El default judicial

Desde estas columnas hemos trasmitido incesantementew la idea -y la convicción- de que somos nosotros la principal causa de lo que nos pasa y de que somos nosotros los últimos responsables de lo que finalmente termina ocurriendo en la Argentina.

Eso está claro y surge hasta de la lógica democrática que, teóricamente, permite elegir. Pero también es cierto que algunos estamentos institucionales de la Argentina han fallado completamente a la hora de ejercer su función y no han sabido poner en funcionamiento los mecanismos que la Constitución prevé para que ciertos descalabros que hemos vivido en estos años se evitaran.

Nos referimos concretamente al deslucido papel que han jugado muchos jueces, empezando por la Corte Suprema de Justicia.

El último escalón de esa “sacada del (cuerpo) a la jeringa” ha sido la lavada de manos que se pegó el más alto tribunal cuando un fiscal lo convocó para que se expidiera sobre el caso de Luis María Cabral.

La Corte se sacó el balurdo de encima mediante una formalidad, que es como estar acomodando los cuadros del living en el medio de un incendio.

Resulta francamente triste ver tanta pusilanimidad y especulación política cuando los derechos y las libertades públicas están en juego. Uno no tiene demasiada noción acerca de qué más debería pasar en el país para que, quienes corresponda, se den por enterados de que lo aquí existe es un intento serio y profundo de instaurar un régimen de mano única en donde la división republicana de los poderes desaparezca. Se trata de un verdadero golpe constitucional con el aparente “respeto” por la Constitución.

En efecto, con la incomprensible anuencia de algunos jueces, lo que se intenta es saltear la Constitución, estableciendo un sistema paraconstitucional, que derogue lo dispuesto en 1853 y que lo reemplace por un nuevo orden diseñado por la hegemonía del Gobierno.

Se trata del más sofisticado intento de borrar el orden liberal, democrático y republicano de la Constitución sin pasar por los escabrosos procedimientos de reforma, para los que, los protagonistas de este anhelo, saben que no tienen los votos: “como no tenemos los votos lo vamos a hacer igual, haciendo como que lo hacemos dentro de la ley…”

El choque entre ese intento y la Constitución debería ser marcado por los jueces y es este el paso que está fallando. Es cierto que ya gran parte de la Justicia ha sido colonizada y que muchos casos que recaen en jueces partidistas son desechados precisamente por eso. Pero otros, que incluso han llegado al más alto tribunal, no han recibido el trato serio y preocupado que deberían haber tenido, sino que fueron respaldados, dándole el gusto a un Gobierno que no siente por las valoraciones republicanas el más mínimo respeto.

Se trata de una verdadera claudicación. El país no ha honrado su organización de reaseguro. Todas las precauciones habían sido tomadas por los constituyentes para que la Argentina no volviera a caer en el autoritatismo. Las mejores instituciones del mundo habían sido adaptadas en el texto de 1853 para que estuviéramos protegidos contra ese flagelo.

Pero quienes han tenido la responsabilidad de hacer funcionar ese sistema no has estado, evidentemente, a la altura de la circunstancias.

Es cierto que la sociedad tiene su parte gruesa de responsabilidad porque no se ha manifestado con su voto en contra de estos regímenes mesiánicos. Al contrario, ha votado a figuras carismáticas que han ido perfilando un gobierno de culto. Pero aquellas personas que se suponen formadas y que han llegado a ocupar los escaños reservados a la defensa última de la libertad, han defaulteado su deber. No se sabe si el miedo, si el amor a los sillones o si el matonismo han sido más fuertes que el amor por la dignidad y por la vigencia de los derechos civiles. Pero lo cierto es que el resultado práctico final es un páramo desierto cuando el ciudadano que aún le importa vivir en libertad levanta la mirada y busca casi desperadamente un auxilio.

Los nuevos censores

Los funcionarios del Gobierno parecen haberse constituido ahora también en una especie de censores de idoneidad de los jueces. En efecto, como si fuera el mismísimo Catón, Julián Alvarez acaba de declarar al juez Luis María Cabral incompetente e inoperante para expedirse sobre “cuestiones sensibles para el Estado, como el tratado con Irán”.

Agregó que Cabral “no había estudiado para eso” como si sí lo hubiera hecho específicamente, por ejemplo, la jueza Ana María Figueroa que como integrante de la Sala fue la que se prestó al juego del poder ejecutivo para poner en marcha el procedimiento que terminó con la destitución de Cabral. O como si Claudio Marcelo Vazquez, el abogado ultrakirchnerista puesto en su lugar, también fuera un especialista profesionalizado en el tema.

Lo que sí resulta francamente vergonzoso es la ignorancia de Alvarez que parece desconocer la trayectoria del juez Cabral en materia penal en virtud de la cual se desempeña en ese fuero desde hace décadas y como consecuencia de la que llegó a la subrogancia de la vacante en la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal.

¿De dónde saca Alvarez, un joven que solo le debe a su militancia política el lugar que ocupa, que Cabral no está preparado para el análisis de “las cuestiones sensibles para el Estado”? ¿Acaso supone Alvarez que él tiene el poder para decidir cuáles son las “cuestiones sensibles para el Estado” y luego, en función de eso, acomodar “comisiones especiales” para que las juzguen?

Le recordamos al viceministro que en la Argentina “no hay comisiones especiales”, según reza el artículo 18 de la Constitución, y que la conformación amañada, acomodada a sus intereses y antijurídica de una Sala de la Cámara de Casación, es equivalente a crear una comisión especial.

