Todas las mañana, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, da respuesta a los temas diarios planteados por la prensa acreditada en la Casa Rosada. No es casual que una de las consultas que se repite esté relacionada con los hechos de inseguridad.

A modo de mensaje de un contestador o de locutor publicitario que lea la letra chica de una propuesta comercial, ante la consulta sobre las protestas realizadas en los últimos días en esta Capital, la ciudad de Rosario y el Gran Buenos Aires en reclamo de seguridad, Capitanich repite cosas como “los reclamos por la inseguridad deben estar dirigidos a los gobernadores, que tienen responsabilidad primaria en la materia”.

Por orden de Cristina Fernández, porque cualquiera comprende que un Jefe de Gabinete dice lo que dice por convicción pero también porque se lo ordena su superior, el Presidente, Capitanich argumenta, con una pobreza intelectual llamativa, que “de acuerdo con la Constitución Nacional argentina, el país adopta un sistema representativo, republicano y federal, es decir que existen autonomías de la provincias para el desenvolvimiento de determinado tipo de cuestiones básicas, esenciales e indelegables, y la seguridad pública es una de ellas”.

Según Capitanich y, por ende, la Presidenta, el gobierno nacional tiene las manos atadas para actuar en materia de Seguridad porque es una facultad de las Provincias. Falso. Tanto, que merecería figurar en el Manual de Zonceras Argentinas de Arturo Jauretche, tan recitado por Cristina Fernández como por varios de sus ministros.

De acuerdo con “sensaciones”, “interpretaciones” pero también innumerables estudios de opinión, una de las dos principales preocupaciones que padecen los argentinos es la inseguridad. Pero esto no es un fenómeno actual.

En agosto de 2004 (Néstor Kirchner era el Presidente), una encuesta de Mora y Araujo reflejaba que el primer tema que más preocupaba a la población era la “falta de empleo” y, en segundo lugar, la “inseguridad”. En la actualidad, la “falta de empleo” fue reemplazada por la “inflación”, pero la “inseguridad” persiste.

Evidentemente cuando Capitanich recita la excusa de que la seguridad es responsabilidad de las Provincias, no sólo ignora la legislación vigente y la función que cumple el Ministerio de Seguridad de la Nación sino también la propia historia del gobierno kirchnerista.

Corría el 2004 y la sociedad recibió un duro golpe: el asesinato de un joven llamado Axel Blumberg que osó escapar de sus secuestradores. Como reacción imponente su padre, Juan Carlos Blumberg, encabezó una multitudinaria marcha de unas 150 mil personas al Congreso.

Ante ese cuadro y a poco de asumir, Néstor Kirchner intentó dar respuesta. Ordenó elaborar un programa y junto a su ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, lanzó el “Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007).

¿Quién decía esto al referirse a la inseguridad y el combate contra el delito?

“Tenemos que proceder, caiga quien caiga, limpiar la fuerza, premiar la honestidad y devolverle la confianza en las instituciones a la gente, esto hay que hacerlo sin ningún tipo de concesión. No hay salidas intermedias”.  Néstor Kirchner, el 1 de abril del 2004

El plan comprendía, entre sus puntos, la creación de una Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior. Un área de investigaciones criminales y un Cuerpo Nacional de Paz compuesto por 6 mil hombres de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

¿Cuál era su rol? Agrupar y “coordinar todas las áreas de investigaciones de las fuerzas federales sobre el crimen organizado”. Con una “acción con sentido federal con todas las fuerzas provinciales del país”. En ese momento, la acción de la nueva fuerza estaba dirigida a combatir los desarmaderos, los secuestros extorsivos, así como los delitos relacionados con el lavado de dinero

El Plan, como el que aún esperan en vano cada día los ciudadanos, pero solo escuchan del gobierno nacional excusas, planteaba seis Capítulos. El primero sobre la nueva fuerza de seguridad y los siguientes sobre la Justicia, un reordenamiento general para hacerla mas eficiente contra el delito; participación y control ciudadano; un nuevo sistema Penitenciario; el financiamiento de los sistemas de seguridad y Justicia; equipamiento y nuevas tecnologías.

Asimismo, el objetivo era que los miembros de esta Agencia actuaran “como asistencia federal y policía de seguridad en las zonas más críticas, cuando su presencia sea requerida en el marco de la ley de seguridad interior”. La Ley de Seguridad interior, lo que Capitanich oculta.

Una marcha con incidentes contra la Legislatura porteña y polémicas declaraciones de Beliz sosteniendo que había “mafias enquistadas en la Side, la federal y la Justicia” –¿no era o es verdad?- provocaron que Kirchner le pidiera su renuncia y la de sus colaboradores. El Plan de seguridad terminó en un cesto de basura. Los efectos de la marcha de Blumberg se habían apaciguado. Ya no hacía falta continuar con el show de combatir al delito.

Lo cierto es que la legislación vigente, por mal que le pese a Capitanich, permite al gobierno de Cristina Fernández hacer algo por la inseguridad. Pero como no es una “obligación”, todo está supeditado a la “voluntad política”. Que evidentemente no la hay.

La Ley 24.059 de Seguridad Interior, modificada y actualizada varias veces desde el retorno de la Democracia, echa por tierra la argumentación diaria del Jefe de Gabinete.

En su artículo 1 es inobjetable. “La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior”.

En ese sentido, define seguridad interior “a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”. Totalmente ajustable a la situación de inseguridad actual.

Pero la norma avanza, en la responsabilidad del gobierno nacional de Cristina Fernández en el ejercicio de la seguridad de los habitantes. En su artículo 7, se declara que forman parte del sistema de seguridad interior: a) El Presidente de la Nación; b) Los gobernadores de las provincias que adhieran a la presente ley; c) El Congreso Nacional; d) Los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia; e) La Policía Federal y las policías provinciales de aquellas provincias que adhieran a la presente: f) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

En más de una oportunidad, el mismo día en que Capitanich decía que la seguridad es responsabilidad de las provincias, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Secretario Sergio Berni se pronunciaba sobre algun hecho de inseguridad o un episodio delictivo. Mas aún, al parecer, el Jefe de Gabinete desconoce la función del Ministerio de Seguridad, que figura a simple vista en su página en Internet.

“Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales“.

¿Queda claro? Las policías provinciales forman parte del sistema de seguridad interior, a cargo de la Presidenta, que delega su responsabilidad en el ministro de Seguridad, Cecilia Rodríguez y su segundo, Sergio Berni.

Pero el peor de los interrogantes es ¿por qué ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández hicieron algo por la inseguridad en la última década, mas allá de paliativos? ¿Impericia, ignorancia, indiferencia?