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El eslabón final para destruir la independencia de los poderes

En los últimos días de la pasada semana el Gobierno dio muestras acabadas de lo que es capaz de hacer con la Justicia y los jueces cuando considera que se afectarán sus intereses, sus conveniencias o sus temores más importantes. En una jugada cuya extensión no duró más de 96 horas, tiró por la ventana al juez Luis María Cabral que, como subrogante, ocupaba la vicepresidencia de la sala 1 de la Cámara de Casación Penal.

Ese tribunal teóricamente iba a dar a conocer el lunes pasado su decisión de confirmar la inconstitucionalidad del pacto con Irán, tal como ya lo había afirmado la Cámara de Apelaciones. Sorpresivamente, y por un comunicado de su presidente, la jueza Ana María Figueroa, el mismo lunes se anunció que la lectura del fallo se posponía.

La Dra. Figueroa el día martes envío un escrito al Consejo de la Magistratura advirtiendo sobre el vencimiento del plazo de las subrogancias para el próximo 30 de junio. A las siguientes 36 horas, el Consejo de la Magistratura por mayoría simple (la mayoría automática del oficialismo) desplazó de su lugar al Dr. Cabral y nombró a Marcelo Vázquez, un abogado militante que había defendido en varios medios el llamado “proyecto de democratización de la justicia”.

La decisión de la sala 1 de la Cámara de Casación, cuya lectura se esperaba el lunes, iba a ser contraria a la constitucionalidad del pacto con Irán por los votos de los doctores Cabral y Geminiani. La Dra Figueroa iba a votar en disidencia respaldando el memorándum.

El oficialismo ignoró todas las previsiones legales y constitucionales para llevar adelante esta operación. Manejó el Consejo cono si fuera una agencia dependiente del poder ejecutivo: una secretaría de Estado aparece con más poder que esa institución independiente prevista en la Constitución. El Consejo acató las órdenes moviéndose a la velocidad del rayo. Se trata del mismo organismo que demoró tres años para estudiar el caso del dudoso juez Oyarbide para luego terminar respaldándolo.

Los jueces subrogantes, además, no pueden ser reemplazados por otros subrogantes: su lugar debe ser ocupado por un juez natural y definitivo. Nadie podía sacar a Cabral de ese lugar nombrando un nuevo suplente. Se debería haber puesto en marcha el mecanismo de selección y elección de los jueces que prevé la Constitución con intervención del Consejo de la Magistratura, la presidente y el Senado. Nada de eso ocurrió.

Lo que sucedió, en cambio, fue una veloz operación que pone en evidencia cómo el Gobierno piensa manejarse de ahora en más con la estructura que, a través de Justicia Legitima, el Consejo y Gils Carbó ha montado en la Justicia.

Desde la denuncia del fiscal Nisman, el oficialismo venía apuntándose varios “éxitos” en su derrotero de encubrir lo que ha ocurrido allí. En primer, lugar logró que la Justicia desestimara la denuncia del fiscal muerto en extrañas circunstancias. Luego de que Nisman apareciera con un tiro en la cabeza en el baño de su casa y de que el cadáver de una mujer apareciera incinerado a una cuadra de allí sin que hasta ahora nadie se haya presentado a reclamar por ella, los fiscales Pollicita y Moldes tomaron la causa y la mantuvieron viva hasta que los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, la mandaron a archivar sin siquiera tener el mínimo acto de curiosidad judicial de mandar a producir al menos algunas de las casi 50 medidas de prueba solicitada por los fiscales. El fiscal Moldes apeló a Casación pero sugestivamente ese pedido entró al tribunal a una hora en la que el fiscal de turno en Casación había cambiado. El expediente cayó en manos del ultrakirchnerista De Lucca que no respaldó la apelación de Moldes, con lo que la causa se archivó.

Respecto de la muerte de Nisman, el Gobierno logró crear un lodazal tan grande en la causa que ya casi nadie sabe dónde está parado. La escena del crimen se destruyó –con participación oficial- la misma noche del descubrimiento, la fiscal Fein no estuvo nunca a la altura de las circunstancias y el aparato de propaganda oficial desacreditó al fiscal, a su vida privada y a su familia para crear un barro del que hoy es muy difícil salir. No sería extraño que más pronto que tarde la jueza Palmaghini se incline por la tesis del suicidio y mande las actuaciones al archivo.

