La connivencia del poder con los violentos

Anteyer, en plena tarde de Buenos Aires, en el estadio de uno de los clubes más grandes del país se produjo la irrupción de más de 120 personas, algunas encapuchadas y la mayoría portando armas blancas y manoplas, que entraron en la confitería principal para desatar una batalla campal que dejó heridos de gravedad, a otros inocentes con golpes y cortes y a todo el mundo estupefacto en medio de la hora en que muchos chicos salían del colegio del Instituto River Plate y otros de sus prácticas de divisiones inferiores.

Algunos padres debieron esconderse en el baño tratando de proteger a sus hijos y una mamá pagó caro el hecho de haber ido a buscar al suyo cuando una silla de las tantas que volaban por el aire le cortó el labio y la cara.

Pronto la Argentina deberá implementar la prohibición absoluta para entrar a los clubes de fútbol. Desde hace más de un año el país creyó que inventaba la pólvora sin humo prohibiendo la asistencia de público visitante a los partidos de fútbol, porque la creencia era que la violencia se generaba entre las barras de los distintos equipos.

La locura en la que estamos nos va demostrando que ya no estamos en presencia de un peligro entre gente de distinto color sino ante la violencia más furiosa que ahora alcanza a los que supuestamente participaban de un mismo bando.

El monumental negocio económico y de poder que se ha armado detrás del fútbol con la complicidad de los dirigentes y del Estado es de tal magnitud que ahora la guerra estalló puertas adentro de los propios clubes. Las barras se han dividido en la mayoría de ellos en busca de más poder y de más dinero. Todo ha sucedido bajo un manto de connivencia que ahora impide actuar a quienes están siendo sus propias víctimas.

En el episodio de anteayer, la información da cuenta de que en las propias instalaciones de River estaban integrantes de la llamada “barra oficial” que habían ido a retirar las entradas de favor para el partido de mañana jueves entre el local y Boca por la semifinal de la Copa Sudamericana, que la dirigencia les da para que armen su propio negocio. Son entradas que puestas luego en la reventa pasan a valer miles de pesos. Se calcula que por este partido en donde la recaudación puede alcanzar los 15 millones de pesos, la barra puede racaudar entre 1 y 2 millones. Por ese botín matan y se matan.

A ese negocio hay que sumarle el de la calle, en donde se combinan los “trapitos”, que aprietan a la gente con el estacionamiento, la droga y otras “amenidades” por el estilo.

La dirigencia no ha estado a la altura de las circunstancias, pero muchas veces apunta detalles estremecedores. D’Onofrio, el presidente de River, por ejemplo, comentaba hace algún tiempo que encontró enganchado en el parabrisas de su auto un mapa con el recorrido que hace con su nieto para llevarlo al colegio. La amenaza de la violencia actúa con impunidad.

¿De dónde deriva esa impunidad? De la inacción del Estado. Y esa inacción es sospechosa. No ha sido uno sino varios los antecedentes públicos de hechos violentos en acontecimientos políticos en donde la “mano de obra” utilizada fue la de los barrabravas. En varias filmaciones que mostraban las acciones violentas de un grupo de poder contra otro, aparecen los mismos personajes que protagonizas los desmanes en el fútbol. Venden sus servicios a gente que luego los protege.

No hace mucho tiempo el mayor experto inglés en violencia deportiva visitó la Argentina invitado por organizaciones no gubernamentales para que explicara como en Gran Bretaña habían logrado imponerse a la violencia en el fútbol. A poco de establecer un paralelo surgía una diferencia entre ambos países que cambiaba completamente el ángulo para encarar las soluciones. En Inglaterra no había connivencia política con los hooligans. Estos eran grupos de borrachos que encontraban en el fútbol una manera de descargar sus violentas emociones poniendo en riesgo la vida de los demás. Pero el dinero, la droga y el poder no estaban involucrados en la pelea. Aquí sí.

D’Onofrio ha dicho que no tiene inconvenientes en echar de River a todos los que se compruebe estuvieron involucrados en la pelea. Pero se preguntó, ¿los mantendrá luego el Estado detrás de las rejas o los soltará a las pocas horas? “Porque si es asi, van a tener que ponerme una custodia muy grande”, agregó.

Parece mentira que un país como la Argentina en donde el fútbol forma parte de su historia cultural haya arruinado un espectáculo de estas dimensiones. Que los dirigentes y, fundamentalmente, que el Estado se hayan hecho socios de la violencia, del apriete y de los negocios de un conjunto de mafiosos es una muestra más de la decadencia en la que nos hemos metido.

La gente inocente sigue viendo como todos los días le roban delante de sus narices no solo sus propiedades y sus pertenencias sino sus alegrías y los pequeños placeres de los que no hace mucho aun disfrutaba.

Se trata de un deterioro serio de nuestra manera de vivir, de los valores a los que les damos preeminencia y de una renuncia absoluta a solucionar los problemas.

Pero la gran desilusión llega cuando todos advertimos que quienes deberían ser quienes se encarguen de la solución son parte del problema; que ellos estan metidos hasta el cuello en la misma inmoralidad que la sociedad pide a gritos que se termine.

