largo plazo, que no deban ser revisadas por el gobierno entrante y así sucesivamente? Ese es uno de los desafíos de presidente Macri. No sólo cambiar la formar sino establecer otras en base al consenso y al largo plazo, saliendo de la lógica electoralista y cortoplacista de la Argentina de los últimos 30 años.

Dos problemas para el flamante Gobierno

El flamante presidente Mauricio Macri inició su gestión con la idea de no perder tiempo alguno. Sabe que a partir de ahora el reloj empieza a marcar el tiempo de descuento hacia el momento en el cual la “luna de miel” del nuevo Gobierno con la sociedad y los medios se diluya, transformándose en un vínculo entre gobernantes y gobernados, entre el soberano y el pueblo.

Los dos problemas inmediatos que el Ejecutivo debe afrontar son la resolución del complejo entramado económico que le dejó el kirchnerismo y cómo obtener el respaldo de un Congreso en apariencia adverso al macrismo para avanzar con proyectos de ley que serán claves para el primer semestre de la nueva administración.

Macri está decidido a utilizar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de aquí hasta el 1° de marzo (cuando comienza el periodo ordinario de labor en la Cámara de Diputados y el Senado) para allanar rápidamente el camino pedregoso que el gobierno debe encarar.

No fue casual la reunión del Presidente con referentes opositores como Daniel Scioli, Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Adolfo Rodríguez Saá. ¿Qué buscaba? Por un lado marcar el retorno de “la política”, la búsqueda de consensos, la negociación, el intercambio de favores. Pero por otro lado el mandatario sondeó a los dirigentes acerca de algunos temas sobre los que pretende avanzar en el corto plazo: la lucha contra el narcotráfico y la pobreza, la reforma política, el levantamiento del cepo, entre otros.

Macri quiso asegurarse que, ya sea vía DNU o proyecto de ley el próximo año, va a contar con ellos para su apoyo.

La reunión con los gobernadores bonaerense se encuadró en ese misma perspectiva. La propuesta es, fijemos consensos en temas generales de exclusiva gestión, a nivel país, como el narcotráfico, la “pobreza cero”, un plan de infraestructura, y después confrontemos en otras cuestiones de carácter político-ideológico.

Detrás de esa idea, Macri busca también que los gobernadores, a partir de un remozado vínculo con la Nación que dice que escuchará y responderá a las necesidades de los 24 distritos, apoyen los proyectos de ley a través de diputados y senadores que mas que a un partido responden directamente a los mandatarios provinciales. De esa manera, Macri evita tener que negociar todo con el FPV o el Frente Renovador de Massa, y habla directamente con los gobernadores.

¿Por qué antes no se hacía si parece tan sencillo? Los Kirchner siempre tuvieron un liderazgo radial en el que todos giraban derredor de Néstor Kirchner primero y luego de Cristina Fernández. Kirchner se sentaba sobre la caja de recursos de la Nación e iba repartiendo fondos a cambio siempre de algo: un voto en el Congreso, un acompañamiento de una medida nacional, etc.

Macri necesita lo mismo pero lo plantea de otro modo. “Pongámonos de acuerdo en cómo resolver estos temas federales, plasmemos ese acuerdo en un apoyo a nivel legislativo y el logro será de todos. Después nos peleamos en otras cuestiones políticas, pero las políticas estado ya están encaminadas”, explica un dirigente la lógica del Jefe de Estado.

Lo mismo pretende hacer con empresarios y sindicalistas, aunque en ese caso sabe que cada sector quiere llevar agua para su molino, que no siempre es el de la sociedad en su mayoría.

Macri deberá dar muestras de haber comprendido qué ha ocurrido con la dirigencia empresarial en la Argentina en la década kirchnerista y evitar que vuelva a convertirse en el principal factor de poder que pone y saca ministros, ayuda a avanzar u obstaculiza medidas económicas y marca la agenda. El kirchnerismo como pocas corrientes políticas, con formas y estilos muy cuestionables, dejó al desnudo las miserias de los empresarios vernáculos.  El nuevo Presidente debería valerse de ese antecedente para no permitir que le marquen la cancha.

Con el sindicalismo debería ocurrir lo mismo aunque su cercanía con el camionero Hugo Moyano, le facilita su ingreso al lodazal sindical. Ahora bien, ¿cómo se entiende que Moyano haya sido socio de Kirchner y ahora se perfile para ese vínculo con Macri? Obviamente que el titular de la CGT Azopardo tiene su interés sectorial, pero ¿y Kirchner y Macri?

