Una crisis agravada por la demagogia interna

No fue bueno el resultado de la audiencia de ayer en la que el juez Thomas Griesa decidió no reponer el stay que le permitiría a la Argentina liberar el pago a los acreedores de los canjes 2005 y 2010.

El Juez incluso pareció endurecer su posición al no permitir ni siquiera que los acreedores en sede no neoyorquinas y en monedas que no son el dólar (euros y yenes, por ejemplo) cobren sus acreencias de los giros argentinos.

Y volvió a tener consideraciones verbales acerca de la no contribución a la solución del problema que hacen las declaraciones del gobierno argentino. Es decir, se está dando la enorme paradoja de que las soluciones judiciales están siendo impedidas por la “política”, justamente lo contrario de lo que esperaba la Presidente y el ministro Kicillof, es decir, que la “política” finalmente pesara más que la aplicación pura y simple del Derecho.

Griesa mandó a seguir las negociaciones con el special master Dan Pollak pero no insinuó de su parte una intención de “tirarle una soga” a la Argentina.

El día lunes se produjeron algunas declaraciones en el mercado que contrastaron con los números. El presidente del Banco Macro, Jorge Brito, dijo que si al 30 de julio no se arreglaba la situación con los holdouts y se caía en default “no pasaba nada”. Los mercados no pensaron lo mismo que anticiparon cierto “empiojamiento” de la cuestión y cayeron fuertemente.

Está claro que el viernes 1 de agosto no “va a ocurrir nada” puntualmente catastrófico. Ese día el país amanecerá como puede hacerlo pasado mañana. Pero a partir de la caída del periodo de gracia que está corriendo desde el 30 de junio, se podrían activar en los próximos 60 días mecanismos muy peligrosos para la situación financiera del país.

Uno de ellos es el que se conoce como “aceleración de los vencimientos” que los acreedores de los canjes podrían pedir para que se les pague de una sola vez todo lo que se les debe, sin respetar ya los plazos ofrecidos por el país. Ese peligro solo podría ser detenido si la Argentina lograra convocar la voluntad de un 50% de los acreedores reestructurados que votaran la “no-aceleración”.

Pero, como está de más aclarar, eso implicaría entrar en un proceso muy complejo y lento que no detendría el deterioro de la situación financiera y comercial exterior del país.

Lo que también parece desprenderse de la audiencia de hoy es que el juez Griesa parece haber entrado en un juego de respuestas a las bravuconadas del gobierno argentino tomando decisiones que lo perjudican (sin olvidar claro está que ese perjuicio no se verifica en las “personas” de los gobernantes, sino en la situación de cada uno de nosotros).

La desesperación local por la cláusula Rigths Upon Future Offers (RUFO) está haciendo perder de vista las mejores opciones disponibles. Si bien es cierto que la reposición de una cautelar aliviaría el pago a los bonistas, manteniendo el canal con Pollak, la siguiente mejor opción, si esa se complica, es pagar los U$S 1330 millones y terminar con la posibilidad del default. La RUFO no se gatillaría en ese caso porque claramente el pago sería la consecuencia de una sentencia obligatoria y no de la voluntad libre de la Argentina.

No es cierto que de esa jugada se deriven una catarata de juicios millonarios ipso facto. Pagado Singer y el fondo Elliott, quedaría algo menos del 6% de deuda sin verificar. Gran parte de esos acreedores jamás dieron muestras de vida. Es más, en el mercado financiero se cree que muchos han muerto en posesión de los bonos y que otros se han olvidado simplemente de la existencia del país y de sus acreencias. Aunque pueda parecer raro, esto es lo que se sabe y comenta en los mercados financieros internacionales. De modo que las cifras tremendistas que el gobierno maneja en algunos medios cercanos a sus posiciones son irreales.

Por otra parte, el pago detendría los intereses diarios que Griesa ha establecido por cada 24hs que pasan sin pagar. Se tratan de U$S 200000 por día. A este ritmo no se sabe que actitud sería la más inteligente, si seguir pateando esto hacia el futuro o darlo por terminado con un pago.

Para un país cuyo PBI es de U$S 500.000 millones, U$S 1330 millones no parece ser una cifra que vaya a desequilibrarlo, más teniendo en cuenta los beneficios que se abrirían y, fundamentalmente, los perjuicios que se evitarían.

Que el Gobierno no esté haciendo esto para pagar menos no es posible por el ajuste de intereses que ya vimos y por los antecedentes de las conductas oficiales frente a Repsol y frente al Club de París.

Con lo cual cada vez más se afianza más la idea de que la Presidente ha hecho de ésta otra causa para desarrollar una estrategia de demagogia interna. Sabe que ciertos sondeos arrojan como resultado que la gente se ha comido el “caramelito” de los “buitres” y todo ese verso nacionalista y patriotero y está decidida a explotarlo. Como si fuera poco le envía señales al mundo de que su alianza es con las autocracias sin Estado de Derecho de Rusia y China y no con las democracias de Poder Judicial independiente. Nada bueno saldrá de esto.

No se sabe muy bien por qué la Argentina entró en esta espiral (o tal vez sí) pero lo cierto es que los platos rotos los pagaremos todos.

Un reino personal

El “episodio Campagnoli” ha sido una especie de vergüenza nacional. Un fiscal a quien se quiere echar por su pretensión de investigar los chanchullos del poder en una maniobra organizada desde la mismísima Procuraduría General, a la vista de todo el mundo, con total inescrupulosidad y sin importarles nada el flagrante atropello a la limpieza de los procederes y la burdez evidente de un trámite que tenía por objeto permitir la impunidad.

¿Y cómo ha terminado el tema? En que los propios fusiladores, reclutados por quien se comprometió ante la presidente a encargarse de que el fusilamiento se lleve a cabo, no han podido fusilarlo. Era tan escandaloso todo que quienes se suponía que no tendrían ni si siquiera vergüenza del escándalo, tuvieron vergüenza.

Todo el episodio debería servir para medir a la procuradora Gils Carbó, que, por un mínimo de dignidad debería renunciar y dejar su cargo.