La Argentina deberá olvidarse de encarar la solución a esta violencia como un sucedáneo del fútbol. El fútbol es solo una excusa y una víctima del problema. Aquí estamos en presencia de mafias que como aquellas de las películas están detrás del dinero y del poder. Las herramientas pueden ser el alcohol, el juego o las prostitutas. Pero el problema de fondo no es el licor, los casinos o las mujeres. El problema es la connivencia del poder con los violentos.

Nadie sabe ahora cuando llegará la respuesta de los que fueron sorprendidos ayer. Como en las historias de la mafia, se dice que hubo un soplón; alguien que pasó el dato de la presencia de la “barra oficial” en las instalaciones de River en la tarde de ayer. Fue el santo y seña para ir a matarlos. La Argentina estará pendiente, ahora, del siguiente santo y seña; del que marque la llegada de la próxima venganza.

Contrastes de la vida argentina

El contraste que se advierte en la Argentina de estos días respecto de la diferencia de trato entre quienes pertenecen a la casta desigual del Estado y la gente común es sencillamente notable. Parece mentira que un país organizado institucionalmente exactamente al revés (es decir, en donde los ciudadanos deberían ser los que le piden explicaciones a los funcionarios) esté siendo el escenario de citaciones de particulares al BCRA para advertirlos de que el Estado sabe las operaciones financieras que están realizando, aun cuando esas operaciones sean perfectamente legales.

Es lo que denuncia Marcelo Bonelli en un reciente artículo de Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las ordenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el Gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa.

Es preciso recordar que esas operaciones son perfectamente legales según la ley argentina. Lo que estaría ocurriendo sería la aplicación de una teoría “Moreno” según la cual no se convierten en ilegales determinadas conductas (por ejemplo hacer publicidad de ofertas en los diarios) sino que, de palabra, y por vía del amedrentamiento, se busca su disuasión.

Se trata de un escenario que causa escalofrío: funcionarios públicos citando a ciudadanos privados para advertirles que están al tanto de lo que hacen en su vida, aunque lo que hagan sea legal. Algo parecido a “sabemos a qué colegio van tus hijos, así que pensá lo que haces”. De terror.

Mientras, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matutina, dijo que hay “un ataque despiadado del Poder Judicial; una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial, un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad… Es una clara persecusión política”.

Estas declaraciones se conectan con el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadío al domicilio legal de la firma Hotesur, la propietaria del hotel Alto Calafate que pertenece a la presidente de la nación. En el mismo procedimiento el juez requirió información contable/legal a la IGJ y datos impositivos a la AFIP. La averiguación se hace en el marco de una denuncia hecha ante su juzgado por Margarita Stolbizer a raíz de la investigación periodística del diario La Nación y del programa PPT de Jorge Lanata.

Quienes se apersonaron en el domicilio de la calle Lavalle en pleno centro de Buenos Aires (denunciado como domicilio legal por Hotesur) solo encontraron un departamento vacío y algunas cartas dirigidas a la empresa tiradas por debajo de la puerta. No había nada ni nadie.

La compañía adeuda a la IGJ balances y actualizaciones de la composición del Directorio desde 2009, sin que se registren, aparentemente, pagos de multas o intimaciones emanados de la repartición. El juez está pidiendo, también explicaciones por ello.

Frente a esto, el jefe de Gabinete, con unos términos y una actitud como de sentirse totalmente ofendido, denuncia un complot golpista de los jueces contra el gobierno. Pero, perdón, Capitanich: Hotesur denunció como domicilio legal de la empresa un departamento vacío, el vicepresidente denunció como su domicilio un médano, los antecedentes de los balances de Hotesur y de la composición de su directorio no están… ¿cuál es el golpismo? ¿No será que los funcionarios del gobierno han accedido a un estadio privilegiado respecto de las reglas a las que está sometida el resto de la ciudadanía, estadio  por el cual pueden vivir de acuerdo a normas diferentes a las que tiene que vivir la gente común y que éste procedimiento vino a traer a la superficie de manera dramática?

Seguramente Capitanich ignora que entre las principales funciones del Poder Judicial está la de controlar la legalidad de la actividad de los otros poderes y también la de vigilar la aplicación igualitaria de la ley.

¿De qué golpismo habla el jefe de Gabinete? ¿Acaso sugiere que los funcionarios y todo lo que ellos hagan debe estar blindado a la acción de la Justicia, porque cualquier intervención de ésta contra ellos debería reputarse como automáticamente “golpista”? Si fuera así el jefe de Gabinete estaría admitiendo que los funcionarios del gobierno están por encima de la ley, porque cualquier acción tendiente a verificar si la cumplen debería interpretarse, por ese solo hecho, como destituyente.

Según esta visión los funcionarios, desde la presidente para abajo, no serían ser susceptibles de ser investigados porque el mero hecho de ser funcionarios implicaría que cualquier acción judicial intentada contra ellos debería ser interpretada como la herramienta de un golpe. Si eso no es la consagración más medieval de la desigualdad se le parece mucho.

Mientras, a los ciudadanos privados que llevan a cabo operaciones legales se los cita para hacerles saber que el gobierno “sabe lo que hacen”.