De todo este paquete, el cabo suelto que quedaba era la decisión sobre la intrínseca inconstitucionalidad del documento que dio origen a todo el entuerto. La Justicia estaba a punto de dar a conocer esa decisión en un fallo confirmatorio de Casación, pero el kirchnerismo apretó el acelerador, desplazó a quien tenía que desplazar y ahora, seguramente, dará a conocer por una de las tantas escribanías que fabricó durante su mandato (en este caso una de las salas de la Cámara de Casación Penal), la decisión de declarar constitucional el pacto con Irán.

Se trata de una situación de suma gravedad sobre la que no se sabe si existe suficiente conciencia en la sociedad. El Gobierno ha avanzado, justamente, sobre ese desdén. Dándole a la Justicia el valor que no le da quien más debería hacerlo -el ciudadano común, a la protección de cuyas libertades está dirigido en primer lugar el accionar de los jueces- el kirchnerismo entendió desde la primera hora que su proyecto de hegemonía y de absolutismo no sería posible con  una prensa y magistrados independientes. Por lo tanto dirigió sus cañones a terminar tanto con una como con la otra. Una incomprensible ceguera cívica hizo posible que avanzara enormemente en su ambición y en el logro de su objetivo.

La claudicacion de la Justicia

Resulta muy difícil mantener las expectativas institucionales en un nivel de esperanza alto cuando uno ve las cosas que ocurren en la Argentina, delante de las narices de todos.

Es cuestión de ver lo que sucede con causas que en otros países serían un escándalo de tal magnitud que hubieran puesto en apuros al más fuerte de los gobiernos. Nos referimos, claramente a la causa AMIA, a la del doble encubrimiento de los posibles autores del atentado, de la muerte violenta del fiscal especial de su investigación y a la firma del tratado que intentó llevar a la Argentina a negociar con los presuntos asesinos.

La primera de todas, la causa madre, hace 21 años que está bloqueada, sin avances, con acusados pero sin juicio, con enormes dudas sobre posibles conexiones locales y sin ningún horizonte de solución y de justicia para las víctimas.

Esa causa tiene, a su vez, dos sub-causas por encubrimiento. Una en donde Carlos Menem y Hugo Anzorreguy están imputados por encubrimiento y otra en donde la presidente Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman fueron acusados por el fiscal especial de la causa de montar una operación para salvar de la justicia a los acusados iraníes.

A su vez, para llevar adelante este último objetivo, esa fiscalía especial a cargo de Alberto Nisman supuso que se firmó un pacto inconstitucional con el gobierno de Ahmadinejah para saltear los tribunales argentinos y someter a los acusados a un “fallo” convenido con el presunto autor ideológico del crimen.

Cuatro días después de hacer pública semejante hipótesis y de plasmarla en una denuncia, Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza en el balo de su casa.

Esa causa fue un barrial desde el inicio y probablemente se haya echado tanta tierra y tanta agua en ese lodazal inicial que ya no se posible avanzar en ninguna luz aclaratoria. ¿Cómo es posible confiar o tener esperanzas en el funcionamiento institucional de la Argentina si las gravedades involucradas en estas causas pueden ser susceptibles de ser sometidas a una manipulación de tal porte como para que todo sea reducido a la nada?

Lo ocurrido con la apelación de la denuncia de Nisman en la Cámara Federal (Sala 1) es francamente inaudito. Tan inaudito como groseramente obvia la maniobra.

La apelación debía llegar al primer piso de Comodoro Py desde el segundo piso de ese edificio el miércoles antes de las 13:30 para que el impulso de la denuncia recayera en el fiscal Ricardo Weschler, un funcionario judicial de larga trayectoria, imparcial y no adicto a ninguna agrupación política.

Extrañamente, el escrito -que debía recorrer no más de 100 escalones- no llegó antes de las 13:30. A esa hora vencía el turno de Weschler  y comenzaba el de Javier De Luca, un fiscal de Justicia Legitima, cuya jefe política es la imputada en la denuncia.  A su vez la sala de Casación que debería tratar la causa -si es que De Luca recomienda abrirla (lo que en las presente circunstancias sería un milagro)- es la misma que decidirá la suerte de otro juez quien tiene en la mira a la presidente y a su familia por las actividades de Hotesur, el juez Claudio Bonadío.

También esa sala deberá decidir sobre la declaración de inconstitucionalidad del Memorandum con Irán, que antes había dictado la Sala 1 de la cámara Federal.

