La denominada Generación “Y” de la Argentina (los nacidos entre 1981 y 2000) está en serios problemas y se transformará en una pesada herencia del kirchnerismo para el próximo gobierno que asuma en diciembre de 2015.

Pobres, sin educación ni trabajo, un sector importante de la juventud es de los más golpeados de la sociedad argentina, pese a la denominada “Década ganada” del gobierno kirchnerista. De todas maneras, está claro que más ingresos no significan mas educación y trabajo.

El 42,6% de los chicos del Gran Buenos Aires, menores de 18 años viven en la pobreza.

Son más de 1,3 millones de menores de 18 años que no acceden a bienes básicos, con unos 290.000 son indigentes. Pero aún, en todo el país, el índice es de 38,8%.

Los datos resultan de un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), una casa de estudios reconocida por el Vaticano, cuyo “canciller” es el Arzobispo de Buenos Aires, actualmente el cardenal Mario Poli, sucesor de Jorge Bergoglio, convertido hoy en el Papa Francisco. La UCA es el Papa.

El problema es que se prevé que la tendencia de crecimiento de la pobreza infantil continúe este año, a raíz de la inflación que para algunos resulta irreversible que se ubique en torno al 40 por ciento.

¿Existe algún país en el mundo que pueda crecer y mejorar la vida de sus habitantes con un 40 por ciento de inflación? Una buena pregunta para el ministro de Economía estrella del gobierno, Axel Kicillof. No existe.

De manual, el “Refutador de críticas al gobierno”, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, echó mano a un recurso muy audaz para alguien que utiliza los números para rebatir los guarismos de la UCA, de la inflación o la inseguridad.

Como el Indec, que ya de por sí no es creíble para la opinión pública, no ha difundido desde hace tiempo el índice de pobreza, Capitanich intentó minar de sospecha el informe de la UCA, a pura verborragia y tecnicismos que intentan decir algo, sin decir realmente nada.

El indec es un fiel reflejo de la lógica del gobierno de Cristina Fernández: si no hay estadísticas, el problema no existe. No hay inflación; nadie es víctima de delitos ni hay muertes; no hay pobres.

Otra arista de la situación de la Generación “Y” argentina también la planteó el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, relacionada con la deserción escolar. El informe asegura que el 19 % de los adolescentes en los primeros años del nivel medio y el 41 % en los últimos años no asisten a la escuela o están atrasados respecto de su edad.

Pero el trabajo de la UCA no hace mas que complementar otros estudios recientes como el realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que indica que en la provincia de Buenos Aires, el 16% de los jóvenes entre los 15 y los 19 años no estudia ni trabaja.

Sin embargo, un nuevo dato contribuye a la “sensación”, como se ha dicho alguna vez desde el kirchnerismo sobre la inseguridad, de que la sociedad argentina está ante la presencia de varias generaciones perdidas. En el universo de los “ni-ni” (ni estudia-ni trabaja), el 75 por ciento son mujeres, y la mitad de ellas (un 52 por ciento) son madres.

La década ganada agrega una nueva postal a su álbum: a la foto de los chicos del paco, y la de los jóvenes que no tienen cultura de trabajo porque su familia vive del asistencialismo que no es lo mismo que la dignidad que otorga una tarea remunerada, se suma de las miles de jóvenes embarazadas en la adolescencia.

¿Cuál es el plan? Tal vez detrás de miles y miles de jóvenes que no trabajan, no estudian, y son padres y madres tempranos de media docena de niños, exista una idea revolucionaria que el resto de los mortales que vive en la Argentina no logró comprender.

A modo de mensaje de un contestador o de locutor publicitario que lea la letra chica de una propuesta comercial, ante la consulta sobre las protestas realizadas en los últimos días en esta Capital, la ciudad de Rosario y el Gran Buenos Aires en reclamo de seguridad, Capitanich repite cosas como “los reclamos por la inseguridad deben estar dirigidos a los gobernadores, que tienen responsabilidad primaria en la materia”.

Por orden de Cristina Fernández, porque cualquiera comprende que un Jefe de Gabinete dice lo que dice por convicción pero también porque se lo ordena su superior, el Presidente, Capitanich argumenta, con una pobreza intelectual llamativa, que “de acuerdo con la Constitución Nacional argentina, el país adopta un sistema representativo, republicano y federal, es decir que existen autonomías de la provincias para el desenvolvimiento de determinado tipo de cuestiones básicas, esenciales e indelegables, y la seguridad pública es una de ellas”.

Según Capitanich y, por ende, la Presidenta, el gobierno nacional tiene las manos atadas para actuar en materia de Seguridad porque es una facultad de las Provincias. Falso. Tanto, que merecería figurar en el Manual de Zonceras Argentinas de Arturo Jauretche, tan recitado por Cristina Fernández como por varios de sus ministros.

De acuerdo con “sensaciones”, “interpretaciones” pero también innumerables estudios de opinión, una de las dos principales preocupaciones que padecen los argentinos es la inseguridad. Pero esto no es un fenómeno actual.

