¿Militarizar es pacificar?

“La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo.”, así comienza un lapidario informe firmado por varios líderes mundiales sobre el rotundo fracaso de las políticas sobre drogas a nivel mundial. A pesar de la amplia evidencia en contra de un experimento que ha generado más daño del que intentaba originalmente prevenir, muchos políticos insisten en profundizar el fracaso extendiendo el alcance de la persecución que llevan adelante los gobiernos contra adultos que deciden ingerir ciertas sustancias consideradas ilegales.

El problema de la violencia ligada a la comercialización de sustancias ilegales -o narcotráfico- es una consecuencia de esta política. Cuando los Estados deciden penalizar y perseguir la compraventa de determinadas sustancias porque considera que son nocivas no desaparecen del mercado, son simplemente desplazadas a la clandestinidad. Por lo tanto, además de tratar como niños a adultos que deberían tener la libertad de poder decidir acerca de sus propias acciones, este abordaje ha generado una tragedia mucho mayor que puede ser el problema del consumo de drogas y la drogadicción.

El ímpetu prohibicionista no es un asunto reciente. Varios años antes de que se declarara la Guerra contra las Drogas en la década del 70, y con los mismos argumentos al que hoy recurren los paladines de la prohibición de drogas surgieron en Estados Unidos movimientos moralistas en contra del consumo de bebidas alcohólicas. Tras casi un siglo de existencia, en 1919, la presión y la influencia que tenían estos grupos obtuvieron la satisfacción de aprobar una enmienda constitucional en el que se prohibía la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio estadounidense, a partir de ese momento todo fue en caída libre. Había comenzado la llamada Ley Seca.

Naturalmente, una vez vigente la prohibición, los dueños de comercios legales que hasta el momento comercializaban pacíficamente las bebidas etílicas y no querían tener problemas con la ley decidieron apartarse de ese negocio. Lejos de que el alcohol pasara a la historia, aquellos que querían hacerse de bebidas alcohólicas podían seguir haciéndolo sin mayores obstáculos. El mercado encontró otras formas de abastecerse, fue el comienzo de la época dorada del crimen organizado. Gente como Al Capone o Arnold Rothstein vieron en la prohibición no solo un gran negocio con inimaginables márgenes de ganancias, sino además como la base financiera para expandir sus operaciones criminales a otros rubros.

Paradójicamente, al igual que sucede en nuestros días con la prohibición de las drogas, las consecuencias de la Ley Seca fueron totalmente contrarias a los efectos esperados. Aumentaron los índices de criminalidad; el descenso del consumo no fue significativo – tampoco lo fue el aumento del consumo en los años post-prohibición; y la producción casera de alcohol para la venta – en manos de novatos – generó alrededor de 50.000 muertes por envenenamiento.

Trece años después de su entrada en vigencia, y miles de muertes producto del crimen organizado que había tomado el control del sector, la prohibición fue derogada. Un reverendo evangelista y promotor de la prohibición de nombre Sam Small resumió aquellos años como “una orgía de caos y corrupción oficial.”

A pesar de todo, la evidencia disponible no es un factor persuasivo para aquellos bien intencionados que creen llevar adelante cruzadas morales, o para los que simplemente están en búsqueda de un rédito político. Ni la experiencia americana durante la década de 1920, ni la experiencia actual de la Guerra contra las Drogas son suficientes para disuadirlos de insistir en una política cuyo fracaso es notorio y que está empezando a ser cuestionada a escala global.

La razón por la que escribo esta extensa introducción, y vuelvo a insistir sobre el tema, es debido a una iniciativa que está siendo promovida desde el recientemente creado Instituto de Políticas de Pacificación, dirigido por el ex-legislador Diego Kravetz. Kravetz propone que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancione una Ley de Pacificación con el objetivo de lucha contra el narcotráfico. “Pacificar” también fue el término que utilizó el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, al describir el megaoperativo que tuvo lugar en Rosario algunos días atrás. Un operativo que involucró a más de 3000 efectivos de distintas fuerzas, y en el que se prevé que queden estacionados en aquella ciudad unos 1.500 gendarmes y 500 prefectos.

Aunque pueda sonar reiterativa la comparación entre nuestra realidad y la novela 1984 de George Orwell, Berni y Kravetz se sumergen en un claro ejemplo de lo que el autor inglés denomino doublethink (doblepensar, en nuestro idioma). Este concepto, definido en la novela como “el poder, la facultad de sostener dos opiniones contradictorias simultáneamente, dos creencias contrarias albergadas a la vez en la mente”, se observa con claridad en uno de los slogans del partido gobernante de esa la obra de ficción: la guerra es la paz. En este caso podemos decir “pacificar es militarizar”.

El proyecto de Kravetz, para el cual está recolectando firmas con el objetivo de que sea tratado por la Legislatura porteña, propone imitar la experiencia brasileña de las “Unidades de Policía Pacificadora” (UPP). Este cuerpo policial creado en 2008 y cuya actuación se circunscribe a las favelas de Rio de Janeiro, tiene como propósito reforzar la presencia del Estado en regiones que solían ser controladas por bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Desde su creación, la UPP se ha establecido   -u “ocupado”, como dicen en la web oficial de la fuerza- en 39 complejos de favelas de la ciudad carioca.

La propuesta que se busca importar consiste en dos etapas. En la primera se “saca a los narcos de las villas”, describe Kravetz en un artículo publicado en Infobae. Está tarea -según el proyecto local- sería llevada adelante por las Unidades de Policía de Pacificación (UPP porteñas), encargada de desplazar al crimen organizado de aquellos barrios humildes en los cuales han encontrado refugio. Posteriormente, se implementa la presencia de una Unidad de Pacificación Social (UPS), una especie de policía comunitaria destinada a “realizar trabajos comunitarios junto a los vecinos, y ayuda a resolver conflictos”, explica un folleto informativo del Instituto de Políticas de Pacificación que recibí en la vía pública.

Pero bajo un lenguaje confuso y poco claro, el ex-legislador está promoviendo la militarización de las villas de emergencia como solución al narcotráfico. Para obtener una imagen más precisa de esta la realidad que se propone, sigamos el propio consejo de Kravetz y veamos el caso brasileño.

Al igual que la iniciativa local, el plan implementado por Sergio Cabral, el jefe de gobierno de Rio reelecto en 2010, consiste de dos fases.