En medio de todas estas extravagancias, se tomó conocimiento oficioso sobre la existencia de canales de comunicación entre la presidencia y algunos jueces para sellar una especie de pacto de no agresión, por el cual se garantizara la no investigación del poder, como mínimo hasta las elecciones.

Resulta francamente increíble que quienes tienen supuestamente a su cargo la defensa última de los individuos frente al poder claudiquen ese alto cometido  en aras de arreglos cuyos beneficios solo ellos conocen.

Si alguien a esta altura tiene dudas de por qué la Argentina ha descendido a los infiernos del subdesarrollo luego de haber conocido las bondades de la civilización, de la abundancia y la afluencia del desarrollo, debería buscar la respuesta en estos meandros nauseabundos que han hundido la vigencia y el funcionamiento de las instituciones.

Si la justicia de los contratos, la seguridad jurídica de las inversiones y la previsibilidad de las normas se rigieran -como se rigen- por los mismos principios que en el país se han utilizado para manejar las causas que aquí comentamos, no es para nada extraño que aquí no venga nadie a poner un peso, como de hecho no vienen.

No hay casualidades en el mundo sino causalidades. Lo que le ocurre a la Argentina en materia económica -un notable languidecimiento de su performance y un diferencial inexplicable entre su realidad y su potencia- es consecuencia de la debilidad de las instituciones de limitación del poder del Estado, empezando, claro está, por la debilidad, la falta de jerarquía y la pusilanimidad de su Justicia.

Aunque parezcan cuestiones desconectadas, el que quiera explicar su pobreza y su falta de recursos, no debería mirar tanto a su billetera como a los sillones de sus jueces.

Una acumulación de intrigas sin resolución

La Dra .Sandra Arroyo Salgado volvió a elevar la temperatura del caso Nisman el día jueves, cuando desde San Isidro y flanqueada por eximios peritos forenses, presididos nada menos que por el Dr. Osvaldo Raffo, brindó una conferencia de prensa en la que taxativamente afirmó que a su ex esposo lo habían asesinado. “La teoría del suicidio y del accidente, están descartadas”, dijo.

Apoyada en precisos datos técnicos la jueza federal fundamentó la postura de la querella en que había pruebas forenses de que el cuerpo había sido movido, de que no presentaba un espasmo cadavérico como afirmaron los peritos oficiales y que la hora de su muerte había que situarla a unas 36 horas antes de la autopsia, entre las 20 y las 22 hs. del sábado 17 de enero.

Eso da casi un día completo de tiempo a quienes quisieron manipular la escena del crimen para moverse con impunidad. Es posible, incluso, que cuando el periodista del Buenos Aires Herald, Damián Pachter, tuitea por primera vez la noticia, no hubieran estado terminados los trabajos escenográficos que querían plantarse. De allí las amenazas que recibió y su consecuente salida del país.

La fiscal Viviana Fein llamó ahora a los peritos de parte para que la vean personalmente esta semana que viene. Pero no caben dudas que la autoridad con la que habló Arroyo Salgado, el nivel de los antecedentes de sus peritos -encabezados, repito, por quien es considerado por sus propios colegas como un prócer de la medicina forense- y hasta el formato ordenado, técnico y prolijo de su conferencia de prensa, han introducido un elemento nuevo de un enorme paso en el caso.

Llamó la atención, incluso, el contraste entre la impecable presentación de la ex esposa de Nisman y el nivel de chapucería que ha rodeado tanto a la investigación oficial como a las referencias que el Gobierno ha manejado hasta ahora.

Al fiscal Nisman se le ha dicho de todo desde que falleció: que era gay, que era un playboy bon vivant que no dejaba mujer en estado vertical, que era un borracho (Pagina/12 y el sitio del Ministerio de Justicia InfoJus dieron a conocer un supuesto informe oficial que decía que el fiscal tenía 1.73 gr de alcohol en sangre, cuando en realidad tenía 1.72 gr de alcohol en el estómago, propio de la metabolización química que hace el hígado de los azúcares que se ingieren) que era un “loquito” que tomaba pastillas, que lo había matado Lagomarsino fruto de una pelea pasional, en fin, una difamación tras otra en una lógica coherente con la tendencia del Gobierno a culpar al mensajero antes de ocuparse del mensaje.