Marzo o abril podría ser la fecha límite del romance de Macri con los medios y la sociedad. En ese entonces, empezarán a estar claro las expectativas inflacionarias y los acuerdos salariales, así como el destino de los proyectos de ley que la Casa Rosada pretenderá aprobar para poder gestionar. En Argentina, cuatro meses es una eternidad.

La Argentina paralizada

La dirigencia política oficialista y opositora ha desvirtuado el espíritu del proceso electoral en la Argentina y, lejos de desarrollarlo como una expresión de la democracia, lo ha convertido en un salvavidas de plomo que, durante el 2015, no hizo más que paralizar a un país que tiene muchos problemas aún por resolver.

Los argentinos han quedado presos de una contienda electoral necesaria -porque está en juego no sólo la Presidencia de la Nación sino las autoridades provinciales, la mitad del Congreso Nacional, además de las Legislaturas provinciales- pero totalmente innecesaria de la manera en que se lleva a cabo: una campaña interminable que ocupa las tres cuartas partes del año mientras que, el resto de lo que queda del 2015, se irá con la asunción de los nuevos funcionarios.

Oficialistas y opositores han diseñado las elecciones nacionales y distritales según su conveniencia política, sin tener en cuenta a los ciudadanos.

Planteada a los largo de todo el 2015, con inicio formal en abril con las PASO en la provincia de Salta y con elecciones desdobladas en distritos importantes como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, hace siete meses que de lo único que se habla es de la campaña, elecciones y candidatos.

El problema reside en que sólo el “micromundo” de la política y de la prensa especializada se alimenta de cada palabra y de cada paso que dan los candidatos. “La gente”, entiéndase como la gran mayoría de la sociedad, no sigue el minuto a minuto de las actividades proselitistas y, por el contrario, observa cómo sus problemas no son solucionados por nadie.

No es ninguna revelación señalar que el Congreso de la Nación está prácticamente paralizado este año porque sus integrantes, muchos de ellos candidatos, han estado haciendo proselitismo en sus respectivas provincias. Si hubo alguna sesión, en modo alguno tuvo que ver con resolver algún problema de fondo que aqueja a la sociedad.

En campaña, los políticos -sean autoridades del gobierno nacional, de las administraciones provinciales o dirigentes opositores- no quieren dar ningún paso en falso que termine afectando el resultado electoral. En esa lógica, es “mejor no hacer nada” o “hacer lo que no tenga ningún riesgo de un efecto negativo” en la imagen de un candidato presidencial o de una fuerza política.

¿Qué consenso puede haber entre fuerzas políticas en medio de una campaña donde debe haber confrontación? ¿Un año no es mucho tiempo para congelar decisiones y soluciones en un país como la Argentina?¿No hay problemas económicos, de salud, educación, inseguridad, medio ambiente, institucionales que solucionar de manera urgente? El país está parado.

Realmente, los representantes del Gobierno nacional, los mandatarios provinciales, oficialistas y opositores congregados en las Legislaturas provinciales y en el Congreso Nacional debieran hacer una fuerte autocrítica acerca del desdoblamiento de las elecciones, motivados en todos los casos por intereses partidarios y sectoriales pero no en el interés de la comunidad.

¿Cuántos millones de pesos le hubiera ahorrado la política a la gente si se unificaban todas las elecciones?¿Cuántas cosas se podría haber hecho con ese dinero? Pero la fiesta sigue.

Y como si la campaña no fuera exageradamente extensa, los dirigentes de todos los colores políticos violan las normas que no permiten mezclar gestión con proselitismo, mientras que los plazos que fija la ley electoral acerca de cuándo empieza la campaña y cuándo termina no los cumple nadie.

Ejemplo. Formalmente, la campaña presidencial luego de la supuesta interrupción desde el 9 de agosto –día de las PASO- se reinició el 20 de setiembre. Falso. En verdad, la campaña nunca se detuvo.

Por si algo faltara, luego que el 25 de octubre en primera vuelta o el 25 de noviembre en ballottage se elija al próximo Presidente, el país continuará paralizado porque comienza el periodo de transición, de traspaso de mando que se concreta el 10 de diciembre.

