Si bien al comienzo se lanzaron diferentes convocatorias logramos consensuar que la movilización será el 18-2 arrancando a las 18hs en el Congreso de la Nación marchando hacia Plaza de Mayo para estar allí a las 20hs. En el resto del país los puntos de encuentro son los habituales.

Si bien hemos marchado para evitar atropellos tan importantes como la reforma constitucional o la reforma judicial en esta ocasión la bandera convocante es en defensa de la independencia judicial y de las garantías suficientes para que los Fiscales puedan investigar sin miedo los actos de corrupción. Veo muchas personas que nunca se movilizaron o que habían perdido la confianza en que las marchas podían cambiar algo que se encuentran motivadas y convocando para este próximo #18F. A un mes del fallecimiento del Fiscal las dudas sobre las causas de su muerte siguen generando un profundo malestar en la sociedad. Malestar que no distingue ideología o bandera política.

El único sector que parece estar en contra de este reclamo es el kirchnerismo que no logra separar mentalmente las ideas de partido, Gobierno y Estado. Poniéndose en contra del reclamo popular por instituciones más sólidas que permitan resguardas las Libertades fundamentales. Lo cual resulta al menos triste siendo que marchamos por la Verdad, por la Justicia y por la República.

Vale aclarar también que en un contexto de tristeza generalizada la Presidente y sus seguidores han optado por atacar, cuestionar y desprestigiar a quienes los investigaban. También vale destacar que han presentado contradicciones en el relato sobre cómo ocurrieron las cosas  y han tratado de blindarse ante la opinión pública generando todo tipo de ruido o bomba de humo como la ruptura del diario Clarín por parte del Jefe de Gabinete “Coqui” Capitanich.

Sé que personalmente he sostenido que no tenía sentido marchar sin una causa de gravedad institucional suficiente. Siendo consecuente con eso, creo que la muerte de Nisman es motivo suficiente para que no nos quedemos de brazos cruzados y empecemos, cada uno desde su lugar, a convocar, difundir y promover esta marcha. Si queremos un país diferente, si queremos terminar con la impunidad, no podemos quedarnos dormidos ni quietos.

Los confirmados van aumentando día a día en cantidad y en diversidad de actores: asociaciones de fiscales, abogados y jueces están convocando. Representantes de diversos partidos políticos como Mauricio Macri y Patricia Bullrich ya han confirmado su presencia. Hasta algunos miembros históricos del oficialismo, como José Pampuro, estarán presentes. Todos los grupos que históricamente convocaron a los cacerolazos se sumaron a la movilización. A lo largo y ancho de todo el país actores de todo tipo se suman a convocar como el Partido Liberal Republicano en Córdoba y la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán. Creo que desde el #18A no se ve algo así y confío en que superará las expectativas de muchos. La sociedad está reaccionando… Vos, ¿Venís?

La mayoría de los países de la región ya cuentan con una ley de acceso a la información pública. Más allá del permanente discurso de democratización, el Gobierno ha eludido los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso de la Nación para reglamentar el acceso a la información pública, herramienta fundamental para la investigación ciudadana y periodística para poder auditar al Poder y luchar contra la corrupción. Si bien cabe destacar el decreto 1172/03 sancionado por Néstor Kirchner que habilita la posibilidad de acceder a cierta información dentro de la órbita del Ejecutivo, el mismo resulta insuficiente para otorgarle al ciudadano el debido y suficiente resguardo.

El tema tuvo múltiples oportunidades de salir adelante: 2004, 2010 y 2014. Sin embargo, en ningún momento prosperó aun teniendo el kirchnerismo mayoría automática para sancionar cualquier ley sin siquiera generar un debate (metodología que el oficialismo ha optado por utilizar en proyectos importantes como el código procesal penal). Si bien el tema da para largo, prefiero no entrar en particularidades de los distintos proyectos sobre legitimación pasiva (quienes serían sujetos obligados a tener que brindar información). Lo que está claro es que, teniendo la posibilidad de resolver la controversia y optar por una opción, ha decidido abandonar el debate y dejarnos sin la tan necesaria ley. Ni debate, ni decisión unilateral. Ninguna ley.

En los hechos, el Gobierno Nacional ha atentado contra la información pública procurando resguardar los datos en sede judicial. Sin ir tan lejos en octubre del año pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional y dejó firme una sentencia de Cámara que condenaba a la IGJ a brindar información sobre empresas y sociedades vinculadas al caso Ciccone. Lo hizo por un amparo presentado por Gil Lavedra con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles.

Ahora, mientras se niegan a sancionar leyes de acceso a la información el público utilizan su influencia y posición privilegiada para difundir información de privados. El caso más reciente es el escrache del Gobierno Nacional al periodista Damián Pachter, compartiendo públicamente información privada sin ninguna ley que lo habilitara. Es una demostración de un Estado policíaco, fascista que viola garantías constitucionales con tal de generar un golpe de efecto mediático. Es de una miseria impresentable.

Niegan la posibilidad de que los ciudadanos controlemos y vigilemos al Gobierno pero se han esmerado en crear una agencia de inteligencia paralela en manos del militar Milani, ha avanzado ilegítimamente sobre la ciudadanía con el Proyecto X y ahora pretende crear una nueva agencia de inteligencia para ordenar la manera en que deben observar a los ciudadanos.

Sin embargo, de la posibilidad de que los ciudadanos controlemos a los funcionarios públicos, ni noticia. Esto es el kirchnerismo, una corporación que procura acumular tanto poder como sea posible, violando tantas reglas como haga falta y con el menor control posible por parte de los ciudadanos.