Por lo demás, se siguen acumulando intrigas que no se aclaran. ¿Qué pasó con la mujer incinerada a solo pocos metros de la Torre Le Parc? Nadie se ha presentado a reclamar por ella; nadie ha notado su falta. Aparentemente no era hija, ni madre, ni hermana, ni sobrina, ni tía de nadie. Era alguien completamente desvinculado de toro otro ser humano vivo de este mundo (o de este país) que se interesara por su suerte, una vez que dejó de tener noticias de ella. No hay datos de filiación porque la carbonización no dejó rastros.

Algunos se preguntan si había alguien más con Nisman la noche de ese sábado en su departamento. Alguien puesto, que le abrió la puerta a sus asesinos y que también pagó con su muerte

Su complicidad en el caso. Alguien que luego fue quemado a pocos metros de allí.

El periodista Jorge Asis afirma saber que la fiscal Fein contó delante de un grupo de gente de su confianza que ella ocultó pruebas “porque esto sería un escándalo nacional si se conocieran”.

Como se ve, el caso va tomando unas proporciones de seriedad que no sabemos si el Gobierno meritúa como debe o si apuesta, como lo ha hecho otras veces -incluso con éxito- ante diferentes circunstancias, al olvido y a que otro maremoto de noticias tape lo viejo.

Pero a primera vista este caso es muy pesado para que ocurra eso. El viernes la Dra.Kamelmajer de Carlucci -una de las autoras de la reforma del Código Civil y Comercial- afirmó que tiene la certeza de que el fiscal fue asesinado por un conjunto de agentes iraníes de inteligencia que actúan en el país. Se trata de una versión más de una ensalada cada vez más densa, que no se sabe si ha sido provocada a propósito para que nada se sepa y nada se resuelva o si es un desquicio real por la impericia con que los investigadores judiciales se han manejado hasta ahora.

Lo cierto es que la Presidente debería tomar este caso con seriedad en su propio beneficio. Las tácticas de difamación y enchastre no solo no dan resultado sino que aparecen con una carga de deshumanización que seguramente no le estará haciendo ningún favor a su imagen.

Es mejor aceptar el problema y encararlo antes que apostar a una acarralada de cizañas de las que nunca sale nada bueno.

Una oportunidad para la Presidente

Finalmente el fiscal Pollicita apeló la decisión del juez Daniel Rafecas que había desestimado la denuncia original de Alberto Nisman sobre el encubrimiento a los acusados en la causa AMIA.

La sala sorteada para entender en la apelación ha sido la sala I, la misma que declaró inconstitucional el memorándum con Irán y la misma que confirmó a Claudio Bonadío al frente de la causa Hotesur. Antes de eso, el fiscal Carlos Rívolo deberá elevar su dictamen sobre la procedencia de la apelación, en lo que todo el mundo prevé como un respaldo incondicional a la investigación que pide Pollicita.

Éste, a su vez, se basó en hechos prácticamente derivados del sentido común para pedir a la Cámara que se aboque al entendimiento en la causa: “Señores, por favor investiguen; lo que les estoy presentando no es una sentencia, es simplemente eso: un pedido de investigación… Creo que hay suficientes medidas de prueba pedidas como para desestimar in límine la actuación”. Continuar leyendo →

Un largo relato del Relato

No se olvidó del que le gritó. Lo buscó con la mirada y le dirigió, durante los próximos diez minutos, como mínimo cuatro acidas admoniciones. Alguien le había dicho que no olvidara mencionar algo referido a los programas de salud. Era una intervención en favor de ella, o del “modelo”, si les gusta más.

Pero no se lo perdonó. La Sra. de Kirchner no soporta que le roben el espacio de sus palabras, que alguien ingrese en el círculo sagrado de sus sentencias… ¡Cómo se atreve!

Primero preguntó qué había dicho. Después le echó en cara que no le había dado tiempo para llegar a eso. Más tarde le dijo “antes me corrías con lo de las cardiopatías, ahora yo te corro con esto: el Estado se hace cargo de las operaciones por labio leporino”. Y mucho después se la siguió recordándole que la había interrumpido.

La Presidente no puede vivir sin armar rencillas. Hasta en este ejemplo estúpido, de un más papista que el Papa que había gritado algo para congraciarse con la jefa, se nota su  incansable vocación por la confrontación y la pelea.

Aunque dedicó un largo párrafo cerca del inicio a que en la Argentina “no hay odio” sino “diferencias”, extensos pasajes de su discurso estuvieron cargados de esa cizaña ácida que azuza la división y la riega permanentemente con una ponzoña innecesaria.

