Por: Carlos Mira
La Presidente, el canciller y otros miembros oficiosos del Gobierno (Luis D’Elía fue, sin embargo, un funcionario formal de los Kirchner durante el gobierno de Néstor) han sido imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por el delito de encubrir a los sospechosos de haber volado la AMIA. Se trata de la implementación en los hechos de la denuncia que había presentado el Dr. Nisman cinco días antes de morir.
Ya desde la mañana del viernes tanto Aníbal Fernández como Jorge Capitanich se habían adelantado a estos hechos, calificando a la mera posibilidad de que el fiscal hiciera efectivamente eso como un hecho de “activo golpismo judicial violatorio de la democracia”.
La regla vuelve a cumplirse: cada vez que el poder de control esencial que la Constitución ha organizado para vigilar al Poder Ejecutivo -esto es, el Poder Judicial- amaga con poner en funcionamiento los mecanismos normales de su funcionamiento, la Presidente y sus funcionarios salen a blandir el argumento del golpe.
Es, a todas luces, una apelación vieja, gastada y reveladora del perfil de país que el kirchnerismo tiene en la cabeza. Ese perfil consiste en una organización vertical en cuyo vértice intocable se haya la Presidente en particular y los funcionarios en general, y según la cual la ley común no les es aplicable a ellos, porque todo intento de aplicarles a ellos la ley común es reputado como automáticamente antidemocrático, destituyente y golpista.
Se trata de un “yeite” maravilloso: “Todos son iguales ante la ley, menos nosotros, a quienes la ley no se nos aplica.” Si hay algún motivo por el cual la Constitución fue sancionada, fue, precisamente para terminar con un tipo de organización nacional basada, justamente, en esquemas similares a ese.
El oficialismo tácitamente confiesa, de este modo, la sociedad que busca delinear: una gran masa de zombies a los que tiene controlados y a los que les aplica el rigor de la ley que el mismo gobierno sanciona y una casta de privilegiados que vive de chuparle a la sangre a esos esclavos y que se haya absuelta de dar explicaciones ante la Justicia por sus conductas y completamente liberada de las molestias de los controles externos a su gestión.
Resulta particularmente llamativo cómo siquiera pueda haber una parte de la sociedad que preste su acuerdo a un esquema social como éste. Los militantes dicen que “voluntariamente” se someten a la conducción verticalizada de la líder porque es ella la que “conduce”. El problema es que, lo que ellos aceptan voluntariamente para sí mismos, se lo quieren imponer por la fuerza al resto de la sociedad, que no acepta de ninguna manera vivir bajo ese perfil.
La presidente Dilma Rousseff está luchando para tratar de demostrar que no ha tenido nada que ver con el escándalo Patrobras. Más de una vez en los últimos meses en Brasil se ha pronunciado la temible palabra “impeachment”. Sin embargo, a Dilma no se le ha pasado ni de cerca por la cabeza la idea de acusar a quienes investigan de golpistas destituyentes. El Estado de derecho no es sólo el Poder Ejecutivo. De modo que si para no tocar a éste se impidiera el normal funcionamiento de los mecanismos constitucionales, eso sí sería golpismo, porque se estaría echando mano a recursos de facto para impedir que la Constitución funcione.
En otra salida francamente desopilante del día viernes, la fiscal Alejandra Gils Carbo (que según la Presidente es un órgano extrapoder y una funcionaria independiente) anunció que emitirá una resolución del Ministerio Público avalando las actuaciones de la mandataria en sus negociaciones con Irán, como si la Procuradora General fuera una especie de abogado defensor personal de la Sra. de Kirchner. El Ministerio Público existe para defender a la sociedad. ¿Para defenderla de quién? Justamente del Estado. No está allí para validar la teoría de que el Estado se encarna en la persona de la Presidente y, como tal, esta es intocable. No. La Procuradora -como señala la teoría presidencial aunque no, claramente, su práctica- es una funcionaria independiente del Poder Ejecutivo que no puede ni debe salir en su defensa. ¿Cómo creer, luego de semejante declaración confesional, que la Sra. Carbó manejará las escuchas telefónicas con imparcialidad, de acuerdo a la nueva Ley de Inteligencia?
La Constitución argentina fue sancionada en previsión de todo esto. Más allá del dramatismo de éstos días estamos ante una oportunidad histórica de demostrarnos a nosotros mismos que esos mecanismos sabiamente creados hace más de 160 años pueden funcionar entre nosotros y que es de lo más saludable que funcionen. Solo los que defienden la incivilización política sugieren volver a lo que ocurría en la Argentina colonial y en la de la Guerra Civil del siglo XIX. Quienes queremos vivir en una república moderna en donde nadie esté por encima de la ley, creemos que el tiempo histórico nos ha colocado ante una enorme oportunidad: la de saber que aquí gobierna la ley y no la voluntad de un líder.