Investigar a un funcionario desde la Justicia es protagonizar un golpe; ahora, amedrentar a ciudadanos que no han violado la ley, constituye un comportamiento compatible con la democracia. Genial.

El nivel de inversión (en el sentido de estar al revés) que tiene la Argentina es francamente notable. El país se había organizado para que las cuentas y las explicaciones fueran pedidas por los ciudadanos al poder, pero ahora hemos caído en un sistema en donde el funcionario debe estar exento de cualquier tipo de investigación y los ciudadanos sometidos a todo tipo de escudriñamiento.

Funcionarios por encima de la ley

El contraste que se advierte en la Argentina de estos días respecto de la diferencia de trato entre quienes pertenecen a la casta desigual del Estado y la gente común es sencillamente notable. Parece mentira que un país organizado institucionalmente exactamente al revés (es decir, en donde los ciudadanos deberían ser los que le piden explicaciones a los funcionarios) esté siendo el escenario de citaciones de particulares al BCRA para advertirlos de que el Estado sabe las operaciones financieras que están realizando, aun cuando esas operaciones sean perfectamente legales.

Es lo que denunció Marcelo Bonelli en Clarín que, hasta ahora, ni siquiera ha sido formalmente desmentido. Según esa crónica, en efecto, funcionarios del Banco Central a las órdenes de su director Pedro Biscay (el mismo que organizó el escrache a huevazos a Domingo Cavallo en la UCA) están citando a ciudadanos privados a sus oficinas para hacerles saber que el gobierno está al tanto de sus manejos con el dólar contado “con liqui” o con el dólar bolsa. Continuar leyendo

Un duro golpe para el futuro de UNEN

Elisa Carrió anunció su salida de UNEN aun cuando anticipó que su partido seguirá formando parte de la agrupación. Se trata de un retiro personal, individual, que la dirigente adelantó que decidió para no seguir al lado de la pusilanimidad que impide la República.

Las palabras de Carrió pueden resultar ostentosas, cargadas de un floreo solemne y aparentemente dramático, razón por la cual muchas veces se la describe como una gran oradora y como una notable “explicadora” de los problemas pero al mismo tiempo como una enorme teórica que no entiende las parcticidades de la vida real.

Ella se define como “radical”, a veces agrega, “radical de Alem”, y desde ese lugar imagina la posibilidad de un acuerdo amplio en base a las ideas de la Constitución, que, paradójicamente, permiten, justamente, la unidad en la disparidad.

Siente un desprecio visceral por el peronismo populista a quien le adjudica gran parte de la responsabilidad por la declinación argentina y en quien ve materializada la idea misma de la corrupción política.

En su búsqueda inmaculada se fue de la UCR cuando entendió que el partido había sido cooptado por el justicialismo y allí había dejado sus ideales republicanos. Fue formando sus propios partidos, Primero el ARI, Argentinos por una República de Iguales, y luego la Coalición Cívica con la que pretendía convocar a los radicales que compartieran su republicanismo.

En muchos momentos pareció que sometía la idea de configurar una expresión política competitiva a tantos requisitos de pureza que jamás lograría generar una unión útil.

Cuando se formó UNEN, con la frescura de las internas abiertas y el boom de aquella elección en Capital, parecía que había encontrado la aguja en el pajar. Pero al poco tiempo sus exigencias republicanas empezaron a encontrar resistencias en los bolsones populistas que escondía esa asociación. Su principal aliado, Pino Solanas (relación que hasta dio para que se emitieran los más variados chistes y parodias) era un peronista de la izquierda de Forja, es decir, del más recalcitrante antiliberalismo constitucional.

Otra grieta se abrió con sus propios “correligionarios” radicales que empezaron a coquetear con el peronismo de Massa para componer alianzas con el Frente Renovador. Una parte del radicalismo siempre se mostró predispuesta a unirse al peronismo. Envidió secretamente esa capacidad del movimiento creado por Perón para ganar el favor de las masas y no se le ocurrió mejor idea que entablar una especie de concubinato con él para ver si alguno de esos placeres electorales se le pegaban.

Si Carrió era sincera cuando hablaba de aquellas cuestiones de la verdadera República, esa unión no podía durar mucho. Y hoy terminó. Por cierto que para UNEN es un golpe muy duro. En términos de números significa la salida de una persona; pero en términos de volumen, no caben dudas de que Carrió significa más que su propia persona.

En la agrupación de la que hoy se despidió la acusan de querer unirse a Macri o de querer tejer con el jefe de gobierno una alianza nueva. Durante años el apellido “Macri” funcionó como un límite para muchos políticos, incluida la propia Elisa Carrió. Otro que manejó esos términos fue Ricardo Alfonsín que, al mismo tiempo que decía eso, formaba una alianza electoral mamarrachesca con Francisco de Narvaez, en una voltereta más de esa pasión radical por el peronismo que todo lo justifica.

Muchas veces parece que Carrió habla con el engolamiento de un prócer, desde el pedestal de una estatua. Muchos que no la quieren demasiado advierten lo que sería si tuviera el poder de Cristina Kirchner.