Lo que Kravetz con sencillez describe diciendo “primero se saca a los narcos de la villas”, se trata de una operación sumamente compleja. En Rio esta tarea está a cargo del  Batallón de Operaciones Policiales Especiales, o BOPE, la fuerza especial de la Policía Militar de Rio de Janeiro mundialmente conocida  gracias a la película Tropa de Elite, un largometraje que retrata de forma cruenta la brutalidad policial que predomina en esta fuerza. El BOPE se caracteriza por tratar al teatro de operaciones como una verdadera zona de guerra, en la cual incursionan con tácticas bélicas, con la mentalidad de derrotar a un ejército enemigo. Casi un vale todo.

No es casualidad que Brasil ostente una de las tasas más altas de muertes por habitante. En el año 2009, la ONG Human Rights Watch publicó un informe titulado “Fuerza Letal” en el que da cuenta de las escalofriantes estadísticas de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo de la policía. Los números, en comparación en comparación a los niveles de violencia existentes son exorbitantes. Más de 11.000 personas fueron asesinadas por la policía entre 2003 y 2009 en las ciudades de Rio de Janeiro y São Paulo. Mientras tanto, los allanamientos sin orden judicial, el establecimiento de checkpoints y otros abusos policiales se convierten en una constante una vez establecida la “ocupación” por el programa pacificador.

Por ejemplo, el caso de Amarildo de Souza se convirtió en un icono de las protestas contra estos abusos. Este trabajador de la construcción de 42 años desapareció en julio del año pasado en la favela Rocinha, una de las 39 zonas que se encuentran sitiadas. “Las cosas se pusieron peor desde que vino la policía. Al menos cunado las bandas de narcotraficantes tenían el control, conocíamos las reglas. Ahora, solo hay miedo. La policía agarra a la gente de forma aleatoria, como a mi padre”, le dijo Anderson de Souza a Associated Press. La investigación policial comprobó torturas e implicó a 25 policías, incluido al comandante de la unidad en la Rocinha, todo una rareza en un país donde la impunidad policial está a la orden del día. El cuerpo de Amarildo nunca apareció.

Este caso, que tuvo resonancia en los principales medios brasileños es representativo de una tendencia preocupante entre las favelas pacificadas. A pesar de registrarse una baja de hasta un 75% en la tasa de homicidios durante los primeros tres años de la implementación del programa de pacificación – reafirmando una tendencia que comenzó en 2006 – a partir del 2013 esa tendencia se interrumpió y los narcos están recuperando el control. Pero todavía más preocupante es el aumento de desaparecidos en las favelas, desde el año 2007 hubo un brusco aumento en la cifra de desaparecidos. Todo esto no sorprende, si se incluye en la ecuación la tradición de la policía brasileña de “esconder” sus propios errores.

En una segunda fase, las fuerzas de característica militar son reemplazadas por otra división perteneciente a la policía militar de Rio, las cuestionadas Unidades de Policía Pacificadoras. En el proyecto de Kravetz estas unidades son llamadas Unidades de Pacificación Social, y no existen muchos datos acerca de la naturaleza de este cuerpo. Lo que sí se puede asegurar es que de mantenerse en línea con el modelo de Rio, los habitantes de los asentamientos precarios tendrán que elegir vivir entre bandas de narcos o en una situación de ocupación policial/militar. Ninguna de las alternativas parecen ser tentadoras.

Es que la estrategia promovida por Kravetz, y en la que el secretario Berni coincide, consiste en intentar apagar un fuego con más combustible. Escalar la lucha contra el narcotráfico solo puede tener como resultado mayores niveles de violencia y más inocentes puestos en la línea de fuego. Es otro ataque sobre las consecuencias de la violencia del crimen organizado, y no sobre sus causas. Perpetuar esta batalla -que ya está pérdida- motivada por ambiciones políticas es un crimen.

Lo que hay que comprender es que no son los consumidores de drogas ni los drogadictos los que generan miles de muertes al año producto de la violencia mafiosa, no son los consumidores ni los drogadictos los que encarcelan a personas pacíficas que no le hicieron daño a nadie, tampoco son ellos los que asesinan una persona por día en Rosario. En la guerra que se desarrolla entre el narcotráfico y el gobierno salen perdiendo todos, excepto los narcos que mantienen su negocio y el gobierno que tiene excusas para intervenir, aumentar el gasto en seguridad, y aprovechar las infinitas oportunidades para corromperse.

Así como desapareció el crimen organizado relacionado con el comercio ilegal de bebidas alcohólicas desaparecerá el narcotráfico. Pero eso ocurrirá cuando políticos y “expertos” repasen y reconozcan el daño que ha generado la prohibición, cuando admitan que sus enfoques equivocados solo han creado caos, miseria y tragedia, cuando desistan de seguir construyendo un infierno en la tierra solamente para avanzar sus causas morales. Será entonces ese el momento en el que al narcotráfico se lo estudie en las clases de historia y la prohibición de drogas pase a ocupar otro lugar en el extenso estante donde se archivan las masacres, matanzas, hambrunas, confiscaciones, abusos, entre otras aberraciones que llevan adelante los Estados.

Privatización de la acción penal

“Cárcel para los delincuentes”, este parece ser el principal reclamo de una sociedad atemorizada frente a la ola de delincuencia y a los preocupantes niveles de inseguridad que afectan al país. La serie de linchamientos que tuvo lugar en los últimos días en varios puntos del país demuestra que los niveles de tolerancia frente a la impunidad llegaron a un límite.

Ante esto, la reacción de de dos de los principales referentes de la llamada oposición, Mauricio Macri y Sergio Massa, no dudaron en apelar al argumento favorito de la clase política a la hora explicar o intentar comprender la causa de un problema: la ausencia del Estado. Para ambos, las feroces golpizas contra delincuentes son producto de la falta de acción del Estado en materia de persecución a los delincuentes. Es una salida fácil para ellos, más cuando ambicionan un éxito electoral en las próximas elecciones presidenciales.

El argumento de la ausencia del Estado les permite posicionarse –ante un eventual éxito de sus chances presidenciales – como la persona adecuada para tomar la iniciativa y resolver el problema de la inseguridad. Estos son los casos en los cuales se puede observar con mayor claridad cómo la clase política funciona al estilo de una corporación cuyo único fin es resguardar el poder que ostenta. La solución siempre la encuentran en sumarle más poder al Estado.

Ahora, dejando de lado de las declamaciones demagógicas de los políticos, en tiempos en los que la presencia del Estado es total en la vida diaria de las personas, el ámbito de la política criminal  no es una excepción. Es difícil concebir una situación en la cual el Estado pudiera estar más presente que en el ámbito de las políticas de seguridad y la política criminal. Y cuando hablamos de un Estado omnipresente es imposible no referirse a la otra cara de la moneda, la de una sociedad impotente a la que le han expropiado cualquier tipo de participación y es relegada a un papel de mero observador.