Habló de “los que nos llenan la cabeza”, de médicos que leen La Nación en lugar de Página/12, de aquellos a los que les encantan las estadísticas “de afuera”, aun cuando ella misma se cansó de echar mano a referencias de organismos internacionales que le perecían favorables a su gestión; de los que integran el “Partido Judicial” (jugando con el sarcasmo de decir “Poder Judicial”, corregirse a sí misma y decir “casi digo Partido Judicial”), de que el país tenía que formar ingenieros “pero de los buenos”, en una obvia alusión indirecta -su arma cizañera preferida- a Macri. Pero no es ella la que incita a la división y al odio. ¡No, qué va! ¡Los que hacen eso son los otros, a los que mandó quedarse con el “silencio”!

El último discurso de la presidente ante la Asamblea Legislativa fue un largo (muy largo) relato del relato. Al término de esa larga exposición uno se preguntaba a qué país pertenecen los cientos y cientos de villas miseria que han proliferado en estos últimos 12 años, villas miseria que antes no existían.

Un simple viaje en micro a la costa Atlántica que tiene la perspectiva de la altura -de la cual carecen los automóviles- permite ver el espectáculo que se extiende prácticamente desde la costa del río hasta la periferia de Quilmes: un gigantesco villorio en donde las condiciones de vida dan lástima.

O la vergüenza que sigue expandiéndose en plena Capital, en medio de las drogas y las condiciones deprimentes de vida de las villas 31, 1-11-14 y todas las que nacieron como hongos al calor de la década ganada.

El largo párrafo dedicado a Aerolíneas Argentinas fue casi una tomadura de pelo: una compañía indefendible que se ha convertido en una receptora de mano de obra militante, que aumentó 21% su plantilla de empleados, lo que la coloca en el peor lugar del ránking en la proporción de empleados por pasajeros transportados (algunos ejemplos sueltos: Air Europa 2747 pasajeros volados por empleado, Delta 2000, Alitalia 1731, Aeromexico 1077, Aerolíneas, 631)

Dentro de esa extensa parrafada, se permitió decir que la compañía beneficiaba “a nosotros, los del interior, que no tenemos otra manera de trasladarnos si no es por Aerolíneas”, como dando a entender que ella es una más del “pueblo” que tiene que aguantar esas incomodidades, cuando, al revés, hace fletar aviones a costo del Estado para que simplemente le lleven los diarios a “su lugar en el mundo”, El Calafate.

Esas menciones innecesarias ponen  en cuestión todo el contenido de un discurso floreado por la demagogia.

El capítulo dedicado a la deuda resulta particularmente llamativo. Hoy el endeudamiento del país supera los 300 mil millones de dólares, más del 58% del PBI. La tan publicitada “política de desendeudamiento” sólo se cumplió en el período inicial de 2003 a 2008, cuando la Argentina acumuló un superávit fiscal financiero de US$ 12.600 millones. Luego, de 2009 a 2013, el Gobierno acumuló un déficit de 63.000 millones de dólares. Es decir, esto implica un déficit total de US$ 52.000 millones acumulado hasta 2013, período en el cual la deuda pública creció en US$ 51.000 millones. Luego, en 2014 y lo que va de 2015, el déficit fiscal se agravó de manera significativa, sumando aproximadamente US$ 66.100 millones, dejando un saldo negativo de los tres períodos de la administración Kirchner de 118.000 millones de dólares, básicamente surgido del enorme crecimiento del gasto público en comparación a la recaudación. Fueron el BCRA y los jubilados los que financiaron esta fiesta.

El BCRA tiene patrimonio neto negativo, está técnicamente quebrado. La deuda por LEBACS (los instrumentos que se emiten para aspirar los pesos que se emiten sin respaldo alguno) es astronómica y ha crecido geométricamente. Si no se emitieran, por otro lado, la brecha entre el dólar oficial y el libre superaría el 100%.

En muchos pasajes, como es habitual, confundió al Estado con el Gobierno, cuando no directamente con ella misma. Hasta en el insignificante ejemplo del plan “Ahora 12″ cuando les recordó a los que compran en los “shoppings paquetes” (otra innecesaria chicana clasista) que es el gobierno el que financia esas cuotas: “se lo pagamos nosotros”, dijo. No, señora: eso es un gasto del Estado, es decir de nuestros propios bolsillos; no de los suyos.