En otro hecho que repasa la realidad argentina de los últimos días, rusos y ucranianos discuten quién derribó de un misilazo el avión de Malasia Airlines MH17. La fotos de la presidente pavoneándose con Putin nos vuelven a poner en el lugar equivocado; en el lugar de la violencia y de la no-democracia.

Sea que el misil fuera dirigido para matar a Putin o disparado por Putin, la Argentina anda eligiendo este tipo de aliados por el mundo, del mismo modo que antes había escogido suscribir un tratado con Irán, el sospechoso número 1 de ser el autor intelectual de la voladura de la AMIA cuyo vigésimo aniversario se recordó el viernes.

Parece mentira, pero uno llega cada vez con más convicción a la conclusión de que las decisiones de política internacional (y muchas de política doméstica) son simplemente elegidas para irritar a los EEUU, para despechar a quien creemos no nos atiende como merecemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con Rusia? ¿ O con Iran? ¿Qué tienen que ver nuestras tradiciones y nuestras instituciones (si es que queda algo de ellas) con todo eso? ¿Cuáles son los puntos de contacto de la filosofía de nuestra Constitución con esa mezcla de autoritarismo, falta de democracia, yugo, imperialismo y ezquizofrenia religiosa? Evidentemente, con tal de mojarle la oreja a Washington preferimos salir en la foto con derribadores de aviones civiles o con terroristas que vuelan edificios y matan argentinos.

En otra salida incomprensible de falta de consideración y de un desoír completo de las opiniones de la calle, la presidente acaba de crear un cargo de “coordinación” dentro del ministerio de Salud para que se ocupe de cuestiones entre la Nación y la ciudad de Río Gallegos y no tuvo mejor idea que designar allí a su nuera, Rocío García, con un sueldo de $ 30.8000 mensuales. Se trata de una dependencia nueva (“Coordinadora de Articulación Local de Políticas Sanitarias”), creada ad hoc, que no existía hasta el momento y cuya misión aparece envuelta en una nube de sanata parecida a la que dio forma a otro “coordinador”, el del “Pensamiento Nacional”, Ricardo Forster.

Los tres temas comentados parecen no tener un hilo conductor y, al contrario, estar completamente desconectados. Sin embargo, hay en ellos un denominador común. Se trata del “no me importa nada”. ¿Campagnoli es un fiscal probó que hace su trabajo? No me importa nada; me molesta y lo echo.

¿Putin e Irán irritan por lo que implican a muchos argentinos? No me importa nada; me alío con ellos así enfurezco a Obama. ¿La gente está cansada del nepotismo y que los sueldos públicos sean una fuente de fortuna para familiares y “acomodados”? No me importa nada, nombro a mi nuera porque quiero ir construyendo poder para el futuro de mi familia…

En este mar de desconsideraciones se debate la administración del país. Mientras la inseguridad, la inflación, el deterioro, el aumento de las villas miseria, la pobreza, siguen su camino por detrás del relato que asegura que hemos ganado la década.

Poder absoluto

La Fundación Nuevas Generaciones presentó el martes la tercera edición de su informe anual “Indicadores de Control Legislativo”, en el que se evalúa el resultado de los pedidos de informes que los Diputados realizan al Poder Ejecutivo de la Nación para controlar el desarrollo de su gestión.

En el estudio se recuerda que, por mandato constitucional, el Congreso de la Nación tiene dos funciones muy específicas: legislar y controlar al Poder Ejecutivo. Para esta última tarea el Congreso cuenta con los pedidos de informes como herramienta fundamental.

Los resultados que arroja el informe son cada año más pobres. Tomando el período 2003-13, podemos destacar los siguientes:

- En dicho período se han presentado en la Cámara baja 10.715 pedidos de informes, y de ellos solamente 1654 fueron aprobados por el plenario de Diputados. Esto implica que solamente se aprobó el 15,4% de los pedidos de informes que se presentaron, una cifra inferior al 17,5% que arrojó la medición publicada en 2012 y al 17,1% publicado en 2013.

- De los 1654 pedidos de informes aprobados entre esos años, solamente 1064 fueron respondidos, esto implica, que entre 2003 y 2013 fueron respondidos un 64,3% de los pedidos y que un 35,7% permanecen sin respuesta.

- De los pedidos de informes respondidos en esos diez años por el Poder Ejecutivo, solamente el 9% recibió la respuesta dentro del mismo año en que fue solicitado. El restante 91% recibió la respuesta fuera de ese plazo.

Analizando específicamente el año 2013, encontramos los resultados más bajos de la historia de este indicador:

- Durante ese año, solamente se aprobó el 0,2% de los pedidos de informes presentados por Diputados de la Nación. O sea, que de 1058, solamente se aprobaron 2.

- En ese mismo año, ninguno de los dos pedidos de informes aprobados fueron respondidos por el Poder Ejecutivo de la Nación. Por lo tanto, el nivel de respuesta llega al 0%, cifra nunca alcanzada en este indicador.

- En materia de temáticas, durante 2013 la mayoría de los pedidos de informes (25%) se centraron en cuestiones vinculadas a la defensa y seguridad, y dentro de ellas, el mayor porcentaje estuvo orientado específicamente al narcotráfico.

Hasta aquí, las conclusiones casi textuales de lo presentado ayer por esta Fundación. Los resultados confirman una vez más, con el valor frío de las estadísticas, el hecho de que el Poder Ejecutivo actúa directamente sin control. A esto debe sumarse la prórroga legislativa que el Congreso le ha dado hasta diciembre de 2015 por la que la Sra. de Kirchner puede gobernar prácticamente por decreto (apoyada en la Ley de Emergencia Económica -cuando por otro lado se dice que, gracias la “década ganada”, estamos en el Paraíso) y la inoperatividad de la mayoría de las agencias de control administrativo, cuyo trabajo ha sido paralizado por el no nombramiento de funcionarios (tal el caso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, vacante desde hace 5 años y a cargo de un fiscal subrogante completamente inocuo) o por el completo desdén con que se toman sus resoluciones -tal el caso de la Auditoria General de la Nación, encabezada por el Dr. Leandro Despouy, que ha elaborado más un informe alarmante y no ha pasado nada.

