Una oportunidad para la Presidente

Finalmente el fiscal Pollicita apeló la decisión del juez Daniel Rafecas que había desestimado la denuncia original de Alberto Nisman sobre el encubrimiento a los acusados en la causa AMIA.

La sala sorteada para entender en la apelación ha sido la sala I, la misma que declaró inconstitucional el memorándum con Irán y la misma que confirmó a Claudio Bonadío al frente de la causa Hotesur. Antes de eso, el fiscal Carlos Rívolo deberá elevar su dictamen sobre la procedencia de la apelación, en lo que todo el mundo prevé como un respaldo incondicional a la investigación que pide Pollicita.

Éste, a su vez, se basó en hechos prácticamente derivados del sentido común para pedir a la Cámara que se aboque al entendimiento en la causa: “Señores, por favor investiguen; lo que les estoy presentando no es una sentencia, es simplemente eso: un pedido de investigación… Creo que hay suficientes medidas de prueba pedidas como para desestimar in límine la actuación”. Continuar leyendo

No hay ninguna guerra

A fuerza de repetir frases hechas, las realidades se van formando como un callo que luego nadie se toma el trabajo de esmerilar. Algo así está ocurriendo con la llamada guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En rigor de verdad no hay tal guerra. O mejor dicho, no puede haberla.

El Poder Judicial es un órgano del Estado que no actúa por sí mismo. Salvo en los delitos de acción pública del Derecho Penal, en donde la Justicia tiene el deber de actuar de oficio más allá del interés que muestre el particular damnificado en iniciar o impulsar la causa.  En todos los demás casos ningún juez ni ningún fiscal puede mover un dedo si no hay un particular que les pida su intervención.

Cuando el Gobierno se enoja porque la Justicia detiene sus proyectos tachándolos de inconstitucionales o los demora por la aplicación de medidas cautelares es -siempre- porque un ciudadano privado le ha pedido auxilio a los jueces para que lo protejan.

De modo que el oficialismo equivoca su enojo y, fundamentalmente, yerra el destinatario de sus diatribas. Si los jueces actúan es, primero, porque los particulares se lo piden y, segundo, porque encuentran en esas inquietudes razones legales o constitucionales suficientes para poner en marcha la protección.

La Presidente entonces, en lugar de dirigir insultos velados, sarcasmos inútiles y ácidas indirectas a los jueces, debería preguntarse por qué tantos ciudadanos quieren protegerse de ella; por qué tantos particulares golpean la puerta de los juzgados para decir “Sr. juez, por favor, sálveme de este atropello”.

Para eso fue creada la Justicia, para estar pronta a atender esos ruegos. En los absolutismos no había alternativas, ni plegarias que funcionaran: la voluntad omnímoda y arbitraria del monarca disponía de la vida y la hacienda de todos como si todo le perteneciera. El rey no daba explicaciones ni nadie podía pedírselas. Tampoco existía un cuerpo que revisara sus arbitrariedades. Lo que él decidía era ley porque se suponía que su poder derivaba de Dios.

La Sra. de Kirchner parecería en muchos casos querer replicar aquellos esquemas de la Edad Media. Pretende trasmitir la idea de que su poder deriva de una entidad sobrenatural (que ella llama “voluntad popular”) y que como tal, ella y sus decisiones, no pueden ser discutidas por nadie.

Pues bien, ese esquema terminó en el mundo pretendidamente civilizado hace 4 siglos. No hay aquí ninguna entidad suprahumana de la cual derive un poder que se deposite en cabeza de nadie. Todos somos iguales ante la ley y el “poder” dejó de ser uno para transformarse en tres. Lo único que importa en el Estado de derecho es la capacidad del sistema para defender derechos concretos de personas concretas. Ningún colectivo difuso a cuyo caballo quiera subirse algún  delirante con intenciones de replicar los absolutismos del pasado, puede reemplazar el sistema de derechos civiles y de limitación del poder el Estado.

Dentro de ese esquema, la Presidente debería primero saber  que sus decisiones están sujetas a las restricciones que ese sistema de derechos individuales les impone. Porque no hay nada superior a los derechos individuales.

Si una decisión presidencial viola un derecho, el titular del derecho agredido podrá pedir la intervención de un juez para que haga cesar los efectos de esa medida presidencial respecto de su persona. Luego, por supuesto, la influencia de la jurisprudencia hará posible que la iniciativa del presidente cese no solo para ese particular damnificado sino para todos los que aleguen estar en su misma condición.

