Una reforma a la ley de drogas

Dentro de algunos años la política de prohibición de drogas pasará a ser estudiada con la misma lupa que hoy se ocupa de las peores violaciones a los derechos individuales. Afortunadamente, el experimento que se fue expandiendo a lo largo del globo a partir del primer cuarto del siglo pasado y que se vigorizó a partir de la década de 1970, está llegando a su fin. Los resultados adversos de la política mundial prohibicionista son el motor que comienza a impulsar la relegalización de drogas en todo el mundo.

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Nueva ofensiva de la política contra Internet

Un nuevo proyecto de ley reactiva la ofensiva de la clase política sobre Internet. Desde que el diputado Federico Pinedo presentara un fallido proyecto para regular a los proveedores de Internet, los esfuerzos por mantener un control sobre la red se multiplican. La ley antigrooming, el grosero intento de un legislador provincial para bloquear las redes sociales y el reciente bloqueo al repositorio de torrents de The Pirate Bay son algunos de los antecedentes inmediatos que se suman a un nuevo proyecto.

El caso del proyecto de ley que presentó en el Congreso Sandra Giménez, senadora del Frente para la Victoria por la provincia de Misiones, tiene sus particularidades. Ni la propia legisladora, según la información que se desprende tanto de sus declaraciones públicas como de los fundamentos del proyecto, tiene claro el motivo de esta ley. Por un lado, introduce el tema de la pornografía infantil como una de las grandes “alarmas sociales” de nuestro tiempo y brinda una serie de estadísticas. A continuación, declara su cruzada contra el acceso de los menores a contenidos pornográficos. La confusión es evidente. Giménez no puede diferenciar la utilización de menores para generar material pornográfico -llamado pornografía infantil- con la responsabilidad de los padres sobre sus hijos en cuanto al acceso a material pornográfico.

La senadora misionera busca que las empresas proveedoras de Internet instalen un filtro que excluya los sitios de contenido para adultos. Los sitios surgirán de un listado confeccionado por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Sin embargo, los usuarios que deseen recibir el “servicio completo” podrán solicitar por escrito a su proveedor de Internet ser excluidos de dicho filtro. Es decir, la norma le otorgaría a la CNC, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, un control total sobre el bloqueo de sitios. La norma ni siquiera reparó en definir qué se entiende por “contenidos pornográficos”.

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“La Comisión Nacional de Comunicaciones elaborará y mantendrá actualizado el contenido de la lista de sitios de acceso restringido en el que identificará las páginas con contenido pornográfico a través de una estrategia acordada en el marco de la Comisión Argentina de Políticas de Internet”. De esta manera, el texto de la senadora autoriza a un organismo dependiente del Poder Ejecutivo a coartar la libertad de expresión. Con una “lista de sitios de acceso restringido” es suficiente. El ingeniero Ceferino Namuncurá, interventor de la CNC desde el 2004, o quien lo reemplace, se convertirá en un censor oficial y no habrá control alguno sobre los contenidos agregados a la famosa lista.

El problema no se limita las personas. Si Namuncurá promete limitarse a incluir solamente los “sitios verdaderamente pornográficos” también estaríamos ante un problema, el primero de varios. El obstáculo para aplicar la ley es el conflicto semántico: para algunos, hasta un texto con contenido político puede llegar a ser pornográfico. Incluso, podrían terminar siendo bloqueadas redes sociales, en muchas de ellas el contenido pornográfico es accesible aunque esté prohibido, nadie es infalible. Bajo este esquema los más perjudicados serán los que no puedan o no crean que valga la pena defenderse ante los obstáculos del gobierno. Esta medida anula la libertad de expresión.

Otro problema con proyecto de la senadora Giménez es la intromisión en el espacio íntimo de las personas. Si se aprueba el proyecto, una gran cantidad de personas pensará dos veces antes de ver contenido para adultos en la web. No es lo mismo tener que llamar a una empresa para solicitar autorización que hacerlo en la soledad de la casa. Mirar pornografía es una decisión personal que se hace en un ámbito de privacidad, ante la falta de privacidad las conductas se modifican. Uno no actúa de la misma manera cuando está solo, en su casa, que cuando sabe que está siendo observado, ya sea por uno o varios empleados del proveedor de Internet, funcionarios del gobierno, y cualquiera que conozca a alguien con acceso a esa información.

La ley estatiza la intimidad del individuo. Para poder acceder a contenido pornográfico necesitará el consentimiento de otra persona, ya no será solo su decisión. Peor aún el hecho de que su nombre quedará registrado entre los que solicitaron mirar pornografía, en una lista que no sabemos quién puede llegar a acceder. Sin dudas, si es aprobada, esta ley impactará en las conductas habituales de una parte de la población.