Claro, y el 10 de diciembre, el nuevo gobierno tiene que tomar funciones, acomodarse, designar a los funcionarios del gabinete nacional pero también a los de segunda, tercera y séptima línea.

Y el 2015 concluirá como el año en que un país fue vaciado de decisiones, carente de alguna de las tantas soluciones que se requieren y, literalmente, inactivo, por la campaña electoral. Eso sí, con gobierno nuevo.

Una oportunidad perdida

Cristina Fernández dejó pasar la oportunidad de mostrarse como una estadista que deja el poder luego de 12 años de gobierno kirchnerista y que, conocedora de la Realpolitik argentina, se ubica por sobre los problemas y conflictos banales, pensando en la historia grande del país.

La Presidenta hizo perder casi cuatro horas de tiempo a 40 millones de argentinos que hubieran preferido admitir, al menos gran parte de ellos, que su último discurso ante la Asamblea Legislativa fue convocante, con la mirada hacia el futuro, y llamando a la unidad, aunque tardía, de todos los argentinos.

Muy por el contrario, la mandataria ensayó un discurso que, salvo por la extensión, no se diferenció en nada de las habituales cadenas nacionales donde ensaya un autoelogio de su gestión, critica a la oposición y a todo el que piense distinto y luego envía un proyecto de ley para que la mayoría automática que ostenta en el Parlamento lo apruebe, creyendo que con eso logra acallar los reclamos de un sector mayoritario de la sociedad.

El discurso presidencial en el Congreso careció de iniciativas que busquen disminuir, al menos en apariencia, la “grieta” que el kirchnerismo trazó en la última década o las carencias que no pudo resolver la actual gestión. Sólo se limitó a proponer la estatización de los ferrocarriles, como si el buen o mal funcionamiento de los trenes, que en el 2012 provocaron la tragedia de Once con 51 muertes, dependiera del manejo estatal o privado. Como si el único tema pendiente de la era K fuera el funcionamiento de los trenes.

¿No habrá considerado siquiera, como deuda pendiente la Presidenta, la inseguridad, la inflación, la lucha contra el narcotráfico o la corrupción? ¿Es posible que Cristina Fernández no haya mencionado ninguna de esas palabras en tres horas 40 minutos de exposición?

El mensaje de despedida de la Presidenta, del Congreso Nacional, fue la impronta que deja el gobierno kirchnerista en su paso por el poder: la confrontación.

Comenzó su exposición criticando a los opositores por lo que consideró un apoyo interno a los fondos buitre; le enrostró el desendeudamiento y lo “poco” que va a tener que pagar el próximo Gobierno en materia de deuda pública sin mencionar los subsidios y el atraso tarifario que deja como herencia. Ironizó con el “partido judicial”, cuando fue el kirchnerismo quien designó a más de la mitad de los jueces nacionales. Y cuando se había animado a “interactuar”, eso sí con chicanas, nunca con una expresión de respeto, con los opositores del PRO, por el respaldo de Mauricio Macri a las “banderas” del Justicialismo, la Presidenta estalló.

Los carteles en la banca de tres diputados de la oposición –Claudio Lozano, Brenda Arenas y Omar Barchetta- que encolerizaron a Cristina Fernández no decían “El gobierno mató a Nisman”, ni “Cristina encubridora” o “Kirchnerismo=impunidad”. Los carteles solo decían “AMIA: apertura de los archivos” y “AMIA: Comisión investigadora”. Por eso, es incomprensible el enojo con el Poder Judicial que, hasta hace poco tiempo, era un aliado del gobierno nacional, que exculpó al kirchnerismo de varias causas por corrupción e enriquecimiento ilícito.

Mas aún. Si no hubiera sido por esos carteles, la Presidenta no se habría referido a la muerte del ex fiscal Alberto Nisman ni a la denuncia en su contra por el caso AMIA. Ni siquiera tuvo el buen tino, como sí lo hizo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de proponer un minuto de silencio por la muerte del fiscal en el juicio a las Juntas Militares Julio César Strassera.

Muy por el contrario, quizás en un fallido que muestra la imagen que ve frente a su espejo, Cristina Fernández se comparó con Evita al señalar que ni siquiera “la abanderada de los humildes” logró, casi 70 años atrás, otorgarles los derechos que ella sí había conseguido a las personas que realizan tareas de limpieza en los hogares.