Pero hoy solo la podemos juzgar por sus palabras y sus hechos. Ella hace un esfuerzo enorme por trasmitir la idea de que ambos términos caminan juntos por la misma vereda, las palabras y los hechos. Y por ser fiel a lo que dice produce hechos de ruptura cuando advierte que la realidad de sus alianzas desmienten sus palabras. Hasta hoy, cuando creyó que ocurría eso le ha dado prioridad a su palabra.

Nadie puede adivinar lo que ocurrirá con ella ni con su futuro político. Las sucesivas soledades de un político que anda con el discurso de la República a flor de piel deberían llamar la atención de un país tan alejado de las formalidades de la ley y del valor de la ética. Carrió se ha quedado muchas veces arando en el barro. Ella dice creer en las convicciones republicanas de la sociedad, pero sus colegas -que no paran de hacer cálculos de conveniencia política- parecen pensar lo contrario.

Macri parece querer ensayar un discurso parecido. Pero tiene una enorme ventaja sobre Carrió: maneja un distrito y puede demostrar que detrás de él hay hechos, además de palabras. Quizás por ello la aun hoy diputada haya dado señales claras de que si a las palabras hay que sumarle estrategia electoral, esa estrategia debe ser asociarse al PRO.

Semejante confesión descarnada fue demasiado para muchos en UNEN. Los radicales convocaron a una “cumbre” en San Fernando para dejar en claro que ello no ocurriría. Ni Sanz ni Aguad, los más cercanos a Carrió en la estrategia “macrista”, lograron imponerse al aparato histórico del partido que hace rato dejó los efluvios de Alem en el archivo de los recuerdos.

Probablemente Carrió siga sola, dando discursos solemnes que todo el mundo alaba y que nadie acompaña. Pero no caben dudas de que en los últimos años ha sido una de las mejores descriptoras de la realidad argentina y de cómo el país fue cooptado por la corrupción, el envilecimiento de las instituciones y la pusilanimidad de sus colegas.

La sociedad contraconstitucional

Normalmente, el término “inconstitucional” se reserva para hacer referencia a leyes o a decretos que contrarían lo establecido por la Constitución. Así, cuando el Congreso o el Poder Ejecutivo aprueban normas que no son compatibles con letra (y, deberíamos agregar, el “espíritu” de la Ley Madre) los particulares tienen derecho a solicitar al Poder Judicial su no aplicación en todo lo que la ley o el decreto contravengan sus derechos. Generalmente, cuando ello ocurre, más allá de que esas declaraciones judiciales solo tienen valor para las partes involucradas en el pleito -el Estado y el individuo privado que pleiteó-, la ley o el decreto terminan cayendo porque la doctrina jurisprudencial lo tornarán inocuo.

Este es el mecanismo que los países republicanos han imaginado para detener el populismo y lo que Tocqueville llamó “tiranía de la mayoría”. Así, la República, no es solamente el gobierno de quien gana una elección sino el gobierno de la ley, por encima de todas las cuales esta la Constitución.

Esa Constitución protege como una barrera blindada los derechos de las personas individuales del aluvión de las mayorías. Es el secreto para distinguir el gobierno de las masas, del gobierno del pueblo: éste está formado por millones de individuos libres, todos diferentes y desiguales, con intereses, gustos y opiniones distintas que la ley Fundamental se propone privilegiar y proteger. La masa, al contrario, es una muchedumbre informe, indiferenciada y anónima que habla por el grito, se expresa por la fuerza y se representa por el líder.

¿Qué pasaría, entonces, si lo que se opusiera a la letra y al espíritu de la Constitución no fueran las leyes y los decretos sino una sociedad entera? ¿O si la abundancia de leyes y decretos inconstitucionales fuera la consecuencia de una sociedad “contraconstitucional”? ¿Qué pasaría, en definitiva, si la excepción fuera la Constitución y la regla la Contraconstitución?

La filosofía del Derecho ha distinguido históricamente lo que se llama la “Constitución formal” de la “Constitución material”, reservando el primer nombre para el documento escrito, firmado y jurado por los constituyentes soberanamente electos por uan sociedad en un determinado momento, y el segundo para el conjunto de hábitos, tradiciones y costumbres que se enraízan en lo más profundo del alma nacional y que responden a siglos de una determinada cultura.

¿No ocurre en la Argentina este fenómeno? Los partidarios de la cultura de la que la Constitución de 1853 es hija creemos que ella refleja las tradiciones del país y que su espíritu responde a la cultura, a las raíces y a las tradiciones argentinas. Pero, con una mano en el corazón, ¿es así?

Por supuesto que el texto jurado en Santa Fe aquel 1 de mayo receta parte de los ideales de argentinos que creían en ellos y que trataron de expandirlos a partir de los esfuerzos de la Generación del ’37 y de una camada de sucesores que se encargaron de poner en funcionamiento los palotes del nuevo sistema. La generación del 80 vio los primeros brillos de aquel milagro: un desierto bárbaro, entreverado, de repente, entre los primeros países de la Tierra.