Además, ¿qué tiene de malo la pornografía? Para Wendy McElroy, una filosofa que se autodefine como feminista, individualista y anarquista, la pornografía ofrece variados beneficios para las mujeres (y también para los hombre). La autora de “XXX: Un derecho de la mujer a la pornografía” sostiene que “la pornografía es buena porque provee a las mujeres con información sexual (…); despoja la confusión del mundo real al sexo (…); rompe con los estereotipos culturales y políticos para que cada mujer pueda interpretar el sexo a su manera —una sensación de “no estás solo en tus fantasías y deseos”, dice McElroy; además, es “buena terapia”, para los que tienen pareja y para los que no.

McElroy llega hasta el quid de la cuestión en el caso de este tipo de legislación: la promoción de la virtud no puede ser la finalidad de la ley, ni del derecho. “Es el viejo conflicto entre la libertad individual y el control social”, concluye.

Por último, la senadora Giménez se entromete en asuntos puramente familiares. Si la ley apuntara a la pornografía infantil, el filtro no sería efectivo. Solo sería necesario que el depredador sexual solicite que no filtren su conexión. Pero la ley no tiene ese objetivo, la pornografía infantil solo está presente en la confusión de la senadora y no en el texto legal que tiene otro objetivo. La ley apunta a imponer unos valores morales determinados sobre las conductas de vida individuales. Tanto la decisión individual de mirar o no pornografía, como la de controlar o no los contenidos que visitan los hijos menores, son asuntos que deberían quedar en el ámbito personal o familiar. Así, se repite un patrón que se puede identificar constantemente. Esta intromisión hace desaparecer la noción de responsabilidad personal, delegando decisiones tan intimas e importantes en la crianza de un hijo, como lo es la forma de abordar temas como este, en un tercero: el Estado.

Considerando el proyecto de ley, el acceso de menores a sitios web pornográficos no es tán preocupante como el hecho de que una persona con las aptitudes y el conocimiento de la Constitución de Sandra Giménez sea senadora. Por lo menos, la pornografía nunca le causó daño a nadie. Del Congreso, no se puede decir lo mismo.

La demonización de los especuladores

La polémica con los “fondos buitre” volvió a poner en el centro de la escena a la especulación económica. Las feroces críticas que han recibido los tenedores de la deuda pública argentina que no han decidido entrar a los canjes de deudas ofrecido por el gobierno nacional se fundamentan en que estamos ante un la despiadada especulación de un conjunto de individuos empecinados en perjudicar al país.

Un hombre de aspecto regordete, vestido de frac, con galera y monóculo, sentado en un sillón frente al calor del hogar mientras enciende un habano con un billete de cien dólares que probablemente lo obtuvo hundiendo a alguien en la pobreza. Esa es la imagen que muchos tienen de un especulador, el chivo expiatorio favorito de los últimos tiempos. Ya sea que estemos ante un aumento del precio de la carne, o intentando conseguir un alquiler accesible –una tarea imposible para muchos–, la especulación es señalada como la causa principal de los problemas que nos aquejan. La demonización de los especuladores es una de las habituales estrategias a la que recurren los políticos para deslindarse la responsabilidad por las malas decisiones que toman.

La mitología en torno a la especulación es abrumadora. Los especuladores no trabajan; obtienen beneficios de las desgracias ajenas; siempre salen ganando; su actividad es improductiva al no ofrecer ningún producto o servicio a la sociedad. Estos son algunos de los mitos más escuchados sobre esta actividad. “Lo que las brujas eran para el hombre medieval, los capitalistas para los socialistas y comunistas, el especulador lo es para la mayoría de los políticos y estadistas: la encarnación del mal”, decía el economista Hans Sennholz.

Aunque el bombardeo propagandístico lo haga difícil de creer, los denostados especuladores cumplen una función esencial en la economía en la que no solo se benefician a ello sino que, además, le ofrecen un servicio al resto. Incluso entre quienes los detestan.

El caso de los fondos buitre –los especuladores del momento— y sus esfuerzos por cobrar sus créditos con el Estado argentino nos ofrecen un excelente ejemplo de la ignorada función social que cumplen. Los tenedores de bonos se caracterizan por ser adversos al riesgo y los bonos suelen ser una de las opciones más seguras para invertir. Por eso, cuando el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá anunció el default de la deuda externa, la desesperación de los bonistas era comprensible. Pero allí estaban ellos, los famosos fondos buitre, ofreciendo comprar papeles sin valor, asumiendo el riesgo de no cobrar nada, y soportando los costos legales -bastante altos para el común de la gente- de hacer valer el contrato que Argentina dijo que no iba a honrar. Es decir, asumieron un riesgo que otras personas no estaban dispuestos a tomar. Otra cuestión es si el gobierno debe pagar o no la deuda. Para los libertarios, las razones para oponerse al pago de la deuda son independientes de las características de sus acreedores.