El abogado Vázquez ni siquiera se ha desempeñado en la magistratura: es un abogado privado de vinculaciones estrechas con La Cámpora y el Gobierno y que se ha especializado en defender en los medios el llamado “proyecto de democratización de la Justicia”. Vázquez integraba la lista de conjueces que el gobierno aprobó con su mayoría simple y automática en el Senado sin observar los requisitos constitucionales de las mayorías especiales que pide la Constitución para la designación de magistrados.

Alvarez quizás haya olvidado también, luego de su paso por la facultad de Derecho (que no sabemos para qué lo capacitó), que las leyes no pueden aplicarse retroactivamente, esto es, no pueden aplicarse para atrás (salvo en el caso de la ley penal más benigna) porque esa logística produciría un verdadero desbarajuste y una inseguridad jurídica de tal magnitud que la vida civilizada no sería posible, pasando a ser reemplazada por un mamarracho de organización en donde la suerte de los ciudadanos quedaría en manos del Estado y de las ocurrencia de sus funcionarios.

Esta retroactividad es, precisamente, de la que el Gobierno se está valiendo para aplicarle la nueva ley de subrogancias al juez Cabral. Esta norma le permite a la mayoría automática (simple) kirchnerista en el Consejo de la Magistratura remover jueces subrogantes de acuerdo a su única voluntad y decisión. Según la ley anterior (que debería seguir gobernando la situación de Cabral por el principio de irretroactividad) los jueces subrogantes tienen todas las características del juez natural (inamovilidad, indemnidad) y deben permanecer en sus cargos hasta tanto un juez definitivo sea nombrado.

A Cabral lo echaron sin que mediara ninguno de estos procedimientos. De hecho, el abogado Vázquez es otro subrogante, no es el juez definitivo porque para su nombramiento la presidente no elevó su pliego al Senado.

Más allá de que no sea un requisito constitucional -porque obviamente de lo contrario no podrían nombrarse jueces que no lo hayan sido antes- recordemos el detalle que Vázquez jamás ha ocupado un cargo en la judicatura, con lo que uno de los lugares en el máximo tribunal penal del país pasaría a estar ocupado por un señor que no tiene la más mínima experiencia tribunalicia. Seguramente Alvarez y todo el gobierno deben haber quedado impactados por sus sobresalientes conocimientos para resolver “cuestiones sensibles para el Estado”

Los dichos del viceministro de Justicia no hacen otra cosa que agregar más componentes absurdos a una discusión que, evidentemente, solo ha sido motivada por el hecho que el Gobierno no tolera que lo controlen ni mucho menos que le discutan su poder.

El acuerdo con Irán ha sido un adefesio de principio a fin. Inició una era de oscuridades en la Argentina que terminaron con un fiscal muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su casa y con una presidente acusada de encubrir a criminales.

Ahora, sus efectos residuales están haciendo volar por la ventana a jueces probos bajo el argumento de que “no estudiaron para eso” como si, quien lo dice, fuera una eminencia jurídica con capacidad para ejercer una especie de censura profesional sobre los demás.

Sería muy interesante que alguien más temprano que tarde ponga fin a todo este cachivache dirigido únicamente a encubrir ineptitudes que no hecho otra cosa más que avergonzar internacionalmente al país.

El eslabón final para destruir la independencia de los poderes

En los últimos días de la pasada semana el Gobierno dio muestras acabadas de lo que es capaz de hacer con la Justicia y los jueces cuando considera que se afectarán sus intereses, sus conveniencias o sus temores más importantes. En una jugada cuya extensión no duró más de 96 horas, tiró por la ventana al juez Luis María Cabral que, como subrogante, ocupaba la vicepresidencia de la sala 1 de la Cámara de Casación Penal.

Ese tribunal teóricamente iba a dar a conocer el lunes pasado su decisión de confirmar la inconstitucionalidad del pacto con Irán, tal como ya lo había afirmado la Cámara de Apelaciones. Sorpresivamente, y por un comunicado de su presidente, la jueza Ana María Figueroa, el mismo lunes se anunció que la lectura del fallo se posponía.

La Dra. Figueroa el día martes envío un escrito al Consejo de la Magistratura advirtiendo sobre el vencimiento del plazo de las subrogancias para el próximo 30 de junio. A las siguientes 36 horas, el Consejo de la Magistratura por mayoría simple (la mayoría automática del oficialismo) desplazó de su lugar al Dr. Cabral y nombró a Marcelo Vázquez, un abogado militante que había defendido en varios medios el llamado “proyecto de democratización de la justicia”.

La decisión de la sala 1 de la Cámara de Casación, cuya lectura se esperaba el lunes, iba a ser contraria a la constitucionalidad del pacto con Irán por los votos de los doctores Cabral y Geminiani. La Dra Figueroa iba a votar en disidencia respaldando el memorándum.

El oficialismo ignoró todas las previsiones legales y constitucionales para llevar adelante esta operación. Manejó el Consejo cono si fuera una agencia dependiente del poder ejecutivo: una secretaría de Estado aparece con más poder que esa institución independiente prevista en la Constitución. El Consejo acató las órdenes moviéndose a la velocidad del rayo. Se trata del mismo organismo que demoró tres años para estudiar el caso del dudoso juez Oyarbide para luego terminar respaldándolo.