Más adelante dijo: “No se puede ser tan estúpido, tan colonizado, tan subordinado intelectualmente, tan chiquito de neuronas. Por favor, cómo no van a venir los chinos, ¿qué miedo le tienen?” Me pregunto qué habría dicho ella, los militantes de La Campora o Carta Abierta si un tratado, no similar, igual, hubiera sido firmado por otro gobierno con cualquier administración norteamericana.

La Presidente cambió radicalmente su cara y su tono cuando se refirió particularmente a la Justicia y cuando advirtió la presencia de carteles que proponían una apertura de los archivos clasificados de la causa AMIA: “A los que ponen cartelitos para que hable de la AMIA. De la AMIA hablo desde el año 94. Seguiré hablando en la ONU reclamando justicia”. Volvió a la carga con su acidez preferida: la del partido destituyente, a quien acusó de independizarse de la Constitución.

La Sra. de Kirchner se preguntó “¿con cuál Nisman me quedo?”, “¿con el que me imputó o con el que me llamaba para felicitarme?”. Pregunta: ¿no sería Nisman -si estuviera vivo- el que debería preguntar “¿con qué presidente me quedo, con la que acusaba a Irán desde la ONU o con la que firmó un acuerdo de entendimiento con los acusados?”

La Presidente deja el lugar de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso con un perfume desagradable. En la organización pululaban personajes con distintivos color punzó que identificaban a los hombres del Ejército, encargados de la organización y de los permisos. Un perfume venezolano.

¿Alguien imagina los exabruptos del kirchnerismo si semejante ocurrencia la hubiera ideado otro gobierno? Hasta me parece escuchar a los intelectuales de Carta Abierta poniendo el grito en el cielo y pidiendo explicaciones por la militarización del edificio símbolo de la democracia.

Quizás sea una metáfora terminal de un sincericidio simbólico. ¿Qué perspectiva de diálogo, de consenso, de intercambio de ideas, de horizontalidad, puede entregarle a la sociedad un movimiento político que se niega esas muestras de civilización para sí mismo? ¿qQé democracia puede promover una facción que reivindica para sí misma la verticalidad y la obediencia de una barraca militar? ¿Qué ámbito de diálogo y de consenso -en donde se reconozcan justamente las diferencias- puede promover un partido en donde todo confluye en la decisión, en el poder y en  el dedo de una persona a la que se le reconoce la única capacidad de conducción y a quien se tiene como la única fuente de razón?

Ni aquellos que quieren gritar una apostilla de apoyo son perdonados. La furia de la mirada se clavará en los ojos del irreverente. ¿Qué democracia puede florecer en un país gobernado por una creencia que impone una voz única, un mando único, un criterio militar de la existencia? La última aparición institucional de la Presidente en el Congreso estuvo adornada por todo ese cotillón. Un cotillón de voces únicas, de dueños únicos y de criterios únicos. Tal como les gusta a los militares que la cuidaron y a los militantes que la vivaron

Un fallo acelerado que deja muchos interrogantes

Cuando me llamaron para avisarme que el juez Rafecas había desestimado la denuncia de Nisman/Pollicita lo primero que pensé fue: “¿Ya…? ¿Tan rápido..?”

Y no caben dudas de que de los muchos interrogantes que el fallo deja la celeridad con que fue dictado es la primera.

Una denuncia tan pesada, a la que se adjuntaba un resumen de 900 horas de grabaciones (el total de las escuchas alcanzaba a las casi 5000 horas) invitaba a presumir que el juez iba a invertir más tiempo en estudiarla. ¿Escuchó Rafecas cada uno de aquellos diálogos?, ¿se formó de ellos una idea de primera mano? No lo sabemos.

Sigue luego el razonamiento central del fallo: no hubo delito porque este no llegó a consumarse, dado que el Memorándum de Entendimiento no se convirtió nunca en operativo. Se trata de una conclusión ambigua. En primer lugar, los delitos tienen -y el juez Rafecas claramente lo sabe- una instancia de tentativa cuando, en efecto, no llegan a consumarse, aun cuando se hubieran puesto en movimiento todos los pasos necesarios para que así ocurriera. Si el asesinato de un francotirador no se consuma porque inesperadamente la víctima se agacha para atarse los cordones de los zapatos, no puede exculparse a quien jaló el gatillo: no será culpable de asesinato, pero sí de asesinato en grado de tentativa.

