La situación internacional y la economía de Kicillof

¿Y ahora qué hacemos? Durante doce años malgastamos una fortuna en demagogia barata y en un nacionalismo antiguo y ahora, que se viene la noche con las noticias que se conocen en materia económica en el mundo, vamos a la alcancía y nos encontramos con que no tenemos nada. ¡Extraordinario el modelo de inclusión con matriz productiva diversificada!

Usamos un capital enorme, echamos a los inversores y destruimos la infraestructura y, cuando deberíamos recurrir a todas esas reservas, nos encontramos con las economías regionales en la ruina, con un estrambótico esquema cambiario que se basa poco menos que en perseguir a la gente con perros por la calle y que ha estrangulado la producción y la competitividad productiva argentinas.

Contrastadas con esta realidad hasta suenan ridículamente patéticas las palabras de Daniel Scioli en sus avisos de propaganda hablando del trabajo, de la industria argentina y de los productos argentinos en el mundo. ¿Con qué especula? ¿Con la ignorancia de la gente? ¿Con el hecho de que el ciudadano de a pie no es un especialista y se cree el producto terminado cuando ya no hay alternativas?

Brasil ha instaurado un programa de ajuste a los desequilibrios que arrastra desde Lula da Silva y ello ha provocado una devaluación del real que ha colocado el precio del dólar en R$ 3,40 por unidad norteamericana. A esta situación debe sumársele lo que comentamos respecto de dólar como moneda mundial: su proceso de apreciación lo tiene en una paridad de 1,15 contra el euro, una de las más bajas desde que se creó la moneda común de la Unión Europea. Continuar leyendo

De dictadores y autoritarios

¿Se excedió Mirtha Legrand cuando calificó a la presidente de “dictadora”? El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la conductora “perdió los frenos inhibitorios, quizá por la edad”, y el diputado Carlos Kunkel la llamó “hipócrita y despreciable”. Pero el kirchnerismo intentará imprimirle un sello parlamentario a la amonestación: la senadora nacional Sigrid Kunath, de Entre Ríos, presentó un proyecto de declaración para repudiar los dichos de Mirtha. “No podemos dejar pasar inadvertidos hechos como éste. Resulta grave pretender caracterizar a un presidente elegido por el voto popular como un dictador”, señaló Kunath.

Como resulta habitual con muchos políticos y funcionarios argentinos, se aprecia una ignorancia muy importante en estos comentarios. Es muy posible que Legrand se haya extralimitado en su apreciación, pero la explicación al hecho de que Cristina Fernández no es una “dictadora” no debe buscarse en el origen  “popular” de su elección o en el medio que le permitió alcanzar el poder. La mayoría de las dictaduras más atroces que conoció el mundo, las más sanguinarias y crueles, las que embarcaron al mundo en masacres esquizofrénicas, tuvieron, justamente, un origen “popular” y “democrático”.

Ni Hitler, ni Mussolini, ni Stalin tomaron el poder por la fuerza. Todos ellos llegaron al sitial del gobierno siguiendo las leyes electorales de sus países y refrendados por el voto popular.

Quizás el caso de Stalin pueda discutirse porque, obviamente, el líder de un movimiento que abiertamente confiesa que quiere instalar una “dictadura” (la del “proletariado”) no tiene muchos argumentos para discutir que no es un dictador, pero aun así, podríamos decir que Stalin no tomó (al menos él) el poder por la fuerza sino que llegó a la cúspide de acuerdo con el orden jurídico comunista impuesto por la revolución bolchevique años antes. Lo que ocurre es que la revolución bolchevique fue un movimiento dictatorial per se, con lo que todos sus jerarcas podrían caer en la descripción de “dictadores”. Pero ese es, en todo caso, un análisis que supera los límites de esta columna.

En donde no caben dudas respecto del origen democrático, legítimo y popular de sus gobiernos, es en los casos de Hitler y Mussolini. El Partido Nazi y el Fascismo ganaron las elecciones en Alemania y en Italia y sus líderes accedieron al poder de acuerdo al resultado de las urnas. Sin embargo, no hay lugar a ninguna duda que, por el ejercicio que hicieron del poder, ambos fueron dictadores que no tuvieron nada que envidiarles a muchos carniceros de la Edad Media.