Pero mucho más escandalizadora financiera es la especulación con los alimentos. “Asesinos” es el epíteto más bondadoso que puede recibir alguien que especula con la comida. Pero al contrario de lo que se cree, la especulación alimentaria muchas veces nos asegura que podamos tener comida en nuestros platos. Los especuladores deciden asumir riesgos que los agricultores no están dispuestos a tomar asegurando la cosecha. Por ejemplo, al momento de sembrar maíz, la tonelada del grano se cotiza a $10, un precio aceptable para el productor que pretende vender su cosecha. Sin embargo el productor no sabe al momento de sembrar si ese precio se mantendrá estable, y tras largos meses de espera la cosecha puede ser su ruina económica. Para evitarla -y no poner en riesgo cosechas posteriores- los productores acuden al mercado de futuros donde venden las cosechas por adelantado, permitiéndoles fijar el precio y así garantizan la próxima siembra.

La lógica del especulador está definida por la siguiente máxima: “compra cuando los precios estén bajos, vende cuando los precios estén altos”. Si sus pronósticos son correctos, no solo él saldrá beneficiado, sino el resto de la sociedad. Son ellos los que corrigen los precios distorsionados, los que alivian la escasez y los que asumen riesgos que otros no están dispuestos a asumir. “No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses”, sostenía Adam Smith más de 200 años atrás, una afirmación que está siempre vigente.

El fin de Boudou no es el fin de la corrupción

Un documento de trescientas treinta y tres hojas firmado por un Juez es la estrella del momento. El auto de procesamiento firmado por Ariel Lijo en el que le imputa a Amado Boudou los delitos de cohecho pasivo  y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones hizo renacer la esperanza para una gran parte de la población y la totalidad del arco opositor. Se muestran ilusionados con una condena judicial por un hecho de corrupción a un funcionario público.

En un clima marcado por las contradicciones, el júbilo por encontrar resguardo y contención en el Poder Judicial—que hasta el día de ayer solo garantizaba impunidad—se mezcla con el recuerdo de los reiterados actos de corrupción comunes al actual gobierno y a todos sus predecesores. Las reacciones de los políticos opositores en Twitter dan cuenta de estos sentimientos.

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Recetas cuidadas: el Gobierno se sienta a nuestra mesa

El Ministerio de Salud acaba de lanzar un nuevo programa llamado “Recetas Cuidadas” con el objetivo de “mejorar la nutrición de los argentinos y cuidar sus bolsillos”. El lanzamiento de un  nuevo programa bajo la marca “Precios Cuidados” habla de la necesidad del gobierno de continuar instrumentando herramientas que oculten las verdaderas causas de la inflación. Las diez recetas basadas en alimentos incluidos en “Precios Cuidados” que propone este nuevo programa serán tan eficientes para controlar la inflación como para saciar el hambre.

El flamante recetario estatal habla de la estrategia del gobierno frente a la inflación, pero también acerca de cómo el gobierno se sienta en nuestra mesa.

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Es inmoral el pago de la deuda con el Club de París

Bajo la repetida fórmula que sostiene que “Argentina debe honrar sus compromisos internacionales” las noticias del acuerdo alcanzado con el Club de París por casi 10 mil millones de dólares fueron recibidas con beneplácito tanto por integrantes del oficialismo como de la oposición. Quizás se trate del tema que mayor consenso haya generado entre personas de distintos perfiles ideológicos. El endeudamiento es uno de los recursos básicos a los que apelan los gobiernos para aumentar el gasto público, y entre fanáticos de aumentar el gasto—poco o mucho dependiendo de quién estemos hablando—privarse de semejante fuente de financiamiento es un pecado en la religión secular cuyo primer mandamiento es: expandirás el tamaño de Estado.

La posibilidad de endeudarse tiene una atracción especial para el político. Se trata de un mecanismo cuyas consecuencias recaen en el futuro. A diferencia de lo que sucede cuando se recurre a la emisión monetaria o al aumento de impuestos, donde los efectos de las medidas son inmediatos o su impacto se percibe en el corto plazo, en el caso del endeudamiento los beneficios se obtienen al momento de recibir el préstamo y los costos se posponen para otros períodos.

