En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, la semana pasada escribí sobre las internas que se llevarán adelante entre Cristian Ritondo, Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta. La nota generó algunos reproches por parte de quienes no logran abstraerse de sus preferencias y son incapaces de pensar un proceso político desapasionadamente. Pensar nuestro contexto nos ayuda a curar heridas y nos cuida de cometer excesos. Creo que esta interna, tan novedosa, requiere que se la piense y quienes estamos dentro podemos contribuir con nuestras plumas a disminuir la angustia. No escribo a favor de ninguno de los candidatos. Reflexiono sobre lo que nos pasa, quizás así podamos manejarnos un poquito mejor.

Entiendo que no todos están contentos con cómo vienen dándose las cosas. Las reacciones de los voceros kirchneristas no se hizo esperar. El malestar que hoy se ve en varios de los actores del Gobierno Nacional es fruto de la inseguridad que proyecta el gran frente conformado. La inseguridad fundada en que la burocracia no cuenta con la independencia suficiente para que su suerte no dependa de quién sea la cabeza política del Gobierno. La falta de independencia burocrática deteriora la calidad democrática y hace que más allá de programas o visiones de gobierno muchas personas participen en una campaña por su subsistencia o continuidad laboral. Vale aclarar que la seguridad no puede venir sin exigirles que los puestos laborales se cubran por concurso, que el trabajo resulte auditado y se oriente la gestión al logro de objetivos que tengan al ciudadano como principal beneficiario y no sólo a grupos de interés.

La Argentina que viene nos ofrece grandes oportunidades para asentar las bases del Cambio necesario para promover el progreso en nuestro país. La meritocracia es uno de esos cambios fundamentales que necesitamos para que el Estado esté verdaderamente al servicio de los ciudadanos. Si logramos levantar juntos esa bandera, gane quien gane, ganamos todos.

Es necesario que el Estado esté al servicio de los ciudadanos y no al revés. Hemos escuchado muchas veces esta afirmación pero a la hora de verlo plasmado en la realidad es común encontrar que lejos de potenciar los proyectos de vida de las personas los gobiernos acostumbran generar dolores de cabeza. La inercia propia de las burocracias hace que las regulaciones tiendan a crecer y que muchas veces se agreguen trámites sin evaluar el impacto global, generando capa tras capa de trabas para las personas.

Por eso me causó una gran felicidad ver que desde la gestión de CABA estaban dispuestos a escuchar propuestas de mejora. La idea es conceptualmente sencilla, consiste en generar un único punto de relación entre el gobierno y el ciudadano a fin de simplificar los procesos, disminuyendo así costos de transacción y de información. Todos los trámites en un único lugar. Simple. Una medida de descentralización gubernamental que ya ha sido implementada en Méjico, Reino Unido, entre otros.

Claro que es más fácil proponerlo que implementarlo. Una reforma de este tipo obliga a los gobiernos a modernizar sus procesos e implementar sistemas que permitan la “trazabilidad” de expedientes y reclamos, así como un sistema de informatización de documentos para que desde un nodo de acceso la petición llegue a todos los organismos necesarios. Esta medida obliga también a los gobiernos a realizar una “guía de trámites” poniendo en evidencia, si es que existe, regulación ineficiente o excesiva. Buena parte de estos pasos ya han sido llevado adelantes en la gestión porteña por lo que estaría en condiciones de avanzar en este sentido. De hecho, podríamos decir que el proceso se ha iniciado con el programa “Mi BA”, dependiente del Ministerio de Modernización, que propone “Todos tus trámites y reclamos en un mismo lugar, a un clic de distancia”.

Resulta fácil, a partir de este punto, también evaluar en qué puntos de la gestión los trámites se atrasan y se le hace perder tiempo a los vecinos, generando información útil para poder optimizar los procesos o realizar reformas.

Mientras que el sistema actual, donde el ciudadano debe ir a diversas dependencias para concluir un trámite complejo (por ejemplo abrir una empresa), con este sistema podrían iniciarse todos los trámites en simultáneo otorgándole más tiempo al ciudadano para disfrutar y ocuparse de las cosas importantes para él o ella. Contribuiría a reducir asimismo la cantidad de actividades “en negro” al simplificar la registración, permitiendo así una economía mejor integrada.

¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta para incorporar una reforma de este tipo?

• Infraestructura informática: deben generar un sistema de rápido acceso tanto para funcionarios como para ciudadanos. La fusión de bases de datos permite integrar los datacenter y tender a mayores rendimientos de escala disminuyendo costos y mejorando la capacidad de coordinación entre las dependencias públicas.
• Definir estándares de intercambio de información: dado que no se podrá hacer que el ciudadano se ajuste a la medida de cada dependencia pública habrá que trabajar para homogeneizar los protocolos de transferencia y adquisición de datos. Optimizando los tiempos de procesamiento y el trabajo inter-áreas.
• Resistencias burocráticas: una reforma de este tipo implica terminar con espacios de corrupción o de “holgura” en la administración pública. A la par que permite visibilizar procesos improductivos o innecesarios. Es dable esperar alguna resistencia de personas que tengan algún interés creado por lo que habrá que trabajar para alinear intereses.

Es una idea simple que todos nosotros podemos impulsar en nuestros distritos. Un desafío adicional será lograr la integración de trámites municipales, provinciales y nacionales. Pero más allá de la integración vertical cualquier innovación en este sentido repercutirá en una mejor calidad de vida para los ciudadanos a cambio de una inversión muy modesta de recursos públicos. Creo que es una reforma necesaria que pronto veremos implementada a lo largo y ancho del país.

Optimizar las gestiones permite que se creen más y mejores empresas, así como devolverle tiempo a los vecinos. Con una mejor gestión, ganamos todos.

Benjamin Franklin

El otro día decidí ver el acto de Máximo Kirchner y reconozco que sentí una combinación de pena y admiración. Pena porque transmitió un mensaje con claro espíritu de derrota, pero a pesar de eso la admiración que merece el esfuerzo de lucha de quien está vencido. Claro que es difícil definir hasta dónde se trata de una proeza y dónde empieza a ser una necesidad psicológica de negar el porvenir y cerrar filas para evitar panquequeadas o buchoneadas.

El acto me hizo reflexionar además acerca de los ñoquis. El principal problema del sistema político argentino es el apalancamiento gubernamental de la actividad político-partidaria. Se emplean millonadas de recursos de los contribuyentes para impulsar tal o cual propuesta política, financiar militantes, espacios en medios y compensar favores aumentando innecesaria e improductivamente la burocracia y el gasto público en el proceso.

En este juego de hacerle pagar a los contribuyentes las cuentas de cada fuerza política se debilita a la sociedad civil por partida doble. Por un lado se le quitan recursos adicionales para financiar la actividad política y, a su vez, dichos recursos se ejercen competitivamente en su contra. Argentina se ha convertido en un despliegue de feudos democráticos donde cada gobernante utiliza los recursos de los contribuyentes en su búsqueda de ser coronado en la Casa Rosada.

Las intervenciones del Estado en la vida de las personas suelen justificarse a partir de “injusticias” o imperfecciones de mercado asociadas comúnmente a la concentración o monopolios que deben ser corregidas por los gobernantes. ¿Pero si estas distorsiones fueran mayores en el campo político que en el económico, no sería más eficiente apuntar a corregir éstas primero? Las reglas de juego viciadas en el campo gubernamental permiten que aumente la concentración política excluyendo al ciudadano medio de la posibilidad de incidir de manera efectiva en los asuntos públicos. En aras de la eficiencia es hora de pensar en cómo intervenir la política para garantizar la competencia y, en consecuencia, una democracia liberal.

La meritocracia es una forma avanzada de democracia en donde el acceso al Estado depende de las aptitudes del postulante para satisfacer la necesidad social que recaerá sobre él. Tales mecanismos asumen una definición clara de competencias necesarias y responsabilidades que limitan la asignación arbitraria de cargos. Asimismo, el ascenso dentro del escalafón gubernamental debe estar sometido al mismo juego a fin de separar la suerte de la burocracia gubernamental de los avatares políticos circunstanciales dándole así independencia política y garantizando la estabilidad  de las políticas públicas dentro de ciertos parámetros técnicos. Permitiendo que se gesten las tan necesarias y ausentes “políticas de largo plazo” o “políticas de Estado”.

