Oportunamente, sosteníamos que “…si a pesar de todo, el Ejecutivo pretendiera formular alguna oferta a los holdouts carece de autorización de Congreso, por lo que necesitará de una ley que levante la prohibición evocada. (…) Concretamente se debe modificar la ley 26.886, que obstaculiza, sin fecha de vencimiento, las negociaciones, en términos similares a la famosa cláusula RUFO…”
En sintonía con lo que afirmábamos, el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento Nacional un proyecto de Ley que postula declarar de interés público: 1) la Reestructuración de la Deuda 2005-2010; y 2) el pago soberano local, que comprenda al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina,