-Cargue 20 pesos -le pide la mujer al kiosquero y, acto seguido, le dicta el código de su celular-. Ahora sí, puede hacer la llamada que necesita.

Esta situación, que también puede darse a través de las terminales para cargar dinero a cambio de minutos de llamada, se repite miles de veces por día.

Ocurre que en la Argentina funcionan unos 60 millones de celulares y el 70 por ciento cae en la trampa de tener un servicio prepago, es decir, cargar esos 20 pesos en una tarjeta de telefonía móvil, creyendo que de esa manera gasta menos que si contratara un abono fijo por mes. Nada mas lejos de la realidad.

El sistema prepago –usando la tarjetita- en teoría fue creado para que las personas de mas bajos recursos o aquéllas que quieren pagar lo menos posible por el uso del celular, accedan al servicio. Un sistema nacional y popular, para todos y todas. Pero nada de eso ocurre.

En principio, el costo del minuto en un sistema prepago es mucho mas costoso que con un abono fijo. Realmente mucho mas caro.

De acuerdo con un informe del World Economic Forum (WEF) del 2014, un organismo mundial que evalúa y califica la industria de telefonía celular de 148 países, la Argentina está entre los países mas caros –en el ranking se ubica en el puesto 141- en el costo de los pulsos. Según el informe, el costro promedio por minuto aquí es de 0,77 dólares mientras que en Dinamarca es 0,06 dólares.

Pero vamos al ejemplo directo. Si tomamos las empresas Movistar y Claro, según lo que figura en sus páginas de Internet, si uno adquiere un abono fijo, que paga por mes, el valor del minuto es de unos 80 centavos. Ahora, para aquellos que elijan la tarjeta prepaga, el valor del minuto se dispara a 3,30 pesos. Si la empresa es Personal, el minuto con tarjeta cuesta 3,60 pesos.

Bajo la engañosa promoción de “controlá tus gastos con libertad”, pocos saben que quienes usan tarjetas prepagas pagan el minuto de llamada cuatro veces mas que los que tienen abono mensual.

Detrás del atropello que protagonizan las empresas de telefonía móvil, que obviamente se ponen de acuerdo a la hora el piso de las tarifas, el Estado o el gobierno nacional es quien permite esta estafa, nacional y popular: que los que menos tienen paguen más.

¿Dónde está el problema? Desde hace tiempo, distintos miembros de la oposición y ONGs como Consumidores Libres o la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) luchan porque la telefonía móvil sea declarada un servicio público. El gobierno y los legisladores oficialistas se niegan. No se entiende cómo la telefonía fija es un servicio público y cuenta con apenas 8.600.000 abonados, mientras que la telefonía móvil no es considerado un servicio público y tiene 60 millones de los celulares.

¿De qué sirve que la telefonía móvil se convierta en un servicio público?

“Al ser un servicio público, tiene que llegar a la totalidad de la población y el Estado tiene el derecho a fijar las tarifas y regular la actividad”, explica Héctor Polino de Consumidores Libres. “En cambio ahora las empresas modifican las tarifas cuando quieren con la única exigencia de publicar un aviso con 60 días de anticipación indicando un cuadro tarifario en algún diario, que nadie lee”, dice.

Si la telefonía celular se declarara servicio público, las empresas no podrían aumentar las tarifas de manera antojadiza porque estarían obligadas a 1) Pedir autorización a la Secretaría de Comunicaciones 2) La Secretaría tiene el deber llamar a una audiencia pública de la que puede participar cualquier ONG y la prensa 3) Y sólo si convencen a la Secretaría, que depende del gobierno nacional, recién allí puede autorizar la suba. Pero el funcionario nacional y el gobierno quedan comprometidos en el aumento.

La Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo madre de control del Estado, realizó una investigación durante tres años -2008, 2009 y 2010- acerca de la facturación de la telefonía móvil y el sistema prepago.

¿Qué concluyó? En primer lugar, confirmó que las empresas telefónicas suben las tarifas cuánto y cómo se les antoja. “Los operadores no están sujetos a restricciones tarifarias, por lo que los precios finales no están regulados”, afirma la AGN.

Recordó que “la modalidad de recarga prepaga se implementó -entre otros supuestos-, para permitir el acceso a la telefonía celular móvil de sectores de la población de menores recursos, y también llegó a captar a aquellos usuarios que no desean un abono fijo mensual con costos administrativos”.

Y finalmente descubrió el engaño al afirmar que en “la modalidad prepaga el valor del minuto contratado resulta más oneroso que en las restantes propuestas de pago de servicios de telefonía móvil existentes en el mercado”.

Mas aún, responsabilizó a las empresas porque “cuentan con información que no ofrecen en forma simple a los consumidores, lo que deriva en un perjuicio económico a los usuarios que recurren a este sistema para poder hacer uso de la telefonía móvil”. En otras palabras, las telefónicas ocultan información para que la gente no sepa que el minuto sale cuatro veces mas.

La frutilla del postre. Quién debe “controlar” o, en otras palabras, defender a los usuarios ante las empresas de telefonía móvil es la Comunicación Nacional de Comunicaciones (CNC), cuyo titular es un interventor, el ingeniero Ceferino Namuncurá. Funciona en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido.

¿Adivinen cuantas personas tiene la CNC para controlar a las empresas de telefonía móvil? Tres. Al margen de ese número irrisorio, no se molesten en llamar para hacer sus denuncias. La CNC dictamina en base a la explicación que le dan las empresas.