A diferencia del modelo actual, en un esquema meritocrático el compromiso con los resultados y en la resolución de los problemas se convierten en el motor del progreso tanto del empleado público como de la comunidad. Logrando así alinear objetivos particulares y generales.

Un beneficio residual del esquema meritocrático y de acceso competitivo a los cargos públicos es que se empieza a limitar fuertemente la posibilidad de tener “militantes” partidarios rentados lo cual debilita a los aparatos políticos dándole oxígeno a otras organizaciones. Este esquema permitiría tender a una composición tal que impida fluctuaciones abruptas más allá del cambio del management garantizando así una mayor estabilidad en las políticas públicas.

La carrera burocrática permite suplir la falta de incentivos que genera el empleo público para adquirir por contratación a técnicos de gran nivel (fundamentalmente por la falta de salarios competitivos, las trabas operativas y los manoseos políticos). Al poner el eje en el desarrollo de los agentes, se puede trazar un pipeline donde en un tiempo razonable se tenga a las personas especializadas para los cargos que se necesitan limitando así el acceso de paracaidistas y mercenarios.

El acceso competitivo a los cargos públicos permite revalorizar a su vez el trabajo de académicos, científicos y activistas sociales dándoles una ventaja competitiva a la hora de aspirar a puestos que requieren de su expertise permitiendo una mejor articulación entre el sector público y privado.

Hay muchas reformas necesarias para sacar este país adelante. Pero si me piden que elija una para que todo empiece a cambiar, sin lugar a dudas pido por la fuerza transformadora de la meritocracia.

(Este artículo es la versión acotada y adaptada de una nota de igual título incluido en el EBook “Cultura Democrática” publicado junto a Iván Petrella, Martín Yeza y otros jóvenes políticos)

La política suele ir en dirección opuesta al futuro. La tecnología evoluciona a pasos agigantados y mucho de lo que está por venir cuestionará fuertemente nuestra manera de pensar los problemas y las soluciones. Mientras escuchaba la charla “el futuro del futuro” de Santiago Bilinkis comencé a imaginar los desafíos que enfrentan las instituciones políticas y los políticos en general.

La burocracia es un instrumento de gobierno que generalmente va a contramano de los avances tecnológicos. A pesar de las buenas intenciones de las autoridades de turno, la capacidad de respuesta de la administración pública es por definición lenta y no suele alejarse mucho de lo que ya viene haciendo. Con lo cual nos encontramos con que la estructura gubernamental tiene un esquema de toma de decisiones que suele ser lento e incrementalista mientras que la tecnología avanza con una vertiginosidad enorme y con una lógica exponencial.

A pesar de la inercia burocrática, las nuevas tecnologías presionan a los gobiernos para que abandonen prácticas oscurantistas. Fomentan la supervisión cívica de los actos de gobierno, la penetración del periodismo y achican el margen para la discrecionalidad. Logran afectar la calidad de la gestión de manera indirecta.

Vale destacar algunos esfuerzos que buscan captar o conocer los beneficios y desafíos que presenta el futuro. En esta línea, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trajo en el marco del evento InnovatiBA a los investigadores de la universidad de la NASA, Singularity University, para que miles de empleados gubernamentales, académicos y vecinos puedan conocer algunas de las cosas que nos esperan.

Resulta imposible que las burocracias estén en condiciones de incorporar todos los beneficios que ofrecen los avances tecnológicos. Para poder hacerlo, debemos armar esquemas más flexibles donde se complemente la iniciativa pública con la privada. Por ejemplo, en Argentina impera el paradigma de financiar la oferta de los servicios públicos de salud y de educación. Si pasamos a financiar la demanda permitiremos que el Estado acompañe al progreso y que los fondos públicos se orienten a promover y premiar al progreso a la par de garantizar los beneficios de la Libertad.

El futuro se nos viene encima y corremos el riesgo de que aquel ente que procura garantizar el bien común, el gobierno, funcione más como una traba que como un promotor del progreso. Es responsabilidad de todos nosotros promover un Estado abierto a las oportunidades que nos ofrece el futuro. Podemos pelearnos con lo inevitable o tratar de surfear la ola desde temprano. Depende de nosotros.