La presidente Cristina Fernández ensayó mostrarse activa y pro defensa de los consumidores al anunciar en los últimos días el envío al Congreso nacional de tres proyectos de ley con el objetivo de conseguir, dijo, “el empoderamiento del consumidor”.

En realidad, lo que hizo la Presidenta fue “pasarle la pelota” a la Justicia, mientras el gobierno, el Estado, sigue considerando al consumidor una molestia.

Desde que en 1994 se reformó la Constitución Nacional y, en su artículo 42 se hizo hincapié en la necesidad de defender al consumidor, ningún gobierno –el de Carlos Menem, Fernando de la Rúa o Néstor Kirchner- hizo algo concreto para cumplir con esa idea.

¿Qué dice ese artículo 42 sobre los derechos de los consumidores? Que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

La Presidente volvió a plantear un problema, como el de la falta de amparo de los consumidores, como una cuestión ajena al Estado y al Poder Ejecutivo, como un problema entre los empresarios y los usuarios.

Por eso, en uno de los proyectos enviados al Congreso, el gobierno nacional propone crear una instancia de conciliación obligatoria entre empresas y usuarios, una autoridad administrativa con capacidad para otorgar indemnizaciones y un nuevo fuero judicial: la Justicia del Consumidor. Hasta ahí, bienvenido sea, después de 11 años de gestión.

¿Y el Estado? La Presidente sólo dio mayor poder a la Secretaría de Comercio, ya no para encarcelar a nadie sino para aumentar las multas.

Si, como dijo la jefa de Estado, los consumidores son los principales actores del siglo XXI, ¿por qué hizo aprobar en el Congreso Nacional la Ley de responsabilidad del Estado, que en uno de sus artículos le otorga toda la responsabilidad a los concesionarios de Servicios Públicos y ya ninguna al Estado?

En su discurso, Cristina Fernández destacó, a modo de revelación de una estadística que desconocía, que la telefonía celular encabeza el principal rubro de denuncia, con 60 millones de aparatos en manos de 40 millones de argentinos. ¿Sabrá la Presidenta que la telefonía celular no es un servicio público porque el oficialismo se niega a aprobar los proyectos que hay en ese sentido? ¿Y que si fuera un servicio público, al menos habría una organismo que controlara específicamente ese servicio y no como ahora, donde hay tres personas que se dedican a controlar toda la telefonía móvil? Tres personas, según informes de la Auditoría General de la Nación.

¿Por qué no envía un proyecto para sancionar o enjuiciar a aquéllos integrantes de los Entes Reguladores que no hacen absolutamente nada por defender a los usuarios de las prácticas fraudulentas que padecen en servicios como los teléfonos y celulares, el transporte de pasajeros, Internet, la medicina prepaga, la televisión por cable, la energía eléctrica, los medicamentos, etc, etc.

Si a alguien se le ocurriera hacer una mega encuesta consultando a los ciudadanos qué es un Ente regulador y cuántas veces ha denunciado o han defendido sus derechos como consumidor desde un Ente Regulador, seguramente una amplia mayoría no sabría qué responder.

Aunque usted no lo crea, los Entes Reguladores son los órganos que monitorean el cumplimiento de los contratos de concesión de los servicios públicos. Nada menos. Y además, deberían viabilizar quejas y reclamos por parte de los consumidores.

Si tienen un problema con los teléfonos fijos (no los celulares, porque el oficialismo no lo considera un servicio público) vuestro defensor es la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC); si el asunto son los cortes de electricidad que echaron a perder los alimentos de la heladera, se encarga el Ente Nacional de la Regulación de la Energía (ENRE); si se trata de algún problemita con los transportes, los colectivos, los trenes, allí se hace cargo de todo Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La realidad es que nadie los conoce, no hacen nada para que los usuarios los conozcan y en su mayoría, son funcionarios designados por el gobierno de turno. Y como si fuera poco, cobran por su no trabajo. ¿Cuál será su sueldo?

La iniciativa del Gobierno nacional, además de ser tardía porque resulta 11 años después del inicio de la gestión kirchnerista y 20 años después de su aprobación en la reforma constitucional de 1994, es probable que ni siquiera sea puesta en marcha durante el mandato de Cristina Fernández.

La creación de una Justicia del consumidor, así como un sistema de conciliación, implica designaciones y nombramientos de funcionarios judiciales, así como la disposición de estructura y empleados. Actualmente, son muchos los juzgados y fiscalías vacantes en distintos fueros, mientras el Poder Judicial se caracteriza por contar con un sistema y tecnologías arcaico, con despachos y oficinas abarrotadas de expedientes y con escaso personal.

Por eso, la década ganada para algunos, no tendrá entre sus ganadores a los consumidores que han sido testigos del desguace del Estado en los 90 y luego de un Estado omnipotente que puso su pie sobre la cabeza de los consumidores o bien, cuando el pie era de las empresas concesionarias de los servicios públicos, miró para otro lado.