En el actual proceso penal la víctima es una simple excusa que le permite al Estado iniciar un proceso de enjuiciamiento. Según el enfoque vigente, el juicio penal está completamente disociado de la víctima y de la protección de sus derechos. La sanción que dispone el juez no es en nombre de la víctima como sucedía en los sistemas que precedieron al derecho penal moderno. Ahora, es el Estado asume el papel de fiscal y busca la imposición de un castigo en su nombre bajo el pretexto de que el criminal representa un peligro para esa abstracción llamada sociedad. Esto es lo que el Juez Penal Ricardo Manuel Rojas en su libro Las contradicciones del derecho penal llama “la estatización de la respuesta penal”.

Es así que las víctimas son doblemente ultrajadas, primero por quien cometió el delito y luego nuevamente por el Estado, que la ignora a la hora de la búsqueda de justicia. Devolver a la víctima a un primer plano, y dejar de lado las creaciones abstractas como la “sociedad” para fundamentar las penas puede ser un primer paso para desactivar la desprotección que perciben los ciudadanos.

Consideremos el siguiente caso. Jorge es asaltado por Diego. En la actualidad, en el extraño caso de que Diego sea atrapado, juzgado, y luego condenado, Jorge es un mero observador. No puede opinar acerca de la sanción, y su papel en el juicio es de insignificante a inexistente. Con la “privatización” de la acción penal, la víctima podría peticionar ante el juez, exponiendo cuál es su pretensión en el juicio, tal como sucede en la actualidad en el ámbito del derecho civil. De esta manera, la tan ansiada justicia está más cerca de la realidad.

En primer lugar, este enfoque habilita la aplicación de penas alternativas a la prisión al no verse el juez limitado a sentenciar lo que indica el Código Penal. Esto ya sería un gran avance. Hoy en día, las cárceles – abarrotadas y en condiciones insalubres –  son una verdadera escuela del delito. Los presos inexpertos aprenden allí como perfeccionar su técnica, los que entran ladrones salen secuestradores, los que entran como violadores salen asesinos. Y desde otro punto de vista, resulta absurda la idea de que la víctima, además de haber sufrido un hecho de inseguridad, deba después soportar los costos de manutención de los reos – financiados por impuestos – en un nuevo ataque contra sus derechos.

Con el poder de la sanción en manos de la víctima, el juez se limitaría verificar el perjuicio y determinar si la pena es proporcional al daño cometido.

Una reforma en este sentido lograría devolverle un lugar primordial a la víctima en el proceso penal y reconvertiría al derecho penal en un derecho donde lo fundamental sea la restitución, en la cual el delincuente debe compensar a la víctima por el daño realizado, y  finalmente acercaría a las víctimas a nociones de justicia más realistas que al concepto idealizado de que el Estado busca hacer justicia en nombre de la sociedad.

Sin cambios gana el narcotráfico

Un plan para asesinar a un juez y a un fiscal a cargo de una importante causa contra una de las bandas de narcotraficantes más poderosas de la ciudad, un policía detenido involucrado en la conspiración, fuerzas de seguridad militarizadas, 76 homicidios – uno por día – durante el 2014, ataques a balazos contra la casa del Gobernador, el Ministro de Seguridad, y el Secretario de Seguridad Pública. Estos elementos podrían pertenecer al argumento de un thriller hollywoodense, o bien describir la situación que se vive en el norte de México, un infierno en la tierra. Solamente el año pasado hubo 18.413 homicidios en el país más al sur de Norteamérica. Pero no es ni la trama de una película ni la realidad de ningún otro país: la conspiración para asesinar a un juez tuvo lugar en Rosario, una ciudad en la que la violencia del crimen organizado está en constante aumento y no parece tener límites.

El actual clima de violencia despierta preocupación entre funcionarios provinciales y nacionales. La oposición reclama escalar la lucha contra el narcotráfico, y existe una percepción en la opinión pública de que el presupuesto y las tareas destinadas a combatir la comercialización de drogas son insuficientes. El reclamo de mayores recursos económicos y humanos para combatir al narcotráfico parece ser, a primera vista, una reacción previsible. En la última semana un informe publicado por el diario El Cronista deja en evidencia la escasez de recursos. Los 33 millones de dólares dejan sabor a poco si se comparan con los 95 millones que destina Chile, o los 80 millones que destinan en Uruguay y Perú en la lucha contra el narcotráfico.

A raíz de esta situación, muchos se apresuran a concluir que el verdadero problema en Argentina es la cantidad insuficiente de recursos dirigidos a combatir el narcotráfico, que la comercialización de drogas está permitida de facto y que el problema persistirá hasta que no se asuma con seriedad la misión de erradicar el narcotráfico, es decir con mayores recursos. Si consideramos los países que han asumido con seriedad la tarea de eliminar el narcotráfico, asignando una sustanciosa cantidad de recursos a la guerra contra las drogas, los costos son demasiados altos y los resultados – en el mejor de los casos – de dudoso éxito.

Los 7 mil millones de dólares del Plan Colombia, una iniciativa del gobierno de Estados Unidos para abordar los carteles colombianos, son un ejemplo del fracaso de este enfoque. Más de 15 años después del inicio del plan, la superficie destinada al cultivo de coca se redujo a la mitad y los mega-carteles que dieron lugar a figuras como Pablo Escobar no están más presentes en aquel país. En cambio, un aumento en la productividad por hectárea del cultivo de hojas de coca, y el surgimiento de carteles de menor tamaño, junto a un aumento en la tasa de homicidios de ciudades como Medellín, dan cuenta de que el éxito fue relativo. Cuando incluimos en la ecuación entre 40.000 y 50.000 muertes, daño medioambiental, y la migración de los cultivos hacia Perú y Bolivia, el éxito deja de ser relativo y podemos hablar de otro fracaso más.

Cada dato sobre la guerra contra las drogas es un claro argumento contra ella. Por ejemplo, durante los últimos 8 años se produjeron 70.000 solamente en México en el marco del combate al narcotrafico, un número superior a la cantidad de bajas estadounidenses durante los primeros 10 años de la Guerra de Vietnam. Asesinatos, secuestros y muertes son moneda corriente en ese país, a pesar de los 50.000 soldados desplegados para combatir el narcotráfico. Estados Unidos es el líder, y mayor impulsor, de la prohibición como postura frente a las drogas. Un billón de dólares fueron destinados en los últimos 40 años para combatir el narcotráfico y el resultado es poco alentador. El precio de las drogas disminuyó a la mitad (o hasta un 75% en algunos casos) y su consumo aumentó. Tan poco alentador es este resultado, como el hecho de que la población carcelaria de ese país se cuadruplicó en los últimos 30 años, al mismo tiempo que disminuían los crímenes violentos. Este incremento en la tasa de encarcelamiento solo puede explicarse por el aumento de reclusos encarcelados por delitos no-violentos relacionados con drogas.