Pero aquel esfuerzo descomunal ocultaba los rencores de una venganza. Los restos de la mentalidad colonial, feudal, rentista, caudillesca y, finalmente, totalitaria, no habían sido completamente derrotados. Como una bacteria latente, en estado larvado, esperando que otra enfermedad debilitara el organismo para ella hacerse fuerte nuevamente e iniciar una reconquista, esperó su turno agazapada, escondida detrás de las luces del progreso.

Cuando la recesión mundial de 1930 dejó a la Argentina tambaleante, el espíritu fascista, del caudillismo anterior a Caseros, renació. La sociedad no había tomado aun suficientes dosis de “constitucionalidad” como para que esa nueva cultura hubiera reemplazado para siempre las tradiciones de 300 años de centralismo, autoritarismo, prohibiciones, vida regimentada y estatismo. Fue todo eso lo que la Argentina había mamado durante tres siglos; setenta años de la contracultura de la libertad individual y de la república liberal no fueron suficientes para matar el germen del colectivismo. Allí, en medio del miedo al abismo y del terror a lo desconocido, la frágil Argentina de la libertad retrajo su cuerpo de caracol debajo de la coraza que la había cobijado desde el nacimiento: el Estado.

Allí nació la sociedad “contraconstitucional”; la que desafía con sus hábitos las instituciones escritas y juradas en la Constitución: la división de poderes, la libre expresión de las ideas, la libertad individual, el gobierno limitado, la justicia independiente, la libertad de comercio, la inviolabilidad de la propiedad.

Desde ese momento subsisten en el país dos Constituciones: la firmada en Santa Fe en 1853 y la traída desde la Casa de Contratación de Sevilla en el siglo XVI, aggioranada bajo las formas del caudillismo colonial primero y del populismo peronista después.

Como en la previa de mayo del ’53 hay aun bolsones de republicanismo en la sociedad, pero el virus del colectivismo demagógico ha ganado la batalla de las mayorías. Cualquier suma electoral que ponga de un lado la libertad y del otro el dirigismo estatista (peronistas, radicales, socialistas, izquierdistas) terminará en números cercanos a 80/20.

Ese “20” sigue teniendo la “ventaja” de decir “nuestras creencias están escritas aquí ” (señalando un ejemplar de la Constitución); pero el “80” se le reirá en la cara; su aluvión los dejará dando vueltas en el aire, con ejemplar y todo.

La Argentina es hoy un país “contraconstitucional”. Prácticamente nada de lo que ocurre aquí tiene que ver con lo escrito por Alberdi. Todo es exactamente al revés y, sin embargo, rige. La Justicia no ha estado a la altura de las circunstancias y, nada más que en estos últimos años, ha permitido la consolidación de monopolios estatales, la prohibición del ejercicio del comercio y de la industria lícita; ha tolerado el control de cambios, el cepo, la prohibición de exportar; ha respaldado la retroactividad de las leyes, permitió el menoscabo de la propiedad, avaló la supremacía del Estado por sobre la libertad individual; permitió una explosión de poder del presidente que prácticamente ha borrado el concepto de “gobierno limitado”; ha tolerado la persecución, la confiscación de la propiedad sin indemnización (es decir, el robo), la reducción de las provincias a meras dependencias administrativas del poder ejecutivo y ha validado un sistema de gobierno que solo considera democrático al pensamiento que gana una elección, en tanto ese pensamiento tenga la suficiente desfachatez de “irla de malo” y de ejercer el poder por el terror.

“El tirano no es la causa, sino el efecto de la tiranía”, decía Juan Bautista Alberdi, el padre de la Constitución. La tiranía descansa en nosotros. La inconstitucionalidad no está en la ley sino, principalmente, en la sociedad: es la sociedad argentina la “contraconstitucional”. Y es ella la que sufrirá la miseria, víctima de su propio virus.

El kirchnerismo recrudece la persecución a periodistas

En estas horas un periodista de La Nación está prácticamente encerrado en su casa custodiado por  la Gendarmería por la amenazas recibidas por capos del narcotráfico de Rosario.

Se trata de una de las imágenes que los argentinos veíamos por televisión no hace mucho en países de la región y nos agarramos la cabeza pensando en cómo vivía esa gente.

Frente a los primeros síntomas de la llegada a la Argentina del drama de la droga y de su comercialización y producción no solo no hicimos nada sino que, en muchos casos, se abrieron las puertas del lavado de dinero con planes oficiales para depositar dólares en el circuito blanco de la economía sin preguntar su procedencia -al mismo tiempo que se persigue y se le piden explicaciones de todo tipo a los argentinos de bien que quieren ahorrar 200 dólares- y de la importación de componentes químicos imprescindibles en el proceso productivo de drogas sintéticas.

Otro periodista, Gustavo Sasso, fue procesado en Bahía Blanca por investigar operaciones de narcolavado de Juan Ignacio Suris al tiempo que le secuestraron material fruto de sus averiguaciones, tarea que, en lugar de procesarlo a él, debería haber llevado adelante el propio juez.

El viernes por la mañana el jefe de Gabinete se rebajó a un terreno de barrabrava haciéndose el canchero gracias al juego de palabras con el apellido de nuestro colega Fernando Carnota, al que llamó “Marmota”, según su propia confesión, por el mero hecho de “criticarlos”.