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Contra el paternalismo estatal

“El uso del casco o cinturón de seguridad en personas mayores comprende la intimidad, la conciencia, el derecho de disponer de sus actos, de su obrar, de su propio cuerpo, de su vida, en ejercicio de su libertad”, escribió un juez de Faltas de Santa Rosa de Calamuchita en la provincia de Córdoba, cuando en 2010 desestimó una multa por la no portación de casco. El autor de la resolución, el cordobés Ricardo Gigena, elaboró un excelente argumento en contra de la legislación paternalista. La resolución trascendió y fue noticia nacional. Pero un desafío tan abierto al statu quo no podía ser ignorado y una lluvia de críticas se ocupó de poner al juez de Faltas en su lugar. Tres días más tarde la resolución fue vetada por el Intendente, y una semana después Gigena anunció que “rescindía, de mutuo de acuerdo, el contrato” con la Municipalidad.

Como planteaba Gigena, el paternalismo estatal está presente en todos los ámbitos. Desde el uso del casco en la moto o el cinturón de seguridad en el auto, hasta en el envoltorio de un atado de veinte, en la venta de alcohol -hasta las 22 en kioscos y supermercados y hasta las 23- o la cantidad de sal que se le puede poner a las comidas. Incluso, hasta en la distribución de los medicamentos en una farmacia. Todas estas son normas que se caracterizan por estar diseñadas por el “bien de uno mismo”, obligan una conducta en determinado sentido a pesar de que no haya derechos de terceros involucrados.

Probablemente, los que opten por no utilizar casco o cinturón de seguridad no estén tomando la mejor decisión, pero ¿quién puede ser mejor que uno mismo para determinar lo que es mejor para uno? Los consejos de profesionales, familiares y amigos pueden guiarlo a uno en la toma de decisiones, pero la última palabra reside en cada individuo.

El respeto por los planes de vida de los demás es uno de los pilares del libertarismo. En otras palabras, cada uno tiene derecho a optar por el estilo de vida que más prefiera mientras se trate de una actividad pacífica. Y con la libertad de elegir también es posible elegir mal. Pero incluso, ante esta incertidumbre, ni siquiera los que abogan por el paternalismo estatal poseen una bola de cristal para poder imponer qué es lo que va a ser mejor para los demás. Los paternalistas ignoran que las valoraciones de cada persona son únicas y no de un mismo talle para todos. Para algunos fumar ahora puede ser preferible a aumentar las probabilidades de enfermarse en el futuro y otros valoran más la salud a futuro que fumar, o cualquier otro comportamiento poco saludable.

La legislación paternalista fuerza a todos a vivir en una “dictadura por su propio bien”. Se introducen leyes que de utilizarse para erradicar “opiniones dañinas” 0 “literatura poco sana” serían etiquetadas como propias de una dictadura, mientras que en el ámbito de la salud cualquier actividad perjudicial para la persona que la realiza es hasta promovida de la Organización Mundial de la Salud. No es casualidad que al paternalismo estatal también se lo llame “fascismo saludable”.

Los argumentos a favor de las leyes paternalistas incluye una diversidad de grupos, y sus argumentos defiende este tipo de legislación desde el plano moral, político, social, y económico.

Desde un plano político se suele recordar que los que hacen las leyes son votados por la gente, y eso les otorga legitimidad. Sin embargo, la Constitución prohíbe legislación de corte paternalista, y con buenos motivos: no es necesaria. El texto deja fuera del alcance de la democracia y de la “voluntad del pueblo” a las decisiones individuales. La democracia es un mecanismo para la toma de decisiones de carácter colectivo y no un método de determinar la vida de los demás. En estos casos no es necesario recurrir a una regla mayoritaria, cada una de estas decisiones individuales pueden convivir de manera pacífica.

Entre algunos de los argumentos económicos y políticos en defensa del paternalismo es el aumento en el gasto que debe realizar el Estado. Si no utilizar cinturón de seguridad -o casco en una moto- genera más heridos que deben atenderse en hospitales públicos, esto repercutirá en el presupuesto de salud.

Es verdad que bajo el actual estado de cosas, un accidentado que utilizaba casco y no tuvo heridas generará menos gastos en el sistema de salud que uno que no lo utilizó y tuvo heridas graves. Pero la existencia de un servicio de salud estatal no es una justificación para permitir que el Estado interfiera en decisiones autónomas absolutamente privadas. Bajo ese criterio, dado el actual nivel de intervención estatal, las personas deberían convertirse en marionetas del Estado. Cualquier actividad, de una forma u otra repercute en el botín estatal.