Los jueces subrogantes, además, no pueden ser reemplazados por otros subrogantes: su lugar debe ser ocupado por un juez natural y definitivo. Nadie podía sacar a Cabral de ese lugar nombrando un nuevo suplente. Se debería haber puesto en marcha el mecanismo de selección y elección de los jueces que prevé la Constitución con intervención del Consejo de la Magistratura, la presidente y el Senado. Nada de eso ocurrió.

Lo que sucedió, en cambio, fue una veloz operación que pone en evidencia cómo el Gobierno piensa manejarse de ahora en más con la estructura que, a través de Justicia Legitima, el Consejo y Gils Carbó ha montado en la Justicia.

Desde la denuncia del fiscal Nisman, el oficialismo venía apuntándose varios “éxitos” en su derrotero de encubrir lo que ha ocurrido allí. En primer, lugar logró que la Justicia desestimara la denuncia del fiscal muerto en extrañas circunstancias. Luego de que Nisman apareciera con un tiro en la cabeza en el baño de su casa y de que el cadáver de una mujer apareciera incinerado a una cuadra de allí sin que hasta ahora nadie se haya presentado a reclamar por ella, los fiscales Pollicita y Moldes tomaron la causa y la mantuvieron viva hasta que los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, la mandaron a archivar sin siquiera tener el mínimo acto de curiosidad judicial de mandar a producir al menos algunas de las casi 50 medidas de prueba solicitada por los fiscales. El fiscal Moldes apeló a Casación pero sugestivamente ese pedido entró al tribunal a una hora en la que el fiscal de turno en Casación había cambiado. El expediente cayó en manos del ultrakirchnerista De Lucca que no respaldó la apelación de Moldes, con lo que la causa se archivó.

Respecto de la muerte de Nisman, el Gobierno logró crear un lodazal tan grande en la causa que ya casi nadie sabe dónde está parado. La escena del crimen se destruyó –con participación oficial- la misma noche del descubrimiento, la fiscal Fein no estuvo nunca a la altura de las circunstancias y el aparato de propaganda oficial desacreditó al fiscal, a su vida privada y a su familia para crear un barro del que hoy es muy difícil salir. No sería extraño que más pronto que tarde la jueza Palmaghini se incline por la tesis del suicidio y mande las actuaciones al archivo.

De todo este paquete, el cabo suelto que quedaba era la decisión sobre la intrínseca inconstitucionalidad del documento que dio origen a todo el entuerto. La Justicia estaba a punto de dar a conocer esa decisión en un fallo confirmatorio de Casación, pero el kirchnerismo apretó el acelerador, desplazó a quien tenía que desplazar y ahora, seguramente, dará a conocer por una de las tantas escribanías que fabricó durante su mandato (en este caso una de las salas de la Cámara de Casación Penal), la decisión de declarar constitucional el pacto con Irán.

Se trata de una situación de suma gravedad sobre la que no se sabe si existe suficiente conciencia en la sociedad. El Gobierno ha avanzado, justamente, sobre ese desdén. Dándole a la Justicia el valor que no le da quien más debería hacerlo -el ciudadano común, a la protección de cuyas libertades está dirigido en primer lugar el accionar de los jueces- el kirchnerismo entendió desde la primera hora que su proyecto de hegemonía y de absolutismo no sería posible con  una prensa y magistrados independientes. Por lo tanto dirigió sus cañones a terminar tanto con una como con la otra. Una incomprensible ceguera cívica hizo posible que avanzara enormemente en su ambición y en el logro de su objetivo.

Una fórmula competitiva y coherente

Mauricio Macri finalmente decidió cuál será su compañero de fórmula para las futuras elecciones. Se trata de Gabriela Michetti su elegida de siempre y con quien llegó a la primera jefatura de gobierno de Buenos Aires con el PRO.

Como se sabe, Macri tenía en mente el diseño de unas PASO sin competencia en la ciudad, con Rodriguez Larreta como candidato único del espacio y Michetti como su compañera en la fórmula presidencial.

Pero la senadora se negó a ese esquema y quiso competir por la jefatura porteña. Perdió. Fue un triunfo para la fortaleza de Macri pero muchos intuyeron que se trataba de una primera rispidez dentro del PRO que quizás traería sus consecuencias.

Lo que ocurrió hoy parece demostrar que, en el partido, se aprendió una lección profunda: la gente sigue privilegiando la capacidad de estar juntos en las diferencias y de reivindicar el valor de los acuerdos sustanciales antes que los distingos por pretensiones electorales.

No hay dudas de que Gabriela Michetti es la figura más “externa” del PRO, no porque esté en los márgenes o no pertenezca al riñón más profundo del partido: al contrario nació a la política junto con Mauricio Macri y desde allí construyó un perfil propio.

Muy amiga de Elisa Carrió, Michetti una vez que dejó la vicejefatura del gobierno para ir al Senado, se alejó un poco del círculo íntimo de las decisiones que fueron más bien centradas por el propio Macri, Duran Barba y Marcos Peña.

Es más, el nombre del secretario general del Gobierno de la Ciudad era uno de los que más sonaban para integrar la fórmula presidencial. La concreción de esa idea le hubiera dado una pátina “kirchnerista” al PRO: se habría manifestado como otro partido en donde en la cumbre hay muy pocas personas y finalmente todo el gobierno se reduce a un minúsculo grupo de personas que toma todas las decisiones.