Pero allí no hay ninguna guerra. Lo que está pasando es el funcionamiento normal de la Constitución. Es lo que ocurrió con la Ley de Medios y con la “democratización de la Justicia”: las iniciativas están paradas porque hay particulares que las discuten y que lograron o declaraciones de inconstitucionalidad o medidas cautelares que los protegen.

Presentar proyectos para restringir o suprimir las medidas cautelares o para dificultar el control de constitucionalidad de las leyes, son todos intentos de pretender volver a instaurar un sistema de gobierno absoluto, previo a la civilización del Estado de Derecho.

En cuanto a las actuaciones de la justicia federal penal -si bien, como dijimos, ésta sí tiene la obligación de actuar de oficio cuando entra en conocimiento de la comisión de un delito- las causas en trámite (casos de corrupción, de lavado de dinero, de desvío de fondos de la obra pública, de enriquecimiento ilícito, etc.) también fueron activadas por personas, sean estas particulares o diputados representantes del pueblo que han creído conveniente llamar la atención de los jueces para que éstos verificaran el uso de los recursos del Estado, que no son -obviamente- de propiedad de los bolsillos de quienes gobiernan, sino de toda la sociedad.

De modo que la postura de la Presidente y, en general, de todos los aplaudidores profesionales que integran su administración, acerca de que el Poder Judicial les ha declarado una guerra porque quiere “gobernar” en su lugar, es, como mínimo, una burrada; un indicio de que no tienen la más pálida idea de cómo está preparado el sistema para funcionar, y, como máximo, un intento directo, pero enmascarado, de replicar a los gobiernos absolutos de los siglos XV o XVI.

La Presidente pretende replicar en el país la organización militar que ella le da a su propio partido. Pero fuera de aquella estructura hay otra gente que no está dispuesta a someterse a su mando indiscutible como si lo están sus militantes y sus seguidores. No hay problemas en que voluntariamente ellos hayan elegido esa manera de vivir y de entender las relaciones humanas. El problema consiste en que se lo quieran imponer por la fuerza a todos. Los que no están de acuerdo con esa organización social tendrán siempre a la Constitución y a los jueces para defenderse. Y eso no quiere decir que el Poder Judicial este en guerra con el Ejecutivo. No hay nadie en guerra con la presidente. Es ella la que se la ha declarado a todos los que osen no obedecerla. El problema es que así podrá vivir dentro de su partido. Pero no tiene derecho a imponer esas maneras y esos perfiles a quienes no se han afiliado para ser sus seguidores.

Un largo relato del Relato

No se olvidó del que le gritó. Lo buscó con la mirada y le dirigió, durante los próximos diez minutos, como mínimo cuatro acidas admoniciones. Alguien le había dicho que no olvidara mencionar algo referido a los programas de salud. Era una intervención en favor de ella, o del “modelo”, si les gusta más.

Pero no se lo perdonó. La Sra. de Kirchner no soporta que le roben el espacio de sus palabras, que alguien ingrese en el círculo sagrado de sus sentencias… ¡Cómo se atreve!

Primero preguntó qué había dicho. Después le echó en cara que no le había dado tiempo para llegar a eso. Más tarde le dijo “antes me corrías con lo de las cardiopatías, ahora yo te corro con esto: el Estado se hace cargo de las operaciones por labio leporino”. Y mucho después se la siguió recordándole que la había interrumpido.

La Presidente no puede vivir sin armar rencillas. Hasta en este ejemplo estúpido, de un más papista que el Papa que había gritado algo para congraciarse con la jefa, se nota su  incansable vocación por la confrontación y la pelea.

Aunque dedicó un largo párrafo cerca del inicio a que en la Argentina “no hay odio” sino “diferencias”, extensos pasajes de su discurso estuvieron cargados de esa cizaña ácida que azuza la división y la riega permanentemente con una ponzoña innecesaria.

Habló de “los que nos llenan la cabeza”, de médicos que leen La Nación en lugar de Página/12, de aquellos a los que les encantan las estadísticas “de afuera”, aun cuando ella misma se cansó de echar mano a referencias de organismos internacionales que le perecían favorables a su gestión; de los que integran el “Partido Judicial” (jugando con el sarcasmo de decir “Poder Judicial”, corregirse a sí misma y decir “casi digo Partido Judicial”), de que el país tenía que formar ingenieros “pero de los buenos”, en una obvia alusión indirecta -su arma cizañera preferida- a Macri. Pero no es ella la que incita a la división y al odio. ¡No, qué va! ¡Los que hacen eso son los otros, a los que mandó quedarse con el “silencio”!