El discurso de la Presidenta careció de la visión de un estadista y derramó un lenguaje mediocre, de barricada, que poco tiene que ver con las obligaciones institucionales, republicanas, de un Jefe de Estado, mas allá de las ambiciones de la oposición.

“No somos idiotas, señores”, les dijo a los presentes, cuando afirmó que el Gobierno no tomaría ninguna medida que atente contra el empleo; “¡Hay que ser estúpidos”, exclamó, cuando rechazó las críticas al acuerdo de cooperación e inversión firmado con China; “Solo faltó que dijeran que nos iban a violar a todos”, bramó, al rechazar los vaticinios que auguraban un mal fin de año en el 2014. ¿Este es el lenguaje de una Presidenta que deja el poder e intenta seducir a todos los argentinos?¿Son estas las expresiones de un jefe de Estado que busca dar una imagen componedora y de consenso?¿Es un discurso propio de un líder político que quiere atraer a los votantes para que en octubre se pronuncien por el candidato de su espacio y le permita a su partido continuar en el poder? Nada de eso.

Cristina Kirchner se dirigió al Congreso Nacional y a los argentinos que siguieron su discurso como si se tratara de una charla que no le interesaba dar, cómo si a nadie quisiera convencer, ni atraer, ni seducir.  Poco favor le hizo a quienes aspiran a sucederla por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, Florencio Randazzo o Aníbal Fernández, que siguieron las alternativas de la tertulia que ofreció la Presidenta.

Ni anuncios, ni políticas de Estado, ni gestos, ni mas diálogo, ni consenso, ni convocatoria. El último discurso de Cristina Fernández de Kirchner resultó ser para el olvido, que tal vez pase a la historia no por lo que sentenció, sino por lo que no dijo.

Los ciudadanos, indefensos

¿Qué tan necesario es que los ciudadanos tengan una persona, un funcionario que defienda sus derechos?

Alguien que desde el Estado –no del gobierno de turno- defienda y proteja los derechos que todos los ciudadanos tienen y que están garantizados en la Constitución Nacional pero, como nadie los respeta, se encargue de hacerlos respetar.

Una persona que pueda y tenga las herramientas para investigar, inspeccionar, verificar, solicitar expedientes, informes, antecedentes y hasta requerir la intervención de la Justicia para defender a los habitantes de este país. Que pueda prevenir un problema que afecte a alguien o exigir la reparación monetaria o de hecho, ante la violación de alguno de los derechos.

Un funcionario a quien cualquier persona, mas allá de clase social, raza o edad, pueda contactar y presentarle su problema a través de una simple nota escrita con los datos correspondientes. Y asesore al damnificado y lo represente.

Un miembro del Estado que, en nombre de los ciudadanos, reclame por la erradicación de un basural; el mal estado de una ruta o de un hospital; por la desaparición de una persona o directamente contra la trata de personas, la violencia de género; o bien hacer valer los derechos de los jubilados, las comunidades indígenas o los discapacitados.

Un órgano que pueda exigir a una provincia que cumpla con la Ley de Glaciares o que pare el desmonte; la asistencia a las víctimas de la Tragedia de Once; que retrotraiga las tarifas de luz de miles de damnificados a la Secretaria de Energía; la prohibición de un agroquímico porque es cancerígeno; el abastecimiento de la garrafa social o por la falta de cumplimiento de una obra social.

Esa persona, ese alguien, ese organismo existe desde hace 20 años en la Argentina. Se llama Defensor del Pueblo de la Nación.

Sin embargo, llamativamente, a ningún gobierno le interesó difundir su figura, sus tareas, ni popularizar su rol. Mas aún, desde abril de 2009, es decir, hace mas de 4 años, no hay Defensor del Pueblo. El último fue el cordobés Eduardo Mondino, que dejó el cargo para dedicarse a la política.

El organismo está acéfalo y solo ha sobrevivido por el accionar de los denominados “adjuntos”, los funcionarios que le siguen en rango al Defensor pero que tienen un poder de maniobra acotado.

¿Por qué no se designa un Defensor del Pueblo de la Nación entonces?

Como en todo organismo de control que defiende los intereses de la gente en contra de los intereses de un gobierno, un Defensor molesta.

La designación la hace el Congreso Nacional y para ello requiere de una mayoría especial, de dos tercios. El perfil del defensor debe ser alguien idóneo para el cargo, que no esté identificado con ningún partido ni actor político, mucho menos con un gobierno ya sea a favor o en contra.