La elección de Michetti es una señal en sentido contrario a esa interpretación. Es más, muchos decían que luego del empecinamiento de la senadora por competir en las PASO de la Capital, se había producido un distanciamiento con Macri. Quizás haya sido cierto o, tal vez, la interpretación exterior de un conjunto de analistas que le aplicaban al PRO las reglas estándar de la política clásica.

Con esta movida Macri demuestra una veta bien opuesta a la Sra. de Kirchner, que jamás hubiera perdonado un desaire de esa naturaleza; la presidente se la hubiese tenido jurada de por vida a quien fuese que se hubiera atrevido a contradecir una orden suya.

Michetti es una llave importante también para un distrito evidentemente débil para el PRO como es la provincia de Buenos Aires. La fórmula Vidal-Salvador, con Fernando Niembro como primer candidato a diputado, necesitará del apuntalamiento de alguien que tiene mucho predicamento en las clases medias y en el electorado independiente.

Si bien es cierto que el PRO no puede contentarse con el discurso “nosotros somos la nueva política” para seducir a esa franja “independiente” de los votantes (como ocurrió en Santa Fe en donde la performance de Del Sel proveniente de la no-política no fue suficiente para un triunfo claro sino que se alcanzó un empate que aun pende de la decisión de los tribunales electorales), es verdad que los acontecimientos de las PASO de la Capital (y quizás también lo de Santa Fe) hayan ayudado para que Macri insistiera con Michetti y ésta aceptara, dejando atrás roces del pasado reciente.

En ese sentido, hay que reconocer que el jefe de Gobierno porteño ha sido bastante coherente con lo que insinuaba desde el primer momento: él siempre quiso que Gabriela fuera su compañera y también interpretaba esa movida como una defensa de lo que hoy se llama “purismo” del PRO: al final de cuentas la senadora había estado con él desde mismo comienzo.  Lo que ocurre es que luego del “desafío” que Michetti le planteó a su jefe forzando una interna con Larreta, ella se forjó esa imagen de “oposición” a Macri dentro del PRO, por el mero hecho de que él endosó públicamente la candidatura de su jefe de Gabinete. Por eso la elección de Michetti es importante como señal al electorado independiente en el sentido de dejar en claro que el jefe del parido no es un sectario, como muchas movidas de la presidente autorizan a sospecharlo de ella.

Michetti tiene una relación muy estrecha con el Papa Francisco. Su confesor en Buenos Aires, el padre Carlos Accaputo, es el alter ego de Bergoglio en Buenos Aires. Eso le permite articular un discurso social no por conveniencia, sino por convicción, que la alejan del cliché simplemente librecambista con el que muchos pretenden, equivocadamente, etiquetar al PRO. De hecho sus comienzos fueron casi junto a Javier Auyero, el hijo de Carlos, el prominente dirigente de la Democracia Cristiana que hasta integró la famosa “Hora del Pueblo” con Perón y Balbín.

Scioli-Zannini, ¿la fórmula para retener el poder?

La decisión de la presidente de colocar como candidato a vicepresidente de Daniel Scioli a Carlos Zannini comienza a develar parte de lo que ya muchos comentarios venían anticipando.

En efecto, desde que Scioli confesó querer ser presidente, comenzó un largo camino de chicanas y obstáculos a la que la presidente y sus “equipos” sometieron al gobernador y que, de alguna manera, quedaron claras en el único discurso público que se le conoce a Máximo Kirchner cuando en la cancha de Argentinos Juniors dijo que eventualmente podrían entregar el gobierno pero no el poder.

La designación de Zannini obviamente va en esa dirección. El Secretario Legal y Técnico es el cerebro gris del proyecto oficial. Wado de Pedro acaba de definirlo como el corazón del proyecto. Maoista de convicción, Zanini efectivamente representa la ambición de construir un modelo en el que se conforme, por un lado, un ejército de súbditos esclavizados (nosotros) y, por el otro, una casta privilegiada con acceso a todas las desigualdades de la vida (ellos). Ese es, en efecto, “el corazón del proyecto”. Continuar leyendo

Lo que el 25 de Mayo dejó

Los festejos del 25 de mayo actuaron como una confirmación de que el kirchnerismo y, particularmente, la Presidente, creen que el país les pertenece.

La parafernalia de propaganda y show, meticulosamente preparados por expertos en transmisión de mensajes a las masas, fueron el capítulo central de la utilización de una fecha que es de todos para un burdo fin partidista y personal.

Como ocurre con todos los demás resortes del Estado, la mandataria usufructúa una estructura fondeada por los apretados bolsillos de todos los argentinos para beneficiarse personalmente y para sacar una tajada electoral parcial e injusta sobre los demás sectores.

De la misma manera abusa de la cadena nacional, de la impresión de dinero sin respaldo, de las agencias estatales -a las que utiliza con fines partidarios o directamente personales- y de los recursos públicos a los que gasta como si fueran la caja chica del Frente para la Victoria.

Por supuesto que la jefa del  Estado no perdió oportunidad para agregar más metros a la división de los argentinos. Lo hizo durante los cuatro días en los que dispuso conmemorar la llegada al poder de su familia, y lo coronó el lunes al trasladarse a Luján para hacer su propio Tedeum en lugar de participar del clásico que toda la vida se celebra en la catedral de Buenos Aires.

No lo hizo porque allí estaba Macri, de la misma manera que jamás asistió al Colón y por las que mandó a construir el suyo propio a razón de 3000 millones de pesos en el e edificio de la Secretaría de Telecomunicaciones.