El último discurso de la presidente ante la Asamblea Legislativa fue un largo (muy largo) relato del relato. Al término de esa larga exposición uno se preguntaba a qué país pertenecen los cientos y cientos de villas miseria que han proliferado en estos últimos 12 años, villas miseria que antes no existían.

Un simple viaje en micro a la costa Atlántica que tiene la perspectiva de la altura -de la cual carecen los automóviles- permite ver el espectáculo que se extiende prácticamente desde la costa del río hasta la periferia de Quilmes: un gigantesco villorio en donde las condiciones de vida dan lástima.

O la vergüenza que sigue expandiéndose en plena Capital, en medio de las drogas y las condiciones deprimentes de vida de las villas 31, 1-11-14 y todas las que nacieron como hongos al calor de la década ganada.

El largo párrafo dedicado a Aerolíneas Argentinas fue casi una tomadura de pelo: una compañía indefendible que se ha convertido en una receptora de mano de obra militante, que aumentó 21% su plantilla de empleados, lo que la coloca en el peor lugar del ránking en la proporción de empleados por pasajeros transportados (algunos ejemplos sueltos: Air Europa 2747 pasajeros volados por empleado, Delta 2000, Alitalia 1731, Aeromexico 1077, Aerolíneas, 631)

Dentro de esa extensa parrafada, se permitió decir que la compañía beneficiaba “a nosotros, los del interior, que no tenemos otra manera de trasladarnos si no es por Aerolíneas”, como dando a entender que ella es una más del “pueblo” que tiene que aguantar esas incomodidades, cuando, al revés, hace fletar aviones a costo del Estado para que simplemente le lleven los diarios a “su lugar en el mundo”, El Calafate.

Esas menciones innecesarias ponen  en cuestión todo el contenido de un discurso floreado por la demagogia.

El capítulo dedicado a la deuda resulta particularmente llamativo. Hoy el endeudamiento del país supera los 300 mil millones de dólares, más del 58% del PBI. La tan publicitada “política de desendeudamiento” sólo se cumplió en el período inicial de 2003 a 2008, cuando la Argentina acumuló un superávit fiscal financiero de US$ 12.600 millones. Luego, de 2009 a 2013, el Gobierno acumuló un déficit de 63.000 millones de dólares. Es decir, esto implica un déficit total de US$ 52.000 millones acumulado hasta 2013, período en el cual la deuda pública creció en US$ 51.000 millones. Luego, en 2014 y lo que va de 2015, el déficit fiscal se agravó de manera significativa, sumando aproximadamente US$ 66.100 millones, dejando un saldo negativo de los tres períodos de la administración Kirchner de 118.000 millones de dólares, básicamente surgido del enorme crecimiento del gasto público en comparación a la recaudación. Fueron el BCRA y los jubilados los que financiaron esta fiesta.

El BCRA tiene patrimonio neto negativo, está técnicamente quebrado. La deuda por LEBACS (los instrumentos que se emiten para aspirar los pesos que se emiten sin respaldo alguno) es astronómica y ha crecido geométricamente. Si no se emitieran, por otro lado, la brecha entre el dólar oficial y el libre superaría el 100%.

En muchos pasajes, como es habitual, confundió al Estado con el Gobierno, cuando no directamente con ella misma. Hasta en el insignificante ejemplo del plan “Ahora 12″ cuando les recordó a los que compran en los “shoppings paquetes” (otra innecesaria chicana clasista) que es el gobierno el que financia esas cuotas: “se lo pagamos nosotros”, dijo. No, señora: eso es un gasto del Estado, es decir de nuestros propios bolsillos; no de los suyos.

Más adelante dijo: “No se puede ser tan estúpido, tan colonizado, tan subordinado intelectualmente, tan chiquito de neuronas. Por favor, cómo no van a venir los chinos, ¿qué miedo le tienen?” Me pregunto qué habría dicho ella, los militantes de La Campora o Carta Abierta si un tratado, no similar, igual, hubiera sido firmado por otro gobierno con cualquier administración norteamericana.

La Presidente cambió radicalmente su cara y su tono cuando se refirió particularmente a la Justicia y cuando advirtió la presencia de carteles que proponían una apertura de los archivos clasificados de la causa AMIA: “A los que ponen cartelitos para que hable de la AMIA. De la AMIA hablo desde el año 94. Seguiré hablando en la ONU reclamando justicia”. Volvió a la carga con su acidez preferida: la del partido destituyente, a quien acusó de independizarse de la Constitución.