También son conocidas las pretensiones que la Presidente tiene respecto del Poder Judicial, es decir, lograr también allí una completa sumisión a su voluntad por la vía de nombrar jueces y fiscales adherentes a Justicia Legítima (una especie de “La Cámpora” judicial), proponer la politización de la justicia, la eliminación de la responsabilidad civil del Estado y la limitación de las medidas cautelares en su contra. Del mismo modo, son públicas las sentencias de la Justicia que el Poder Ejecutivo ignora olímpicamente, como si no se hubieran dictado. Y tampoco pasa nada.

La flagrancia de la aspiración al poder total es de tal magnitud que cuesta creer cómo se pretende seguir llamando al sistema vigente en el país “Estado de Derecho”. Prácticamente ninguna de las características definitorias de ese sistema de vida están en vigor en la Argentina. En el país no gobierna la ley sino la voluntad de un grupo de personas ubicadas en las poltronas del poder que dedican la mayor parte de su tiempo a declararse absueltas de la rendición de cuentas y del control de los poderes públicos.

La contracara evidente de ese régimen es una paralela restricción de los derechos individuales, cuya suerte pende del hilo de la arbitrariedad y de la discrecionalidad de los funcionarios, pero no del Derecho.

Es a todas luces obvio que con estas características la Argentina se haya volcado a una alianza con los autoritarismos de la Tierra (Rusia, China, Venezuela, Cuba, Ecuador, Angola) y plantee una especie de guerra de redención contra el Occidente liberal.

La única incógnita frente a esto es, si más allá de envidias bajas y odios de ignorantes, la gente realmente cree que va a vivir mejor bajo un régimen de esta naturaleza antes que en una democracia verdadera con división de poderes y control absoluto del poder del presidente. Si es así, estamos listos señores. Como diría Alberdi, “el tirano no es la causa sino el efecto de la tiranía”.

De nuevo ante la realidad

Terminó el Mundial y con él se fue el magnetismo, aunque sea temporal, que provocaba el avance de la selección argentina hacia la final. Durante un mes los problemas del país se agudizaron. Tanto desde el punto de vista económico como desde el político, los inconvenientes por los que atraviesa la Argentina están hoy peor que cuando Brasil y Croacia dieron comienzo a la Copa del Mundo en el Arena Corinthians de Sao Paulo.

El gobierno especuló con que la anestesia futbolística de un equipo que se afianzaba en el torneo iba a ser suficiente para que los problemas desaparecieran o, al menos, fueran dejados en un segundo plano. Pero cometió el error de caer él mismo en la ensoñación y, en lugar de trabajar para cortar el deterioro, también pareció caer en la tentación de que todo se solucionaría por la inspiración de Messi y el sacrificio inacabable de Mascherano.

Durante el Mundial se consumió la mitad del tiempo que el país tenía para no caer el default. El 31 de julio ocurrirá esa debacle si antes no se llega a un acuerdo de ejecución de sentencia del fallo del juez Griesa con los holdouts, que ganaron el juicio en New York.

El ánimo negociador del gobierno no ha sido hasta ahora el mejor. Aferrado a una visión ilusionista del asunto, sigue vociferando la parcialidad del juzgado y juntando apoyos “políticos” como si creyera que eso efectivamente producirá algún resultado que tuerza la suerte judicial. Kicillof y la Presidente parecería que no entienden que la Justicia ya se ha expedido y que ese hecho no podrá ser cambiado por discursos efectistas. Si bien el gobierno tiene una larga tradición de no acatar las decisiones condenatorias de la Justicia argentina, esa conducta no es trasladable a lo que sucede en Estados Unidos y en el mundo. Nadie concibe la idea de que, simplemente, un “condenado” diga “no voy a cumplir lo fallado por el juez”.

El gobierno podrá reunir voces de simpatía de la OEA, de Putin, de Maduro, de la UNASUR, de quien sea, pero eso no lo eximirá de entregar alguna salida que le permita decidir a Griesa que lo fallado en su sentencia se ha cumplido. Y los avances en ese sentido son lentos. El gobierno entiende que cualquier movida suya que dé la imagen de que los holdouts se salieron con la suya es una especie de capitulación final, una derrota en una guerra que fue el propio gobierno quien la inventó.

No se entiende la diferente actitud que la Presidente ha tenido en este asunto respecto de la que tuvo con el CIADI, con Repsol y con el Club de París. En todos esos casos terminó pagando más de que lo que podría haberse conseguido bajo otras condiciones de negociación con tal de terminar con el asunto y desligarse de su vinculación con esos organismos o empresas. El caso del Club de París, por ejemplo, con el capricho de que no intervenga el FMI nos costó más de U$S 3000 millones sin ton ni son.

El el ámbito interno, la situación del vicepresidente Boudou que, justo es decirlo, no fue abandonada desde el punto de vista informativo por la influencia de la fiebre mundialista, tampoco alcanza a ser abordada con altura y conciencia.

La Sra. de Kirchner ha dispuesto un férreo sostenimiento del Vicepresidente con el acto cúlmine de hacerlo presidir los festejos del 198 aniversario de la Declaración de la Independencia, provocando la incomodidad de todos, propios y extraños.

La situación judicial de Boudou empeorará en los próximos días con otro probable procesamiento y con mayores revelaciones en el caso Ciccone. Dos hechos que aparecían vinculados por alguno de sus protagonistas pero que hasta ahora no tenían una relación causal -Ciccone y el caso de la renegociación de la deuda de Formosa con la Nación- parecen finalmente conectarse con la ruta del dinero: la Justicia tendría probado que fueron los fondos formoseños los que justamente se usaron para hacer el primer depósito que produjo el levantamiento de la quiebra de la imprenta a favor de su nuevo dueño, The Old Fund, la misma firma que había “asesorado” a Insfrán para que renegocie su deuda con el ministerio de economía que, por entonces, presidía Boudou.