Por lo tanto la calificación de un gobernante como “dictador” no debe remitir a cómo llegó al gobierno sino a cómo ejerció el gobierno. Y en ese punto, insistimos, Mirtha Legrand probablemente haya exagerado la nota, pero no caben dudas que existen severos alegatos en contra de las formas elegidas por la Sra. de Kirchner para ejercer el poder.

Claramente, un presidente que abiertamente confiesa su intención de “ir por todo” está entregando una definición casi gratuita que, desde el punto de vista que estamos analizando, casi lo condena.

En efecto, la referencia al “todo” no puede separarse del concepto de “totalitarismo” que describe los sistemas que van por el “total” del poder y que no admiten su división balanceada, tal como lo disponen la mayoría de las constituciones liberales de Occidente en resguardo de los derechos civiles del ciudadano y de sus libertades individuales. Resulta obvio que un poder “totalitario” o “todolitario” (lo que Cristina confesó buscar) está reñido con las libertades públicas y con los límites democráticos.

En ese campo, si bien la Sra. de Kirchner no sería una “dictadora” porque otras muchas de sus características no cierran con esa definición, la forma de ejercer el gobierno que tiene la presidente se asemeja bastante a regímenes alejados de la democracia, del equilibrio del poder y de la limitación de la autoridad del Estado.

Su relación con la Justicia, con la prensa independiente, con los Estados provinciales, con el copamiento abierto de todos los estamentos de la administración -incluidos los órganos de control- su manera inconsulta de tomar decisiones, su férreo control de áreas descentralizadas del Estado, su estatismo económico, la elección de sus socios mundiales (Rusia, Venezuela, China, Irán), su avance desmesurado sobre los medios de comunicación, su uso desmedido de los resortes del Estado para beneficio propio o partidario, su pretensión de autoridad y, por sobre todas las cosas, esa aspiración notoria a vivir por encima de la ley y de pretender que el orden jurídico normal aplicable al resto de los ciudadanos no se le aplique a ella y a su familia, tienen, en efecto un aire -si no dictatorial- cuando menos excesivamente autoritario.

Esa realidad no la puede borrar el origen electoral de su poder. Habrá sido muy elegida, pero una vez electa no se ha manejado ni siquiera por los palotes del más elemental Estado de Derecho.

Mirtha Legrand podrá haber pifiado la oportunidad y hasta la elegancia de sus dichos, pero no hay dudas de que la presidente no tiene una manera muy democrática (en el sentido del gobierno de la ley) de ejercer el poder. La democracia dista mucho de ser -como sistema de vida- un simple mecanismo de selección de candidatos, de modo tal que todos los seleccionados por sus métodos son automáticamente “democráticos”. Repetimos: los dictadores más oscuros de los que el mundo tenga memoria fueron seleccionados por mecanismos “democráticos” y eso no impidió, sin embargo, que se convirtieran en un estigma maligno que la humanidad aún recuerda con vergüenza.

Una adhesión mística al populismo

El papa Francisco en su reciente gira latinoamericana tuvo una sugestiva parada en Bolivia, en donde fue recibido por el primer presidente indígena de América, Evo Morales. Francisco visitó La Paz y Santa Cruz de la Sierra, ciudades en las que pronunció varios discursos.

En una ceremonia que fue trasmitida por televisión el presidente boliviano le regaló a Su Santidad un crucifijo hecho con la forma de la hoz y el martillo. El papa lo recibió con gentileza, pero con aparente sorpresa (aun cuando luego en declaraciones públicas dijo que no se había sentido ofendido por el presente, mientras el presidente dijo que había sido hecho desde el amor hacia el “papa de los pobres”).

El crucifijo era una réplica del que había hecho el padre Luis Espinal Camps, un cura izquierdista que fuera asesinado en La Paz en 1980 por un escuadrón de la muerte afín al Gobierno.

Desde que asumió el Gobierno, Morales elevó la figura de Espinal Camps como uno de los principales impulsores de la llamada teología de la liberación, el ala más radicalizada de la curia católica. Continuar leyendo

La clásica inocencia norteamericana

La Presidente concedió un reportaje a la revista The New Yorker que ella misma se encargó de difundir por las redes sociales oficiales. El reportaje se suponía que sería de persona a persona y con las características propias de una entrevista para un medio gráfico.