La Sra. de Kirchner se preguntó “¿con cuál Nisman me quedo?”, “¿con el que me imputó o con el que me llamaba para felicitarme?”. Pregunta: ¿no sería Nisman -si estuviera vivo- el que debería preguntar “¿con qué presidente me quedo, con la que acusaba a Irán desde la ONU o con la que firmó un acuerdo de entendimiento con los acusados?”

La Presidente deja el lugar de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso con un perfume desagradable. En la organización pululaban personajes con distintivos color punzó que identificaban a los hombres del Ejército, encargados de la organización y de los permisos. Un perfume venezolano.

¿Alguien imagina los exabruptos del kirchnerismo si semejante ocurrencia la hubiera ideado otro gobierno? Hasta me parece escuchar a los intelectuales de Carta Abierta poniendo el grito en el cielo y pidiendo explicaciones por la militarización del edificio símbolo de la democracia.

Quizás sea una metáfora terminal de un sincericidio simbólico. ¿Qué perspectiva de diálogo, de consenso, de intercambio de ideas, de horizontalidad, puede entregarle a la sociedad un movimiento político que se niega esas muestras de civilización para sí mismo? ¿qQé democracia puede promover una facción que reivindica para sí misma la verticalidad y la obediencia de una barraca militar? ¿Qué ámbito de diálogo y de consenso -en donde se reconozcan justamente las diferencias- puede promover un partido en donde todo confluye en la decisión, en el poder y en  el dedo de una persona a la que se le reconoce la única capacidad de conducción y a quien se tiene como la única fuente de razón?

Ni aquellos que quieren gritar una apostilla de apoyo son perdonados. La furia de la mirada se clavará en los ojos del irreverente. ¿Qué democracia puede florecer en un país gobernado por una creencia que impone una voz única, un mando único, un criterio militar de la existencia? La última aparición institucional de la Presidente en el Congreso estuvo adornada por todo ese cotillón. Un cotillón de voces únicas, de dueños únicos y de criterios únicos. Tal como les gusta a los militares que la cuidaron y a los militantes que la vivaron

Un fallo acelerado que deja muchos interrogantes

Cuando me llamaron para avisarme que el juez Rafecas había desestimado la denuncia de Nisman/Pollicita lo primero que pensé fue: “¿Ya…? ¿Tan rápido..?”

Y no caben dudas de que de los muchos interrogantes que el fallo deja la celeridad con que fue dictado es la primera.

Una denuncia tan pesada, a la que se adjuntaba un resumen de 900 horas de grabaciones (el total de las escuchas alcanzaba a las casi 5000 horas) invitaba a presumir que el juez iba a invertir más tiempo en estudiarla. ¿Escuchó Rafecas cada uno de aquellos diálogos?, ¿se formó de ellos una idea de primera mano? No lo sabemos.

Sigue luego el razonamiento central del fallo: no hubo delito porque este no llegó a consumarse, dado que el Memorándum de Entendimiento no se convirtió nunca en operativo. Se trata de una conclusión ambigua. En primer lugar, los delitos tienen -y el juez Rafecas claramente lo sabe- una instancia de tentativa cuando, en efecto, no llegan a consumarse, aun cuando se hubieran puesto en movimiento todos los pasos necesarios para que así ocurriera. Si el asesinato de un francotirador no se consuma porque inesperadamente la víctima se agacha para atarse los cordones de los zapatos, no puede exculparse a quien jaló el gatillo: no será culpable de asesinato, pero sí de asesinato en grado de tentativa.

El encubrimiento es un delito susceptible de ser cometido en grado de tentativa. Así, si una persona dispone de todos los medios para esconder al autor de un crimen pero luego por razones ajenas al encubridor la maniobra falla, de todos modos el delito debe perseguirse en grado de tentativa.

Aquí son muchos los que coinciden en que el Memorándum no operó -y por lo tanto el encubrimiento no prosperó- porque el régimen iraní no ratificó el acuerdo. Pero para ese momento el Gobierno argentino ya había hecho todo lo necesario para que la cobertura fuera efectiva. Si luego no se consumó porque Irán no le dio rúbrica legislativa al tratado eso es algo ajeno a la responsabilidad del que había hecho todo por intentarlo.

La especulación política también se ha metido en el análisis de las últimas horas dada la proximidad del discurso de la Presidente para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. Muchos están convencidos de que si ese momento llegaba sin que la denuncia de Pollicita estuviera desestimada, la Sra. de Kirchner estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de embarrar de tal modo la situación que todo se transformara en un gigantesco aquelarre.

Hay quienes dicen que, ante esa posibilidad, el juez Rafecas decidió acelerar los tiempos y rechazar la posibilidad de investigar. De nuevo, nunca lo sabremos.

Pollicita a su vez va a apelar la decisión y la cuestión será derivada a la Camara para que esta se expida. El fallo también incluye una derivación de las escuchas para que se investigue en especial el papel del agente Bogado, que ya formaba parte de la denuncia original del Dr. Nisman.

Un punto oscuro del fallo en su parte resolutiva llamó la atención. En el punto 3, el juez Rafecas dispone, de ser necesario, la habilitación de la “feria judicial” para la notificación del fallo. ¿Feria judicial? ¿En febrero? El juez, en una llamativa entrevista que le concedió a C5N, atribuye la cuestión a un “error material” por un típico copy/paste preestablecido en la computadora del Juzgado. Pero muchos se preguntaron si el fallo no fue redactado ni bien murió Nisman, en pleno mes de enero.

Frente a una apelación del fiscal actuante, la Cámara tendrá un par de opciones. Podrá devolver el expediente a Rafecas para que, al menos, ejecute algunas de las 60 medidas de prueba pedidas por Pollicita antes de volver a desestimar el asunto, o considerar que el juez ya emitió su opinión sobre el fondo de la cuestión, por lo cual podría derivar la investigación a otro magistrado que designe. La Cámara tiene dos salas. Cuando Pollicita apele, sabremos cuál entenderá en el asunto.

Ahora resta saber qué impacto tendrá la decisión en el ánimo presidencial de hoy. El jueves, en el acto de jura de los nuevos ministros, la Casa de Gobierno tenía un ambiente festivo. Todo el mundo se reía como si realmente hubiera algo para festejar. El propio Capitanich, que dejaba su cargo en medio de un resonante fracaso, rayano casi en el ridículo y en el hazmereír de muchos, se reía a carcajadas. Hasta Boudou y Aníbal Fernández de reían desembozadamente. Más circunspecto aparecía Wado de Pedro, el convencido de que el Gobierno debe instaurar el perfil de país que tenían en mente los Montoneros y que ahora será el nuevo secretario general de la Presidencia.

No hay demasiados motivos para sospechar que el fallo actuará como un bálsamo para la Presidente y que ahora, liberada de aquella carga, estará dispuesta a transitar ocho meses de concordia antes del traspaso del mando. Nada. Ni un paso atrás. Será mejor dinamitar todo antes de ofrecer una mano de diálogo. Enfrente no están otros argentinos tan temporales como ella esperando para continuar la rutinaria tarea de administrar el Estado. No. Ni la presidente se considera una mera administradora temporal del Estado, ni los que están enfrente son otros argentinos tan bien intencionados como ella. La Sra. de Kirchner se considera a sí misma la protagonista de una epopeya; de una epopeya enfrente de la cual no hay otros argentinos, sino enemigos acérrimos.

Cambios que anticipan una radicalización

Nadie sabe si la desestimación de la denuncia del fiscal Pollicita contra la presidente Cristina Fernández y otros miembros del gobierno calmará o envalentonará más aún a la Presidente en la previa a su discurso del domingo 1 de marzo.

No se sabe si, en su descripción de la Justicia, lo de Rafecas habrá que tomarlo como proveniente de un poder aristocrático, antipopular y como tal ilegítimo. Porque si así fuera, la Presidente habría sentado las bases para dudar de la resolución que ahora la beneficia. 

Es una paradoja, pero cuando uno lanza una guerra contra alguien y luego ese alguien define una determinada situación a favor de uno, es como que la posición propia queda colgada de la palmera: ¿en qué quedamos: los jueces tienen imparcialidad para analizar equidistantemente las situaciones que se le presentan o no (porque son golpistas, elitistas, contramayoritarios y contrarios a la “voluntad popular”)? Continuar leyendo

Por un Gobierno controlado

En 1976 se publicó la extraordinaria novela de Irving Wallace “El Documento ‘R’”, una historia de intriga y suspenso que cuenta el intento de concretar una conspiración para derogar la Ley de Derechos de los Estados Unidos y que está dirigida entre bastidores por el FBI.