Más allá de la repercusión mediática de la campaña, a mi me toca de cerca dado que uno de los miembros de mi equipo, Edgardo Marano, posee una EPF llamada mielomeningocele que, como la mayoría de ellas, posee un origen congénito. Edgardo lucha hace años con la obra social Unión Personal para que le provean la silla de ruedas modelo Sauerbruck que necesita para poder desenvolverse. La Obra Social del personal civil de la Nación viene presentando todo tipo de excusas para eludir su responsabilidad.

El problema es que, si bien Edgardo se encuentra amparado por las leyes de discapacidad y la obra social estaría obligada en virtud de la misma (y vamos a hacer que cumpla), existe un bache jurídico al que las empresas de medicina prepaga suelen recurrir para evitar cubrir los diagnósticos, tratamientos, medicamentos y tratos que requieren las personas con EPFs. El asunto radica en que si bien a mediados del 2011 se sancionó la ley de enfermedades poco frecuentes, desde entonces la misma no posee reglamentación y por ende carece de aplicabilidad.

Por vía de esta omisión reglamentaria, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en particular el Ministerio de Salud, a carg del Dr. Luis Mansur, le privan a una gran cantidad de familias (aprox. 3,2 millones de personas) la posibilidad de recibir la atención que requieren. Ya pasaron casi tres años y seguimos sin respuesta. Es increíble que habiendo tanta gente afectada por EPFs el Gobierno Nacional aún especule con la necesidad de familias que no logran alcanzar la masa crítica suficiente para poder defenderse y reclamar la reglamentación como corresponde, aunque hay que destacar la labor de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF).

Por ese motivo hemos decidido tomar cartas en el asunto haciendo todo lo que esté en nuestro poder para lograr la reglamentación. Hicimos a pedido de Edgardo un video para concientizar, recurrimos a los Diputados y Legisladores de Unión PRO para que emitan declaraciones y tomen el tema como prioridad, presentaremos un pedido de acceso a la información pública para conocer por qué hay millones de argentinos que aún no acceden a los derechos que la ley le reconoce, iremos de visita al Ministerio de Salud a la brevedad e iremos escalando los métodos de reclamo. Entre todos podemos sacar esta ley adelante.

Ya generamos conciencia. Ahora generemos justicia.

El viernes pasado distintos espacios convocamos a una movilización frente a la embajada de Venezuela a fin de reclamar por el respeto de los DDHH y pidiendo que se garanticen las libertades fundamentales del pueblo venezolano y se termine con la brutal represión perpetrada por el gobierno de Nicolás Maduro. La marcha convocada para las 18 hs apuntaba a ser una manifestación pacífica de protesta, acompañada de la presentación de un petitorio al embajador, sin cortar la calle en ningún momento y sin ningún tipo de agresión.

La embajada venezolana respondió a nuestra convocatoria impulsando una contramarcha a las 16:00 a fin de deslegitimar la protesta, polarizar el planteo y desdibujar el reclamo. En concreto hubo una marcha reclamando el respeto de los Derechos Humanos en Venezuela por parte de múltiples organizaciones, algunas políticas y otras ciudadanas, que incluyó a Una Voz por Venezuela, Jóvenes Unión PRO, Partido Liberal Libertario, entre otras. Contra esta marcha humanitaria se manifestó el pankirchnerismo de izquierda con la presencia estelar de los miembros de Quebracho, Marea Popular, Kolina, JP Evita, entre otros.

La situación del viernes me produjo, por primera vez en muchos años de participación política, profunda tristeza. En un momento una chica desconsolada preguntaba a los gritos “¿qué festejan?” al otro grupo. No pude encontrar una respuesta que me trajera paz: se habían movilizado en contra de un reclamo sin banderas partidarias a favor de los derechos humanos.

Lo que está pasando en Venezuela excede con creces el debate izquierda-derecha. Lo que está en debate es si vamos a soportar que un gobierno por tener un discurso que nos resulta “simpático” abuse de su pueblo y atropelle los derechos humanos. La posición que hoy adopta la izquierda no los diferencia en nada de la adoptada por aquellos que justificaban la represión y la violencia de Estado en los setentas. Me cuesta creer que entrado el siglo XXI sigamos con esa visión patética de “asesinos buenos” y “asesinos malos”. Me preocupa pensar que hay personas dispuestas a legitimar la violencia contra quien piensa distinto, y eso vi el viernes.

Venezuela ha comprado voluntades durante años procurando establecer un blindaje internacional que le permitiera profundizar sus atropellos sobre los derechos humanos sin tener que rendir cuentas. A fines del año pasado el gobierno de Nicolás Maduro abandonó los organismos internacionales de derechos humanos dependientes de la Organización de Estados Americanos. Casualmente se escaparon de ellos el día siguiente a que la oposición venezolana presentara pruebas del fraude perpetrado en las últimas elecciones presidenciales. Ni hablar de la manipulación de la muerte de Chávez o las incompatibilidades legales de Maduro para el cargo. Pero para muchos los derechos humanos han sido un negocio antes que una causa, tal como expone Luis Gasulla en su obra El negocio de los derechos humanos, y esto los ha puesto en evidencia.

Hoy el líder de la oposición, Leopoldo López, irá a presentar un petitorio pidiendo el cese de las hostilidades contra la población civil, el desmantelamiento de los cuerpos paramilitares y que se respete el derecho a protestar de todos. Asimismo, hará entrega personalmente del petitorio a pesar de que el Gobierno de Nicolás Maduro ha resuelto encerrarlo emitiendo una orden de arresto. Dejo un video de la convocatoria, de un líder político que debió pasar a la clandestinidad en “democracia”.

Lo que está pasando nos convoca a todos, más allá de las banderas políticas. Debemos acordar entre todos los actores políticos que la violencia y la represión de las disidencias nunca más deben formar parte de la arena política.