La evidencia es abrumadora, ninguno de los países que han desarrollado las estrategias más agresivas para combatir el narcotráfico en todos sus aspectos han podido resolver este problema. En Argentina, la prohibición está vigente y ese es el motivo por el cual observamos el ascenso del crimen organizado. Por eso, no es sorprendente que cada vez haya más voces a favor de terminar con este fracaso de magnitud monumental. Además de los avances concretos que tuvieron lugar en los estados americanos de Washington y Colorado, y en el más cercano Uruguay, varios presidentes y ex presidentes de la región han comenzado a impulsar la necesidad de discutir la necesidad de un mercado legal de drogas.

Es el caso del ex primer mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso, que sostuvo con precisión que “esta política ha tenido nefastas consecuencias -corrupción de las fuerzas policiales y del aparato judicial, y violencia relacionada al tráfico- para el desarrollo económico y la seguridad política de los países productores.” Cardoso no está solo, los presidentes de Guatemala y Colombia, Otto Perez Molina y Juan Manuel Santos respectivamente, también se han manifestado en ese sentido, mientras que el uruguayo José Mujica ha dado el primer paso en revertir este gran error.

Es que el problema de la violencia relacionada con las drogas no es a causa de las drogas, sino por la existencia de un mercado negro, cuyos participantes se ven atraídos por los grandes márgenes de ganancias que existen debido al carácter clandestino del negocio. Es un problema artificial, creado por las políticas que generan espacios ideales para que desarrolle el crimen organizado en vez empresarios y comerciantes que no acudan a la violencia a la hora de competir o saldar sus disputas.

A pesar del optimismo en la región de aquellos partidarios de terminar con uno de los experimentos más letales del siglo pasado  -la prohibición- en Argentina las perspectivas no son las más alentadoras. La elección de un Papa argentino ha vuelto a poner en un lugar preponderante las posturas de la Iglesia Católica, y las opiniones del clero son escuchadas atentamente en el Congreso y la Casa Rosada para evitar ofender al pontífice máximo. La asignación de un cura a la cabeza de la Secretaría de Programación para la Prevención de La Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) dan cuenta de ello.

Un consenso acerca de la necesidad de escalar la lucha contra el narcotráfico puede poner al país en un camino sin retorno. Insistir con una política que fracasó, y cuyos costos económicos y sociales son altísimos, podrían llevar a un espiral de violencia sin fin. Todavía estamos a tiempo de dejar de lado las ideas de la DEA y empezar a escuchar a los que tienen algo diferente para decir.

El peligro de dar algunas cosas por sentadas

Se suele decir que “la pluma es más poderosa que la espada”. Es verdad que, a pesar de haberse convertido en un cliché aplicable a un sinfín de situaciones, la historia mundial nos demuestra como muchas veces fueron panfletos escritos y no las armas de algún general, los disparadores de cambios radicales en la historia mundial. Desde “Las 95 tesis” de Martín Lutero, hasta “Common Sense”, el panfleto escrito por Thomas Paine, inspirador de la Revolución Americana (1776), la pluma muchas veces ha servido como catalizadora de grandes cambios.

Sin embargo, muchas veces la pluma no es vista como una alternativa o un reemplazo a la espada, sino que cumple la misma función que la espada. Así como Clausewitz sentenció que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, podríamos decir que la pluma es el rifle de la política.

Cuando la pluma es sostenida por un presidente, un ministro, un legislador, o  cualquier persona con la capacidad de firmar en nombre del Estado, su función no es la de persuadir a través de argumentos, elaborar una prosa inspiradora, o describir el estado de las cosas. Una pluma en las manos de un político con poder es como una pistola en manos de un general que amenaza a su propio ejército, el cual pretende replegarse. El militar usa el arma para amenazar o matar, el político firma leyes, decretos, o resoluciones dirigidas a volcar todo el poderío del aparato estatal sobre la sociedad civil. Podemos encontrar un ejemplo en cada acto de gobierno, pero es posible ver la utilización de la pluma como espada en determinadas políticas. Es el caso de uno de los programas más relevantes para el gobierno de Cristina Kirchner, el régimen de control de precios denominado “precios cuidados”.

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¿Quién necesita al Indec?

El lanzamiento del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) devolverá a las primeras planas de los diarios el debate sobre la credibilidad de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). La necesidad de que el Indec provea estadísticas confiables como requisito indispensable para combatir la inflación y terminar con el descalabro económico que lleva adelante el actual gobierno es una idea predominante entre economistas y políticos de la oposición.

No es casualidad que las modificaciones metodológicas introducidas al IPC fueran realizadas conjuntamente con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que aplicó el año pasado una “moción de censura” contra el país por su baja calidad estadística. Es que no podía ser de otra manera, desde sus orígenes la planificación centralizada de la economía fue la metodología adoptada por el FMI, y de ahí su interés en que las estadísticas argentinas resulten confiables.

Ya en 1963, cuando el organismo era una pieza fundamental del sistema monetario internacional, el periodista económico Henry Hazlitt señalaba que el Acuerdo de Bretton Woods, que dio origen a la entidad multilateral, “ha demostrado ser, en la práctica, una gigantesca máquina de inflación mundial. En los casi 20 años de su existencia, cada vez mayores devaluaciones se han producido en las monedas nacionales que en cualquier período comparable”.

La función original del FMI fue un auténtico fracaso, pero no el único. Con la eliminación del sistema monetario de Bretton Woods, su misión se transformó en proveer asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo para fortalecer sus economías. No es necesario ahondar en los resultados que tuvo el organismo en esta nueva etapa, mucho menos para los que vivimos en esta parte del globo y conocemos las consecuencias de implementar sus recomendaciones. Como sostiene el economista William Easterly, la “función principal de hacer cumplir la disciplina financiera adolece de la mentalidad de un planificador intrusivo que establece arbitrariamente objetivos cuantitativos de los indicadores clave de la conducta de los gobiernos. Al igual que todos los planificadores, el FMI se ajusta a la compleja realidad de los sistemas económicos con un lecho de Procusto de los objetivos que poco tienen que ver con esa complejidad”.

Los liberales hemos rechazado históricamente la existencia del FMI. El gobierno de Cristina Kirchner busca obedecer a los dictámenes del FMI, para poder lograr reintroducir al país en los mercados de deuda internacionales, lo que sería repetir la historia.

La alternativa para resolver esta polémica sobre credibilidad de las estadísticas oficiales es sencilla, cerremos el Indec.

La primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién necesita de las estadísticas que genera el Indec? Sin dudas, economistas y sociólogos se valen de los guarismos, pero son los políticos y los encargados de confeccionar políticas públicas sus principales destinatarios. En el sitio web del organismo fundado en 1968 por el dictador Juan Carlos Onganía destacan “la importancia de la estadística oficial para la decisión de políticas de desarrollo en el área económica, demográfica, social y ambiental”. Precisamente, esta es la razón principal por la cual el Indec es una fuerza perjudicial para el bienestar de los argentinos.

Las estadísticas oficiales les ofrecen a los políticos una falsa sensación de conocimiento sobre la realidad. Los grandes agregados de números generan la sensación de tener la información necesaria para delegar la toma de decisiones económicas en una autoridad central. Sin embargo, se deja de lado el conocimiento que se encuentra disperso y que es inaccesible para los Kicillof y los Capitanich de turno y para cualquiera que pretenda tenerlo. Como explica el economista austriaco F.A. Hayek en  “El uso del conocimiento en la sociedad”, “esto se debe a que los ‘datos’ referentes a toda la sociedad a partir de los cuales se origina el cálculo económico no son nunca ‘dados’ a una sola mente de modo que pueda deducir sus consecuencias y nunca, tampoco, pueden así ser dados.” La información que requieren los políticos es inasequible porque únicamente se obtiene “en la práctica”.

La política cambiaria, el proteccionismo, la distribución arbitraria de recursos, la manipulación de precios y documentos absurdos como los “204 objetivos y 272 metas” (que nada tienen que envidiarle a los planes quinquenales de la Unión Soviética) son algunas de las consecuencias que se derivan de esta arrogancia promovida por el acceso de los políticos a las estadísticas.

Solo los intervencionistas necesitan de estos números. La actividad de los empresarios tiene como base la prueba y error a partir de la estimación de costos, precios, y de las ganancias o pérdidas obtenidas. No requiere más que de eso y de su visión empresarial, aunque se trate de un conocimiento generalmente despreciado por la clase política, quizás por estar fuera del mercado. Por el otro lado, los consumidores se valen de sus experiencias de sus necesidades y deseos más urgentes para tomar sus decisiones. Las estadísticas son, como sostenía Murray Rothbard, los “ojos y oídos” de los ingenieros sociales.

Es verdad que para ciertas estadísticas que permiten tener una visión general del estado de cosas existe una demanda, pero lejos están de ser, por si solas, herramientas adecuadas para la toma decisiones como lo creen los intervencionistas de todos los partidos. A diferencia de lo que se cree, la ausencia de estadísticas oficiales no implicaría la inexistencia total de estadísticas. Ya lo vimos en los últimos años, que ante la falta de credibilidad del INDEC, el sector privado ha provisto datos cuantitativos fiables acerca de la inflación, con el agregado de que para producirlas no fue necesario requerir a la expoliación del contribuyente. Este mismo modelo se replicaría con aquellos indicadores para los que haya gente dispuesta a pagar por ellos de forma voluntaria.

Si podemos comprender que las causas de la debacle económica que está sufriendo el país, de forma casi ininterrumpida desde comienzos del siglo XX, y existe la voluntad de revertir este proceso, tenemos que empezar por quitarle al Estado una de las principales herramientas que le genera la confianza de poder hacer bien lo que indefectiblemente es incapaz de hacer. No será la panacea ni el fin de nuestros problemas, pero definitivamente estaríamos dando un paso en la dirección correcta.

El mito de la industria nacional

Algunas semanas atrás en el marco del anuncio de nuevas restricciones a las compras por Internet, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, justificaba las medidas argumentando que tenían como objetivo “defender la plata de los argentinos, [y] la industria nacional”. El argumento de que es necesario defender la industria nacional se repite en la boca de los políticos, casi sin importar su procedencia. Peronistas, radicales, socialistas, desarrollistas, socialdemócratas y comunistas comparten este mensaje.

Cada vez que los escucho me alarmo. Si algo necesita ser defendido entiendo que es porque está siendo atacado. Voy corriendo, entonces, a buscar noticias que den cuenta de los ataques. Espero encontrarme con terribles noticias, como bombardeos a complejos industriales, el secuestro de empleados fabriles, o matanzas de industrialistas. Pero nada. No hay señales de algún ataque en curso, o de de la posibilidad de que haya un ataque inminente contra las industrias establecidas en Argentina.

Las agresiones a la industria nacional solo existen en la mente de los proteccionistas. Los proteccionistas presentan la idea de “defender la industria nacional” como una cruzada épica lanzada en nombre de los valores más nobles. En verdad, son simples exponentes de una de las vetas del nacionalismo (una de las ideologías más mezquinas, superficiales y dañinas que han existido), el nacionalismo económico.

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La obsesión por la igualdad

La desigualdad económica es uno de los temas más recurrentes en la agenda política. Ningún político pierde la oportunidad de denunciar la desigualdad entre los que más riqueza poseen y los que menos tienen, que por el solo hecho de ser desigual se considera que es una “distribución” injusta. Esta obsesión por la brecha entre ricos y pobres no es exclusivamente argentina; por ejemplo, el mes pasado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, utilizó a la a Argentina como ejemplo de un país desigual y al que no quiere que el país que preside se parezca.

La búsqueda de la igualdad económica se ha convertido en un verdadero dogma político. Para sus proponentes una “mejor distribución del ingreso” implica una distribución más igualitaria. Afirman que es preferible vivir en una sociedad en la que las desigualdades sean mínimas o, en el mejor de los casos, inexistentes. Según el Coeficiente Gini, que es el índice más utilizado para medir la brecha entre ricos y pobres, los pakistaníes viven en una sociedad más igualitaria que los holandeses. Y Burundi, uno de los países africanos con mayor pobreza, tiene un nivel de igualdad superior al de Nueva Zelanda. Sería bueno preguntarles a los apologistas de la igualdad dónde preferirían vivir: ¿Holanda o Pakistán? ¿Burundi o Nueva Zelanda?

El miércoles pasado Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la escena pública, y en uno de los pasajes, que pasaron desapercibidos, de su discurso dijo:

“Nosotros hemos hecho, desde al año 2003 (sic) a la fecha, una importante reducción [del Índice de Gini], pero ahora estaríamos batiendo récord, porque estaríamos por abajo del 0,3. Lo ideal es el cero, una sociedad que tiene el cero de Índice de Gini significa que es una sociedad completamente igualitaria. Y hacía eso tenemos que marchar, a la utopía de una sociedad absolutamente igualitaria.”