El kirchnerismo ha intentado en varias oportunidades designar para el cargo a alguien afín. Es decir, designar a alguien que no reclame nada que moleste al gobierno nacional. Por ese motivo, nunca hubo consenso en el Congreso. Mientras, los únicos perjudicados, como suele suceder, son las personas.

No existen las casualidades. Al kirchnerismo no le interesa designar a alguien probo, sin ningún tipo de cuestionamientos para poder defender los derechos de las personas.

Pruebas, sobran. Este gobierno miró para otro lado en otro organismo clave para investigar, justamente, casos de corrupción en el Estado como la Fiscalía Nacional de Investigaciones. Está acéfala desde el 2009. La Sindicatura General de la Nación, que debe controlar que el Estado cumpla con las normas está a cargo de Daniel Reposo, un funcionario que fue nominado para la Procuraduría General de la Nación, pero cuyo pliego fue rechazado por parcialidad, o sea, por declararse kirchnerista. ¿Cómo u kirchnerista puede controlar al gobierno kirchnerista desde la SIGEN? La Oficina Anticorrupción (su nombre lo dice todo), es un área dependiente del gobierno. Otra vez. ¿Cómo puede controlar un área que depende política y económicamente del gobierno, al gobierno? Prueba de ello es que, pudiendo ser querellante, ni siquiera ha contribuido en los grandes casos de corrupción de la actualidad como los que involucran al vicepresidente Amado Boudou.

Las casualidades no existen. Por eso, con suerte, habrá que esperar a la llegada del próximo gobierno para conocer el rostro del Defensor del Pueblo de la Nación. Nada más y nada menos.

La changa de ser diputado o senador

¿A quien no le gustaría tener una changa de unos 50 mil pesos mensuales? Los requisitos, tener mas de 25 años o de 30, según el caso; haber ejercido entre 4 y 6 años la ciudadanía argentina (por ejemplo, haber ido a votar) y ser natural de alguna provincia en particular o haber residido en ella al menos dos años. Nada más.

La carga horaria es muy llevadera. Se trabaja, por lo general, de martes a jueves, aunque hay semanas que “por ahí no hay nada para hacer”. Además de sábados y domingos, los lunes y los viernes son francos, salvo excepciones, claro.

En cuanto a las vacaciones, es muy flexible el asunto. Si no hay sesiones extraordinarias, el año laboral culmina el 30 de noviembre y después, “nos vemos en marzo”. Eso sí, el 1 de Marzo. Si hay sesiones extraordinarias, por ahí se trabajan algunos días de diciembre. Mientras que en el invierno, por las dudas, hay dos semanitas de receso. Es decir, al menos unos 3 meses al año de vacaciones. No está mal.

Con un plus de que cada dos años, en época electoral, el lugar de trabajo permanece prácticamente cerrado.

La exigencia laboral es a voluntad. Hay quienes ponen sus conocimientos y empeño aportando innumerables proyectos de ley que enriquecen el debate, estudian los textos, discuten, reclaman, denuncian; pero también los hay los que solo aparecen en las reuniones de comisiones para levantar la mano y después lo mismo en el recinto para presionar el botón de su voto afirmativo cuando “desde arriba” piden por un proyecto de ley, y nadie les conoce la cara ni la voz porque escapan a los discursos, los micrófonos y las cámaras.

En todos los casos, el mayor compromiso es estar presente al momento de votar. Pero lo más importante del trabajo, además del sueldo, es que para muchos es una “changa”, un “laburito” extra, porque no hay ninguna norma que exija exclusividad o dedicación “full time”.

La única prohibición que figura en el artículo 72 de la Constitución Nacional es que “ningún miembro del Congreso” puede, además, tener un empleo en el Poder Ejecutivo, aunque “sin previo conocimiento de la Cámara respectiva”. Hasta en esos casos hay excepciones.

Los diputados y senadores nacionales, habitantes del Congreso de la Nación, son trabajadores privilegiados. Extensa es la nómina de quienes cuentan con una profesión además de su “trabajo” de legisladores, ya sea como abogados, contadores, médicos, sindicalistas, empresarios y hasta actores. Lo cierto es que como ni la Constitución Nacional ni otra normativa les prohíbe ejercer otra profesión, parte de su tiempo se dedican a legislar y otro, a cumplir con sus tareas habituales.