Pero el aparato de propaganda del gobierno transformó el hábitat del encentro en un verdadero estudio de televisión. El propio autor de la nota cuenta su asombro cuando entró a un lugar lleno se cámaras, artefactos de iluminación y cables.

La Presidente, incluso, lo peinó para que saliera “lindo” y cuando quizás tomó conciencia de su desubicación, pidió que alguien se acercara para hacer la tarea de un modo profesional.

El centro de la entrevista era la muerte del fiscal Alberto Nisman. El título de la nota (“A deadly conspirancy in Buenos Aires ?” [“¿Una conspiración mortal en Buenos Aires?”]) sugiere una investigación, dentro de la cual apareciera la entrevista con la señora de Kirchner. Pero pronto, esa aspiración se pierde y lo que podría haber sido una oportunidad para observar a la Presidente, quizás por primera vez, frente a alguien dispuesto de controvertirla, se diluye en un reportaje sin repreguntas y que toma como válidas las respuestas que escucha. Continuar leyendo

Las libertades individuales en peligro

De acuerdo al decreto 1311/2015, firmado por la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández , se aprueba la “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional”. Según lo que aparece escrito allí “la inteligencia nacional debe velar por la protección y el cuidado de los argentinos, y no “espiarlos”. “El sistema de inteligencia nacional se configura como un “observatorio” abocado exclusivamente a la producción y gestión de conocimientos acerca del conjunto de problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y de seguridad interior”.

La cuestión surge precisamente cuando se empiezan a describir qué tipo de “problemáticas” son “relevantes”. Entre las agresiones de origen externo o el terrorismo aparecen los “atentados contra el orden constitucional y la vida democrática” por parte de “grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/o financieros -empresas, bancos, compañías financieras, etc.- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado, etc”.

Entramos aquí en un terreno altamente peligroso para las libertades públicas y celosamente anhelado por el tipo de gobierno al que pertenece el que preside la Sra. de Kirchner.

En efecto, esta clase de regímenes se caracteriza por suponer tramas oscuras cuyo objetivo es desalojarlos del poder. En ese sentido la operatoria de los mercados es uno de sus terrenos favoritos. Enemigos acérrimos de las libertades mínimas y del accionar libre de la autonomía de la voluntad, estos gobiernos ven en las decisiones económicas que toman los operadores parte de una actividad subversiva cuya meta es producir zozobra en la población para desestabilizarlos.

Como contrapartida a ese convencimiento anhelan construir una ingeniería de vigilancia y de denuncia para atribuir lo que no son otra cosa que torpezas propias a elucubraciones producidas en la tinieblas por quienes, a su juicio, son los enemigos del Gobierno.

No hay más que leer a George Orwell para darse cuenta de hasta dónde puede llegar la imaginación de estos fascismos en la creación de dependencias estatales para que el Gran Hermano crea que lo domina todo.

Como salido de la mente del creador de “1984” el decreto 1311 dispone la creación de varios organismos para vigilar que no se cometan estos “atentados contra el orden constitucional y la vida democrática”. En ese sentido, la “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional” prevé una “Dirección Operacional de Inteligencia sobre Terrorismo y Delitos Contra el Orden Constitucional” y una “Dirección Operacional de Inteligencia sobre Crimen Organizado”, con las respectivas dependencias “Dirección de Inteligencia sobre Delitos Contra el Orden Constitucional” y la “Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera”.

La Dirección de Inteligencia sobre Delitos Contra el Orden Constitucional es la encargada de la “producción de inteligencia orientada al conocimiento de las actividades que atenten contra el orden constitucional, y de los grupos nacionales o extranjeros responsables de llevarlas a cabo”.

La Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera es la encargada de “la producción de inteligencia orientada al conocimiento de las actividades de la delincuencia económica y financiera, así como de lavado de dinero y de las economías criminales, y de los grupos nacionales o extranjeros responsables de llevarlas a cabo”.

Con esta estructura, el Gobierno pretenderá hacerle creer a la población que cualquier movimiento inquietante de las variables económicas no son el resultado su pésimo manejo sino la prueba fehaciente de la existencia de un “golpe de mercado”, cuya definición es tan amplia y tan vaga como para que hasta un almacenero pueda ser perseguido por las fieles tropas del Gran Hermano.