No es de extrañar que los políticos tengan esta aspiración redistributiva. Muchos de ellos ignoran, o prefieren ignorar, el hecho de que para poder “redistribuir” riqueza (eufemismo de saqueo y robo) alguien tuvo que generarla primero. Pero es entendible que no lo comprendan, los políticos no generan riqueza. La única forma de poder hacerlo es ofreciendo en el mercado bienes y servicios que las personas demandan. La política sin dudas no es productora de riqueza, de lo contrario, no sería necesario que esté financiada por impuestos, que no son pagados voluntariamente sino bajo la amenaza latente de ser perseguidos y encarcelados.

En una economía libre, es decir, en donde el Estado no interfiere en los acuerdos voluntarios de las personas, no son un puñado de políticos con aire de megalómanos los que definen quienes aumentan sus ingresos y sus riquezas. Por el contrario, se trata de un proceso descentralizado en el que los empresarios deben ofrecer sus bienes y servicios según las necesidades y los deseos de los consumidores.

Veamos el siguiente ejemplo. Juan, con el fruto de sus ahorros, decide comenzar a fabricar triciclos con ruedas cuadradas. Después de invertir $ 100.000 en infraestructura, materias primas, personal, y demás gastos, no logra vender un solo triciclo, comienza a perder plata, y decide cerrar su negocio. Es lógico, nadie estaba interesado en comprar triciclos de ruedas cuadradas, y la señal de los consumidores a Juan fue clara: dejá de hacer esto, estás desperdiciando capital y otros recursos en algo que nadie demanda.

Aún a pesar de la mala decisión de Juan de fabricar triciclos con ruedas cuadradas, bajo el control de los igualitaristas nunca hubiese podido siquiera comenzar su emprendimiento. Si esos $ 100.000 de capital inicial hubiesen sido robados a Juan, en nombre del igualitarismo, y distribuidos entre 100 personas, nuestro empresario ni siquiera hubiese tenido la posibilidad de disponer del capital que le iba a permitir emprender. Su iniciativa fracasó, ofrecía algo que nadie quería.

Pero imaginemos un caso de éxito, en el que los triciclos de Juan fuesen hechos de un resistente material y con ruedas redondas y haya una demanda para ese producto. En ese caso, el dogma de la igualdad hubiese impedido no sólo el crecimiento económico de Juan, sino que además hubiese privado a todo los demás de beneficiarse de ese producto, eliminando miles de oportunidades que podrían haber sido aprovechadas, miles de oportunidades de generar más riqueza que fueron eliminadas por un fetichismo intelectual de las elites gobernantes.

A diferencia de los resultados en una economía libre, determinados por los consumidores y nadie más, cuando los políticos deciden que son ellos quienes deben redistribuir la riqueza la situación cambia. Los criterios políticos son arbitrarios, dejan de fluir hacia los que producen cosas que la gente demanda y necesita, y como dice Carlos Rodriguez Braun “son redistribuidos desde los sectores menos organizados hacia los más organizados”, en otras palabras, hacia los empresarios amigos del poder.

Cristina Kirchner cree que está al frente de una revolución igualitaria, puede ser que así lo sea. Una igualdad que distribuye pobreza y elimina cualquier tipo de aspiración a elevar la calidad de vida. Se adopta un fetichismo intelectual, como lo es el igualitarismo, mientras que en la realidad las medidas que se toman no hacen más que impactar en los que menos tienen.

Las políticas proteccionistas obligan a los argentinos a comprar productos más caros y de menor calidad, asegurándoles márgenes de ganancia mayores a los empresarios que abogan por las medidas que los protege de la competencia. La inestabilidad del sistema bancario, producto del monopolio monetario estatal, y la inexistencia del largo plazo, eliminan cualquier posibilidad de obtener préstamos hipotecarios. La inflación carcome los magros salarios. Las trabas a las importaciones impiden el ingreso de máquinas y productos que significarían un aumento de la productividad. El entramado regulatorio, los requisitos para abrir un nuevo comercio, y la carga fiscal son el mayor obstáculo para que aquellos que no cuentan con un ejército de abogados y contadores puedan emprender.

En definitiva, mientras Cristina Kirchner cree encabezar su revolución igualitaria con sus propiedades en el Calafate y los millones de dólares que supo obtener gracias a las conexiones políticas, todos estamos peor. Igualitariamente peor.

Excusas para regular internet

Cuando los autodenominados activistas de derechos humanos locales organizan manifestaciones o emiten declaraciones en solidaridad con el régimen de los hermanos Castro que gobierna Cuba hace más de 54 años, deciden deliberadamente ignorar las violaciones a los derechos humanos y especialmente la legislación draconiana que regula la vida en la isla.  Por ejemplo, el Código Penal de la dictadura socialista establece sanciones para aquellos que sin haber cometido delito alguno tengan una “especial proclividad (…) para cometer delitos demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”. Esto quiere decir que los cubanos pueden ser detenidos y encarcelados sin haber cometido ningún delito. El único requisito para que esto suceda es que el gobierno juzgue que un individuo tiene una proclividad para cometer delitos, la cual se evidencia violando las normas de la moral socialista. Algo inadmisible para cualquier sistema penal que pretenda mostrarse como respetuoso de las libertades individuales.

Este tipo de legislación llamada “de peligro” convierte intenciones y pensamientos en delitos estableciendo penas de manera arbitraria sin considerar los hechos que realmente acontecen. En otras palabras, le permite al Estado aplicar una sanción juzgando intenciones, incluso antes de que se produzca una conducta que dañe los derechos de un tercero. A pesar de violar garantías constitucionales básicas, Argentina no está exenta de este tipo de legislación. Uno de los ejemplos más notables es la ley antigrooming, aprobada a finales del año pasado y que en la última semana tuvo a su primer acusado.

La ley 26.904 -o ley  antigrooming- incorpora al Código Penal la siguiente figura delictiva: “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”. Esta pieza legislativa fue impulsada por Argentina Cibersegura, la ONG de la empresa de seguridad informática ESET, y por varias asociaciones de padres con preocupaciones acerca de la seguridad de sus hijos en Internet.

La ley tiene tantas palabras como problemas. Además de convertir en delito un propósito (un hecho de por sí de constitucionalidad dudosa), fija una pena desproporcionada al equiparar el grooming con el abuso sexual, estableciendo para ambos casos una pena de seis meses a cuatro años de prisión. La ley es poco clara. Según la legislación vigente en el país, una persona de 20 años puede mantener relaciones sexuales con un menor de 17; sin embargo, según la ley antigrooming, si el primero entabla una relación online con el menor podría ser perseguido bajo el argumento de que fue realizado “con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual”.

