La hora de la Corte Suprema

Finalmente la esperada decisión de la Corte norteamericana sobre la deuda argentina con los holdouts se dará a conocer en la jornada de hoy.

Recordemos que por “fallo favorable” se pueden entender dos decisiones de la Corte: que se quede con el caso para entender ella en la cuestión y revisar lo decidido por Griesa (alternativa de máxima) o que haga una consulta derivada al gobierno del presidente Obama por la vía del “Solicitor General”, un equivalente a nuestro Procurador General.

La peor de las alternativas para la Argentina sería que una mayoría decisiva de los nueve jueces supremos remita las actuaciones nuevamente al tribunal que ya entendió en ellas, en una suerte de respaldo a lo fallado en primera instancia.

Recordemos que Griesa dispuso que la Argentina debía pagar a los demandantes de los fondos que no entraron en los canjes de deuda. ¿El total de lo reclamado en ese juicio? Unos 1330 millones de dólares.

A partir de ese fallo se suscitaron distintas interpretaciones –más allá de activarse las apelaciones que aún están en danza, la primera de las cuales respaldó lo fallado por el juez del circuito sur de New York- que plantearon interrogantes sobre cuál sería la situación del país frente a los acreedores que sí se acogieron a las condiciones de los canjes de 2005 y 2010.

Si el país a consecuencia del fallo debía pagarles a los holdouts el 100% de sus acreencias, entonces muchos supusieron que, por los protocolos de los bonos emitidos como consecuencia de los canjes, la Argentina debería igualar esas condiciones a los tenedores de los bonos nuevos, es decir, aquellos que entraron voluntariamente a los canjes. Obviamente semejante opción sería catastrófica porque implicaría tener que pagar los valores originales de la deuda al 100%.

Otros entendieron que semejante alternativa no sería aplicable porque las condiciones bajo las cuales el país se obligó a igualar ofertas tenían que ver con mejoras voluntarias ofrecidas por la Argentina y no aquellas derivadas de la obligación de cumplir un fallo judicial. Esto es, el país se vería en la obligación de tratar a los acreedores del canje igual que a los holdouts en la medida en que las mejores condiciones dadas a éstos fueran otorgadas voluntariamente por el país y no por el cumplimiento de una sentencia.

Una tercera alternativa de interpretación –que es a la que parece apuntar el gobierno- es a un plazo establecido en los protocolos del canje que indica que la obligación de la cláusula “pari pasu”, caduca en diciembre de 2014. Es decir, si el país lograra que a diciembre de este año los holdouts no tuvieran un fallo definitivo favorable a que se les pague el 100%, no cabrían ya dudas de ninguna especie de que la Argentina no debería pagar el total que los acreedores que entraron al canje resignaron por el hecho de acogerse a ese ofrecimiento. A partir de allí, el gobierno podría mejorar incluso voluntariamente las condiciones de cobro de los holdouts sin que los acreedores que entraron al canje pudieran reclamar nada.

La postergación de la decisión de la Corte Suprema cobra importancia a la luz de lo declarado por el juez Griesa hace unas semanas. En esa ocasión, el juez dijo que la Argentina no había mostrado ninguna voluntad de pago y que al contrario, había amenazado con rebelarse contra lo dispuesto por la Justicia; que en ningún caso se había acercado al juzgado para explicar las razones por las cuales no podía pagar en los términos del fallo y para ofrecer distintas opciones que, por otro lado, habrían sido recibidas y analizadas con gusto.

Si la Corte estuviera cerca de interpretar la cuestión en términos parecidos, esto es, que si bien se comprende que el país no pueda pagar de modo perentorio todo lo que se le reclama, sí sería ajustado a derecho que presentara opciones para tratar de solucionar el problema, no caben dudas de que esa decisión sería interpretada como un duro golpe judicial para el gobierno y para los planes financieros del equipo que preside Axel Kicillof.

Más allá de estas especulaciones, lo más probable es que los jueces pidan el auxilio del Procurador para terminar de decidir esta cuestión más adelante. En ese caso un primer objetivo del gobierno –el ganar tiempo- se habría cumplido. Una vez que el tema deje una órbita estrictamente judicial (en donde el país lleva claramente las de perder) para pasar a otra más política, en donde las consideraciones fácticas cobren un peso del que carecen en los estrados judiciales, las posibilidades de un final que favorezca a la Argentina crecen.

La presidente el otro día se refirió a la declaración británica en el sentido de lo negativo que sería un fallo que desconociera un proceso de renegociación de deuda como el que la Argentina abrió en 2005 y 2010. En efecto, la confianza en la validez final de lo acordado en procesos como ese entraría seriamente en dudas, sea cuales sean los países que de ahora en más pudieran verse en una situación similar.

Hay que esperar un poco más entonces para develar el misterio. Aunque la reacción de los mercados locales a mitad de semana fue muy sintomática como para que, de golpe, todo se vuelva tan oscuro.

Las nuevas definiciones de Axel

El ministro de Economía, Axel Kicillof, le dio un reportaje a Página/12 que apareció en su edición del domingo, en donde se refiere a varios temas de la economía argentina de estos días.