El encubrimiento es un delito susceptible de ser cometido en grado de tentativa. Así, si una persona dispone de todos los medios para esconder al autor de un crimen pero luego por razones ajenas al encubridor la maniobra falla, de todos modos el delito debe perseguirse en grado de tentativa.

Aquí son muchos los que coinciden en que el Memorándum no operó -y por lo tanto el encubrimiento no prosperó- porque el régimen iraní no ratificó el acuerdo. Pero para ese momento el Gobierno argentino ya había hecho todo lo necesario para que la cobertura fuera efectiva. Si luego no se consumó porque Irán no le dio rúbrica legislativa al tratado eso es algo ajeno a la responsabilidad del que había hecho todo por intentarlo.

La especulación política también se ha metido en el análisis de las últimas horas dada la proximidad del discurso de la Presidente para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. Muchos están convencidos de que si ese momento llegaba sin que la denuncia de Pollicita estuviera desestimada, la Sra. de Kirchner estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de embarrar de tal modo la situación que todo se transformara en un gigantesco aquelarre.

Hay quienes dicen que, ante esa posibilidad, el juez Rafecas decidió acelerar los tiempos y rechazar la posibilidad de investigar. De nuevo, nunca lo sabremos.

Pollicita a su vez va a apelar la decisión y la cuestión será derivada a la Camara para que esta se expida. El fallo también incluye una derivación de las escuchas para que se investigue en especial el papel del agente Bogado, que ya formaba parte de la denuncia original del Dr. Nisman.

Un punto oscuro del fallo en su parte resolutiva llamó la atención. En el punto 3, el juez Rafecas dispone, de ser necesario, la habilitación de la “feria judicial” para la notificación del fallo. ¿Feria judicial? ¿En febrero? El juez, en una llamativa entrevista que le concedió a C5N, atribuye la cuestión a un “error material” por un típico copy/paste preestablecido en la computadora del Juzgado. Pero muchos se preguntaron si el fallo no fue redactado ni bien murió Nisman, en pleno mes de enero.

Frente a una apelación del fiscal actuante, la Cámara tendrá un par de opciones. Podrá devolver el expediente a Rafecas para que, al menos, ejecute algunas de las 60 medidas de prueba pedidas por Pollicita antes de volver a desestimar el asunto, o considerar que el juez ya emitió su opinión sobre el fondo de la cuestión, por lo cual podría derivar la investigación a otro magistrado que designe. La Cámara tiene dos salas. Cuando Pollicita apele, sabremos cuál entenderá en el asunto.

Ahora resta saber qué impacto tendrá la decisión en el ánimo presidencial de hoy. El jueves, en el acto de jura de los nuevos ministros, la Casa de Gobierno tenía un ambiente festivo. Todo el mundo se reía como si realmente hubiera algo para festejar. El propio Capitanich, que dejaba su cargo en medio de un resonante fracaso, rayano casi en el ridículo y en el hazmereír de muchos, se reía a carcajadas. Hasta Boudou y Aníbal Fernández de reían desembozadamente. Más circunspecto aparecía Wado de Pedro, el convencido de que el Gobierno debe instaurar el perfil de país que tenían en mente los Montoneros y que ahora será el nuevo secretario general de la Presidencia.

No hay demasiados motivos para sospechar que el fallo actuará como un bálsamo para la Presidente y que ahora, liberada de aquella carga, estará dispuesta a transitar ocho meses de concordia antes del traspaso del mando. Nada. Ni un paso atrás. Será mejor dinamitar todo antes de ofrecer una mano de diálogo. Enfrente no están otros argentinos tan temporales como ella esperando para continuar la rutinaria tarea de administrar el Estado. No. Ni la presidente se considera una mera administradora temporal del Estado, ni los que están enfrente son otros argentinos tan bien intencionados como ella. La Sra. de Kirchner se considera a sí misma la protagonista de una epopeya; de una epopeya enfrente de la cual no hay otros argentinos, sino enemigos acérrimos.

Intocables

La Presidente, el canciller y otros miembros oficiosos del Gobierno (Luis D’Elía fue, sin embargo, un funcionario formal de los Kirchner durante el gobierno de Néstor) han sido imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por el delito de encubrir a los sospechosos de haber volado la AMIA. Se trata de la implementación en los hechos de la denuncia que había presentado el Dr. Nisman cinco días antes de morir.

