En setiembre de 2013, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para derogar la llamada “Ley Cerrojo” que finalmente fue aprobada con el apoyo de casi toda la oposición. Se trataba de una herramienta destinada  a habilitar negociaciones con los tenedores de bonos que no ingresaros al canje I de 2005 y al canje II de 2010, los denominados holdouts.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso sancionaron la Ley 26.886  que autoriza al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos que fueran elegibles para el canje dispuesto en el Decreto Nº 1.735 del 9 de diciembre de 2004 –canje I-,  que no hubiesen sido presentados al mismo ni al canje dispuesto por el Decreto Nº 563 de fecha 26 de abril de 2010 –canje II-. en los términos del artículo 65 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, con el fin de adecuar los servicios de dicha deuda a las posibilidades de pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo.

Pero recordemos como se sucedieron los acontecimientos, hasta llegar a la ley 26.886:

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