Algunos días después del inicio de la confusión un periodista amigo me llama avisándome que el piquetero Luis D´elía había utilizado la foto en cuestión para impulsar un ataque contra Patricia Bullrich. Para que la foto sea menos nítida el operador subió una versión fuera de foco para que no se note la mentira. Siendo que no es la primera vez que el operador kirchnerista sospechado de dirigir la embajada paralela con Irán difunde información errónea o falsa que me afecta de alguna manera. Esta vez decidí responderle y el intercambio tomó relevancia muy por encima de mis expectativas.

“@Luis_Delia: LINDA FOTO DE @PatoBullrich DE JODA CON LAGOMARSINO pic.twitter.com/OrB4xTXpv6” ese soy yo Luis, largá las drogas.

— Yamil Santoro (@yamilsantoro) febrero 21, 2015

@yamilsantoro @cristianre78 @PatoBullrich No está claro que seas vos,el de la foto se parece mas a LAGOMARSINO

— Luis D’Elia (@Luis_Delia) febrero 21, 2015

“@Luis_Delia: @yamilsantoro No está claro q seas vos el de la foto se parece mas a LAGOMARSINO” leé el calzón mamerto pic.twitter.com/xswyPICkn3

— Yamil Santoro (@yamilsantoro) febrero 21, 2015

Más allá del elemento jocoso lo cierto es que las redes sociales han normalizado la posibilidad de que se vierta información falsa, parcializada o maliciosa y que usualmente quien lo haga quede impune aún arruinando la vida de una persona o sembrando una mentira que dañe a una persona.

Hace poco discutíamos con algunos otros jóvenes políticos acerca de las distintas alternativas que podíamos adoptar para enfrentar este flagelo y básicamente existen dos alternativas: la que promueve la libertad, evitando todo tipo de censura previa, y la que la inhibe, habilitando al gobierno a controlar lo que se dice antes de que llegue del emisor al receptor. El mismo debate surgió hace poco cuando aconteció el atentado a Charlie Hebdo que me hizo señalar la importancia de defender el derecho a poder faltarle el respeto a alguien sin censura previa (no sin estar eximido de responder por ello). Esta es la línea que pregona nuestra Constitución Nacional en su artículo 14: todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”. Claro que “prensa” debe interpretarse de manera amplia. Definitivamente nuestros padres fundadores extenderían esta tutela a Twitter y Facebook de haberla conocido.

Asumiendo superado el debate acerca de la censura es fundamental ver a la contracara de la libertad: la responsabilidad. En este sentido el Pacto de San José de Costa Rica establece en su artículo 13 que “El ejercicio del derecho (…) no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás (…)”.

El kirchnerismo reformó mediante la ley 26.551 el artículo 109 y 110 del Código Penal que hablan sobre las calumnias e injurias agregando una cláusula de irresponsabilidad que establece que “en ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”. O sea que si un asunto es considerado de interés público resulta lícito decir cualquier cosa.

Ahora, si uno pasa revista de los últimos años, los voceros del oficialismo han sido quienes han adoptado principalmente una postura abiertamente ofensiva, difamatoria con miras a desprestigiar a quienes piensan diferente. Si bien la diversidad de pensamientos es deseable, se han amparado muchas veces en mentiras para sostener sus argumentos y desprestigiar a quienes piensan diferente.

Nos debemos en Argentina un debate serio sobre los límites que debemos ponerle a la mentira y a la desinformación. Sólo así podremos elevar la calidad del debate político y evitar que difamadores seriales empobrezcan el debate que debe llevarnos a construir un país mejor para todos.

El viernes pasado distintos espacios convocamos a una movilización frente a la embajada de Venezuela a fin de reclamar por el respeto de los DDHH y pidiendo que se garanticen las libertades fundamentales del pueblo venezolano y se termine con la brutal represión perpetrada por el gobierno de Nicolás Maduro. La marcha convocada para las 18 hs apuntaba a ser una manifestación pacífica de protesta, acompañada de la presentación de un petitorio al embajador, sin cortar la calle en ningún momento y sin ningún tipo de agresión.

La embajada venezolana respondió a nuestra convocatoria impulsando una contramarcha a las 16:00 a fin de deslegitimar la protesta, polarizar el planteo y desdibujar el reclamo. En concreto hubo una marcha reclamando el respeto de los Derechos Humanos en Venezuela por parte de múltiples organizaciones, algunas políticas y otras ciudadanas, que incluyó a Una Voz por Venezuela, Jóvenes Unión PRO, Partido Liberal Libertario, entre otras. Contra esta marcha humanitaria se manifestó el pankirchnerismo de izquierda con la presencia estelar de los miembros de Quebracho, Marea Popular, Kolina, JP Evita, entre otros.

La situación del viernes me produjo, por primera vez en muchos años de participación política, profunda tristeza. En un momento una chica desconsolada preguntaba a los gritos “¿qué festejan?” al otro grupo. No pude encontrar una respuesta que me trajera paz: se habían movilizado en contra de un reclamo sin banderas partidarias a favor de los derechos humanos.

Lo que está pasando en Venezuela excede con creces el debate izquierda-derecha. Lo que está en debate es si vamos a soportar que un gobierno por tener un discurso que nos resulta “simpático” abuse de su pueblo y atropelle los derechos humanos. La posición que hoy adopta la izquierda no los diferencia en nada de la adoptada por aquellos que justificaban la represión y la violencia de Estado en los setentas. Me cuesta creer que entrado el siglo XXI sigamos con esa visión patética de “asesinos buenos” y “asesinos malos”. Me preocupa pensar que hay personas dispuestas a legitimar la violencia contra quien piensa distinto, y eso vi el viernes.

Venezuela ha comprado voluntades durante años procurando establecer un blindaje internacional que le permitiera profundizar sus atropellos sobre los derechos humanos sin tener que rendir cuentas. A fines del año pasado el gobierno de Nicolás Maduro abandonó los organismos internacionales de derechos humanos dependientes de la Organización de Estados Americanos. Casualmente se escaparon de ellos el día siguiente a que la oposición venezolana presentara pruebas del fraude perpetrado en las últimas elecciones presidenciales. Ni hablar de la manipulación de la muerte de Chávez o las incompatibilidades legales de Maduro para el cargo. Pero para muchos los derechos humanos han sido un negocio antes que una causa, tal como expone Luis Gasulla en su obra El negocio de los derechos humanos, y esto los ha puesto en evidencia.

Hoy el líder de la oposición, Leopoldo López, irá a presentar un petitorio pidiendo el cese de las hostilidades contra la población civil, el desmantelamiento de los cuerpos paramilitares y que se respete el derecho a protestar de todos. Asimismo, hará entrega personalmente del petitorio a pesar de que el Gobierno de Nicolás Maduro ha resuelto encerrarlo emitiendo una orden de arresto. Dejo un video de la convocatoria, de un líder político que debió pasar a la clandestinidad en “democracia”.

Lo que está pasando nos convoca a todos, más allá de las banderas políticas. Debemos acordar entre todos los actores políticos que la violencia y la represión de las disidencias nunca más deben formar parte de la arena política.