Al mismo tiempo, el deterioro económico cotidiano, las trabas al fluir operativo del trabajo de las personas comunes, la inflación, el cerramiento cambiario, la falta de pago de importaciones, la caída del mercado de autos, inmobiliario, del consumo de la clase media, el aumento de las suspensiones y despidos, la caída del precio de la soja y una proyección de conflictividad gremial creciente, hacen ver lejano el horizonte electoral de 2015. La velocidad del empeoramiento de las condiciones tiene una discordancia evidente con el tiempo que falta para que el pueblo sea llamado a expresarse.

Por eso es preciso que la Presidente tome conciencia rápida de los tiempos y de los valores en juego para disponer acciones que resuelvan la cuestión de los holdouts y deje de proteger políticamente a quien le está causando un serio daño a las instituciones. Del mismo modo, sería ideal que utilizara el tiempo que le queda en el gobierno para deshacer la enorme maraña de trabas en que ha transformado al simple hecho de trabajar en el país, para que, quien tenga que sucederla, encuentre parte del camino hacia esa liberación ya iniciado y en consecuencia la carga para todos nosotros sea más liviana.

Pero, obviamente, sabemos que esperar esto es ingenuo. La presidente sostendrá hasta último momento un modelo colonial de administración que nos ha condenado a la escasez, al aumento de las villas miseria y a la pérdida de una enorme oportunidad mundial. Una oportunidad tan grande como la que tuvimos el domingo en el Maracaná de Río de Janeiro, con la única diferencia que esa se escapó no por nuestras propias torpezas.

Un espectáculo bochornoso

El Día de la Independencia del año 2014 será recordado como una jornada de contrastes. Por un lado, la inmensa alegría producida por el seleccionado argentino que se clasificaba para jugar la final de la Copa del Mundo el domingo próximo en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro y, por el otro, el bochornoso espectáculo ofrecido por el vicepresidente Amado Boudou en Tucumán al presidir el acto patrio.

Y decimos día de contrastes porque lo que se vio en Brasil fue una demostración de altura y responsabilidad, de sacrificio y honestidad (la Argentina es el equipo que menos faltas cometió en el certamen) cuando en Tucumán lo que se vio fue un despliegue populista barato, una exposición demagógica insincera, un discurso antiguo y falso y una falta de respeto por el pueblo y por las instituciones que dejaron una imagen francamente impresentable.

Boudou pronunciaba palabras que sonaban hipócritas en sus labios, se refería a los “enemigos del pueblo de adentro y de afuera” recreando un escenario de enfrentamiento y broncas al cual espera aferrarse para sostener su caída.

¿Quiénes son, Boudou, los enemigos interiores? ¡Terminemos con esta historieta de la Argentina víctima, la pobrecita que todos quieren invadir para robarle sus riquezas, porque como es la más rica del mundo, todos los ojos de los buitres se posan sobre ella para esquilmarla!¡Terminemos, por favor, con ese cuento, porque mientras queremos convencer a algunos de que somos los ricos del barrio a quienes todos quieren robar, estamos viviendo en la pobreza, sin índices oficiales que se animen a desmentirlo, sin agua en donde abunda el agua, sin cloacas a menos de 50km. de la Capital y con un único crecimiento comprobado: el de la gente que vive en villas miseria.

Boudou habló del sistema financiero como si él viniera de embarrarse las manos junto al Padre Mugica y se refirió nada más y nada menos que a la “colonia” en el Día de la Independencia.

El vicepresidente debería saber que la Argentina hace 198 no solo declaró la independencia de España. Ese 9 de Julio el país se declaró independiente de una cultura. Se declaró al mismo tiempo “independiente” y “libre”. Estos dos términos no son necesariamente sinónimos. Allí tenemos a Cuba, un país “independiente”, pero claramente esclavo de un sistema que reduce sistemáticamente a la servidumbre a su pueblo. Por el otro lado, un “país” que forma parte del Commonwealth norteamericano como Puerto Rico y que no es, en ese sentido, “independiente”, sin embargo es “libre” porque su pueblo puede progresar, esta protegido por el Derecho y las instituciones están por encima de los caprichos de un conjunto de impresentables.

La Argentina ha completado, en ese sentido, una parábola incomprensible: se declaró hace casi 200 años libre del reglamentarismo, del puerto único, de tener que pedir permiso para todo, del centralismo, de las prohibiciones como regla general, del unitarismo, de la realeza, de la esclavitud comercial, del Estado fiscalista… Quería arrancar una aventura de libertad, de emprendimiento, de soltura, de riesgo y de la excitación que produce el decidir la vida propia. Le costó 37 años más conseguir plasmarlo en un documento -la Constitución- pero finalmente lo logró.

Desde allí pareció despegar hasta hacerse un lugar entre las primeras naciones de la Tierra, casi con un único grito de verdad: “quienes trabajen lícitamente aquí podrán disfrutar de lo que es suyo; nadie se los quitará… Cada uno es el dueño de su destino y todos son responsables de sus vidas y de las consecuencias de sus actos”. Con ese mantra, simple pero infalible, la Argentina asombró al mundo.

Paradójicamente, casi dos siglos después, el país se encuentra preso de la misma cultura de la cual se independizó aquel 9 de julio de 1816. Boudou habló de la “colonia” sin aparentemente percibir que él es uno de los principales protagonistas de la “nueva colonia”, de aquella que coloniza las mentes de la personas, haciéndoles creer que precisan de la tutoría del Estado para vivir, tal como aspiraba España a convencernos mientras mantuvo su dominio.

El país vive hoy bajo la misma mentalidad prohibitiva, reglamentarista, fiscalista, desconfiada del individuo, invasiva de la libertad, restrictora de derechos, plagada de permisos para operar, infectada de una burocracia asfixiante que solo sirve para encumbrar a una casta de parásitos que vive de los esfuerzos del pueblo y que se vale de sus privilegios para, encima, estafarlo.