Mientras, en el Congreso, se abre paso la ley de telecomunicaciones que implica la muerte de la TV por cable, fundamentalmente del interior del país en donde opinar diferente a la ola financiada desde el Estado se convertirá, al mismo tiempo en un sacerdocio y, por lo que estamos viendo ya, en un peligro.

Hace más de 20 años que planteamos la idea de que, para ampliar la competencia era bueno estudiar la posibilidad de que las empresa telefónicas pudieran ofrecer el servicio de televisión, porque ellas ya disponían de una  red de  tendido hogareño  que facilitaba su instrumentación.  Pero aquellas opiniones -que recuerdo empezamos a comentar en 1993 en Radio América (a la sazón del mismo dueño de Cablevisión en ese momento -Eduardo Eurnekián- circunstancia que nunca me perjudicó ni implicó ningún “llamado” para que “evitara” esos comentarios, en una prueba evidente de la libertad de expresión sin miedos que imperaba en esos años) tendían, justamente, a ampliar verdaderamente no solo el arco de opiniones y de pareceres sino de inversión, de tecnología y de fuentes de trabajo.

Lo de hoy se inscribe en un marco completamente contrario. Los periodistas son perseguidos, atacados, procesados. Los medios corren el riesgo de cerrarse y los trabajos pueden perderse junto con la diversidad del pensamiento y con la libertad de expresión.

En esta misma semana se anunció en Venezuela la apertura de una línea telefónica gratuita para denunciar “traidores” y en Moscú se supo el levantamiento de la señal de la CNN en la capital rusa. Es muy interesante ver cómo Putin ha forzado esta salida: lo hizo prohibiendo la emisión de publicidad en la televisión paga.

¿Son inimaginables estas mismas situaciones en la Argentina? ¿un 0800 para denunciar buitres locales o una decisión que prohíba los anuncios en los programas de cable? Hay decenas de programas de opinión en la TV por cable que se financian con publicidad del sector privado. Incluso muchos que no tienen siquiera una presencia “testimonial” de pauta oficial. Todos esos programas (junto con sus opiniones) desaparecerían de un plumazo con una disposición parecida a la tomada por el Camarada Putín.

La situación del periodismo libre en la Argentina es gravísima. A todos los disparates descriptos hasta aquí se suma el hecho de que un enorme porcentaje de expresión es protagonizado por profesionales independientes que se financian a sí mismos comprando espacios en medios privados y luego vendiendo segundos de publicidad como si fueran una agencia.

Se trata de un sistema perverso. La asfixia y el deterioro inflacionario a la que ha sido sometido este sistema hacen que muchos profesionales estén boqueando hoy en día y su capacidad de mantener abiertas esas ventanas de libertad sea cada vez más pequeña. A las múltiples amenazas que pesan sobre su trabajo se suma este estrangulamiento económico que los arrincona y los confina.

No solo el Gobierno puede ejercer una influencia decisiva en el futuro de la libertad de expresión en la Argentina. Está claro que la capacidad de daño del Estado en ese sentido es fortísima. Pero el sector privado también puede tener una responsabilidad fundamental si no renuncia al financiamiento del periodismo independiente.

Si esa voluntad existiera y el Estado la persiguiera, entonces, se habría perfeccionado definitivamente la consagración de un Estado policial en el país en donde las bocas deberían cerrase y la única salida sería el exilio.

¡Qué enorme paradoja que en el medio de una pretendida democracia, los periodistas deberíamos pensar en el mismo tipo de futuro que tuvieron los muchos que escaparon de la última dictadura! ¿Será entonces que vivimos en un país de apariencias pero en el que las realidades siguen siendo tan oscuras como entonces?

El modelo contraconstitucional: GEOF financiero y otras presiones

El éxtasis de despliegues policiales en el microcentro en busca de supuestas operaciones ilícitas con divisas y con bonos contrasta sugestivamente con la manifiesta liviandad que la sociedad observa del gobierno cuando tiene que perseguir asesinos, ladrones, violadores y secuestradores.

Parecería que, en este último caso, aquella enjundia que comprende el accionar conjunto y coordinado de varias agencias gubernamentales, deja paso a un notorio desdén que termina con argentinos muertos y con historias de desgracias cotidianas, sin que haya nunca ningún responsable tras las rejas.

Para el gobierno el delito no es la amenaza que se despliega cada vez que sale el sol sobre la vida y la propiedad de millones de indefensos, sino las conjuras que el mismo oficialismo imagina se tejen detrás de los cortinados de las “cuevas”. Y allí promete caer “con todo el peso de la ley”. Continuar leyendo

Los interrogantes de Vaca Muerta

Desde su descubrimiento por Repsol YPF en 2010, el yacimiento de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta, en Neuquén, se ha trasformado en el centro de las especulaciones económicas de la Argentina de -quizás- el próximo siglo.