Bautizó la impresionante obra como Centro Cultural Kirchner y lo inauguró descubriendo su emblema: una enorme letra K en celeste y blanco. Como dijera Alejandro Borenstein: “ni Idi Amin Dada se animó a tanto”. El detalle recuerda a esas películas futuristas sobre totalitarismos en donde alguna letra o emblema identifican al régimen.

¡Qué bueno sería que ese nombre hubiera sido elegido por otro gobierno! Que la misma obra y el mismo nombre hubieran sido decididos por el presidente “Gómez” o por el presidente “Zárate”. No hay nada de malo en que una obra para la posteridad lleve el nombre de un presidente. Lo malo es que la obra y el nombre sean decididos por el presidente cuyo apellido coincide con el nombre de la obra.

Eso está mal. No hay discusión posible. Hay cosas que el sentido de la decencia prohíbe. Esta es una de ellas.

Hacia el final del gobierno de Menem, el Congreso estuvo a punto de aprobar la ley para construir la red nacional de autopistas, libres de peajes. Era una obra necesaria. El proyecto había sido ideado por el equipo del Dr Guillermo Laura y era parte de las obras del programa “Metas del Siglo XXI”. Se trataba de 10000 km de autopistas gratis que unirían como una telaraña todo el territorio argentino.

Al presidente se le ocurrió entonces llamar a ese proyecto “Red Federal de Autopistas Presidente Menem”. El Congreso lo rechazó. No solo rechazó el nombre, mando para atrás e hizo perder estado parlamentarios al proyecto de ley completo. La posibilidad de llevar adelante la obra no se trató nunca más.

Menem estaba en sus días de decadencia y su egolatría y, muy probablemente la misma inclinación a creer que la Argentina le pertenecía, lo llevaron a querer poner su nombre inmortal al sistema. Un perfecto resumen de lo que es hacer todo mal: el presidente creyéndose un dueño de estancia y un Congreso vengativo sin saber distinguir entre la egolatría y el bien del país.

En los EEUU (de donde el sistema fue copiado) lleva, efectivamente, el nombre del presidente que impulsó la idea, Dwight Eisenhower, pero no fue él quien le puso el nombre a la red. El Congreso aprobó la ley bajo el nombre “Federal-Aid Highway” y solo bastantes años después otro Congreso y otro presidente bautizó el sistema de transporte y defensa con el nombre del presidente que le había dado impulso.

¡Qué bueno que ocurriera eso en la Argentina! Hoy todo se llama “Kirchner” o “Nestor Kirchner”. En varias ciudades del interior hay calles que se cruzan con el mismo nombre. La inmobiliaria de Máximo Kirchner en Rio Gallegos se encuentra sobre la Avenida Néstor Kirchner. ¿Y bajo el gobierno de quién se pusieron todos esos nombres? Bajo el gobierno de la familia Kirchner.

En esa misma línea, el 25 de mayo festejado no fue la conmemoración de la jornada de 1810. Fue el recuerdo del 2003, cuando Néstor Kirchner ganó la presidencia por una “serie de penales” que el contrario se negó a patear.

Este copamiento del país ha tenido como cómplice a media Argentina. Una parte electoralmente decisiva de la sociedad  compró el paquete de las “nimiedades seguras” antes que el de los “sueños posibles”. Se entregó a un horizonte barato porque no se creyó a la altura de imaginaciones grandes. Los Kirchner se mostraron como el vehículo que entregaría esas “seguridades mínimas”, ofreciendo un pacto por el cual serían ellos los que se quedarían con los “sueños altos”.

No hay dudas de que las dos partes de ese contrato han logrado lo que querían: los Kirchner se convirtieron poco menos que en una familia real, propietaria de la República, y aquella parte de la sociedad que concedió el pacto, consiguió su “puestito”, su “salchicha y su mortadela”, su nimiedad segura. ¡Salud Argentina, por un 25 de mayo bien diferente de aquel que soñaron los que lo forjaron en 1810!

El éxito en el fracaso del ministro Kicillof

Como si se tratara de un enorme choque contra la realidad, prácticamente el mismo día en que la Presidente inauguraba el Centro Cultural Kirchner (ya no es “Nestor Kirchner” sino simplemente “Kirchner” en un obvio cambio para que la mandataria esté incluida también) el Foro Económico Mundial ubicaba a la Argentina en el lugar 140 entre 141 países verificados -el último es Venezuela- en el listado conocido como “clima de negocios”.

En efecto, el país ocupa el anteúltimo lugar en lo que se refiere a cómo ven los inversores a los países cuando se trata de considerar su ambiente para llevar negocios adelante.

Se trata de un objetivo cumplido: el ministro de economía Axel Kicilloff al poco tiempo de asumir su cargo dijo en el Congreso que había dos conceptos que odiaba: el de la seguridad jurídica y el de “clima de negocios”.

Muy bien, dos años después el mundo le dice que ha tenido éxito en su cometido; ha generado las condiciones para que la Argentina no sea tenida en cuenta para invertir porque se la considera impredecible y en manos de la discrecionalidad caprichosa del poder.

Resulta curiosa esta situación a la luz de lo que decía el jueves la Sra. de Kirchner en su decimonovena cadena nacional al inaugurar parte de su Escorial: “Estas inversiones solo las puede hacer el Estado, no el sector privado”.