Por eso este 9 de julio de 2014 quedará en la historia. En la historia de los contrastes; en la historia que demuestra que se puede llegar lejos con seriedad y con respeto y que se puede caer en la más baja de las ignominias cuando las instituciones son burladas y puestas al servicio, no de la gente, sino de un conjunto de privilegiados que, más que ganarse, han usurpado la confianza de sus conciudadanos.

El deterioro se profundiza en medio de las fantasías

Más allá de la reunión que se produjo el lunes entre el “special master” Dan Pollak y el ministro Kicillof, la economía real no deja de entregar datos preocupantes en su operación cotidiana. Los datos económicos siguen dando cuentas de un deterioro de las variables fiscales y reales, dos frentes en los cuales se siguen digiriendo los costos del salto cambiario de enero.

Sucede que la devaluación, lejos de mejorar las cuentas fiscales (tal como anticipaban algunos analistas), tendió a acrecentar el rojo. Según se conoció esta semana, el gasto primario aceleró su crecimiento al 45% anual en abril, abriendo una brecha de más de 10 puntos porcentuales respecto al ritmo al que crecen los ingresos genuinos (34%). Con esto, el alza del gasto primario promedió 42% en los primeros 4 meses del año, en tanto que, muy por detrás, los ingresos exhibieron un 35% de aumento, si se excluyen los recursos extraordinarios provistos por el BCRA y Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

Así, el superávit primario totalizó $672 millones en abril, un 46% menos que en igual mes de 2013, en tanto que el déficit financiero creció cerca de $1.200 millones (40%), de $3.066 a $4.277 millones. Excluyendo los recursos extraordinarios aportados por el BCRA y el FGS (unos $4.800 millones en total), la comparación resulta aún más desfavorable: el superávit primario se volvió deficitario en $4.100 millones y el déficit financiero escaló a $9.050 millones, más que duplicando sus niveles de abril del año pasado, acumulando en lo que va de 2014 $42.000 millones.

La aceleración del gasto está vinculada, fundamentalmente, al impacto de la devaluación de enero en los subsidios a la energía importada. Datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) indican que los subsidios energéticos crecieron un 107% en el acumulado a abril, con un incremento de 77% en los dirigidos a ENARSA y 124% los destinados a CAMMESA.

Entre las restantes partidas del gasto se destaca el crecimiento de las transferencias a las provincias (54% i.a. en abril), impulsadas por las derivadas del Fondo Federal Solidario de la soja. De esta manera, los mayores ingresos por retenciones generados por la devaluación son en parte compensados por mayores gastos vía transferencias a provincias. De hecho, según se conoció la semana pasada, la recaudación creció 35,5% en junio, liderada por el alza de los derechos de exportación (107%), mientras que el resto de los tributos ligados al nivel de actividad mostraron caídas en términos reales, en un escenario en el que tiende a profundizarse la recesión económica.

Si el cuadro ya se presentaba preocupante al mes de abril, entrando ahora en la segunda mitad del año la situación fiscal no hará más que ganar en complejidad. Con el deterioro de las cuentas públicas profundizándose, estimamos que en el segundo semestre el Tesoro se verá obligado a recurrir a la asistencia del BCRA por unos $143.000 millones. Y esta inyección de pesos, si bien en parte será esterilizada por la autoridad monetaria, tenderá a presionar sobre el mercado de cambios, con impacto sobre las reservas internacionales del BCRA y las cotizaciones alternativas del dólar, de no mediar un alza de la tasa de interés.

En este sentido, algunos creen que un acuerdo por la deuda todavía en default resultaría clave, ya que contribuiría a aliviar estás tensiones, facilitando el acceso a financiamiento externo, moderando la escasez de divisas y evitando tener que recurrir a un endurecimiento monetario que profundice la recesión en curso.

Sin embargo la presidente parece haber elegido un camino de confrontación con la ilusión de hacer un sinónimo entre la “guerra contra los buitres” (o contra los Estados Unidos) y la guerra de las Malvinas. Para ello se apoya en alianzas fantásticas que traen a su alrededor a personajes que incluyen a Maduro y Putin; a Correa y Xi Jinping, el presidente chino. La Sra. de Kirchner cree posible integrar el embrión inicial de una nueva rebelión contra los yanquis en particular y contra Occidente en general, en la esperanza que esas epopeyas disimulen la psicodélica combinación de corrupción, el robo y la mala praxis.

Son estas realidades las que profundizan el cepo, el cuadro daca vez más dramático de restricción de derechos y libertades y el desbarranco increíble de un país que debería estar nadando en la abundancia.

Creída como está de que el poder y la política son más fuertes que el Derecho, la Presidente no tiene otra alternativa más que unirse a los populismos de la Tierra, mientras el suyo sigue profundizando la miseria del pago chico.

Es la cultura, estúpido

El gobierno argentino está jugando con fuego. Creyendo que el mundo se mueve con las prácticas que lo hacemos nosotros fronteras adentro, toma decisiones que ponen en serio riesgo a la economía y al bienestar de todos.

Lo que está pasando con el tema de los holdouts,  Griesa y las decisiones de la justicia norteamericana, es una especie de enorme choque cultural entre dos concepciones irreconciliables de ver el mundo y las relaciones entre los individuos. 

La Argentina (y no es una apreciación que le cabe sólo a la administración Kirchner, aunque, claramente, los ribetes de esta última década han profundizado esa cosmovisión) cree básicamente en la fuerza del poder. No logra procesar la idea de que el poder debe someterse al Derecho y que las razones de Estado tienen una jerarquía jurídica inferior a los derechos individuales.

El mundo occidental en general y los Estados Unidos en particular tienen la concepción opuesta: creen básicamente en la supremacía del Derecho y en la preeminencia de los derechos individuales por sobre las razones de Estado. 

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Lijo ante decisiones trascendentes

Con la presentación de ayer de Nuñez Carmona (presentó un escrito y no declaró oralmente bajo el pretexto de que el cambio de abogado no le había dado tiempo a preparar su defensa) solo faltaría completar su indagatoria el ex jefe de gabinete del Ministerio de Economía, César Forcieri.