Ya desde la mañana del viernes tanto Aníbal Fernández como Jorge Capitanich se habían adelantado a estos hechos, calificando a la mera posibilidad de que el fiscal hiciera efectivamente eso como un hecho de “activo golpismo judicial violatorio de la democracia”.

La regla vuelve a cumplirse: cada vez que el poder de control esencial que la Constitución ha organizado para vigilar al Poder Ejecutivo -esto es, el Poder Judicial- amaga con poner en funcionamiento los mecanismos normales de su funcionamiento, la Presidente y sus funcionarios salen a blandir el argumento del golpe.

Es, a todas luces, una apelación vieja, gastada y reveladora del perfil de país que el kirchnerismo tiene en la cabeza. Ese perfil consiste en una organización vertical en cuyo vértice intocable se haya la Presidente en particular y los funcionarios en general, y según la cual la ley común no les es aplicable a ellos, porque todo intento de aplicarles a ellos la ley común es reputado como automáticamente antidemocrático, destituyente y golpista.

Se trata de un “yeite” maravilloso: “Todos son iguales ante la ley, menos nosotros, a quienes la ley no se nos aplica.” Si hay algún motivo por el cual la Constitución fue sancionada, fue, precisamente para terminar con un tipo de organización nacional basada, justamente, en esquemas similares a ese.

El oficialismo tácitamente confiesa, de este modo, la sociedad que busca delinear: una gran masa de zombies a los que tiene controlados y a los que les aplica el rigor de la ley que el mismo gobierno sanciona y una casta de privilegiados que vive de chuparle a la sangre a esos esclavos y que se haya absuelta de dar explicaciones ante la Justicia por sus conductas y completamente liberada de las molestias de los controles externos a su gestión.

Resulta particularmente llamativo cómo siquiera pueda haber una parte de la sociedad que preste su acuerdo a un esquema social como éste. Los militantes dicen que “voluntariamente” se someten a la conducción verticalizada de la líder porque es ella la que “conduce”. El problema es que, lo que ellos aceptan voluntariamente para sí mismos, se lo quieren imponer por la fuerza al resto de la sociedad, que no acepta de ninguna manera vivir bajo ese perfil.

La presidente Dilma Rousseff está luchando para tratar de demostrar que no ha tenido nada que ver con el escándalo Patrobras. Más de una vez en los últimos meses en Brasil se ha pronunciado la temible palabra “impeachment”. Sin embargo, a Dilma no se le ha pasado ni de cerca por la cabeza la idea de acusar a quienes investigan de golpistas destituyentes. El Estado de derecho no es sólo el Poder Ejecutivo. De modo que si para no tocar a éste se impidiera el normal funcionamiento de los mecanismos constitucionales, eso sí sería golpismo, porque se estaría echando mano a recursos de facto para impedir que la Constitución funcione.

En otra salida francamente desopilante del día viernes, la fiscal Alejandra Gils Carbo (que según la Presidente es un órgano extrapoder y una funcionaria independiente) anunció que emitirá una resolución del Ministerio Público avalando las actuaciones de la mandataria en sus negociaciones con Irán, como si la Procuradora General fuera una especie de abogado defensor personal de la Sra. de Kirchner. El Ministerio Público existe para defender a la sociedad. ¿Para defenderla de quién? Justamente del Estado. No está allí para validar la teoría de que el Estado se encarna en la persona de la Presidente  y, como tal,  esta es intocable. No. La Procuradora  -como señala la teoría presidencial aunque no, claramente, su práctica- es una funcionaria independiente del Poder Ejecutivo que no puede ni debe salir en su defensa. ¿Cómo creer, luego de semejante declaración confesional, que la Sra. Carbó manejará las escuchas telefónicas con imparcialidad, de acuerdo a la nueva Ley de Inteligencia?

La Constitución argentina fue sancionada en previsión de todo esto. Más allá del dramatismo de éstos días estamos ante una oportunidad histórica de demostrarnos a nosotros mismos que esos mecanismos sabiamente creados hace más de 160 años pueden funcionar entre nosotros y que es de lo más saludable que funcionen. Solo los que defienden la incivilización política sugieren volver a lo que ocurría en la Argentina colonial y en la de la Guerra Civil del siglo XIX. Quienes queremos vivir en una república moderna en donde nadie esté por encima de la ley, creemos que el tiempo histórico nos ha colocado ante una enorme oportunidad: la de saber que aquí gobierna la ley y no la voluntad de un líder.