Hay todavía un aspecto más preocupante. A diferencia de los demás delitos contra la integridad sexual que son considerados de instancia privada, en los que la víctima, sus padres o tutores deben denunciarlo para que se inicie una investigación, el grooming se considera un delito de instancia pública. Esto abre la puerta para justificar intrusiones a la privacidad bajo esta nueva figura. Es decir, el monitoreo de las actividades de la gente en internet podría ser una herramienta legítima para el combate del grooming.

Los problemas no terminan ahí. Hay varias preguntas que quedan sin resolver: ¿por qué la misma conducta en la vía pública no está penada?, ¿cómo se prueba fehacientemente la intención del acusado?, ¿cuáles son los límites del Poder Ejecutivo para prevenir e investigar este delito de instancia pública?

Detrás de la ley antigrooming hay un nuevo avance del gobierno para regular la libertad en Internet. Si no, no se puede entender por qué los senadores y diputados demostraron tanta euforia cuando el proyecto se convirtió en ley, incluida una de las principales impulsoras del proyecto que al mismo tiempo celebraba la aprobación  y admitía las graves falencias  en la incorporación del grooming como delito en el Código Penal.

Es que internet es -todavía- un espacio libre de intervención gubernamental, o por lo menos es casi imperceptible en comparación a lo que sucede fuera de la red. En parte, esto se debe a que entre los usuarios de Internet existe un componente que milita fervientemente por la libertad en la red. Iniciativas que pretendían regular diferentes aspectos de la red, como los intentos de las leyes SOPA o PIPA, terminaron siendo desactivadas por una fuerte acción liderada por usuarios, agrupaciones que defienden una internet libre y grandes empresas del sector.

No obstante, los gobiernos persisten con sus intentos de regular internet. Pero justamente, debido al ciberactivismo, una regulación burda de internet podría ser descartada de plano. Basta con con observar la reacción que generó la absurda iniciativa de un legislador entrerriano de regular las redes sociales para evitar la organización de saqueos. Es por esto que los gobiernos se las ingenian para camuflar el avance sobre internet bajo otros pretextos: terrorismo, derechos de propiedad intelectual, seguridad de los menores, son algunos de ellos.

En Argentina, hubo ya varios proyectos para regular Internet. El primer antecedente es un proyecto de 2006 del ahora Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. En 2009 el senador Guillermo Jenefes proponía establecer un régimen para eliminar el anonimato, y multar a buscadores y proveedores por el contenido presente en la red. En 2011, el diputado de PRO Federico Pinedo pretendió sancionar una disposición similar.  Afortunadamente, para la libertad en la red, ninguno de esos proyectos prospero.

A nivel internacional, Internet también corre peligro. A finales de 2012, en la reunión de la International Telecommunications Union, organismo de las Naciones Unidas destinado a la regulación de las telecomunicación, se trató un documento que pretendía regular internet. Se trataba de un documento que le permitiría a los países que suscribieran, arbitrar las medidas necesarias para proteger a las personas de los contenidos online indeseados. La posición Argentina coincidió con la de China y Rusia, países que no representan ningún ejemplo en materia de derechos individuales. La justificación había cambiado pero las intenciones eran las mismas.

La belleza y atracción que tiene internet es justamente su libertad. La innovación, la explosión de creatividad, y las posibilidades que ofrece la red desaparecerían de un plumazo en cuanto los gobiernos comiencen a tener la oportunidad de intervenir la red, al igual que lo hacen fuera de ella.

Las dos caras de Echegaray

Jutzpá es lo que demostró tener Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, en la conferencia de prensa que brindó la última semana. “No me gusta que me agredan o que me persigan”, dijo el recaudador de impuestos para contextualizar las agresiones que sufrió un periodista de TN que intentaba documentar su viaje a Río de Janeiro. Hay un viejo chiste que permite captar con precisión el significado de ese término que proviene de yiddish: “Un chico asesina a sus padres y luego le ruega al juez: ‘Tenga piedad de mí, ¡soy huérfano!’”. Eso es tener jutzpá.

Echegaray reclama que no lo persigan, agredan, o violen su privacidad, cuando sus funciones en la AFIP son exactamente esas: perseguir, agredir y violar la privacidad de los argentinos. Claro, él dirá que persigue, agrede y viola la privacidad por un fin noble y que se encuentra avalado por la ley. Pero así y todo perseguir, agredir y violar la privacidad es perseguir, agredir y violar privacidad, sin importar cuál sea el destino. No hay vuelta que darle.

Imaginemos que la tarea de Echegaray la realizara un particular, a eso lo llamaríamos robo, y si lo hiciera un grupo de personas lo llamaríamos saqueo, pero si el autor es el Administrador Federal de Ingresos Público y el botín es para el Estado, hablamos de impuestos, contribuciones, aportes, y otros eufemismo para camuflar lo que verdaderamente es: un robo. Los que rechazan los primeros dos casos son los primeros en justificar la necesidad de robarle al trabajador, al productor, bajo la extraña argumentación de que esa violencia es necesaria para poder vivir en sociedad.

Echegaray dejó claro desde su nombramiento al mando de la AFIP que no ve en la Constitución ningún tipo de limitación u obstáculo para saciar sus fines recaudatorios. Afirmaciones dan a entender esto las hace a menudo. Un claro ejemplo es el comunicado que emitió la AFIP en agosto de 2012, con motivo de anunciar que la privacidad es una ilusión, y un privilegio que solo los funcionarios públicos pueden gozar. En esa oportunidad manifestó: “La medida se enmarca endentro [sic] de los tres pilares en los que se apoya la nueva estrategia de fiscalización de la AFIP: la utilización al máximo de la tecnología disponible, la explotación centralizada de la información y los controles tanto “ex-ante” como en línea de las operaciones.”

El límite que tiene el organismo recaudador es el nivel de tecnología disponible, la información que manejarán será la máxima que les permita la tecnología, y la necesidad de demostrar la inocencia es una constante en la vida cotidiana. Es así entonces que las prepegas deben informarle al organismo sobre sus asociadoslos colegios privados sobre los padres de sus alumnoslas tarjetas de crédito sobre los consumos de sus clienteslocatarios y locadores sobre sus alquilereslos countries sobre sus residenteslos administradores de edificios sobre sus consorcios. La lista continúa, alcanza compraventas de autos usadosalquiler de maquinaria, provisión de servicios fuera de la Argentina, y un largo, largo,  etcétera.