Focieri está en Washington como director por la Argentina del Banco Mundial. Aparentemente no se presentará ante Lijo fundado en que sus ocupaciones en la capital norteamericana le impedirían viajar. Es más algunos especulan con que el Gobierno le asigne rápidamente funciones relacionadas con los temas de la deuda y los holdouts para justificar y prolongar su ausencia.

El juez no parece haber hecho lugar a esas justificaciones y podría ordenar su captura internacional para que se presente ante sus estrados, dado que no probó, con documentación del Banco Mundial, los verdaderos motivos de su imposibilidad.

El detalle cobra importancia porque Forcieri es el único indagado que falta declarar. En teoría, como la citación a indagatoria fue emitida para todos los involucrados, los diez días hábiles para que Lijo se expida sobre la situación procesal de todos no puede empezar a correr sino hasta que todos se hayan presentado, declarando o no.

Por ejemplo, más allá de que no declaró formalmente, Nuñez Carmona se considera presentado; el juez ya no debería esperar una defensa amplia para empezar a contar el plazo.

Una vez que todos se hayan presentado -con declaraciones formales, por escrito o negándose a declarar- el juez tiene esos diez días hábiles para decidir. Algunos entienden que dicho plazo no es perentorio y el magistrado podría estirarlo algunos días si lo creyera conveniente para fundamentar su decisión.

Las tres alternativas que tiene son declarar el sobreseimiento, procesar o decretar la falta de mérito. Esta última opción no implica una absolución como podría indicar su nombre para un lego, sino una declaración del juez de que necesita más elementos probatorios para dilucidar la situación procesal de alguno de los implicados. Los fundamentos de la decisión deben ser, por supuesto, ajustados a los casos de cada uno de los implicados por separado, no pudiéndose emitir una decisión grupal o de conjunto.

De todos los indagados fue Boudou el que pasó más tiempo en el juzgado declarando ante el juez. Muchos indican que el vicepresidente salió más comprometido con el caso de lo que estaba antes de ver a Lijo. Sus declaraciones fueron inconsistentes, muchas veces contradictorias y no llevaron claridad a su situación procesal, sino todo lo contrario. 

Fuera de las esperadas apariciones del Sr Vanderbroele y de Nuñez Carmona (Vanderbroele presentó un escrito y Carmona pidió declarar más adelante) fue la presentación que hiciera el entonces jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner la que más llamó la atención y la que más compromete a Boudou y a su socio comercial.

Resnick contó que mantuvo una reunión en el Ministerio de Economía en relación a la moratoria solicitada por Ciccone en donde el Sr Forcieri le presentó a Nuñez Carmona como el funcionario del Ministerio de Economía que estaría al tanto del asunto de allí en más. Se trata de una declaración muy comprometedora, tanto si Nuñez Carmona fuera o no funcionario del ministerio. Si lo era porque sus vinculaciones comerciales con el entonces ministro y hoy vicepresidente tornarían ese cargo como manifiestamente incompatible. Y si no lo era porque estaba usurpando una función publica en nombre del Estado para llevar adelante un trámite frente a otra dependencia pública, en este caso, la AFIP.

Forcieri a su vez negó esa aseveración. Dijo que jamás le presentó a nadie a Resnick y que el expediente de Ciccone Calcográfica nunca pasó por sus manos. Sin embargo parece no estar demasiado apurado por gritar esas afirmaciones de inocencia en la puerta del juzgado de Lijo: le hizo saber al juez que no podría viajar a Buenos Aires antes del 11 de agosto.

Mientras el vicepresidente sale fuera del país en representación oficial de la Argentina en un viaje que lo tendrá fuera de nuestras fronteras una semana, visitando Panamá y Cuba. Por este viaje tampoco podrá presentarse a otra declaración indagatoria ante el juez Bonadío que lo citó para que se defienda de los cargos por tener un automóvil de su propiedad con papeles falsos.

Lamentablemente todos estos antecedentes parecen indicar que Lijo no tomará una decisión sobre la situación procesal de cada implicado en un futuro cercano; un futuro cuya prontitud nos deje satisfechos y tienda un manto de certeza sobre este caso por demás espinoso. Habrá que ver incluso cómo interpreta el magistrado la presentación de ayer de Nuñez Carmona, si como suficiente para empezar a contar el plazo o si como meramente formal, haciendo lugar al pedido del interesado de una “ampliación” de su declaración para “más adelante”.

Sería lamentable que ello ocurriera porque el caso se oscurecería más de lo que está. Las ambivalencias que lo vienen caracterizando aumentarían y la inseguridad jurídica respecto de la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados se prolongaría en el tiempo.

Por ello sería interesante que el juez considerara como declarado a Nuñez Carmona y que habilitara una declaración por escrito de Forcieri ante un funcionario consular de la Embajada argentina en Washington para que pudiera empezar a correr el plazo de diez días hábiles establecido por el Código Procesal Penal para que empiecen a dilucidarse las responsabilidades públicas y privadas de este caso, al menos en sus instancias iniciales.

Toda tardanza contribuirá a agregar dudas y sospechas sobre un expediente de por sí grave como para que se le sumen más susceptibilidades. Esperemos que Lijo repare en el hecho bochornoso de ayer ocurrido en el jury de Campagnoli cuando en la audiencia de alegatos en su contra, se produjo la ausencia repentina e inesperada de la jueza Cristina Cordoba por “un pico de estrés”, lo que motivó la suspensión de su juicio político hasta que termine la licencia otorgada a la ausente. Lo grave del caso es que todas las fuentes tribunalicias aseguraban que Córdoba emitiría un “voto clave” en la audiencia, por lo que la suerte de Campagnoli, de la estrategia del gobierno y gran parte del prestigio de la justicia argentina en general, dependían de lo que sucediera ayer. Sugestivamente ayer se produjo este incidente que paraliza abruptamente la decisión, generando las suspicacias de todos.