En agosto de 2004 (Néstor Kirchner era el Presidente), una encuesta de Mora y Araujo reflejaba que el primer tema que más preocupaba a la población era la “falta de empleo” y, en segundo lugar, la “inseguridad”. En la actualidad, la “falta de empleo” fue reemplazada por la “inflación”, pero la “inseguridad” persiste.

Evidentemente cuando Capitanich recita la excusa de que la seguridad es responsabilidad de las Provincias, no sólo ignora la legislación vigente y la función que cumple el Ministerio de Seguridad de la Nación sino también la propia historia del gobierno kirchnerista.

Corría el 2004 y la sociedad recibió un duro golpe: el asesinato de un joven llamado Axel Blumberg que osó escapar de sus secuestradores. Como reacción imponente su padre, Juan Carlos Blumberg, encabezó una multitudinaria marcha de unas 150 mil personas al Congreso.

Ante ese cuadro y a poco de asumir, Néstor Kirchner intentó dar respuesta. Ordenó elaborar un programa y junto a su ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, lanzó el “Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007).

¿Quién decía esto al referirse a la inseguridad y el combate contra el delito?

“Tenemos que proceder, caiga quien caiga, limpiar la fuerza, premiar la honestidad y devolverle la confianza en las instituciones a la gente, esto hay que hacerlo sin ningún tipo de concesión. No hay salidas intermedias”.  Néstor Kirchner, el 1 de abril del 2004

El plan comprendía, entre sus puntos, la creación de una Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior. Un área de investigaciones criminales y un Cuerpo Nacional de Paz compuesto por 6 mil hombres de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

¿Cuál era su rol? Agrupar y “coordinar todas las áreas de investigaciones de las fuerzas federales sobre el crimen organizado”. Con una “acción con sentido federal con todas las fuerzas provinciales del país”. En ese momento, la acción de la nueva fuerza estaba dirigida a combatir los desarmaderos, los secuestros extorsivos, así como los delitos relacionados con el lavado de dinero

El Plan, como el que aún esperan en vano cada día los ciudadanos, pero solo escuchan del gobierno nacional excusas, planteaba seis Capítulos. El primero sobre la nueva fuerza de seguridad y los siguientes sobre la Justicia, un reordenamiento general para hacerla mas eficiente contra el delito; participación y control ciudadano; un nuevo sistema Penitenciario; el financiamiento de los sistemas de seguridad y Justicia; equipamiento y nuevas tecnologías.

Asimismo, el objetivo era que los miembros de esta Agencia actuaran “como asistencia federal y policía de seguridad en las zonas más críticas, cuando su presencia sea requerida en el marco de la ley de seguridad interior”. La Ley de Seguridad interior, lo que Capitanich oculta.

Una marcha con incidentes contra la Legislatura porteña y polémicas declaraciones de Beliz sosteniendo que había “mafias enquistadas en la Side, la federal y la Justicia” –¿no era o es verdad?- provocaron que Kirchner le pidiera su renuncia y la de sus colaboradores. El Plan de seguridad terminó en un cesto de basura. Los efectos de la marcha de Blumberg se habían apaciguado. Ya no hacía falta continuar con el show de combatir al delito.

Lo cierto es que la legislación vigente, por mal que le pese a Capitanich, permite al gobierno de Cristina Fernández hacer algo por la inseguridad. Pero como no es una “obligación”, todo está supeditado a la “voluntad política”. Que evidentemente no la hay.

La Ley 24.059 de Seguridad Interior, modificada y actualizada varias veces desde el retorno de la Democracia, echa por tierra la argumentación diaria del Jefe de Gabinete.

En su artículo 1 es inobjetable. “La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior”.

En ese sentido, define seguridad interior “a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”. Totalmente ajustable a la situación de inseguridad actual.

Pero la norma avanza, en la responsabilidad del gobierno nacional de Cristina Fernández en el ejercicio de la seguridad de los habitantes. En su artículo 7, se declara que forman parte del sistema de seguridad interior: a) El Presidente de la Nación; b) Los gobernadores de las provincias que adhieran a la presente ley; c) El Congreso Nacional; d) Los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia; e) La Policía Federal y las policías provinciales de aquellas provincias que adhieran a la presente: f) Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.

En más de una oportunidad, el mismo día en que Capitanich decía que la seguridad es responsabilidad de las provincias, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Secretario Sergio Berni se pronunciaba sobre algun hecho de inseguridad o un episodio delictivo. Mas aún, al parecer, el Jefe de Gabinete desconoce la función del Ministerio de Seguridad, que figura a simple vista en su página en Internet.

“Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales“.

¿Queda claro? Las policías provinciales forman parte del sistema de seguridad interior, a cargo de la Presidenta, que delega su responsabilidad en el ministro de Seguridad, Cecilia Rodríguez y su segundo, Sergio Berni.

Pero el peor de los interrogantes es ¿por qué ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández hicieron algo por la inseguridad en la última década, mas allá de paliativos? ¿Impericia, ignorancia, indiferencia?