En su aldeana guerra contra el individuo, Pa presidente ignora que solo en EE.UU. (por no mencionar otros países en donde ocurriría lo mismo) debe de haber no menos de 10 empresas privadas que valen mucho más que toda la Argentina. No hay ningún avance de la tecnología, de la industria, del confort y hasta de la ciencia que deba su origen al Estado. No hay invención humana conocida que provenga del Estado, desde el microchip a la bombacha todo lo que el hombre toca y consume ha sido fruto de la inventiva, de la creatividad y de la inversión privada.

Solo la compañía Apple dispone de activos líquidos de más de 200 mil millones de dólares, la mitad del PBI argentino. Repito: de activos líquidos, allí no se cuentan los materiales, los stocks, la marca. Nada. Solo billetes disponibles contantes y sonantes.

Según el documento del Foro Económico Mundial, este aspecto (el “clima de negocios”) analiza el entorno que tiene un país para que las empresas hagan allí negocios. “Estudios han encontrado relación significativa entre el crecimiento económico y aspectos como, cuán bien los derechos de propiedad son protegidos, y la eficiencia del marco legal”, reza el informe.

Resulta obvio que los derechos de propiedad no están bien cuidados en la Argentina y que la Justicia no se ha demostrado todo lo eficiente que debería en mostrarse como la reserva última de defensa de los derechos civiles y las garantías constitucionales.

Claramente, el exceso de regulaciones y un esquema de tipos de cambios múltiples, junto a limitaciones al giro de dividendos por parte de las empresas de capital extranjero, y manejo discrecional de la autorizaciones de pago de importaciones, además de un déficit fiscal que exige creciente financiamiento a través del aumento de la carga impositiva y de la inflación, han conspirado para configurar un severo deterioro del clima de negocios y pérdida de competitividad del país.

Son obvias las complejidades a las que el cepo cambiario ha sometido a toda la actividad económica. A ello sumábamos las consecuencias de pretender reprimir la inflación manteniendo el tipo de cambio oficial sobrevaluado lo que ha llevado a una contracción generalizada y a una clausura al comercio con el mundo que ha llevado al país a una situación de insignificancia extrema en cuanto a su peso específico y a su interrelación con los demás.

Las exportaciones han caído a niveles históricos, las importaciones están pisadas para entregar una falsa situación de reservas y la deuda está nuevamente en default. Estos han sido los logros duros de una gestión económica que se presenta como exitosa. Con una Presidente que cree (o hace que se cree) que los salarios aumentan a razón de 30% por año en términos reales en la Argentina y que se enoja porque no se lo reconocen cuando otros países apenas entregan mejoras del 1,5% (como fue su recordada acotación sobre España, un país que acaba de salir de un proceso deflacionario)

Lo único que cuenta a la hora de ver la realidad es cuánta inversión libre y voluntaria convoca la Argentina. La Presidente hizo esa referencia al Estado inversor, como si fuese la única fuente de la que se pueden esperar las soluciones. El Estado no genera un solo puesto de trabajo que no pague la sociedad con sus impuestos. Ninguno de esos empleos multiplica la riqueza. El único motor de la multiplicación de la riqueza (producir más con menos) es el sector privado.

En parte, la Presidente tiene razón cuando habla de la “inversión” estatal porque en el país todo depende del Estado. Pero esa no es la realidad del mundo. Es una verdadera pena que el suelo argentino no haya sido la tierra en donde geminarán “Apples”, “Toyotas”, “Samsungs”, “Disneys”, “Fiats”, “Siemenes”. Es una verdadera pena que el país que tenía todo para convertirse en un refugio de millonarios sea hoy una tierra llena de pobres.

Comisiones especiales

El  artículo 18 de la Constitución establece claramente que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales”.

Las “comisiones especiales” eran una norma en la dictadura rosista durante la cual era común someter a los opositores al régimen a “juicios populares” llevados a cabo por una variante de la mazorca con el nombre de “comisión especial de juzgamiento”

Se trata también de un expediente común en los totalitarismos que pretenden teñir de “avanzada popular” lo que no es otra cosa que una de las tantas manifestaciones de un régimen opresivo.

La característica principal de las comisiones especiales es la discrecionalidad y lo arbitrario de su composición y ensañamiento: nadie está seguro bajo un régimen de comisiones especiales, ni siquiera aquellos que son partidarios de ellas, porque como hoy están sentados en las bancas de los acusadores, mañana podrán estar en el banquillo de los acusados.

La ley general y ecuánime es el remedio constitucional contra esta arbitrariedad. No obstante, los constituyentes creyeron conveniente ser aun más rotundos y decir con todas las letras que ningún ciudadano puede ser sometido a los caprichos de una “comisión especial”

El sometimiento artero y de baja estofa contra el juez Fayt no es otra cosa que esto: la constitución de una “comisión especial” para juzgar a una persona por haber cometido el delito de cumplir años.

La declaración del jefe de Gabinete Aníbal Fernández en el sentido de que “si el juez no se somete a la requisitoria, la cuestión podría ser peor” constituye una amenaza contra las instituciones de la República que, sin más trámite, debería provocar su renuncia, por una abierta y confesada pugna con los principios establecidos en la Constitución, en donde se protegen los derechos y las garantías de la personas.

Quienes participan o endosan esta locura ni siquiera advierten que mañana podrían quedar atrapados por ella. Disfrutan alegremente de su posición de fuerza como si esta fuera a extenderse por siempre. Pero se les escapa que aquí no hubo un “ejercito” vencedor que hace gala de sus botas y de sus armas frente a ciudadanos vencidos e indefensos. Aquí gobierna la ley. Y la ley impide el atropello y las “comisiones especiales” para revisar personas. Aquí la ley impide botas pateando puertas y fuerzas de choque empujando ciudadanos.

Cuando se quiere impulsar un modelo estadocéntrico de la magnitud y profundidad que el que el kirchnerismo ha querido instaurar en la Argentina, muy particularmente a partir del año 2011, uno llega a la conclusión de que eso no se puede hacer manteniendo al mismo tiempo un sistema de libertades individuales y garantías constitucionales. Tarde o temprano ese modelo estadocéntrico lleva naturalmente  al autoritarismo.

Nos estamos acercando peligrosamente a esa etapa. Por lejana que parezca la situación por la que atraviesa el juez Fayt del tipo de modelo económico y de perfil social que el kirchnerismo ha querido instaurar, nos daremos cuenta, a poco que indaguemos, que ambas pretensiones están íntimamente vinculadas y responden a las mismas necesidades. No se puede hacer una cosa sin caer necesariamente en la otra.

El guerrillerismo ideológico, el marxismo económico y el fascismo político terminan siempre en “comisiones especiales”. Ha sido esa la regla del mundo y, por más original que se crea el kirchenrismo, no ha logrado escapar de esa regla de oro.

Razonamientos alarmantes

Muchas veces la selección de los temas que volcamos en estas columnas se hace difícil. Pero a veces los comentarios de la Presidente en cadena nacional producen un asombro tan profundo que realizar un comentario al respecto se hace esencial e ineludible.

Quiero hablar sobre sus expresiones en donde la Presidente, preguntándose “en qué mundo viven algunos”, hizo referencia al aumento de salarios en España para el período 2015-2018 de 1.5%.

La verdad uno no sabe cómo encarar los párrafos que siguen porque no se puede estar completamente seguro de que la mandataria esté hablando en serio.

En efecto, suponer que la Sra. de Kirchner nos pretende hacer creer sinceramente que en España son unos miserables porque en dos años y medio van a dar un aumento del 1.5% y aquí estamos en el paraíso porque se manejan cifras del 25/30%, resulta tan sorprendente que la posibilidad de que se trate de un chiste cargada no es completamente desechable.

De otro modo no se puede entender cómo siquiera se puede llegar a plantear la comparación entre la situación de un país en donde directamente hay deflación con otro en donde la tasa de incremento de los precios rozó en 2014 el 40%.

La Presidente incluso se enojó, diciendo “yo no sé cómo se animan a hablar”, como si quienes pidieran esos aumentos en la Argentina no vieran lo que ocurre en otros lugares del mundo, en donde esos ajustes son infinitesimales. Lo encaró  ácidamente (como es su costumbre) a Hugo Yasky como diciendo “¿de qué te quejás? Fijate lo que se aumenta en otros lugares contra lo que éste gobierno está autorizando en materia de ajustes salariales aquí… Deberías estar agradecido, antes que quejoso”.

Resulta obvio, a esta altura, preguntarse si realmente cree que se pueden comparar pasi pasu los dos casos. ¿La Sra. de Kirchner pensará que cuando los salarios se “aumentan” 30% el trabajador mejora 30% su capacidad adquisitiva porque todas las otras variables de la economía se mantienen estables y lo único que aumentan son los ingresos?

Si realmente toda la economía mantuviera los valores de su variables estables y los salarios vinieran aumentándose progresivamente al ritmo que lo vienen haciendo desde hace por lo menos 6 o 7 años, no cabe duda de que la Argentina habría hallado la fuente misma de la felicidad económica: otorgar incrementos impresionantes en los ingresos (comparados con lo que ocurre, efectivamente, en otros lugares del mundo) y por el otro lado mantener estables sus precios; todos seríamos millonarios.

En ese contexto, tampoco habría muchas explicación para la limitación de los aumentos al 25 o 30% por año: si esas movidas en los salarios son neutras en los precios, podrían darse aumentos del 100 o del 200% para acortar el camino a la riqueza absoluta.

De una manera similar, es muy común que la Presidente (lo ha hecho poco menos que en todos los mensajes inaugurales al Congreso) compare valores de la Argentina del 2003 con los de la actualidad, como si realmente creyera que se trata de términos monetarios constantes. Calculen ustedes que con las unidades monetarias que se necesitaban en 2003 para comprar un auto hoy solo se podría adquirir un teléfono celular. Pero parece que esas comparativas no le llaman la atención a la jefa del estado.

La gravedad de esta cuestión -que muchos hasta podrían pretender desechar porque considerarían inútil perder el tiempo con ella- radica en que la Presidente o está autoengañada o, al contrario, pretende engañar a los demás. No hay más que estas dos posibilidades. Y las dos, por cierto, son muy serias.

Si la Sra. de Kirchner cree realmente que su extraordinaria sabiduría ha encontrado la fórmula mágica de la felicidad,  por la vía de otorgar aumentos de salarios exorbitantes (medidos por lo que es normal en el mundo) a tal punto de sentirse ofendida porque no se lo reconocen vis a vis lo que ocurre en otros países a la vista de todo el mundo, el tema es grave por la enorme ignorancia económica que este pensamiento trasunta. Es casi de no creer. Suponer, efectivamente, que nuestra máxima autoridad está convencida de que todo el mundo nada en la abundancia por los aumentos salariales que su Gobierno ha homologado en los últimos años, sin advertir que todo eso se diluye en una alarmante pérdida del valor adquisitivo de los pesos con los que se pagan esos salarios por efecto de la imparable inflación, es de una gravedad tal que no nos quedaría otra que agarrarnos la cabeza.

