Domingo F. Sarmiento

​Solemos confundir público con estatal como si se tratasen de conceptos iguales. Nos hemos acostumbrado a considerar que algunos servicios esenciales como salud y educación deben ser brindados por el Gobierno tanto en su financiamiento como en su ejecución. Es posible separar estas dos instancias para poder pensar un sistema que mejore la respuesta de los gobiernos para brindar estos servicios.

Partiendo del supuesto que es responsabilidad del Gobierno garantizar el acceso a estos servicios vale preguntarnos primero: ¿cómo se financian? Si bien existen múltiples formas de hacerlo podríamos agrupar las posibilidades en dos grandes grupos: uno donde los esfuerzos están dirigidos a financiar la oferta y otro donde se privilegia financiar la demanda. Dicho de otra manera, un modelo donde se inyecta el dinero de arriba hacia abajo (financiando de manera directa a las entidades educativas) y otro donde se inyecta el dinero desde la base (financiando a los padres y a su elección).

Esta idea no es nueva. Milton Friedman en Capitalismo y Libertad la propuso allá por 1955: “El sistema que tendría más justificación sería una combinación de escuelas públicas y privadas. Los padres que decidieran llevar a sus hijos a colegios particulares recibirían del Estado una cantidad igual a la que se calcule como costo de educar a un niño en la escuela pública”. Este sistema tiende a garantizar la igualdad de oportunidades de una manera más efectiva que el sistema de financiamiento de la oferta dado que obliga a los colegios a competir por satisfacer a las exigencias de los padres y de la sociedad alineando incentivos para garantizar una mayor eficiencia empoderando a los padres.

Al financiar a los estudiantes les damos a los padres la libertad de elegir los colegios basándose en sus preferencias y necesidades rompiendo así con un sistema que actualmente no está orientado a la satisfacción de las necesidades de los estudiantes. Los resultados de las pruebas PISA que acreditan una caída en la calidad educativa ponen en evidencia que mayor gasto público destinado a educación no garantiza un mejor nivel educativo. Además, a pesar del aumento del gasto per capita en educación se ha verificado una migración de estudiantes de escuelas públicas a privadas (salvo en la CABA cuya tendencia es inversa).

Chile lidera la región en términos de calidad educativa y ha logrado reducir significativamente su brecha educativa entre los sectores más ricos y los más pobres de la educación mejorando así su nivel de equidad educativa.

Desde 1992 en Suecia rige un sistema de vouchers que, según cuenta Edgardo Zablotsky vicerrector de UCEMA y especialista en la materia: “para calificar para el programa, las escuelas tienen que ser aprobadas por el organismo gubernamental de contralor, cumplir con los requisitos del plan de estudios nacional y no pueden seleccionar estudiantes sobre la base de su status socio-económico o étnico”.

Una mejor educación nos garantiza una sociedad con menos brechas de ingresos entre los trabajadores, con mayores oportunidades de desarrollo para si mismo y para el país y, en definitiva, con mayores opciones para las personas a la hora de elegir el rumbo que tomará su vida para buscar la felicidad.

Claro que esta reforma no basta por si sola para garantizar una mejorar calidad educativa, pero al menos permite orientar de manera más efectiva los intereses de las familias, los estudiantes y los institutos educativas permitiéndole a su vez a los burócratas enfocarse más en controlar la calidad  antes que en la provisión directa del servicio.

Las redes de relaciones, reales o potenciales, que puedan ser aprovechadas con cierta previsibilidad aportan mucho al desarrollo de cada uno de nosotros. Estas redes se sustentan en la confianza anclada en reglas, valores, intereses y creencias compartidas. De faltar lo anterior, la cooperación social se vuelve difícil y el rendimiento de las acciones disminuye. Poder “contar con otros” define nuestra capacidad para poder hacer frente a todo tipo de problemas como conseguir trabajo, que alguien nos preste algo que necesitamos o nos auxilie en caso de emergencia.

Los grupos de pertenencia permiten el desarrollo de estos lazos. Algunos los elegimos, como los clubes o los partidos políticos, y otros nos son dados, aunque sea parcialmente, como la familia. Estos grupos encierran las condiciones de posibilidad para que el individuo se desarrolle y se constituya como tal.

Además de los lazos con los más cercanos, hay un entramado que nos une a miles de personas desconocidas. Podemos distinguir la confianza particular de la confianza general. Los pequeños gestos, las pequeñas actitudes que hacen mejor la vida de los otros permiten ir consolidando algo mucho más grande. Por el contrario, cada vez que faltamos a nuestra palabra, que incumplimos un contrato, que somos indiferentes al sufrimiento ajeno, ese lazo se debilita un poco. Crece la desconfianza y las relaciones sociales cuestan más esfuerzo.

Los lazos comunitarios también sirven para que emerjan liderazgos nuevos y se desarrollen visiones diferentes. Nuestros lazos definen nuestra capacidad de impactar. El diálogo es fundamental para conocer, debatir y coordinar los intereses y necesidades de nuestras comunidades y así crecer a partir de las diferencias y las coincidencias.

Aquellos que apostamos a una nueva forma de hacer política en la cual trabajemos para solucionar los problemas que nos aquejan como sociedad, luchar contra la corrupción y contra el uso de la violencia y el dogmatismo debemos estrechar lazos, trabajar en equipo y crear nuevas comunidades políticas que se sustenten en valores que nos permitan construir la sociedad que soñamos.