En un trasfondo de creciente violencia, Wallace pone frente a frente dos fuerzas opuestas: por una parte, aquellos que tratan de modificar la Constitución para que el gobierno pueda imponer sin miramientos un programa de “ley y orden”; por otra, quienes creen que tras la Enmienda XXXV se oculta un plan de mayor alcance que tiene por fin subvertir el proceso del gobierno constitucional y reemplazarlo por un estado policíaco.

La Constitución de Estados Unidos es un documento difícil de modificar. Una enmienda es un cambio al documento aprobado en 1788. Tal y como lo especifica el Artículo V de la Constitución, existen dos formas de enmendarla. Una de ellas no ha sido utilizada nunca.

Uno de los dos métodos de enmendar la Constitución es que ambas cámaras del Congreso; la Cámara de Representantes y el Senado aprueben una propuesta para realizar el cambio. El voto debe alcanzar una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Una vez que la propuesta sea aprobada, se dirige a los estados. Treinta y ocho de las 50 legislaturas estatales deben aprobar la enmienda, es decir tres cuartos de los estados de la nación. Otra vía para lograr un cambio en la Constitución es si dos tercios de los estados convocan una convención constitucional en la que propondrían la(s) enmienda(s). De ahí en adelante, las propuestas de enmienda se decidirían por las legislaturas o convenciones estatales. Estados Unidos nunca ha recurrido a este método para enmendar su Constitución.

Lo cierto es que la historia de Wallace suponía la existencia de una nomenklatura fascista en la nación que pretendía derogar el diseño constitucional de 1787 y cambiarlo por otro en donde el centro del poder de decisión de la sociedad no estaría en los individuos sino en el Estado.

Parafraseando la historia de Wallace, podríamos decir que los argentinos nos encontramos frente al “Factor R”. Tan solo esa letra sirve para diferenciar la dramática decisión que tarde o temprano tendremos que tomar. La ambigüedad de mantener en lo formal una Constitución que pone al hombre libre en el centro del protagonismo social y, en lo real o sustancial, una realidad que retiene a ese protagonista para reemplazarlo por el Estado, no va más. Ese doble discurso ya no resiste. Es preciso que la sociedad resuelva esta disyuntiva que la mantiene postergada desde hace más de 80 años.

Se trata de elegir entre un sistema con un gobierno controlado (justamente por la sociedad, a través de los jueces, de los organismos independientes del poder ejecutivo y de la prensa) o con un gobierno controladoR , es decir que tiene en su puño la capacidad de regimentar la vida de todos a fuerza del dictado indiscutido e indiscutible de sus disposiciones.

Es hora de que la Argentina elija definitivamente si quiere tener un gobierno completamente desligado de la ley, sin control social y por encima de la Constitución, en donde los funcionarios vigilan a los ciudadanos, o si, al contrario y como establece la Ley Fundamental, la sociedad se inclina por vivir en un sistema en donde el gobierno está sujeto a severas limitaciones que le impiden avanzar sobre el círculo de soberanía individual que la Carta de Derechos reserva a los ciudadanos.

Como se ve por la simple enunciación teórica de los sistemas en pugna, se trata de dos concepciones completamente antagónicas de la vida. La cuestión no se limita simplemente a elegir un tipo de organización social; se trata de elegir una forma de vivir, una forma de ver el mundo, una forma de interrelacionarse con los semejantes y, como país, una forma de relacionarse con los demás países.

La conveniencia de la nomenklatura estatal hizo que millones de individuos se convencieran de que no pueden solos; de que no hay manera de cumplir los sueños individuales porque los “intereses de los poderosos” siempre se interpondrán en el camino y que sin la intervención milagrosa del Estado, estarían desahuciados. Esa minusvalía, esa profunda carencia de autoestima y de postración hizo que enormes franjas de la sociedad estuvieran de acuerdo en entregar su libertad a cambio de que el Estado les proveyera de una manutención mínima: renunciaron al cielo, por tocar el cielorraso.

Eso hizo que nos convirtiéramos en un país de techos bajos, chato, gris, sin protagonismo, intrascendente, como si para nosotros no estuvieran preparadas las grandes cosas, las grandes empresas.

