¿Qué tan necesario es que los ciudadanos tengan una persona, un funcionario que defienda sus derechos?

Alguien que desde el Estado –no del gobierno de turno- defienda y proteja los derechos que todos los ciudadanos tienen y que están garantizados en la Constitución Nacional pero, como nadie los respeta, se encargue de hacerlos respetar.

Una persona que pueda y tenga las herramientas para investigar, inspeccionar, verificar, solicitar expedientes, informes, antecedentes y hasta requerir la intervención de la Justicia para defender a los habitantes de este país. Que pueda prevenir un problema que afecte a alguien o exigir la reparación monetaria o de hecho, ante la violación de alguno de los derechos.

Un funcionario a quien cualquier persona, mas allá de clase social, raza o edad, pueda contactar y presentarle su problema a través de una simple nota escrita con los datos correspondientes. Y asesore al damnificado y lo represente.

Un miembro del Estado que, en nombre de los ciudadanos, reclame por la erradicación de un basural; el mal estado de una ruta o de un hospital; por la desaparición de una persona o directamente contra la trata de personas, la violencia de género; o bien hacer valer los derechos de los jubilados, las comunidades indígenas o los discapacitados.

Un órgano que pueda exigir a una provincia que cumpla con la Ley de Glaciares o que pare el desmonte; la asistencia a las víctimas de la Tragedia de Once; que retrotraiga las tarifas de luz de miles de damnificados a la Secretaria de Energía; la prohibición de un agroquímico porque es cancerígeno; el abastecimiento de la garrafa social o por la falta de cumplimiento de una obra social.

Esa persona, ese alguien, ese organismo existe desde hace 20 años en la Argentina. Se llama Defensor del Pueblo de la Nación.

Sin embargo, llamativamente, a ningún gobierno le interesó difundir su figura, sus tareas, ni popularizar su rol. Mas aún, desde abril de 2009, es decir, hace mas de 4 años, no hay Defensor del Pueblo. El último fue el cordobés Eduardo Mondino, que dejó el cargo para dedicarse a la política.

El organismo está acéfalo y solo ha sobrevivido por el accionar de los denominados “adjuntos”, los funcionarios que le siguen en rango al Defensor pero que tienen un poder de maniobra acotado.

¿Por qué no se designa un Defensor del Pueblo de la Nación entonces?

Como en todo organismo de control que defiende los intereses de la gente en contra de los intereses de un gobierno, un Defensor molesta.

La designación la hace el Congreso Nacional y para ello requiere de una mayoría especial, de dos tercios. El perfil del defensor debe ser alguien idóneo para el cargo, que no esté identificado con ningún partido ni actor político, mucho menos con un gobierno ya sea a favor o en contra.

El kirchnerismo ha intentado en varias oportunidades designar para el cargo a alguien afín. Es decir, designar a alguien que no reclame nada que moleste al gobierno nacional. Por ese motivo, nunca hubo consenso en el Congreso. Mientras, los únicos perjudicados, como suele suceder, son las personas.

No existen las casualidades. Al kirchnerismo no le interesa designar a alguien probo, sin ningún tipo de cuestionamientos para poder defender los derechos de las personas.

Pruebas, sobran. Este gobierno miró para otro lado en otro organismo clave para investigar, justamente, casos de corrupción en el Estado como la Fiscalía Nacional de Investigaciones. Está acéfala desde el 2009. La Sindicatura General de la Nación, que debe controlar que el Estado cumpla con las normas está a cargo de Daniel Reposo, un funcionario que fue nominado para la Procuraduría General de la Nación, pero cuyo pliego fue rechazado por parcialidad, o sea, por declararse kirchnerista. ¿Cómo u kirchnerista puede controlar al gobierno kirchnerista desde la SIGEN? La Oficina Anticorrupción (su nombre lo dice todo), es un área dependiente del gobierno. Otra vez. ¿Cómo puede controlar un área que depende política y económicamente del gobierno, al gobierno? Prueba de ello es que, pudiendo ser querellante, ni siquiera ha contribuido en los grandes casos de corrupción de la actualidad como los que involucran al vicepresidente Amado Boudou.

Las casualidades no existen. Por eso, con suerte, habrá que esperar a la llegada del próximo gobierno para conocer el rostro del Defensor del Pueblo de la Nación. Nada más y nada menos.