Es hora de superar la era de la mezquindad y la confrontación destructiva y convertir la discusión en diálogo. Es hora de empezar a crecer en las coincidencias y en las diferencias.

Según estadísticas oficiales, aproximadamente el 53% de los docentes de la Universidad de Buenos Aires desempeñan su función de forma ad honorem. O sea, que en relación al financiamiento del cuerpo docente, más de la mitad de la UBA se sostiene con donaciones de particulares lo cual cambia el paradigma. La UBA es una institución de financiamiento mixto donde una parte significativa del presupuesto es aportado por voluntarios y sponsors.

El trabajo que cada docente no remunerado realiza en su aula merece un homenaje individual. Pero debo reconocer que esta forma de suplir la insuficiencia presupuestaria pone en riesgo la calidad educativa de la institución. La falta de una paga y la ausencia de un proceso de selección riguroso genera fuertes incentivos para que los docentes más calificados tiendan a invertir menos tiempo en las aulas públicas migrando al sector privado. El costo de la insuficiencia presupuestaria es un cuerpo docente menos motivado y dedicado en promedio que el que pudiéramos tener con más recursos asignados y mejor administrados.

Que la educación sea pública no implica necesariamente que deba ser gratis para todos en cualquier circunstancia. Lejos de ser esta una muestra de progresismo, bien puede ser una forma regresiva de invertir en educación que puede generar efectos perjudiciales para la comunidad, como una menor calidad educativa o un menor acceso de las personas con bajos ingresos. Una idea superadora a la de acceso gratuito es la idea de acceso igualitario a los servicios públicos que implica que quien pueda pagarlo lo haga y que quien requiera una ayuda la reciba en la medida de sus posibilidades. Pensaré un modelo posible hacia el final de la nota.

Lamentablemente hemos naturalizado que un servicio público administrado por el Estado puede ser deficiente y que por ello no debemos alarmarnos ni escandalizarnos. Esto se explica porque existe un “mediador” en el pago que hace que aquello que se recibe no dependa, en principio, del que lo consume. La lógica de la dádiva o “regalo” que genera el Estado al asumir el rol de principal pagador tiende a generar un sesgo cognitivo en las personas beneficiarias del servicio público.

La Dra. Gabriela Riquelme al estudiar la economía de la educación señala que en la década de los noventa la educación pasó en 1991 del 2,6% del PBI al 5% en el 2001 representando así una variación del 2,4% que luego cae a 4,1% en el 2002 datos que surgen del Ministerio de Educación. El kirchnerismo sanciona acertadamente la ley 26.075 de financiamiento educativo apuntando a llevar el gasto mínimo al 6% del PBI a partir 2006 que se termina materializando en 2010. Sin embargo, vale aclarar que la cantidad de dinero invertido no es un dato suficiente para analizar si la política educativa es suficiente y eficaz.

Junto a cuánto se gasta debe analizarse cómo se gasta para definir si una política pública es exitosa o no. En Argentina 23 de cada 100 estudiantes de universidades gubernamentales terminan sus estudios mientras 40 de cada 100 lo hacen en las del sector privado según un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA). Yendo al análisis por país, en Argentina se gradúan solo 2,5 por cada 1000 habitantes, casi la mitad de los 4,3 que ostenta Brasil. El debate excede únicamente a las universidades públicas y debe medirse el éxito global de la política de educación superior del país.

La Ley Federal de Educación (Ley 24.195) estipula en su artículo 39 el principio general de gratuidad “en todos los niveles” que permitan que “el servicio se preste a todos los habitantes que lo requieran”. En otras palabras, el dinero nunca puede ser un impedimento para acceder a las instituciones públicas. Posteriormente, la Ley Nacional de Educación Superior (Ley 24.521) establece en su artículo 59 inciso c que las universidades podrán generar recursos adicionales de “derechos o tasas por los servicios que presten” y para aclarar el concepto agrega “Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones o tasas por los estudios de grado, deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes”. Es decir, la universidad pública puede cobrar una tasa por estudiar siempre y cuando la misma no sea obstáculo para el acceso.

La ley con excelente criterio establece que dichos importes no pueden ser destinados a “gastos corrientes”, asegurándose así que los aportes de los estudiantes no pasen a subsidiar el déficit presupuestario del Gobierno correspondiente y, en cambio, focaliza estos ingresos complementarios al armado de un sistema solidario de becas y apoyo estudiantil junto a inversiones que potencien el desarrollo didáctico. Permitiendo así la consolidación de un circuito financiero que permita que los estudiantes potencien la matrícula y las herramientas de estudio.

Reconozco que es un gran desafío instrumentar un sistema de este tipo. Para que funcione debería tomarse como prueba de ingresos una declaración jurada de cada estudiante que declare su aptitud para contribuir a conformar este “fondo solidario de desarrollo” priorizando siempre que nadie pueda resultar excluido si declara que no puede pagar una tasa por sus estudios.

En lo personal, creo que hay que trabajar fuertemente para garantizar un servicio de calidad que incluya a más argentinos. Para tal fin, no me parece descabellado que aquellos que pueden contribuir un poco más de lo que ya lo hacen indirectamente mediante sus impuestos ayuden a garantizar el éxito de la educación pública con sus aportes y demanden el servicio de calidad que todos nos merecemos.