Lijo tiene maneras de evitar que esto suceda con la causa que tiene en sus manos. Esperemos que arbitre los medios necesarios para lograrlo.

De víctimas a responsables

La Argentina daría un paso enorme hacia la confiabilidad, la normalidad y, en suma, hacia la tranquilidad, si la presidente Cristina Fernández de Kirchner dejara de hacer comentarios llenos de indirectas, demagogias baratas, pero especialmente victimizaciones infundadas.

El lunes, en ocasión de anunciar un plan (Pro.Cre.Auto) por el cual se otorgan condiciones especiales para comprar autos 0 KM en cuotas de hasta 60 meses, la Presidente no se privó de hacer algunos comentarios como de soslayo -que justamente es lo peor del caso- respecto al tema de la deuda con los holdouts.

Primero dijo: “Siempre estamos en la cancha, aunque algún árbitro nos quiera bombear”, una obvia indirecta al juez de la causa, Thomas Griesa, quien prácticamente, por los términos que la propia Argentina escribió en los protocolos de los bonos de aquella deuda vieja y por cómo se comportó luego del default y –particularmente- con las disposiciones unilaterales que decretó en los canjes de 2005 y 2010, tenía la sentencia escrita aun antes de abocarse al estudio del caso.

La legitimidad de los títulos era tan clara y la discriminación consumada por la Argentina tan obvia que al “arbitro” (como metafóricamente lo denomina la Sra. de Kirchner) no le quedaba otra salida más que fallar como lo hizo. Nadie bombeó a nadie aquí. O, al menos, no lo hizo el juzgado de Griesa de acuerdo a las pruebas documentales que tenía enfrente.

El gobierno sí intentó “bombear” a parte de aquellos a los que ahora sugestivamente ya no llama “buitres” sino “acreedores” o “holdouts”, con la inconcebible -pero muy sugestiva- “ley cerrojo”. Sugestiva porque su sanción puso de manifiesto hasta donde el país creía realmente que podía ponerse en posición de establecer las condiciones en las que iba a pagar. Se trató de un monumental acto de soberbia: “Te sanciono la ‘ley cerrojo’ y listo, si no entraste al canje no existís, no te registro, no te voy a pagar nunca porque para mi pasaste a estar directamente borrado del mapa”.

El kirchnerismo no entiende que el mundo no se maneja así. Cree que puede ir con estas bravuconadas y el mundo se lo va a tolerar. No lo va a hacer y no lo hizo. Entonces, cuando esos jueces llegan a las sentencias lógicas que se desprenden de los propios documentos firmados por la Argentina en uso de sus facultades soberanas, dice que el “arbitro es un ‘bombero’”.

¿Por qué en lugar de seguir utilizando el tiempo para hacer demagogia no instruimos a la gente sobre cómo son las cosas en el mundo? En la Argentina hemos malacostumbrado a todos a una suerte de interpretación “elástica” de la ley y de la Constitución.

Anteyer, el abogado especializado Horacio Liendo planteó el tema directamente en términos de que en la Argentina está suspendida la vigencia de la Constitución para varios sectores desde la crisis de 2001, y que su validez plena no ha sido repuesta; que seguimos viviendo bajo un estado de excepción en donde son las razones de Estado y no las garantías constitucionales las que gobiernan el país.

En efecto, la Corte de nuestro país perdió la oportunidad de reponer la vigencia de esa arquitectura cuando declaró que el reconocimiento de derechos a acreedores que no entraron al canje iba en contra del “orden público argentino”, consolidando la concepción de la supremacía del Estado sobre los derechos individuales.

Parte de la sentencia de Griesa sobre la arbitrariedad de la discriminación entre acreedores -según el bono que tuvieran- se basó precisamente en que la postura argentina no era algo sostenido “solo” por el gobierno sino que los otros dos poderes (el Legislativo con la ley cerrojo y el Judicial con decisiones como ésa) habían dado señales claras de que el Estado de Derecho, como sistema protector de garantían individuales, no estaba vigente en el país, por lo que los individuos que se veían afectados debían contar con la protección de su corte.

En el mismo sentido de creer que la victimización sigue siendo una opción discursiva válida, la Presidente -siguiendo con las analogías futboleras- dijo: “Necesitamos salir a la cancha con un equipo, yo puedo ser la arquera y acá estamos atajando goles”.

Esos “goles” hubieran sido completamente innecesarios si el país y el gobierno de esta última década hubieran encarado su relación con el mundo de otra manera, tratando de integrarnos y de restaurar las relaciones normales con la comunidad internacional, en lugar de asumir el papel de un mojador serial de orejas, creyendo que con eso pasábamos a ocupar el sitial de los “vivos”.

La vocación de la Sra. de Kirchner por trasmitir la idea de que su misión al frente del país es una especie de sacerdocio sacrificado que nadie comprende y en el que está dejando la vida mientras la bombardean de todos lados es persistente y pertinaz. Sin embargo, es su propensión política la que la colocó allí, y convengamos que la inclinación beligerante siempre ha salido más bien del poder antes que de otro lado. Las referencias a que “el hombro lo tenemos que poner todos, porque nadie se salva solo” parecen a esta hora un chiste de mal gusto cuando durante años fue el gobierno el que se cortó solo, sin incluir a nadie que no pensar como ellos.

La negociación de la deuda fue otro capítulo de ese autismo. Nunca estuvo dispuesto el gobierno a escuchar otras voces, a las que, si expresaban algo distinto a su voluntad, calificaban de “agentes al servicio de los intereses de los buitres”.

Las frases de juvenilias del secundario o de los primeros años de la facultad ya nos quedan lejanas. Todos hemos crecido y esas épicas suenan desfasadas en las bocas y en los oídos de gente grande. Es preciso ganar rápidamente en adultez y parte de ese crecimiento debe consistir en archivar para siempre el discurso que nos pone como víctimas en lugar de ponernos como responsables.