Esta tensión entre el sistema de salud estatal y las conductas “riesgosas y dañinas” son producto de la inexistencia de emprendedores en el área de salud. Y es lógico: bajo el contexto actual del sistema de salud nadie piensa en emprender. De hecho, este problema está más que resuelto en muchas otras áreas. Desde hace siglos las compañías de seguro ofrecen soluciones distintas de acuerdo al estilo de vida que lleve una persona, y así previenen gastar en eventos imprevistos.

Pero más allá de los argumentos y el constante debate en torno ante este tipo de medidas, el argumento más contundente es el que hace del artículo 19 de la Constitución:

“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

El afán de lucro

Las denuncias, protestas y reclamos alrededor de cada proyecto de ley que trata la Legislatura porteña ya son parte de un ritual. La aprobación del proyecto de ley que habilita la instalación de bares en los parques de la Ciudad con una superficie mayor a 50.000 m2 no fue la excepción. Antes, durante y después del debate reinó la furia de legisladores y agrupaciones vecinales de distintos signos políticos. La rabiosa oposición a la sanción de este proyecto se apoya en dos argumentos.

Por un lado, sostienen que representa un retroceso en la cantidad de espacios verdes disponibles en la Ciudad:

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Mara Brawer, legisladora porteña por el Frente para la Victoria

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La norma en cuestión, que aún no fue reglamentada, autoriza al Gobierno de la Ciudad a otorgar permisos  “para la instalación de locales destinados al expendio de alimentos y/o bebidas envasadas.” Además las áreas de servicio deberán ofrecer baños, bebederos, estacionamiento para bicicletas, una biblitoeca y Wi-Fi gratuito, entre otros servicios. La ley establece que la superficie máxima que ocuparán estos espacios será de hasta 275 m2, es decir el 0,55% de la superficie si el parque abarca el mínimo establecido. Considerando que cada parque podrá tener hasta 5 bares o kioscos, la superficie total afectada —siempre considerando el caso de un parque que ocupa el mínimo de cinco manzanas— será como máximo un 2,75%.

La idea de que una reducción del 2,75% del espacio verde representa una “amenaza a las plazas de la ciudad” parece ser exagerada. Y lo es, porque esta es solo una excusa que esconde el verdadero desdén por la nueva regulación. Por ejemplo, la eterna funcionaria María José Lubertino -ahora titular del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad- arroja un poco de luz sobre las verdaderas razones que motivan el rechazo a la nueva norma. Con el hashtag #NoMásNegociosPrivadosEnElEspacioPúblico está haciendo una declaración de principios:

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En este sentido, la Red Interparques y Plazas, una de las principales impulsoras de la campaña contra la instalación de bares en las plazas, deja en claro que el problema principal es que los “espacios públicos van a pasar a ser propiedad de empresas privadas”.

¿Cuál es el motivo de la furiosa reacción frente a esta nueva ley? ¿Cómo puede ser que una reglamentación que habilita la instalación de bares en los parques despierte tantas emociones? La respuesta está en una palabra clave: lucro. Este proyecto le permitirá a privados realizar una actividad lucrativa, ofrecer un servicio a cambio de la posibilidad de obtener una ganancia, y en el mundo de la política el lucro es mala palabra, el lucro es pecado.

Y es comprensible. La acción política tiene como fundamento el uso de la fuerza. Los políticos —en un 99% de los casos— para cumplir con sus promesas deben obligar a la población a actuar contra su voluntad, ya sea mediante un financiamiento forzoso (impuestos), o en una forma más directa, ordenando y restringiendo ciertas conductas, especialmente si no afectan a terceros. Esa es su alternativa al lucro, las imposiciones desde arriba de la pirámide de poder en las que ellos tienen (o creen tener) la capacidad de moldear la sociedad a su antojo.

La doctrina contra el afán de lucro se extiende como un pulpo cuyos tentáculos van atravesando diversos campos: la alimentación, educación, salud, vivienda, ecología, etc. Hasta incluso las utilidades de las empresas son víctimas de este dogma, con el invento de la Responsabilidad Social Empresaria, un concepto ideado para que se disculpen por ser lucrativas. De esta manera, los políticos dictaminan que cada nueva necesidad que detectan en la sociedad y deciden etiquetarla como indispensable, esencial o básica, no pueden ser objeto de lucro. Aquellas que no lo son pertenecen a otro campo “la obscenidad del lujo”.