Especial hincapié hace el organismo entre aquellos que desean escapar algunos días, y en alguna medida, de los colmillos del Estado argentino. En este sentido la AFIP le requiere que las líneas aéreas informen las listas de pasajerosque los pasajeros informen su CUIT o CUIL como condición para adquirir pasajes, y que las agencias de turismo informen acerca de la venta de paquetes de viaje al exterior. Mientras tanto, Echegaray, afirma plácidamente que no tuvo problemas para obtener los dólares que requirió para su aventura carioca.

Para peor, los abusos de la AFIP no se detienen ahí. La difusión de información confidencial, la persecución de periodistas, o incluso la inspección de un comedor en Tucumán que albergó a Jorge Lanata durante la emisión de uno de sus programas del año pasado se pueden añadir al extenso prontuario de Echegaray al mando de esa dependencia.

Echegaray es una circunstancia, es el actual ejecutor, pero su salida no resolvería nada. Un cambio de nombres no altera la organización, la estructura o la metodología. Así como sucedió con la salida del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la salida de Echegaray que algunos reclaman sería tan solo un enroque.

¿Sobre quién debe caer la responsabilidad por el obsceno aumento de poder de la AFIP? No son sólo las decenas de resoluciones firmadas por su autoridad máxima, o el esquema depredador que propone el gobierno. Fue también la pasividad por parte de los ciudadanos ante los sucesivos avances del organismo la que permitió que la pérdida de la privacidad se haya convertido en una cuestión natural. Es esta actitud pasiva la que le permite a la AFIP acumular más y más poder. Para que exista un opresor, debe haber alguien que se deje oprimir. Ya en el silgo XVI el filósofo francés Étienne de la Boétie afirmó que “para obtener la libertad, solo basta con desearla”.

Desear la libertad implica tomar riesgos. Desear la libertad es renunciar a la falsa ilusión de certidumbre y estabilidad que proponen ese grupo de personas que se asumen como todopoderosos y que prometen brindar y proveer bienestar y seguridad. Desear la libertad es aventurarse en lo desconocido, es mantener una convivencia pacífica y basada en conductas voluntarias, sin la agresión constante que emana desde el Estado.

Mientras continuemos alimentando las ambiciones de cada uno de los Echegaray en el gobierno, o de los que aspiran a convertirse en ellos, y mientras sigamos siendo cómplices del deseo de control total que infieren en cada palabra eligen, entonces tendremos la única certidumbre a la que podemos aspirar. La certidumbre de que no seremos libres.

La falacia de la ausencia del Estado

Jorge Capitanich deslizó en una de sus conferencias de prensa esta semana la posibilidad de estatizar las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, Edenor y Edesur, como solución a los constantes cortes de luz que sufren las millones de personas que viven en esa zona. “Si las compañías no prestan bien el servicio, el Estado está dispuesto a hacerlo”, dijo Capitanich en el marco de la estrategia oficial de poner la lupa sobre las dos empresas –que ostentan un monopolio garantizado y avalado por el Gobierno– eligiendo ignorar las verdaderas causas que provocan los apagones diarios que sufren miles de familias y comercios todos los días.

La respuesta de Capitanich no es casual, obedece a una doctrina que es escuchada con frecuencia entre los defensores del kirchnerismo pero también habitual entre los integrantes de la oposición. Es la idea de que la intervención del Estado siempre es escasa y la solución se encuentra en una mayor interferencia estatal. De esta manera, la deficiente calidad educativa, las paupérrimas condiciones del transporte público, la deficiente provisión de servicios como la energía o las telecomunicaciones, los aumentos de precios, o la escasa inversión, es todo consecuencia de un “Estado ausente”.

El razonamiento es el siguiente: un político identifica un problema o una preocupación de algún sector de la sociedad como la renta agrícola, la vivienda, el crédito, la inflación, el desabastecimiento de energía, la telefonía celular, la lista es interminable. Una vez identificado el problema, rápidamente diagnostica que el Estado está ausente, o no está tan presente como debería estar, y se llega a la conclusión de que es necesario hacer algo para brindarle respuestas a la gente.

¿Pero si no es la falta de presencia del Estado sino el exceso de ésta el origen de nuestros problemas?

Volvamos con Capitanich. La propuesta de estatizar Edenor y Edesur es presentada como revolucionaria, “el Estado se hará cargo del servicio”. ¿Acaso Capitanich no sabe que el Estado está virtualmente a cargo de las empresas distribuidoras de energía? Ninguna de las dos empresas tiene la posibilidad de definir los precios de la energía. Desde 2003 está prácticamente congelada la tarifa, a pesar del aumento en la demanda y de la inflación y, por supuesto, ni Capitanich ni nadie plantea terminar con el régimen monopólico de las eléctricas y permitir la libre competencia.

Los ejemplos de la aplicación de la doctrina del Estado ausente abundan. El plan Procrear destinado a resolver los problemas habitacionales es presentado como una solución de “Estado presente”. Pero cuando la imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario siga siendo un problema para gran parte de la sociedad, la respuesta del Capitanich de turno será que “el Estado no estaba lo suficientemente presente”. Los hechos para hacer tales afirmaciones son seleccionados con extremo cuidado. Mencionar la presencia del Estado en la destrucción de cuatro signos monetarios (con el quinto en camino), la desconfianza en el sistema bancario con defraudaciones avaladas por el gobierno y el consecuente desincentivo al ahorro, y la cifra de la inflación en dos dígitos conspiraría contra los objetivos de la clase política.

Los políticos se presentan como salvadores, como los mesías que traen las soluciones que exige la gente. Admitir su impotencia implicaría que deban abandonar su insaciable ambición de poder. El filósofo francés Jean-François Revel en El rechazo del Estado describe cómo “el Estado se apropia una cantidad cada vez mayor de ramas de actividad, no para hacer que funcionen mejor, sino para aumentar su poder. Su meta es reforzarse a sí mismo, destruir todo poder distinto al suyo, todo poder que le sea ajeno”.

El principal problema que se presenta para terminar con la falaz doctrina del Estado ausente es comunicacional. Mientras que las políticas que pretenden solucionar los descalabros económicos y conflictos sociales pueden ser identificadas con facilidad, las causas que los generan muchas veces están encubiertas. Los anuncios políticos suelen contener un tinte populista, mientras que las teorías que explican con precisión el origen de esos problemas requieren un análisis con mayor profundidad.

La doctrina del Estado ausente causó mucho daño y lo sigue causando. Es la excusa perfecta para que la clase política continúe con la confiscación del poder social. Durante los últimos 80 años –quizás más– nos hemos empecinados en buscar en la política las soluciones a nuestros problemas. Si pretendemos que los deseos de buenos augurios y prosperidad tan presentes en esta época se hagan realidad llegó la hora de dejar de buscar soluciones mágicas en hombres y mujeres que se creen iluminados y optar por una solución liberal.