Pero incoherente e hipócritamente hemos mantenido una Constitución escrita por un conjunto de visionarios que creía que los argentinos no tendríamos techo, si dejábamos volar nuestros sueños y le poníamos pasión, esfuerzo y trabajo a nuestros anhelos. Ninguno de esos Padres Fundadores nos creyó tan pusilánimes como para entrar en una transacción con un conjunto de vivos que nos vendió el paquete de la “seguridad económica” a cambio de quedarse con nuestras libertades. No creímos nunca que con nuestras libertades podíamos superar con creces lo que nuestros “protectores” nos ofrecían; transamos por migajas.

Este choque cultural ya no puede sostenerse. Y creo que detrás del 18F y el merecido recuerdo a la memoria del fiscal Nisman, muchos argentinos estarán mostrando que ya no quieren las consecuencias de aquella pusilanimidad. Creo que muchos de los que salieron a la calle  lo hicieron para pronunciarse por eliminar el “Factor R”, dejar atrás el gobierno “controladoR” y pasar a tener un gobierno “controlado”.

Intocables

La Presidente, el canciller y otros miembros oficiosos del Gobierno (Luis D’Elía fue, sin embargo, un funcionario formal de los Kirchner durante el gobierno de Néstor) han sido imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por el delito de encubrir a los sospechosos de haber volado la AMIA. Se trata de la implementación en los hechos de la denuncia que había presentado el Dr. Nisman cinco días antes de morir.

Ya desde la mañana del viernes tanto Aníbal Fernández como Jorge Capitanich se habían adelantado a estos hechos, calificando a la mera posibilidad de que el fiscal hiciera efectivamente eso como un hecho de “activo golpismo judicial violatorio de la democracia”.

La regla vuelve a cumplirse: cada vez que el poder de control esencial que la Constitución ha organizado para vigilar al Poder Ejecutivo -esto es, el Poder Judicial- amaga con poner en funcionamiento los mecanismos normales de su funcionamiento, la Presidente y sus funcionarios salen a blandir el argumento del golpe.

Es, a todas luces, una apelación vieja, gastada y reveladora del perfil de país que el kirchnerismo tiene en la cabeza. Ese perfil consiste en una organización vertical en cuyo vértice intocable se haya la Presidente en particular y los funcionarios en general, y según la cual la ley común no les es aplicable a ellos, porque todo intento de aplicarles a ellos la ley común es reputado como automáticamente antidemocrático, destituyente y golpista.

Se trata de un “yeite” maravilloso: “Todos son iguales ante la ley, menos nosotros, a quienes la ley no se nos aplica.” Si hay algún motivo por el cual la Constitución fue sancionada, fue, precisamente para terminar con un tipo de organización nacional basada, justamente, en esquemas similares a ese.

El oficialismo tácitamente confiesa, de este modo, la sociedad que busca delinear: una gran masa de zombies a los que tiene controlados y a los que les aplica el rigor de la ley que el mismo gobierno sanciona y una casta de privilegiados que vive de chuparle a la sangre a esos esclavos y que se haya absuelta de dar explicaciones ante la Justicia por sus conductas y completamente liberada de las molestias de los controles externos a su gestión.

Resulta particularmente llamativo cómo siquiera pueda haber una parte de la sociedad que preste su acuerdo a un esquema social como éste. Los militantes dicen que “voluntariamente” se someten a la conducción verticalizada de la líder porque es ella la que “conduce”. El problema es que, lo que ellos aceptan voluntariamente para sí mismos, se lo quieren imponer por la fuerza al resto de la sociedad, que no acepta de ninguna manera vivir bajo ese perfil.

La presidente Dilma Rousseff está luchando para tratar de demostrar que no ha tenido nada que ver con el escándalo Patrobras. Más de una vez en los últimos meses en Brasil se ha pronunciado la temible palabra “impeachment”. Sin embargo, a Dilma no se le ha pasado ni de cerca por la cabeza la idea de acusar a quienes investigan de golpistas destituyentes. El Estado de derecho no es sólo el Poder Ejecutivo. De modo que si para no tocar a éste se impidiera el normal funcionamiento de los mecanismos constitucionales, eso sí sería golpismo, porque se estaría echando mano a recursos de facto para impedir que la Constitución funcione.