Y si, al contrario, la Presidente supiera realmente la verdad pero adopta estas posturas para engañar a incautos que creen que su riqueza real aumenta por tener más billetes en el bolsillo, también estaríamos frente a un drama porque una especulación política tan baja y tan burda no cabría esperarse a esta altura del desarrollo de la democracia y de la información. Nadie podría decirlo y nadie debería creerlo. Si hay espacio para que nada menos la jefa de Estado lo diga, es porque ella cree que aún es posible que alguien lo crea. Y eso hablaría de una ignorancia promedio de la sociedad en materia económica muy preocupante.

No sabemos cuál de los dos engaños es el verdadero, si el autoengaño presidencial o la intención de engañar a la gente. Pero sea cual sea, ya sabemos que vivir en la mentira no es saludable. Sea que las digamos o que las creamos.

El asalto final a la Justicia

La indisimulada embestida contra la Corte no por obvia parece tener impacto en la sociedad, al menos de una manera electoralmente decisiva o que implique un impacto en la imagen del Gobierno o de la propia presidente. Parecería que el grueso de la cuidadanía no ha alcanzado a comprender aun que una administración con poder discrecional sobre las tres jurisdicciones del Estado es en su propio perjuicio y solo en beneficio de los que mandan.

La figura del Dr. Carlos Fayt ha sido la elegida para ensayar un copamiento a como dé lugar del más alto tribunal del país. Se trata del asalto final a lo que queda como estructura semi-independiente destinada a proteger los derechos civiles contra el poder arbitrario. Parece mentira que gran parte de la gente no entienda que ese mecanismo constitucional (que el Gobierno quiere demoler) ha sido diseñado en su beneficio y para limitar el poder avasallante del presidente y de un eventual Congreso dominado por una sola fuerza.

Los constituyentes hace 162 años fueron tan inteligentes que previeron que podía pasar lo que está pasando ahora. O fueron tan observadores que quisieron evitar otro episodio como el de la dictadura rosista.

Pero parecería que una indómita fuerza idiosincrática lleva a la sociedad a caer naturalmente en estos aluviones populistas y antidemocráticos, bajo el velo, justamente, de que esa marea sin límites que todo lo atropella es la mejor definición de la democracia.

El argumento utilizado hasta ahora contra Fayt es su salud psicofísica; crear la duda de si un hombre de 97 años está en condiciones de seguir entendiendo los mecanismos de la Constitución y si cumple con la condición de idoneidad para el ejercicio del cargo

No tengo pruebas de cómo se encuentra el juez Fayt desde ese punto de vista porque no lo veo desde hace 25 años. Más allá de que son incontables los casos de lucidez –y hasta de brillantez- intelectual en gente de edad avanzada, lo que sí parece indubitable es que es nada más y nada menos que la Presidente la que ignora por completo el diseño de la letra y, sobre todo, del espíritu constitucional.

La semana pasada, en respuesta a lo que había dicho el presidente de la Corte, el Dr Ricardo Lorenzetti, en el sentido de que la misión del Poder Judicial en general y de la Corte en particular es limitar el poder de los otros dos poderes a través del control de constitucionalidad de las leyes, la Presidente dijo textualmente: “el único control es el del pueblo”.

Pocas frases pueden condensar en siete palabras una aberración tan contundente. Resulta francamente grave que la jefa de Estado trasunte semejante nivel de desconocimiento acerca de cómo funciona el sistema republicano organizado por la Constitución. Si hay algo que los constituyentes quisieron evitar fue justamente el “llamado control por el pueblo”.

La razón es muy sencilla de comprender. “El pueblo” como ente controlador no existe: no tiene una organización jurídica, no tiene procedimientos y tampoco tiene el ejercicio monopólico de la coacción. Por lo tanto la frase “el único control es el del pueblo”, no es más que un desiderátum populista. Siguiendo ese criterio también podríamos -como reemplazamos el control de constitucionalidad ejercido por la Justicia por un control único ejercido por el “pueblo”- reemplazar las cárceles convencionales por “cárceles del pueblo” como las que usaban, justamente, las organizaciones criminales de los 70 que, en la terminología de la Constitución “se arrogaban la representación del pueblo”

De todos modos, la Presidente no es la responsable última de estas inconsistencias graves con la libertad. Ella cumple con el perfecto manual del demagogo populista endulzando los oídos de la gente que parece idiotizarse cuando escucha la palabra “pueblo”. Ella  conoce perfectamente cuáles son sus limitaciones, aquellas cosas que no puede hacer y por qué no podría hacerlas. Pero también sabe que eso no le conviene a sus intereses y a sus objetivos de ir por todo, entonces se ha propuesto testear la convicción libertaria de la sociedad. Y ese examen le está dando bien. Estira y estira la soga del poder y los argentinos siguen adormecidos, embobados con alguien que les dice que “ellos” tienen el control, que no tiene de qué preocuparse porque ella está allí para defender la “voluntad popular” contra los poderes oligárquicos y concentrados.

La Constitución quería otra cosa: quería investirnos de derechos inviolables para que, con su ejercicio, las decisiones de nuestras vidas las tomemos nosotros. Para garantizarnos esos derechos puso a nuestra disposición un Poder Judicial encargado de decirle al Gobierno: “Señor, no puede traspasar esta línea”. Pero a nosotros nos ha resultado más cómodo vivir como soldados.