Recordemos la secuencia que llevó a la crisis. Cresta Roja sufrió todos los males económicos del kirchnerismo: deudas desde la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca, disuelta en 2011 en el medio de un escándalo de corrupción), cuando le estafaron millones de dólares a la empresa y sólo pudo recuperar cerca de un 15% de lo que se le adeudaba en bonos y en pesos. Por otra parte, se exportaba a Venezuela por medio del fideicomiso Néstor Kirchner que terminó como una estafa para los productores. A partir de dicho fideicomiso el Gobierno nacional impulsó a los principales productores a vender a Venezuela, quien se comprometía a pagar los pollos con un 42% de sobreprecio en petróleo (por lo que el pago efectivo dependía de la buena voluntad del burócrata local), situación que se terminó cayendo tras la crisis venezolana y arrastró a los productores que dependían de las exportaciones infladas. Sumado a eso, la caída de Venezuela como destino produjo un problema de sobreoferta a nivel doméstico.

Junto a lo anterior estuvo el problema de los controles de precios a nivel doméstico (impulsados por Guillermo Moreno), con promesas de compensaciones que muchas veces no llegaron. Con eso, hubo durante muchos años una irresponsable política de subsidios para el sector que generó una expansión ineficiente de las operaciones y el pago de sobreprecios en los costos por parte de los empresarios. Cuando en 2011 intempestivamente retiraron los subsidios, las empresas se encontraron con serios problemas para sostener el negocio. En síntesis, las malas políticas económicas del kirchnerismo provocaron un boom y una expansión inicial que luego no pudieron ser sostenidos y ello contribuyó a la posterior destrucción de la empresa.

Así las cosas, en 2014 la empresa entró en crisis de pagos y ante la convocatoria de acreedores la Justicia la intervino. En 2015 puso al dirigente kirchnerista Daniel Gurzi, por propuesta del Gobierno de Daniel Scioli, como interventor. ¿Quién es Daniel Gurzi? Un profesor de historia sin ningún tipo de experiencia en gestión empresarial, cercano a Aníbal Fernández, acusado de manejos poco claros en su paso por la administración pública y con supuestas vinculaciones con el narcotráfico que sorprendentemente fue puesto para tratar de resolver la compleja crisis multimillonaria de una empresa en quiebra. Hace pocos meses, el interventor sciolista sostuvo: “La provincia va a entregar Cresta Roja normalizada” y poco tiempo después, tras el fracaso electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, presentó su renuncia.

La insolvencia de la empresa se pudo palear en parte por el desembolso mensual de dos mil pesos por trabajador en el marco del programa Repro (Recuperación Productiva) del Gobierno nacional. A eso se le suman los 3,5 millones de pesos diarios que acordó el Gobierno provincial para sostener las operaciones. Sin embargo, la empresa no logró salir a flote y, en medio de su gestión, el kirchnerista Gurzi quiso pagarles a sus empleados con cajones de pollo, entre otras formas de ajuste.

Desde que el interventor designado por Daniel Scioli se hizo cargo de la empresa las cosas fueron de mal en peor. Hace meses que las operaciones de la empresa vienen en picada, lo que afecta el proceso productivo. En palabras de uno de sus trabajadores al hablar sobre la situación de los pollitos: “Vienen mal alimentados, golpeados y enfermos; se comen entre ellos”. Recordemos que hace pocos meses la empresa dirigida por el dirigente kirchnerista cometió una masacre al matar a millones de pollitos. Al respecto, Carlos Tomada dijo: “Me parece un horror que hayan sacrificado nueve millones de pollitos, es demencial, no tiene lógica”. Y así, mientras Carlos Tomada anunciaba que Cresta Roja estaba quebrada, Daniel Scioli sacó un salvataje inviable de la galera para no enfrentar las consecuencias de la crisis empresarial que contribuyeron a crear, por lo que le dejó al próximo Gobierno la ingrata tarea de enfrentar la quiebra de una empresa de esta envergadura.