Para muchos, el Congreso Nacional es la “vidriera” para luego recibir en sus estudios, a nuevos clientes ávidos por ser defendidos por “alguien famoso” y así tener una remuneración paralela. En algunos casos, hasta puede sospecharse que, en verdad, el de diputado o senador sea un segundo trabajo, por cierto muy bien pago.

Recientemente en el Parlamento de Perú, los legisladores discutieron la necesidad de que su cargo de sea ejercido con dedicación exclusiva, con la finalidad de evitar incompatibilidades y actos de corrupción.

En Argentina, de acuerdo con un relevamiento de la Fundación Directorio Legislativo, casi la mitad de los diputados nacionales con mandato hasta el 2013 (mas de 50) recibían un doble ingreso: el sueldo de legislador y otra remuneración en la actividad privada.

A principio de año se fijó que un diputado del interior del país cobraría, en neto, unos 50 mil pesos incluido el plus de desarraigo (por vivir en otra provincia y viajar todas las semanas a Buenos Aires). En el caso de los senadores, un informe reciente señala que el sueldo para alguien del interior alcanza los 60 mil pesos, si es que canjea los pasajes aéreos que tiene en su haber.

No obstante, al margen de que la Constitución Nacional no exige que un diputado o un senador se dedique exclusivamente a cumplir ese rol, teniendo en cuenta que el sueldo es bueno y que la sociedad requiere del trabajo permanente de sus representantes, lo concreto es que ningún ciudadano puede acceder en la actualidad a la información que detalla el sueldo de cada miembro del Congreso nacional. ¿Por qué? Si el dinero sale del Tesoro nacional, o sea, lo paga la gente y debería tener derecho a saber en qué se gasta su dinero.

En efecto, recientemente trascendió que en los últimos 30 meses ingresaron al Congreso unos 2 mil empleados. Y en ello mucho tienen que ver los legisladores. Por ejemplo los senadores, cuentan con un presupuesto cercano a los 300 mil pesos para nombrar la cantidad de asesores que requieran por esa suma. Por ello, muchos de los “asesores” de los senadores no trabajan en el Congreso sino en sus provincias de origen (Ej: los asesores de un senador santafecino se quedan en Santa Fe), haciendo vaya a saber qué tipo de trabajos.

El cliché acerca de “la necesidad de respetar las instituciones” tiene que ver, en alto grado, con el compromiso de los diputados y senadores con la sociedad. Cualquier ciudadano podría comparar el bajo nivel intelectual y de empeño en que se encuentra hoy el Congreso Nacional respecto a décadas anteriores.

El altísimo rol de los legisladores que, por definición, en el caso de los diputados es representar a los ciudadanos que los eligen en cada jurisdicción para que atiendan y defiendan sus intereses, y de los senadores, de cumplir igual función pero defendiendo a la provincia o estado que representan, se ha banalizado y en gran cantidad de casos, se trata de personas que a nadie representan ni defienden, mas que “acompañar tácitamente” la orden de su partido de decir “si” o “no”.

Un legislador nacional debe tener un muy buen sueldo y ciertas prerrogativas para cumplir con sus tareas. Pero la dedicación debe ser “full time”, sin “distraerse” con otros intereses que los de la Nación en su conjunto, demostrando a la sociedad que ya sea a través de su experiencia comunitaria o de su conocimiento académico, tiene algo para aportarle a la sociedad desde una banca.

Porque las críticas arrecian cuándo esa sociedad no ve los resultados de debates y leyes que mejoren su vida diaria, y en distintas ocasiones lo único que observa son contubernios, shows mediáticos y puestas en escenas de políticos que cobran muy bien, trabajan movilizados solo por intereses partidarios y, además, forjan ingresos paralelos en la actividad privada.

El consumidor, una molestia para el gobierno

La presidente Cristina Fernández ensayó mostrarse activa y pro defensa de los consumidores al anunciar en los últimos días el envío al Congreso nacional de tres proyectos de ley con el objetivo de conseguir, dijo, “el empoderamiento del consumidor”.

En realidad, lo que hizo la Presidenta fue “pasarle la pelota” a la Justicia, mientras el gobierno, el Estado, sigue considerando al consumidor una molestia.

Desde que en 1994 se reformó la Constitución Nacional y, en su artículo 42 se hizo hincapié en la necesidad de defender al consumidor, ningún gobierno –el de Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Néstor Kirchner- hizo algo concreto para cumplir con esa idea.