El kirchnerismo no ha sido siquiera original en el establecimiento de estas estructuras de espionaje e inteligencia. Todos los sistemas que en el mundo se le asemejan (o que han seguido sus mismos códigos en el pasado) caen tarde o temprano en esta triste realidad. Está en su ADN. Sin querer, su propia lógica autoritaria (cuando no directamente totalitaria) los lleva a caer en la organización de estas estructuras paramilitares que se erigen en vigilantes de la ciudadanía.

No en vano la mayoría de los gobiernos que han imitado estas organizaciones han tenido un fuerte contenido militar. Así ha ocurrido con todos los fascismos tristemente conocidos en Europa sobre mediados del siglo XX (en Alemania, en Italia, en España, en Rusia) y así ocurre hoy con los que pretenden imitarlos, en una aspiración nostálgica de que los derechos civiles y las libertades individuales pueden eliminarse y subsumirse en la voluntad de un líder.

El decreto 1311 no es, claramente, una señal alentadora. No sabemos cuánto de estos organismos será usado por una administración que no sea estrictamente kirchnerista. Pero lo importante aquí es la confirmación de que el de la Sra. de Kirchner hace rato que dejó de ser un gobierno que ejerce una democracia clásica (si es que alguna vez lo hizo) para convertirse en un régimen que aspira a vigilar y a controlar la vida de todos.

Lecciones de las elecciones

Luego de las elecciones de ayer en varios distritos del país, pueden sacarse varias conclusiones interesantes.

En Córdoba, por ejemplo, llamó la atención cómo el candidato Juan Schiaretti se proclamaba ganador con el 1,30 % de las mesas escrutadas y cómo la mayoría de los candidatos a presidente y la señora de Kirchner se apuraban a llamarlo para felicitarlo, como si su caudal de votos fuera una especie de tesoro político nacional que pudiera llevarse el que llegara primero con la felicitación.

En comparativa, dicho sea de paso, hubo un contraste notable entre el sistema de boleta impresa y el de boleta electrónica: mientras en la capital a las 9 de la noche todo estaba terminado, en Córdoba casi ni había empezado.

Los temores que parte de los porteños y parte del país habían demostrado con la operación de las máquinas impresoras se diluyó en menos de una hora, cuando quienes votaban se convencían de la simpleza y la rapidez del funcionamiento. Si uno lo piensa retrospectivamente, resulta hasta medio patético el miedo que se le tenía a la máquina. Continuar leyendo

El default judicial

Desde estas columnas hemos trasmitido incesantementew la idea -y la convicción- de que somos nosotros la principal causa de lo que nos pasa y de que somos nosotros los últimos responsables de lo que finalmente termina ocurriendo en la Argentina.

Eso está claro y surge hasta de la lógica democrática que, teóricamente, permite elegir. Pero también es cierto que algunos estamentos institucionales de la Argentina han fallado completamente a la hora de ejercer su función y no han sabido poner en funcionamiento los mecanismos que la Constitución prevé para que ciertos descalabros que hemos vivido en estos años se evitaran.

Nos referimos concretamente al deslucido papel que han jugado muchos jueces, empezando por la Corte Suprema de Justicia.

El último escalón de esa “sacada del (cuerpo) a la jeringa” ha sido la lavada de manos que se pegó el más alto tribunal cuando un fiscal lo convocó para que se expidiera sobre el caso de Luis María Cabral.

La Corte se sacó el balurdo de encima mediante una formalidad, que es como estar acomodando los cuadros del living en el medio de un incendio.

Resulta francamente triste ver tanta pusilanimidad y especulación política cuando los derechos y las libertades públicas están en juego. Uno no tiene demasiada noción acerca de qué más debería pasar en el país para que, quienes corresponda, se den por enterados de que lo aquí existe es un intento serio y profundo de instaurar un régimen de mano única en donde la división republicana de los poderes desaparezca. Se trata de un verdadero golpe constitucional con el aparente “respeto” por la Constitución.

En efecto, con la incomprensible anuencia de algunos jueces, lo que se intenta es saltear la Constitución, estableciendo un sistema paraconstitucional, que derogue lo dispuesto en 1853 y que lo reemplace por un nuevo orden diseñado por la hegemonía del Gobierno.