A una empresa como Cresta Roja no la podía rescatar un salvavidas mal administrado como otorgó el kirchnerismo con fines electoralistas. La hubiera salvado un cambio de política pública orientada a potenciar el rol de nuestros productores, a corregir el tipo de cambio, levantar retenciones, modificar la presión tributaria, designar a un interventor competente, entre otros cambios estructurales o de contingencia. A todas luces, el sciolismo intervino para evitar que la empresa quebrara durante el período electoral, prometió un plan de salvataje inviable durante unos meses para poder enfrentar la crisis de la empresa una vez definido el resultado de las urnas.

Hoy vemos las lamentables consecuencias de un grupo de personas que reclaman por su fuente de trabajo que hace tiempo dejó de ser viable y sustentable. Hubiera sido mucho más responsable plantear una liquidación prolija de la empresa, buscar la forma de resguardar a las familias de los trabajadores con el dinero para facilitar la transición en lugar de permitir que se llegue a esta situación límite. Estas son las consecuencias de la demagogia y del intervencionismo gubernamental irresponsable.

Y ahí aparecen caraduras como Carlos Heller, Marcos Cleri u otros kirchneristas diciendo que el modelo no cierra sin represión, cuando son ellos los exclusivos responsables de que hoy Cresta Roja esté quebrada y eludieron las consecuencias de sus actos ganando tiempo con plata de los contribuyentes para no enfrentar las consecuencias de sus actos.

“Son los que viven de prestado [...] no les importan los hechos, las ideas, el trabajo. Les importa sólo caerle bien a la gente. No preguntan: ‘¿Es esto cierto?’ Preguntan: ‘¿Es esto lo que los demás creen como cierto?‘ No juzgar, sino repetir. No hacer, sino dar la impresión de que se hace. No creación, sino espectáculo. No habilidad, sino amistades. No mérito, sino chantaje. ¿Qué pasaría con el mundo sin aquellos que hacen, piensan, trabajan y producen?. Esos son los egoístas. Uno no piensa con el cerebro de otro y uno no trabaja con las manos de otro. Cuando uno suspende su facultad de juicio independiente, uno suspende su consciencia. Detener la consciencia es detener la vida. Los que viven de prestado no tienen sentido de la realidad”.

A todos nos afectan los aumentos de precios. Creo que no hay un solo argentino que esté feliz con lo que está pasando. No importa si adhiere o no al kirchnerismo, lo cierto es que difícilmente alguien pueda celebrar el proceso de depreciación del peso argentino al que estamos asistiendo. También es cierto que esto no afecta a todos los sectores por igual, la inflación pega con más fuerza en los sectores de bajos ingresos y a quienes forman parte del sector precarizado de la economía. A estos les destruye el poder adquisitivo y a la clase media le destruye las herramientas de movilidad social permitiéndoles que, en el mejor de los casos, accedan a un crédito hipotecario mediante un sorteo (progresar es suerte) o gracias a algún crédito subsidiado como el del Banco Ciudad. La inflación tiende a sostener el statu quo.

El relato oficial viene instalando hace tiempo que el aumento de precios se debe a la especulación de un puñado de empresarios y a entidades cuasi místicas llamadas “formadores de precios”. Insisten incansablemente en que el aumento de la emisión monetaria por parte del Gobierno Nacional no guarda relación con el aumento generalizado de precios ni con la devaluación como si imprimir billetes no tuviera efecto sobre su valor. Si emitir no tiene consecuencias negativas sobre el valor de la moneda entonces podríamos resolver la pobreza en Argentina imprimiendo un millón de pesos para cada argentino.

Fruto de esta visión naif de la economía, simplista y sostenida en slogans fue la campaña del #7F donde se procuró impulsar un boicot de consumo en repudio de los aumentos. Si bien apoyo toda iniciativa ciudadana que busca aglutinar a los consumidores y los moviliza para resguardar sus derechos creo importante separar la paja del trigo. El “apagón de consumo” convocado para el viernes pasado lejos de ser una iniciativa ciudadana fue una campaña por parte de sectores afines al gobierno para insistir con el fantasma de “los formadores de precios”. Tal es así que el frente kirchnerista “Unidos y Organizados” lanzó una campaña de escraches en la vía pública de claro corte fascista.