¿Qué dice ese artículo 42 sobre los derechos de los consumidores? Que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

La Presidente volvió a plantear un problema, como el de la falta de amparo de los consumidores, como una cuestión ajena al Estado y al Poder Ejecutivo, como un problema entre los empresarios y los usuarios.

Por eso, en uno de los proyectos enviados al Congreso, el gobierno nacional propone crear una instancia de conciliación obligatoria entre empresas y usuarios, una autoridad administrativa con capacidad para otorgar indemnizaciones y un nuevo fuero judicial: la Justicia del Consumidor. Hasta ahí, bienvenido sea, después de 11 años de gestión.

¿Y el Estado? La Presidente sólo dio mayor poder a la Secretaría de Comercio, ya no para encarcelar a nadie sino para aumentar las multas.

Si, como dijo la jefa de Estado, los consumidores son los principales actores del siglo XXI, ¿por qué hizo aprobar en el Congreso Nacional la Ley de responsabilidad del Estado, que en uno de sus artículos le otorga toda la responsabilidad a los concesionarios de Servicios Públicos y ya ninguna al Estado?

En su discurso, Cristina Fernández destacó, a modo de revelación de una estadística que desconocía, que la telefonía celular encabeza el principal rubro de denuncia, con 60 millones de aparatos en manos de 40 millones de argentinos. ¿Sabrá la Presidenta que la telefonía celular no es un servicio público porque el oficialismo se niega a aprobar los proyectos que hay en ese sentido? ¿Y que si fuera un servicio público, al menos habría una organismo que controlara específicamente ese servicio y no como ahora, donde hay tres personas que se dedican a controlar toda la telefonía móvil? Tres personas, según informes de la Auditoría General de la Nación.

¿Por qué no envía un proyecto para sancionar o enjuiciar a aquéllos integrantes de los Entes Reguladores que no hacen absolutamente nada por defender a los usuarios de las prácticas fraudulentas que padecen en servicios como los teléfonos y celulares, el transporte de pasajeros, Internet, la medicina prepaga, la televisión por cable, la energía eléctrica, los medicamentos, etc, etc.

Si a alguien se le ocurriera hacer una mega encuesta consultando a los ciudadanos qué es un Ente regulador y cuántas veces ha denunciado o han defendido sus derechos como consumidor desde un Ente Regulador, seguramente una amplia mayoría no sabría qué responder.

Aunque usted no lo crea, los Entes Reguladores son los órganos que monitorean el cumplimiento de los contratos de concesión de los servicios públicos. Nada menos. Y además, deberían viabilizar quejas y reclamos por parte de los consumidores.

Si tienen un problema con los teléfonos fijos (no los celulares, porque el oficialismo no lo considera un servicio público) vuestro defensor es la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC); si el asunto son los cortes de electricidad que echaron a perder los alimentos de la heladera, se encarga el Ente Nacional de la Regulación de la Energía (ENRE); si se trata de algún problemita con los transportes, los colectivos, los trenes, allí se hace cargo de todo Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La realidad es que nadie los conoce, no hacen nada para que los usuarios los conozcan y en su mayoría, son funcionarios designados por el gobierno de turno. Y como si fuera poco, cobran por su no trabajo. ¿Cuál será su sueldo?

La iniciativa del Gobierno nacional, además de ser tardía porque resulta 11 años después del inicio de la gestión kirchnerista y 20 años después de su aprobación en la reforma constitucional de 1994, es probable que ni siquiera sea puesta en marcha durante el mandato de Cristina Fernández.

La creación de una Justicia del consumidor, así como un sistema de conciliación, implica designaciones y nombramientos de funcionarios judiciales, así como la disposición de estructura y empleados. Actualmente, son muchos los juzgados y fiscalías vacantes en distintos fueros, mientras el Poder Judicial se caracteriza por contar con un sistema y tecnologías arcaico, con despachos y oficinas abarrotadas de expedientes y con escaso personal.

Por eso, la década ganada para algunos, no tendrá entre sus ganadores a los consumidores que han sido testigos del desguace del Estado en los 90 y luego de un Estado omnipotente que puso su pie sobre la cabeza de los consumidores o bien, cuando el pie era de las empresas concesionarias de los servicios públicos, miró para otro lado.