Pero lo que no comprenden es que el lucro no es una intención o un deseo, ni un acto de maldad o bondad, el lucro es el resultado de las interacciones humanas voluntarias. La obtención de ganancias es la consumación de una relación voluntaria, en que dos partes acceden a un intercambio y en el que, a priori, saldrán beneficiadas. Aunque sin dudas lo más indignante para ellos es observar todo ese proceso sin alguien que lo digite y lo controle de alguna manera. Sin que haya un asignador de capacidades y un determinador de necesidades, como hubiese planteado Marx.

A pesar de que casi la totalidad de los políticos adhieren -al menos en público- a la demonización del afán de lucro, los bares estarán en los parques porque 36 legisladores votaron de forma positiva. ¿No es una contradicción decir que desprecian el afán de lucro y al mismo tiempo escribir acerca de un proyecto de ley que resultó aprobado?

Es que la norma está lejos de ser perfecta, y su diseño ofrece una oportunidad ideal para políticos y funcionarios de seguir engrosando sus arcas personales. Los permisos precarios de cinco años que se le otorgarán a los que exploten las áreas de servicio son una herramienta ideal para que la extorsión política esté a la orden del día. La flexibilidad de estos permisos permite que sean revocados de manera inmediata generando así una relación de dependencia entre el funcionario y el beneficiario del permiso.

Una vez más, el origen de la conflictividad está en la falta de derechos de propiedad. La falta o el exceso de espacios verdes, la necesidad o no de bares, los enrejados o la falta de rejas, y todas las decisiones en torno a los parques — como es habitual con toda propiedad estatal— se ve sujeta a polémicas porque no existe una forma de determinar su mejor uso. No existe un sistema de precios que nos informe acerca de la demanda de un bien (en este caso, parques), y los mecanismos voluntarios para lograrlo fueron anulados por los que reprueban el lucro, mientras el estado asumió el rol de señor feudal.

Es verdad que en Argentina, y en la Ciudad de Buenos Aires, hay problemas más urgentes que el carácter estatal de los parques. Esta discusión sobre los parques es un reflejo del constante debate que atraviesa a la sociedad. El dilema no es entre la iniciativa privada y la intervención estatal, sino entre el extremismo regulatorio que propone una sociedad controlada desde la política contra el corporativismo que fomenta una peligrosa alianza entre el sector privado y el sector estatal. Son dos caras de una misma moneda, y mientras se desarrolla esta teatralización de posturas que son más compatibles que antagónicas, el proceso de decadencia que comenzó en los albores del siglo pasado no hace más que profundizarse condenando a todo un país.

El kirchnerismo necesita su propio Nunca Más

A medida que el 10 de diciembre de 2015 se acerque, el concepto de “post kirchnerismo” comenzará a resonar cada vez más en los medios. Lamentablemente sobre post-kirchnerismo sólo se discutirá acerca de quién sucederá a Cristina Kirchner, cómo quedará estructurado el poder después de las elecciones, y cuáles son los cambios que se esperan de una nueva administración —si es que hay alguno.

Es lamentable, porque en el probable caso de que se repita la historia de nuestro país el post-kirchnerismo encontrará a la familia Kirchner y a sus acólitos en libertad. Los escandalosos actos de corrupción, la indiferencia hacia las instituciones republicanas, y las violaciones sistemáticas a los derechos individuales, por el momento, están destinadas a quedar impunes. Así funcionan los esquemas para garantizar impunidad, diseñados por la corporación política que, mediante el intercambio de garantías de inmunidad por mayor poder, se preserva a sí misma.

La situación se torna más oscura si agregamos a la ecuación la falta de transparencia que caracterizó a la era kirchnerista. Como en cualquier régimen de tinte autoritario las acciones de gobierno son ocultadas tras un halo de secretismo, de normas no escritas y de tejemanejes que dificultan aún más la atribución de responsabilidades.

Con la finalización inminente de este período, nos situamos —una vez más— ante la encrucijada de buscar un remedio que nos prevenga de los próximos atropellos a nuestros derechos que podrían tener lugar con los próximos gobiernos.

Argentina necesita otra vez una Comisión de la Verdad.

El ejemplo más cercano es el del informe Nunca Más de 1984, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que documenta las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Este informe fue fundamental para determinar la magnitud de los delitos cometidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional y esclarecer los atropellos constitucionales que fueron consumados.

Chile y Sudáfrica tuvieron sus propias comisiones de la verdad después de la dictadura de Pinochet y del fin del apartheid, respectivamente. En 1997, seis años después de la caída de la Unión Soviética, un grupo de intelectuales franceses, compiló el “Libro Negro del Comunismo”, en el cual se hace un relevamiento de las prácticas aberrantes que tuvieron lugar en los países comunistas durante los casi 70 años de existencia de ese bloque.