En efecto, el área, de unas 30000 ha, (que nadie se atreve a catalogar como única porque ya hay varias prospecciones que indican que otros yacimientos similares podrían extenderse bajo la roca de toda esa región hasta abarcar territorios tan remotos que lleguen hasta la provincia de La Rioja) ha convertido a la Argentina en la segunda reserva de shale gas del mundo detrás de China y en la cuarta de petróleo, detrás de Rusia, EEUU y China, con la posibilidad de aportar más de 67 mil millones de dólares al PBI, u 83 años del equivalente a las exportaciones de soja. Continuar leyendo

El desapoderamiento

El próximo presidente de la Argentina deberá reunir cualidades muy especiales para enfrentar el desafío de volver a hacer de este país una tierra de oportunidades y para devolverle a la sociedad la vitalidad muscular perdida después de tanta droga asistencialista.

Las de mayor importancia dentro de esas cualidades serán el desprendimiento, la magnanimidad y la grandeza.

En efecto, la próxima administración deberá iniciar un camino de desapoderamiento del Estado para volver a transferir esos signos vitales a los individuos y a la sociedad. Han sido tantas la energías robadas a las personas en estos años, tanto el poder arrebatado a la sociedad para depositarlo en los funcionarios que encarnan al Estado, que la contratarea será ciclópea.

Pero además, como en la Argentina el empoderamiento del Estado ha sido interpretado como un empoderamiento de personas físicas de carne y hueso que han aspirado los bríos y las energías de los argentinos privados, la tarea de devolver esa vivacidad adonde corresponde (y de donde nunca debió haberse ido) necesitará de una condición de grandeza personal del próximo presidente muy parecida a la que tuvieron los presidentes de las primeras horas de la Constitución.

El próximo presidente deberá encabezar, él mismo, un proceso para hacer de la presidencia un lugar más liviano, un sitio menos excluyente y más prescindente de las decisiones privadas de los hombres y mujeres argentinos.

Para eso deberá tener la magnanimidad del desprendimiento. Después de años y años de una acumulación asfixiante y sin precedentes de poder en el puño presidencial, el próximo titular del Poder Ejecutivo deberá, en su propio”perjuicio”, volver a llevar ese poder al dinamismo individual, para que vuelva a florecer la inventiva, el vuelo de los sueños, y las ganas de cada uno por protagonizar personalmente la aventura de la vida.

Y hemos entrecomillado a propósito la palabra “perjucio” cuando nos referíamos a lo que el próximo presidente debería hacer, porque, efectivamente, a primera vista, quien voluntariamente renuncie a la cantidad de prerrogativas que la década kirchnerista le ha entregado al Estado (entendido éste casi como la voluntad omnímoda y personal del presidente) debe ser alguien con una voluntad de grandeza fuera de los común, que priorice los beneficios para el país antes que sus megalómanas manías por el poder.

Paradójicamente, sin embargo, ese eventual “kamikaze” , que se deshaga de todo el poder que la Sra. de Kirchner ha acumulado para el Poder Ejecutivo, terminará siendo más poderoso que ella, gracias a que su administración será recordada por haberle devuelto la sangre la sociedad y por hacer posible que la Argentina vuelva a ser un país en donde los sueños de cada uno no mueran en la asfixia a que los somete la concentración completa del poder.

La renuncia del próximo presidente a los poderes que la Sra. de Kirchner se autoregaló durante todos estos años será la verdadera tarea “derogatoria” del próximo gobierno. En efecto, si algo hay que derogar en el país es la innumerable pléyade de pererrogativas que el poder ejecutivo de los Kirchner le ha arrebatado a la sociedad durante los años de sus mandatos. Cada derogación será una devolución de libertades a los ciudadanos argentinos; cada renuncia que el próximo presidente haga a las facultades extraordinarias de las que gozaron Néstor y Cristina Kirchner deberá ser interpretada como una recuperación de derechos, como una reposición de lo que fue quitado, como un rescate de lo que fuera secuestrado, como un restablecimiento de la posibilidad de hacer de nuestras vidas lo que querramos con independencia de la voluntad del Estado, tal como lo había imaginado la Constitución.

Si ese milagro llegara a verificarse y por primera vez en mucho tiempo tuviéramos un presidente que se desprende de poder antes que un megalómano que lo acumula, la Argentina estaría en condiciones de protagonizar uno de los despegues socioeconómicos más extraordinarios de la historia humana, similar al que la transformó de un desierto pleno de barbarie a mediados del siglo XIX en una potencia mundial en menos de 70 años.

Con solo permitir que el centro de las decisiones trascendentes pasen de la presidencia a los individuos y a las empresas, la Argentina daría una vuelta de campana sin precedentes. La mayor decisión del próximo presidente es inaugurar un tiempo en donde las mayores decisiones no las tome el presidente. Ese cambio cultural hará pasar a la Argentina de la Edad Media a la Era Cibernética.

Si Dios iluminara por una vez a los argentinos para tener el tino de hacer ese distingo y por una vez a su dirigencia para limitar un poder que ha ahogado la aventura del emprendimiento en el país, la Argentina podría tener una chance en el futuro. Si al contrario, quien gane la presidencia continua creyendo que ha accedido a una alta torre desde donde puede manejar y controlar imprescindiblemente la vida de todos valiéndose de la herramientas que durante todos estos años los Kirchner le han arrebatado a la sociedad para entregárselas al Estado, el país terminará hundiéndose en el autoritarismo y en la inquebrantable pobreza que él genera.