Para acompañar la movilización en redes y los escraches en la vía pública impulsados por militantes kirchneristas resultó interesante ver la manipulación mediática relacionada con la fecha por parte de los medios oficialistas. Sin tener ningún tipo de parámetro, sin ofrecer datos que corroboren las afirmaciones Telam, Diario Registrado, Diariobae entre otros titularon ficciones al estilo “#7F: Supermercados vacíos por apagón de consumo” o “Sorprendente acatamiento al apagón de consumo, la iniciativa a no comprar en supermercados”. En ambas notas no hay un sólo dato que acompañe estas afirmaciones, tampoco hacen referencia al diluvio que hubo en la CABA y la Provincia de Buenos Aires y claro está, nadie habla del rol del Gobierno Nacional en el nacimiento del descalabro de precios… en fin, mienten.

Hay que entender que la inflación tiene, al menos, dos momentos: uno de gestación y otro de consolidación. La inflación encuentra su génesis en el aumento de la base monetaria o, en criollo, en que al Gobierno Nacional se le ocurra imprimir billetes. Si la cantidad de billetes que se imprimen es mayor que la cantidad de bienes y servicios que se crean se distorsiona la relación cuantitativa entre pesos y cosas y los pesos pasan a valer menos. De golpe nos encontramos que hay más pesos en la calle para una misma cantidad de cosas.

El efecto no es inmediato. Este dinero que se inyecta en la economía a través de gasto público, créditos y subsidios afecta primero a ciertas áreas que ante el aumento artificial de la demanda deciden aumentar los precios, a su vez van trasladando la demanda agregada a otros sectores y así, poco a poco, se empieza a recalentar la economía. Cuando esta práctica de imprimir billetes “de más” se vuelve una práctica sostenida diferentes actores empiezan a reaccionar en consecuencia y pasa a formar parte del cálculo de precios de los contratos. Para refrendar lo que postulo comparto el siguiente gráfico que compara aumento de la base monetaria y aumento de precios para que vean la relación:

Fuente: Nicolás Cachanosky

Como nadie tiene la bola de cristal, resulta imposible saber cuánto aumentarán en el futuro los costos por lo que todos empiezan a hacer estimaciones lo cual empieza a generar distorsiones en los precios relativos y genera una dispersión alta de precios aún analizando un mismo producto. Algunos aumentan por miedo, otros “por las dudas”, otros tratan de sacar ventaja del río revuelto para aumentar sus ingresos y la conducta generalizada tiende a ser un “sálvese quien pueda”. Las reacciones forman parte del proceso de consolidación de la inflación y generan un efecto expansivo y estructural que impide soluciones simples. Lo que comienza con imprimir billetes de más pasa a ser un problema de coordinación de millones de argentinos.

El rol de los empresarios es cuidar sus activos (o sea, no perder plata) y crecer (generar más riquezas). En un contexto ordinario su tarea tiende a enriquecer a toda la sociedad y son una pieza fundamental en el motor del progreso. Pero en un escenario como el presente resulta insensato esperar que abandonen estos objetivos y se pongan al servicio de alguna pretensión gubernamental. Están en condiciones de cuidarse de la inflación de forma más eficiente que otros tantos actores sociales y lo hacen, poniendo en evidencia los desajustes del sistema.

A la inflación no se la combate con controles de precios, boicots de consumo, escraches fascistas o estupideces análogas, se la combate con políticas monetarias y fiscales responsables que le permitan a todos los que forman parte del concierto económico local tomar decisiones y realizar contratos sin andar cuidándose de que el Gobierno Nacional le meta la mano en el bolsillo mientras duerme depreciando el valor de la moneda.

A las crisis no se las combate con slogans, escraches ni mentiras. Pueden ignorar la realidad pero no pueden ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. La responsabilidad de la inflación/devaluación que estamos viviendo es fundamentalmente del Gobierno Nacional.

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