Lo que la presidente realmente quisiera negociar

Para el gobierno argentino la puesta en escena es fundamental. Muchas veces le asigna mayor valor a esas escenografías que a la propia sustancia de lo que se discute. El caso de la deuda impaga con los holdouts no ha sido la excepción.

Desde la presidencia de Néstor Kirchner trató de transmitir la imagen de que la intransigencia con esos grupos era una forma de la épica nacional, una gesta que enfrentaba a los malvados que tenían por objetivo la destrucción de la Argentina.

Esa concepción fue mantenida y aumentada por la Sra de Kirchner, mucho más dogmática que su marido y mucho más proclive a creer de verdad que protagoniza una epopeya de dimensiones colosales en la historia del país.

Esta postura enroscó al gobierno en un laberinto gratuito del que ahora le resulta difícil salir. Tanto infló el parche del nacionalismo haciendo de la resistencia a los holdouts uno de los capítulos preferidos del relato popular que ahora, cuando un fallo judicial seguido de dos confirmaciones de instancias superiores, nos pone en el lugar de encontrar una solución para no caer en default, nos encontramos encerrados entre la espada y la pared, obligados a elegir entre quedar como alguien que debe meterse todo lo que dijo en el bolsillo y pagar o volver a producir una quiebra nacional con las consiguientes consecuencias de escasez, pobreza y crisis.

En las primeras horas luego de conocido el rechazo de la Corte norteamericana a entender en el caso, la impresión general era que el gobierno iba a elegir lo que se llamó la “malvinización” del proceso, es decir, un endurecimineto nacionalista de la postura que, apelando a lo más rancio del mensaje aislacionista iba a proponer una guerra sin cuartel contra el mundo financiero, haciendo de las consecuencias nefastas que ello iba a traer una especie de trofeo pírrico de las banderas nacionales y populares.

Fue la sensación que se tuvo luego de escuchar sucesivamente a la presidente y al ministro Axel Kicillof el lunes y martes de la semana pasada.

Pero luego, a partir del Día de la Bandera -en donde muchos consideraban que estaban dadas todas las condiciones para que la presidente subiera la apuesta del desafío- el tono y las perspectivas cambiaron.

A la vera del Paraná la presidente dijo que en la Argentina sobraba la buena fe y que quería pagarles al 100% de los acreedores, reestructurados o no; que solo necesitaba que el juez generara condiciones justas y equitativas de negociación.

La presidente parecía decir a gritos “quiero pagar, les voy a pagar; les voy a pagar a todos… Pero ¡por favor ábranme una puerta para que yo internamente pueda seguir presentándome como una revolucionaria, aunque sea una actuación, una mentira, no importa, pero necesito que me permitan eso!”

Esa es la instancia de “negociación” que el gobierno pide. Margen para negociar el tema pago, tiene poco y depende más bien de la voluntad del Sr. Singer que de condiciones que pueda generar el juez Griesa. Es más, las apelaciones de la presidente al juzgado no parecen procesalmente pertinentes: Griesa ya terminó de ver caso y tomó una decisión. Su postura fue apelada y lo que él decidió fue refrendado en la Corte de Apelaciones y también en la instancia máxima. Son las partes -el gobierno argentino y el fondo NML- los que tienen que acercar al juzgado un convenio de cumplimiento de la sentencia. Si ese convenio es satisfactorio para las partes, Griesa lo homologará y todo habrá terminado.

Cómo hará la presidente para cumplir al mismo tiempo con lo que NML aspira del fallo y con el frente revolucionario interno que ya planteó la opción “Patria o Buitres”, es una incógnita aun por develar.

Pero en el mientras tanto, lo inteligente sería ir bajando los decibeles de aquellos extremismos para que las diferencias con la realidad no se noten tanto. Escuchar en Rosario a la presidente decir “quiero pagar, voy a pagar” y ver la tribuna con banderas norteamericanas cruzadas por pájaros carroñeros o carteles proponiendo la opción de elegir entre la “Patria” o los “Buitres” no es bueno para la salud mental de todos nosotros. Desde ese punto de vista siempre es mejor vivir con la verdad y no con ensoñaciones altisonantes.

También es hora de dejar de etiquetar con términos visualmente repugnantes a los que “especulan”: en geografías más cercanas hay muchos que podrían dar cátedra de esas prácticas y quizás en condiciones de transparencia menos evidentes que la que puede exhibir el fondo Elliot u otros que no entraron a los canjes de 2005 y 2010.

Esas agachadas populistas le cortan a la gente el camino a entender la verdad a la vez que encumbran a algunos a sitiales que no merecen y entierran a otros a infiernos injustos. ¿Qué pasará cuando sean los jubilados los que le reclamen al Estado cobrar lo que les corresponde? ¿Serán “buitres” también? ¿O el BCRA cuando quiera monetizar los papelitos con que el gobierno lo ha forrado será otro pájaro desagradable? ¿O acaso lo fueron los propios Kirchner cuando abiertamente confesaron comprar tierras fiscales por centavos y venderlas por millones?

Pese a todas estas dudas, la palabra presidencial debe ser tomada como un paso positivo en la buena dirección. No se sabe cuánto margen quedará para hacer una cosa en el terreno de los hechos y decir otra para la tribuna “de la liberación”. Pero en gran medida esa será una cuestión que tendrá más que ver con ésta última que con la presidente. Si hay personas a las que les encanta vivir engañadas, creídas de un verso insostenible, que cree estar ataviada con las armaduras de Don Quijote y que lucha por la justicia contra enemigos crueles, allá ellos. Un político puede aprovecharse, abusarse y hasta tratar de profundizar esas estupideces para su propia conveniencia, pero llega un momento que su lugar en la Historia debe independizarse de la bullanguería para centrar su mirada solo en el bienestar de las futuras generaciones. En ese exacto lugar está la presidente hoy. Y desde allí debe decidir qué hace. Lo que haga, como ella misma dijo, afectará no solo la temporalidad insignificante de su gobierno sino la suerte de sus hijos, de sus nietos y la de los hijos y los nietos de todos.