Los peligros del populismo en América Latina y Argentina

Durante las sesiones del Parlamento Iberoamericano de La Juventud, llamado “Democracia y Participación Política” en Zaragoza, España, la joven conductora de radio y referente de la cultura en Guatemala, Gloria Álvarez,  habló sobre los peligros del populismo para las instituciones democráticas y sobre cómo este las destruye en América Latina.

Álvarez dijo que el populismo busca desmantelar las instituciones para luego “reescribir Constituciones” y acomodarlas a los antojos de líderes corruptos que “tenemos en Latinoamérica”. Criticó el pésimo trabajo que hicieron muchos gobiernos en el pasado y dieron lugar a que líderes populistas ganaran terreno en la población.

Invitó a los asistentes a derrotar esa tendencia a través de la tecnología y la educación, pues considera que la admiración que existe en países como Guatemala por el “régimen cubano, por el régimen venezolano” carece de razón y conocimiento, pues en Latinoamérica pocos son los que reconocen en el “régimen chavista las atrocidades y las violaciones de derechos que se están cometiendo”.

Aclaró que la tendencia populista juega con la necesidad de los “pueblos para imponer una dictadura” anulando la dignidad de las personas, porque es “una postergación de la pobreza, de la ignorancia y de mantener a los pueblos sometidos bajo la ilusión de que solo los bienes materiales son los que importan a la hora de votar”

Por último propuso desmantelar al populismo utilizando de la tecnología, teniendo como bandera la República para rescatar las instituciones basadas en la razón, la lógica, los argumentos y el intercambio de ideas.

¡Qué oportunas son estas declaraciones en momentos en que en la Argentina, justamente, se quiere introducir una nueva ley de telecomunicaciones para regular Internet! ¡Qué oportunas y que sugestivas!

En efecto, el Gobierno, continuando con su desbocada carrera para sancionar una acarralada de leyes cuyo objetivo triple es limitar el radio de acción de la próxima administración, cubrir sus espaldas judiciales y mantener una porción decisiva de poder, ha presentado -con la clásica escenografía presidencial de crítica a los medios informativos- un proyecto de telecomunicaciones que, entre otras cosas permite el acceso al negocio de la TV por cable de las empresas telefónicas (algo expresamente vedado por la ley de medios) y la regulación del servicio de Internet.

Llama la atención en ese sentido las declaraciones del inefable Sabbatella, que dijo que el proyecto no modificaba ni una sola coma de la ley de medios cuando existe una referencia derogatoria expresa a un artículo y dos incisos de esa ley que, justamente prohibían la prestación de servicios de cable a las empresas de telefonía.

Lo que ocurre con este proyecto es algo que va convirtiéndose en la marca en el orillo de los procederes del Gobierno: el gato encerrado. Es decir, un packaging que dice una cosa y un contenido que dice otra. En el caso que nos ocupa, el oficialismo habla de una apertura a la competencia -la cual es bienvenida y, en esa misma medida, es usada como mascarón de proa- mientras por el otro lado crea un súper ente de comunicaciones con capacidades legislativas, ejecutivas y judiciales al margen, claramente, de la Constitución.

En materia de Internet su obvio objetivo es, por supuesto, empezar a regular sus contenidos, prevenido como está, quizás, de la proliferación de “Glorias Alverez” que podrían aparecer como tábanos haciéndole abrir los ojos a la gente sobre las verdaderas intenciones del populismo.

Otro ejemplo de esta expertise en packaging es la reforma al Código Procesal Penal, en donde, bajo el argumento de organizar un proceso penal acusatorio más acorde con la lógica del Derecho, se esconde la organización de un Ministerio Público completamente dependiente del Poder Ejecutivo que se acompañará con la designación de 250 fiscales y 4000 empleados militantes, al mando de la soldado Carbó. Siendo -por el nuevo Código- los fiscales quienes instruyen e impulsan el proceso, la desestimación de casos que éstos hagan será definitiva para la suerte de los sospechosos, incluso en casos de corrupción que afecten a funcionarios públicos.

El número de legisladores en el Congreso le asegura al Gobierno el pasaje de todas estas leyes, como ya ocurrió con la ley antiterrorista, la de abastecimiento, el código civil y comercial, la ley de hidrocarburos y cualquier otra que materialice las ocurrencias del Poder Ejecutivo.

Muchos de esos legisladores levantan la mano sin saber lo que votan. En al caso del Código Civil fueron patéticas las declaraciones de varios legisladores que, por ejemplo, estaban seguros de haber votado algo cuya vigencia era inmediata, cuando en realidad le reforma empezará a regir en 2016.

Estamos en manos de esta irresponsabilidad. Como dijo Gloria Alvarez, la carga por estas consecuencias la llevamos nosotros. Hemos sido nosotros los que entregamos semejante poder a una facción. No ha privado en nuestra conciencia el principio del equilibrio y hemos confiado todo nuestro futuro a una sola ficha. Parece mentira que 400 años de evolución de Derecho hayan sido ignorados de esta manera, volviendo a los perfiles sociales de cuando el mundo era gobernado por cuatro señores que se repartían a los bandazos la suerte de millones.