Se trata del más sofisticado intento de borrar el orden liberal, democrático y republicano de la Constitución sin pasar por los escabrosos procedimientos de reforma, para los que, los protagonistas de este anhelo, saben que no tienen los votos: “como no tenemos los votos lo vamos a hacer igual, haciendo como que lo hacemos dentro de la ley…”

El choque entre ese intento y la Constitución debería ser marcado por los jueces y es este el paso que está fallando. Es cierto que ya gran parte de la Justicia ha sido colonizada y que muchos casos que recaen en jueces partidistas son desechados precisamente por eso. Pero otros, que incluso han llegado al más alto tribunal, no han recibido el trato serio y preocupado que deberían haber tenido, sino que fueron respaldados, dándole el gusto a un Gobierno que no siente por las valoraciones republicanas el más mínimo respeto.

Se trata de una verdadera claudicación. El país no ha honrado su organización de reaseguro. Todas las precauciones habían sido tomadas por los constituyentes para que la Argentina no volviera a caer en el autoritatismo. Las mejores instituciones del mundo habían sido adaptadas en el texto de 1853 para que estuviéramos protegidos contra ese flagelo.

Pero quienes han tenido la responsabilidad de hacer funcionar ese sistema no has estado, evidentemente, a la altura de la circunstancias.

Es cierto que la sociedad tiene su parte gruesa de responsabilidad porque no se ha manifestado con su voto en contra de estos regímenes mesiánicos. Al contrario, ha votado a figuras carismáticas que han ido perfilando un gobierno de culto. Pero aquellas personas que se suponen formadas y que han llegado a ocupar los escaños reservados a la defensa última de la libertad, han defaulteado su deber. No se sabe si el miedo, si el amor a los sillones o si el matonismo han sido más fuertes que el amor por la dignidad y por la vigencia de los derechos civiles. Pero lo cierto es que el resultado práctico final es un páramo desierto cuando el ciudadano que aún le importa vivir en libertad levanta la mirada y busca casi desperadamente un auxilio.

Los nuevos censores

Los funcionarios del Gobierno parecen haberse constituido ahora también en una especie de censores de idoneidad de los jueces. En efecto, como si fuera el mismísimo Catón, Julián Alvarez acaba de declarar al juez Luis María Cabral incompetente e inoperante para expedirse sobre “cuestiones sensibles para el Estado, como el tratado con Irán”.

Agregó que Cabral “no había estudiado para eso” como si sí lo hubiera hecho específicamente, por ejemplo, la jueza Ana María Figueroa que como integrante de la Sala fue la que se prestó al juego del poder ejecutivo para poner en marcha el procedimiento que terminó con la destitución de Cabral. O como si Claudio Marcelo Vazquez, el abogado ultrakirchnerista puesto en su lugar, también fuera un especialista profesionalizado en el tema.

Lo que sí resulta francamente vergonzoso es la ignorancia de Alvarez que parece desconocer la trayectoria del juez Cabral en materia penal en virtud de la cual se desempeña en ese fuero desde hace décadas y como consecuencia de la que llegó a la subrogancia de la vacante en la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal.

¿De dónde saca Alvarez, un joven que solo le debe a su militancia política el lugar que ocupa, que Cabral no está preparado para el análisis de “las cuestiones sensibles para el Estado”? ¿Acaso supone Alvarez que él tiene el poder para decidir cuáles son las “cuestiones sensibles para el Estado” y luego, en función de eso, acomodar “comisiones especiales” para que las juzguen?

Le recordamos al viceministro que en la Argentina “no hay comisiones especiales”, según reza el artículo 18 de la Constitución, y que la conformación amañada, acomodada a sus intereses y antijurídica de una Sala de la Cámara de Casación, es equivalente a crear una comisión especial.

El abogado Vázquez ni siquiera se ha desempeñado en la magistratura: es un abogado privado de vinculaciones estrechas con La Cámpora y el Gobierno y que se ha especializado en defender en los medios el llamado “proyecto de democratización de la Justicia”. Vázquez integraba la lista de conjueces que el gobierno aprobó con su mayoría simple y automática en el Senado sin observar los requisitos constitucionales de las mayorías especiales que pide la Constitución para la designación de magistrados.