En otra salida francamente desopilante del día viernes, la fiscal Alejandra Gils Carbo (que según la Presidente es un órgano extrapoder y una funcionaria independiente) anunció que emitirá una resolución del Ministerio Público avalando las actuaciones de la mandataria en sus negociaciones con Irán, como si la Procuradora General fuera una especie de abogado defensor personal de la Sra. de Kirchner. El Ministerio Público existe para defender a la sociedad. ¿Para defenderla de quién? Justamente del Estado. No está allí para validar la teoría de que el Estado se encarna en la persona de la Presidente  y, como tal,  esta es intocable. No. La Procuradora  -como señala la teoría presidencial aunque no, claramente, su práctica- es una funcionaria independiente del Poder Ejecutivo que no puede ni debe salir en su defensa. ¿Cómo creer, luego de semejante declaración confesional, que la Sra. Carbó manejará las escuchas telefónicas con imparcialidad, de acuerdo a la nueva Ley de Inteligencia?

La Constitución argentina fue sancionada en previsión de todo esto. Más allá del dramatismo de éstos días estamos ante una oportunidad histórica de demostrarnos a nosotros mismos que esos mecanismos sabiamente creados hace más de 160 años pueden funcionar entre nosotros y que es de lo más saludable que funcionen. Solo los que defienden la incivilización política sugieren volver a lo que ocurría en la Argentina colonial y en la de la Guerra Civil del siglo XIX. Quienes queremos vivir en una república moderna en donde nadie esté por encima de la ley, creemos que el tiempo histórico nos ha colocado ante una enorme oportunidad: la de saber que aquí gobierna la ley y no la voluntad de un líder.

Más allá de toda reconciliación

La Presidente ha cortado ayer toda posibilidad de vivir, al menos hasta que termine su mandato, en una sociedad reconciliada. Y la Argentina debería rezar para que las semillas del rencor plantadas durante todo este tiempo no sigan produciendo brotes más allá del 10 de diciembre.

Resultó francamente chocante ver a Cristina Kirchner, detrás de una semisonrisa ácida, decir “quedémonos nosotros con los cantos y con la alegría y dejémosle a ellos el silencio”, en una clara referencia a la marcha que con ese nombre fuera convocada por los compañeros de trabajo del fiscal Alberto Nisman para recordar su memoria a un mes de su trágica muerte. ¿Con los cantos y con la alegría en el medio de la muerte?, ¿cuál es el límite para la urbanidad presidencial?

En esa frase la Presidente envió una confirmación final hacia los que aun albergaban alguna esperanza, de que no está interesada en pacificar los ánimos o en tender una mano de misericordia y respeto a los que no piensan como ella. Para la Sra de Kirchner la democracia debe subsumirse en ella. Como ella ganó las elecciones de 2011, solo ella (y los que piensan como ella) pueden hablar, porque la democracia, según su particular criterio, consiste, justamente, en eso: en que el único con derecho a hablar es el que gana. Los que pierden son la antidemocracia y deben someterse y callar. Continuar leyendo

Fue Néstor

La muerte del fiscal Nisman no se resolverá. No nos engañemos. Como la causa que él investigaba o como la de la Embajada de Israel o como el crimen de Nora Dalmasso o el del Candela, nunca se sabrá que ocurrió en el piso 13 de las Torres Le Parc de Puerto Madero aquel 19 de enero. La Argentina no puede entregar certezas de ninguna especie a sus ciudadanos, en ningún caso. Aquí nunca se sabe que ocurrió.

El barro termina cubriendo todas las causas. Un lodazal fabricado y multiplicado por mil variantes, impide discernir dónde está la verdad y dónde la mentira.

Esa incertidumbre siempre es funcional al poder: en ese mar de dudas y de acusaciones cruzadas, quien monopoliza los resortes de las decisiones se ve favorecido porque las máscaras terminan de caer. Continuar leyendo

Densidad y peso específico

Volver a escribir estas columnas en las actuales circunstancias de la Argentina tiene un significado especial. La verdad, no creí que alguna vez debería volver a escribir sobre la muerte relacionada con la política; sobre la violencia mortal originada en el mundo del poder.

Pero aquí estamos de nuevo frente a ella con un fiscal muerto en la víspera de aparecer públicamente ante los diputados de la comisión de Legislación Penal del Congreso. Ya han pasado 15 días desde que Alberto Nisman apareció con un tiro en la cabeza dentro del baño de su departamento de Puerto Madero y más allá de que no sabemos nada, hemos escuchado versiones de todo orden sobre lo que pudo haber acontecido en ese piso 13 de las Torres Le Parc.

La Presidente, que aun no envió sus condolencias a la familia, ha ido de un lado a otro de las hipótesis, rayando, en algunos casos, la interferencia del Poder Ejecutivo en el Judicial y en otros directamente en el mal gusto o la bajeza. Continuar leyendo