Una larga lista de diferencias económicas, culturales, políticas, demográficas, históricas y filosóficas separa a la República Popular China de la Argentina.

Durante la reciente visita de Estado del mandatario chino, Xi Jinping, para anunciar algo mas de 8 mil millones de dólares en inversiones para dos represas en la provincia de Santa Cruz y el mejoramiento del servicio del ferrocarril Belgrano Cargas, pasó desapercibida una de las diferencias principales: qué hacer con la corrupción.

La foto del líder asiático con la presidente Cristina Fernández reflejó a un mandatario que tomó la decisión de combatirla -empezando por casa, el gobernante Partido Comunista Chino (PCCh), y por el Estado- y a una jefa de Estado que mira hacia otro lado.

Mas cruda fue la foto de Xi Jinping con el vicepresidente Amado Boudou. El Presidente del gigante asiático, que dos meses antes de asumir en el poder, en enero de 2013, llamó a luchar contra la corrupción “tanto de tigres como de moscas” y afirmó que “no habrá excepciones”, y un vicepresidente argentino, procesado por la causa Ciccone, sobre quien desde ya rige el principio de inocencia, pero que tiene abierta ocho causas más -esta semana debe declarar en una ante el juez Claudio Bonadío y pronto deberá rendir cuentas por denuncias de enriquecimiento ilícito.

Xi Jinping es considerado en China el presidente que sacudió las estructuras del Partido y del gobierno para erradicar la corrupción, aferrándose al proverbio chino: “Matar la gallina para asustar a los monos”.

El 3 de julio pasado, el gobierno chino informó que unos 63 mil funcionarios habían sido penados, en los primeros cinco meses del año, un 34,7% más que el mismo período de 2013. Wang Qishan, un funcionario cercano a Xi Jinping, se ha convertido en el hombre “temido” por encabezar el Comité de Control Disciplinario del Partido Comunista que, junto con la Agencia Tributaria, persigue a los corruptos.

Así, se multiplicaron las detenciones, juicios y condenas. Bo Xilai, poderoso ex secretario del partido y ex miembro del Politburó, fue destituido de sus cargos. Si bien la detención fue previa a la llegada de Xi Jinping, este utilizó el caso como ejemplo para el resto y Bo Xilai fue condenado a cadena perpetua por sobornos, corrupción y abuso de poder, al igual que su esposa.

Liu Zhijun, ministro de Ferrocarriles durante la presidencia de Hu Jintao -predecesor de Xi Jinping- fue sentenciado a muerte con dos años de suspensión de sentencia a principios de julio por aceptar sobornos; Jiang Jiemin, responsable de la comisión que supervisa a las empresas estatales, fue destituido en septiembre en el marco de una amplia investigación en China National Petroleum Corporation (CNPC); Li Chuncheng, número dos del PC en la provincia de Sichuan, fue destituido en diciembre de 2012 y está bajo escrutinio. También purgó por corrupción al general retirado Xu Caihou, número dos de la jerarquía militar china hasta 2012; a Li Dongsheng, viceministro de Seguridad Pública; y a Wang Yongchun, quien fue ejecutivo de la mayor petrolera estatal, CNPC.

Pero no sólo Xi Jinping inició una cruzada contra la corrupción en la dirigencia política y en el Estado sino que, realmente apuntó contra algunas “corporaciones”. El caso mas resonante es el de la compañía británico GlaxoSmithKline, acusada por la policía china de sobornar a médicos a través de agencias de viaje para promover las ventas de sus medicamentos, por lo que fueron detenidos cuatro de sus directivos. Por otra parte, la televisión estatal china acusó a la francesa Danone de pagar dinero a empleados de hospitales para que dieran su leche maternizada a los recién nacidos. En tanto la prensa china denunció casos de corrupción vinculados a las farmaceúticas Eli Lilly, Novartis y Sanofi.

El caso paradigmático de la nueva ola anticorrupción china es el de magnate de la minería Liu Han, que llegó a aparecer en la lista de la revista Forbes de los empresarios más ricos del mundo. En mayo, un tribunal de Hubei condenó a Liu Han y a su hermano Liu Wei a la pena de muerte por abuso de poder y corrupción.

La Fiscalía Suprema Popular de China registró entre enero y noviembre de 2013 unos 21.800 casos graves de corrupción, según un informe redactado en el marco de la nueva y endurecida estrategia de las autoridades chinas contra los delitos cometidos por sus políticos. A lo largo del año pasado, la Judicatura nacional investigó a 36.900 oficiales sospechosos de corrupción, de los cuales 16.500 originaron algún tipo de pérdida monetaria para los ciudadanos. Según las conclusiones del informe, la suma total del dinero involucrado en estos casos de corrupción alcanzó los 910 millones de dólares.

Impulsar “sin tregua” la creación de un “gobierno limpio” y librar la “guerra anticorrupción”, ¿no son frases que a cualquier argentino le gustaría escuchar y estaría mas que satisfecho si un gobernante las aplicara?

Está claro que sobre China pesan graves denuncias por violación a los derechos humanos, que el órgano que investiga los hechos de corrupción llegó a emplear la tortura en sus procedimientos y que los argentinos rechazan abiertamente la pena capital como sanción. Pero lo que sí es rescatable es la actitud de un gobernante como Xi Jinping -mas allá de si su accionar responde a un interés político/personal de cambiar la imagen de la República Popular China o porque lleva en sus valores el de la honestidad- de combatir la corrupción de una vez por todas.

¿Quién será el Xi Jinping en la Argentina a partir del 2015?