Alvarez quizás haya olvidado también, luego de su paso por la facultad de Derecho (que no sabemos para qué lo capacitó), que las leyes no pueden aplicarse retroactivamente, esto es, no pueden aplicarse para atrás (salvo en el caso de la ley penal más benigna) porque esa logística produciría un verdadero desbarajuste y una inseguridad jurídica de tal magnitud que la vida civilizada no sería posible, pasando a ser reemplazada por un mamarracho de organización en donde la suerte de los ciudadanos quedaría en manos del Estado y de las ocurrencia de sus funcionarios.

Esta retroactividad es, precisamente, de la que el Gobierno se está valiendo para aplicarle la nueva ley de subrogancias al juez Cabral. Esta norma le permite a la mayoría automática (simple) kirchnerista en el Consejo de la Magistratura remover jueces subrogantes de acuerdo a su única voluntad y decisión. Según la ley anterior (que debería seguir gobernando la situación de Cabral por el principio de irretroactividad) los jueces subrogantes tienen todas las características del juez natural (inamovilidad, indemnidad) y deben permanecer en sus cargos hasta tanto un juez definitivo sea nombrado.

A Cabral lo echaron sin que mediara ninguno de estos procedimientos. De hecho, el abogado Vázquez es otro subrogante, no es el juez definitivo porque para su nombramiento la presidente no elevó su pliego al Senado.

Más allá de que no sea un requisito constitucional -porque obviamente de lo contrario no podrían nombrarse jueces que no lo hayan sido antes- recordemos el detalle que Vázquez jamás ha ocupado un cargo en la judicatura, con lo que uno de los lugares en el máximo tribunal penal del país pasaría a estar ocupado por un señor que no tiene la más mínima experiencia tribunalicia. Seguramente Alvarez y todo el gobierno deben haber quedado impactados por sus sobresalientes conocimientos para resolver “cuestiones sensibles para el Estado”

Los dichos del viceministro de Justicia no hacen otra cosa que agregar más componentes absurdos a una discusión que, evidentemente, solo ha sido motivada por el hecho que el Gobierno no tolera que lo controlen ni mucho menos que le discutan su poder.

El acuerdo con Irán ha sido un adefesio de principio a fin. Inició una era de oscuridades en la Argentina que terminaron con un fiscal muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su casa y con una presidente acusada de encubrir a criminales.

Ahora, sus efectos residuales están haciendo volar por la ventana a jueces probos bajo el argumento de que “no estudiaron para eso” como si, quien lo dice, fuera una eminencia jurídica con capacidad para ejercer una especie de censura profesional sobre los demás.

Sería muy interesante que alguien más temprano que tarde ponga fin a todo este cachivache dirigido únicamente a encubrir ineptitudes que no hecho otra cosa más que avergonzar internacionalmente al país.

El eslabón final para destruir la independencia de los poderes

En los últimos días de la pasada semana el Gobierno dio muestras acabadas de lo que es capaz de hacer con la Justicia y los jueces cuando considera que se afectarán sus intereses, sus conveniencias o sus temores más importantes. En una jugada cuya extensión no duró más de 96 horas, tiró por la ventana al juez Luis María Cabral que, como subrogante, ocupaba la vicepresidencia de la sala 1 de la Cámara de Casación Penal.

Ese tribunal teóricamente iba a dar a conocer el lunes pasado su decisión de confirmar la inconstitucionalidad del pacto con Irán, tal como ya lo había afirmado la Cámara de Apelaciones. Sorpresivamente, y por un comunicado de su presidente, la jueza Ana María Figueroa, el mismo lunes se anunció que la lectura del fallo se posponía.

La Dra. Figueroa el día martes envío un escrito al Consejo de la Magistratura advirtiendo sobre el vencimiento del plazo de las subrogancias para el próximo 30 de junio. A las siguientes 36 horas, el Consejo de la Magistratura por mayoría simple (la mayoría automática del oficialismo) desplazó de su lugar al Dr. Cabral y nombró a Marcelo Vázquez, un abogado militante que había defendido en varios medios el llamado “proyecto de democratización de la justicia”.

La decisión de la sala 1 de la Cámara de Casación, cuya lectura se esperaba el lunes, iba a ser contraria a la constitucionalidad del pacto con Irán por los votos de los doctores Cabral y Geminiani. La Dra Figueroa iba a votar en disidencia respaldando el memorándum.