Salvando las distancias, los gobiernos del período 2003-2015 administraron el país como señores feudales y estuvieron marcados por una variada gama de abusos perpetrados desde el Estado. Solamente a modo ilustrativo podemos mencionar algunos de los hechos que deberían ser incluidos en El Libro Negro o el Nunca Más del kirchnerismo.

Es indispensable investigar la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, junto al asesinato de Mariano Ferreyra. Un capítulo dedicado a las torturas sistemáticas en las cárceles, otro dedicado al desconocimiento, e incumplimiento, de los fallos judiciales de la Corte Suprema y a las presiones y amenazas sobre los jueces. La implementación de un plan de vigilancia masiva, como lo fue el “Proyecto X”, junto al sistema de información biométrica SIBIOS, y la legislación antiterrorista, también deberían tener su propio capítulo. Sin dejar de lado la represión a los Qom, y el tratamiento en general hacia los indígenas.

La actuación de la AFIP durante esta etapa merecerá un apartado especial. La utilización del aparato recaudador del estado como organismo de persecución política —y ya no solo fiscal— a periodistas y otros que se expresaban contra el gobierno, además de la constante recolección de datos de la vida privada de las personas, como las normas no escritas acerca de la compraventa de dólares (el único salvoconducto disponible para protegerse del robo de la inflación) serán solamente una parte de los atropellos documentados en este capítulo.

Otro protagonista, cuyos actos también deberían ser investigados es el ex-Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, responsable de aprietes y extorsiones a empresarios, e instrumentador de la falsificación de las estadísticas. También, en el capítulo sobre Moreno, deberían tratarse las sanciones a consultoras privadas por publicar los índices de inflación reales; sobre éstas la impunidad, todavía, no se hizo presente y ex-Secretario aguarda la resolución de un juicio en su contra por este asunto.

En cuanto a los hechos de corrupción, la lista es interminable. Desde los famosos fondos de Santa Cruz, las valijas de Claudio Uberti y Guido Antonini Wilson, hasta las compras de terrenos fiscales en Santa Cruz, la bolsa con dinero en el baño de Felisa Miceli, los millonarios fondos destinados a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y su fiel escudero  Sergio Schoklender, las constantes licitaciones truchas a empresarios amigos del poder, las sociedades en Londres, las cuentas bancarias en las islas Seychelles‎, o los vínculos entre el triple crimen de General Rodríguez, el dinero proveniente del mercado negro de la efedrina y la financiación de la campaña de Cristina Kirchner, son solamente algunos de los episodios de corrupción que deberían ser investigados y documentados, sin contar el extraño enriquecimiento de decenas de funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones.

Por cuestiones de espacio dejé muchos episodios escandalosos en los que la arbitrariedad, la corrupción, o el autoritarismo, son los hilos principales pero la idea se comprende. En definitiva, Argentina necesita un libro que compile las consecuencias del estatismo, del poder político desenfrenado, y de los excesos de una familia afín a las maniobras y mensajes mafiosos. Un libro que nos recuerde que la utilización del poder del Estado es siempre dañina y perniciosa para la sociedad, pero cuando éste tiene escasos controles las consecuencias pueden ser catastróficas. Es este el motivo por el que vale documentar y comenzar a echar luz sobre todos estos atropellos y anhelar que se haga justicia.

La restauración de la esclavitud

Si hay un hecho indiscutible que se le puede reconocer a Carlos Menem es la abolición del Servicio Militar Obligatorio (SMO). Es verdad que para que suceda eso y salgan a la luz los abusos de la llamada colimba debió morir el soldado Omar Carrasco, un precio demasiado alto para que se derogue una de las instituciones más injustas que existió en la historia del país.

Quizás debido a que el fin del se trató de un hecho fatal, y no a un debate público, o quizás por ese “enano fascista” al que se refirió la fallecida periodista Oriana Fallaci, la idea de recrear el servicio militar obligatorio vuelve a aparecer en la agenda de los políticos y los medios cada cierto tiempo.

En este caso fue el senador provincial, y Lord de Jose C. Paz, Mario Ishii, quien sugirió la reinstauración del servicio militar obligatorio como forma de combatir la inseguridad y además promover el trabajo entre la llamada “generación ni-ni”, aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan. Sorprendentemente, o no tanto, en una encuesta online publicada en este portal (al momento de escribir esta nota) habían votado más de 90.000 personas, de las cuales un 75% se pronunciaba a favor del retorno del servicio militar obligatorio.