El oficialismo ignoró todas las previsiones legales y constitucionales para llevar adelante esta operación. Manejó el Consejo cono si fuera una agencia dependiente del poder ejecutivo: una secretaría de Estado aparece con más poder que esa institución independiente prevista en la Constitución. El Consejo acató las órdenes moviéndose a la velocidad del rayo. Se trata del mismo organismo que demoró tres años para estudiar el caso del dudoso juez Oyarbide para luego terminar respaldándolo.

Los jueces subrogantes, además, no pueden ser reemplazados por otros subrogantes: su lugar debe ser ocupado por un juez natural y definitivo. Nadie podía sacar a Cabral de ese lugar nombrando un nuevo suplente. Se debería haber puesto en marcha el mecanismo de selección y elección de los jueces que prevé la Constitución con intervención del Consejo de la Magistratura, la presidente y el Senado. Nada de eso ocurrió.

Lo que sucedió, en cambio, fue una veloz operación que pone en evidencia cómo el Gobierno piensa manejarse de ahora en más con la estructura que, a través de Justicia Legitima, el Consejo y Gils Carbó ha montado en la Justicia.

Desde la denuncia del fiscal Nisman, el oficialismo venía apuntándose varios “éxitos” en su derrotero de encubrir lo que ha ocurrido allí. En primer, lugar logró que la Justicia desestimara la denuncia del fiscal muerto en extrañas circunstancias. Luego de que Nisman apareciera con un tiro en la cabeza en el baño de su casa y de que el cadáver de una mujer apareciera incinerado a una cuadra de allí sin que hasta ahora nadie se haya presentado a reclamar por ella, los fiscales Pollicita y Moldes tomaron la causa y la mantuvieron viva hasta que los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, la mandaron a archivar sin siquiera tener el mínimo acto de curiosidad judicial de mandar a producir al menos algunas de las casi 50 medidas de prueba solicitada por los fiscales. El fiscal Moldes apeló a Casación pero sugestivamente ese pedido entró al tribunal a una hora en la que el fiscal de turno en Casación había cambiado. El expediente cayó en manos del ultrakirchnerista De Lucca que no respaldó la apelación de Moldes, con lo que la causa se archivó.

Respecto de la muerte de Nisman, el Gobierno logró crear un lodazal tan grande en la causa que ya casi nadie sabe dónde está parado. La escena del crimen se destruyó –con participación oficial- la misma noche del descubrimiento, la fiscal Fein no estuvo nunca a la altura de las circunstancias y el aparato de propaganda oficial desacreditó al fiscal, a su vida privada y a su familia para crear un barro del que hoy es muy difícil salir. No sería extraño que más pronto que tarde la jueza Palmaghini se incline por la tesis del suicidio y mande las actuaciones al archivo.

De todo este paquete, el cabo suelto que quedaba era la decisión sobre la intrínseca inconstitucionalidad del documento que dio origen a todo el entuerto. La Justicia estaba a punto de dar a conocer esa decisión en un fallo confirmatorio de Casación, pero el kirchnerismo apretó el acelerador, desplazó a quien tenía que desplazar y ahora, seguramente, dará a conocer por una de las tantas escribanías que fabricó durante su mandato (en este caso una de las salas de la Cámara de Casación Penal), la decisión de declarar constitucional el pacto con Irán.

Se trata de una situación de suma gravedad sobre la que no se sabe si existe suficiente conciencia en la sociedad. El Gobierno ha avanzado, justamente, sobre ese desdén. Dándole a la Justicia el valor que no le da quien más debería hacerlo -el ciudadano común, a la protección de cuyas libertades está dirigido en primer lugar el accionar de los jueces- el kirchnerismo entendió desde la primera hora que su proyecto de hegemonía y de absolutismo no sería posible con  una prensa y magistrados independientes. Por lo tanto dirigió sus cañones a terminar tanto con una como con la otra. Una incomprensible ceguera cívica hizo posible que avanzara enormemente en su ambición y en el logro de su objetivo.

Una fórmula competitiva y coherente

Mauricio Macri finalmente decidió cuál será su compañero de fórmula para las futuras elecciones. Se trata de Gabriela Michetti su elegida de siempre y con quien llegó a la primera jefatura de gobierno de Buenos Aires con el PRO.

Como se sabe, Macri tenía en mente el diseño de unas PASO sin competencia en la ciudad, con Rodriguez Larreta como candidato único del espacio y Michetti como su compañera en la fórmula presidencial.

Pero la senadora se negó a ese esquema y quiso competir por la jefatura porteña. Perdió. Fue un triunfo para la fortaleza de Macri pero muchos intuyeron que se trataba de una primera rispidez dentro del PRO que quizás traería sus consecuencias.

Lo que ocurrió hoy parece demostrar que, en el partido, se aprendió una lección profunda: la gente sigue privilegiando la capacidad de estar juntos en las diferencias y de reivindicar el valor de los acuerdos sustanciales antes que los distingos por pretensiones electorales.

No hay dudas de que Gabriela Michetti es la figura más “externa” del PRO, no porque esté en los márgenes o no pertenezca al riñón más profundo del partido: al contrario nació a la política junto con Mauricio Macri y desde allí construyó un perfil propio.

Muy amiga de Elisa Carrió, Michetti una vez que dejó la vicejefatura del gobierno para ir al Senado, se alejó un poco del círculo íntimo de las decisiones que fueron más bien centradas por el propio Macri, Duran Barba y Marcos Peña.

Es más, el nombre del secretario general del Gobierno de la Ciudad era uno de los que más sonaban para integrar la fórmula presidencial. La concreción de esa idea le hubiera dado una pátina “kirchnerista” al PRO: se habría manifestado como otro partido en donde en la cumbre hay muy pocas personas y finalmente todo el gobierno se reduce a un minúsculo grupo de personas que toma todas las decisiones.

La elección de Michetti es una señal en sentido contrario a esa interpretación. Es más, muchos decían que luego del empecinamiento de la senadora por competir en las PASO de la Capital, se había producido un distanciamiento con Macri. Quizás haya sido cierto o, tal vez, la interpretación exterior de un conjunto de analistas que le aplicaban al PRO las reglas estándar de la política clásica.

Con esta movida Macri demuestra una veta bien opuesta a la Sra. de Kirchner, que jamás hubiera perdonado un desaire de esa naturaleza; la presidente se la hubiese tenido jurada de por vida a quien fuese que se hubiera atrevido a contradecir una orden suya.

Michetti es una llave importante también para un distrito evidentemente débil para el PRO como es la provincia de Buenos Aires. La fórmula Vidal-Salvador, con Fernando Niembro como primer candidato a diputado, necesitará del apuntalamiento de alguien que tiene mucho predicamento en las clases medias y en el electorado independiente.

Si bien es cierto que el PRO no puede contentarse con el discurso “nosotros somos la nueva política” para seducir a esa franja “independiente” de los votantes (como ocurrió en Santa Fe en donde la performance de Del Sel proveniente de la no-política no fue suficiente para un triunfo claro sino que se alcanzó un empate que aun pende de la decisión de los tribunales electorales), es verdad que los acontecimientos de las PASO de la Capital (y quizás también lo de Santa Fe) hayan ayudado para que Macri insistiera con Michetti y ésta aceptara, dejando atrás roces del pasado reciente.

En ese sentido, hay que reconocer que el jefe de Gobierno porteño ha sido bastante coherente con lo que insinuaba desde el primer momento: él siempre quiso que Gabriela fuera su compañera y también interpretaba esa movida como una defensa de lo que hoy se llama “purismo” del PRO: al final de cuentas la senadora había estado con él desde mismo comienzo.  Lo que ocurre es que luego del “desafío” que Michetti le planteó a su jefe forzando una interna con Larreta, ella se forjó esa imagen de “oposición” a Macri dentro del PRO, por el mero hecho de que él endosó públicamente la candidatura de su jefe de Gabinete. Por eso la elección de Michetti es importante como señal al electorado independiente en el sentido de dejar en claro que el jefe del parido no es un sectario, como muchas movidas de la presidente autorizan a sospecharlo de ella.

Michetti tiene una relación muy estrecha con el Papa Francisco. Su confesor en Buenos Aires, el padre Carlos Accaputo, es el alter ego de Bergoglio en Buenos Aires. Eso le permite articular un discurso social no por conveniencia, sino por convicción, que la alejan del cliché simplemente librecambista con el que muchos pretenden, equivocadamente, etiquetar al PRO. De hecho sus comienzos fueron casi junto a Javier Auyero, el hijo de Carlos, el prominente dirigente de la Democracia Cristiana que hasta integró la famosa “Hora del Pueblo” con Perón y Balbín.