Las razones en contra de la reinstauración del servicio militar obligatorio –o su versión alternativa llamada “servicio civil” o de manera similar– son variadas, y dado que se trata de una institución en retroceso a nivel mundial, me animo a decir que suelen ser bastante convincentes. Veamos el caso en contra de la conscripción.

En primer lugar, hay que llamar a las cosas por nombre: el SMO es una forma de esclavitud. No hay lugar para medias tintas. Si estamos hablando de trabajo involuntario, en el cual una persona es obligada a trabajar contra su voluntad, bajo la amenaza de ser encerrado en una jaula si no se presta a ello, estamos hablando de esclavitud. No importa si los que la imponen creen que sus fines son los más nobles que puedan existir o si se trata de la solución a los problemas más urgentes, tampoco cambia nada si se pretende modificar el nombre. Cualquiera sea la perspectiva desde la que se analice el SMO estamos ante una forma de esclavitud.

La conscripción suele justificarse invocando la importancia de la defensa nacional y el deber patriótico. “Todos los ciudadanos tienen el deber de defender a su país”, dicen con frecuencia los defensores del SMO. En este caso ni siquiera se apela a ese argumento, la necesidad de volver a implementar el uso de esclavos en las fuerzas armadas es justificada alegando que es una forma de resolver los problemas de inseguridad y de “encauzar” a aquellos que no trabajan ni estudian.

Supongamos que efectivamente el SMO resuelve aquellos problemas. ¿Es esto suficiente para justificar un sistema de esclavitud? Bajo esa idea, si consideramos que el trabajo esclavo resulta más productivo que el trabajo voluntario, y una de las finalidades de los que gobiernan es promover el crecimiento del país, ¿por qué no se instaura un sistema en el que todos los años se haga un gran sorteo en el que los que resultan elegidos pasan a trabajar como esclavos? No olvidemos que todo sería en aras de resolver los problemas del país.

En segundo lugar, el SMO funcionaría como reemplazo de otra institución también compulsiva: la escolarización. De hecho, la gran mayoría de las escuelas de la actualidad continúan siguiendo el modelo prusiano de educación, importado por Sarmiento, quien tomó contacto con él gracias a sus reuniones con uno de sus principales impulsores en Estados Unidos, Horace Mann. El modelo prusiano fue concebido para preparar a los jóvenes para servir en el ejército o en la administración pública. A pesar de esto, hoy existen millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿por qué con el servicio militar obligatorio sería distinto?

En este sentido, el educador americano John Holt, proponente del unschooling (algo así como “desescolarización”), describió con precisión el sistema educativo dominante: “No es solamente el poder lo que corrompe a la gente, también la impotencia. Lo que les da una mente y alma de esclavos. Los hace indiferentes, vagos, cínicos, irresponsables, y por sobre todas las cosas, estúpidos”.

En tercer lugar, la estructura militar puede ser de gran atracción para aquellos que adhieren a las ideas del Partido Justicialista, especialmente por su verticalismo y a la obediencia debida a sus líderes que caracteriza a aquella agrupación. Sin embargo, estas características son propias de una concepción autoritaria de la sociedad, en la que la obediencia y el conformismo son premiadas en contraposición de la innovación y el pensamiento crítico.

Las sociedad más prosperas se caracterizan por ser sociedades de innovadores con espíritu emprendedor, personas que están dispuestas a tomar riesgos y buscar soluciones alternativas a las existentes. La existencia de los Bill Gates, los Steve Jobs y los Elon Musks no se debió a que fueron obedientes y buscaban conformar las expectativas que podía tener la sociedad sobre ellos. Por el contrario, terminar una carrera, obtener un empleo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y vivir una vida sin riesgos, no fue lo que los hizo grandes.

Con esto no estoy diciendo que todos podemos ser el próximo Steve Jobs, pero seguro que no es la mentalidad autoritaria, verticalista, y de corte militar que promueve el peronismo, la que nos garantice individuos que se destaquen, y productores de riqueza, en las próximas décadas.

Los argumentos contra la reinstauración de un sistema de servidumbre involuntaria son tan contundentes que no requieren más palabras. Forzar a otras personas a realizar algo contra su voluntad, ya sea prostituirse, aprender un oficio, o recibir entrenamiento militar, es una forma de esclavitud. La propuesta del kirchnerista Ishii es una evidencia del fracaso de sus propias ideas. Tras muchas décadas en las que la clase política se ha empecinado en obstruir la generación de riqueza y haber promovido las dádivas estatales como forma de vida, la idea de que para que alguien quiera trabajar tenga que ser forzado a hacerlo no parece descabellado.