Insiste en su concepto conspirativo de la existencia según el cual lo que hay es un conjunto de enemigos de la patria (que él mimetiza con el gobierno) que, para generar caos y condiciones adversas al bienestar de la Argentina, produce todo tipo de calamidades para volver a la política del endeudamiento. ¿Volver a la política de endeudamiento? ¡Pero si es este gobierno el que ha generado una exorbitante deuda interna, quebrando el patrimonio del BCRA y empapelando las estanterías de la ANSES con papeles pintados a cambio de adelantos de los cuantiosos fondos jubilatorios! (en lugar, por ejemplo de pagar los juicios con sentencia firme que obligan al Estado a reconocer su deuda con los jubilados que litigaron en sede judicial).

Por lo demás, según los propios números oficiales la deuda externa también creció respecto de la que heredó Néstor Kirchner en 2003. La única diferencia es que ese crecimiento se produjo contra nada, es decir, contra ningún beneficio de haber estado todos estos años integrado al mundo y en constante intercambio con él. Las bravuconadas del gobierno nos han costado años de aislamiento que hoy se miden en pobreza y mayor deuda.

El ministro no habló del déficit, ni de la emisión que provoca inflación, ni el descontrolado nivel del gasto que le quita por desvalorización de la moneda lo que le da a aquellos a los que se quiere conquistar por la demagogia.

Tampoco mencionó la impresionante presión impositiva que se está comiendo la sociedad sin que la misma se vea reflejada en un cambio sustantivo en el nivel de vida de los argentinos. No mencionó la pobreza, cuyos números el INDEC ya no entrega, ni las restricciones que sufre la actividad económica en general, sujeta a mil autorizaciones para poder funcionar.

En otros párrafos se manifiesta optimista respecto de la performance económica del segundo semestre cuando, en realidad, por la intervención en el mercado del maíz y del trigo el país se privó a sí mismo de haber liquidado formidables exportaciones de esos cereales en un momento en que las bondades de la cosecha de la soja ya se terminaron.

En realidad son muchos los que sospechan un segundo semestre complicado como consecuencia del proceso estanflacionario y de la caída de la actividad, directo resultado  de la política restrictiva de Juan Carlos Fábrega para frenar al dólar y las múltiples prohibiciones para importar y para girar pagos al exterior. Las primeras manifestaciones de esos desatinos ya se están viendo particularmente en la industria automotriz a la que Kicillof se refiere en la nota pero no haciéndose cargo de las decisiones que su cartera tomó y que generaron el actual estancamiento con suspensiones y despidos.

Habla del arreglo con el Club de París y se jacta de haberlo logrado sin la intervención del FMI, cuando semejante “chiste” hizo que en los dos últimos años hubiéramos tenido el equivalente al pago de todas las asignaciones universales por hijo gratis, por diferencia de intereses y punitorios, según lo calculado por Alfonso Prat Gay.

Además, por las mismas razones,  la deuda que oficialmente según el gobierno era de 5900 millones de dólares en septiembre de 2013, paso a 9700 millones ahora -un 64% mas-, simplemente por hacernos los cócoros y no aceptar la revisión del Fondo.

A esto de le suma el hecho de que el arreglo fue pastado a cinco años en lugar de los plazos más largos que podrían haberse negociado del otro modo.

No se sabe a qué debe esta pasión argentina por separarse del mundo y querer ser original a toda costa, cuando los pasos para tener una economía ordenada, en crecimiento, sin inflación, con inversión y con capacidad de generar empleo nuevo con buenos salarios, son conocidos y aplicados al mismo tiempo por países tan diversos como Australia y Chile, Perú y Nueva Zelanda, Uruguay y Canadá o Vietnam y EEUU.

El modelo de sustitución de importaciones ha provocado un enorme gasto, una enorme pérdida de tiempo y un enorme costo para toda la sociedad que no tiene alternativa más que pagar los altos costos del experimento, volviendo millonarios a unos pocos y rehenes a la mayoría.

Resulta increíble que el ministro de Economía del supuesto gobierno nacional y popular defienda semejantes políticas de privilegio y pretenda venderlas como un modelo de defensa a los menos tienen.

Otro peligro más

Hay días en que uno francamente quisiera que no hubiera nada que comentar. Que el país tuviese un día tan normal y sin anuncios preocupantes que no fuera necesario agregar nada. Pero es inútil: todos los santos días nos enteramos de una novedad que siempre pega en el mismo punto: la preocupación por la libertad.

Luego de la increíble introducción de la Secretaría del Pensamiento Nacional -cuyo solo nombre hace correr frío por la columna vertebral- la presidente presentó el día jueves la SIMEFA, un nuevo ente burocrático que se encargará de formular un ráting nacional que medirá la audiencia de los programas de TV y radio de todo el país.

En su discurso, la Sra. de Kirchner admitió desembozadamente que el Estado quiere “saber que escuchan y miran los argentinos… cuáles son sus preferencias”. Se trata de un capítulo más de esta escalofriante novela de Orwell en donde un Gran Hermano omnipresente “coordina estratégicamente” el pensamiento de todos y averigua lo que los súbditos miran y escuchan.

Más allá de este impresentable argumento, resulta obvio que el gobierno intenta un nuevo avance sobre la vida individual para avasallar el cerco de soberanía personal de los ciudadanos. Debe haber un pensamiento nacional coordinado estratégicamente por el Estado y, también el Estado, debe saber lo que escuchamos y miramos. Es la fascia en acción: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Solo falta Benito.

La ofensiva tiene como destinatarios una vez más los medios privados independientes que tienen una visión diferente a la del gobierno en materia económica, política y social. La Sra. de Kirchner jamás aceptará esas disidencias y quiere asfixiar económicamente a quienes las escriben y las comentan. Ya intentaron hacerlo con los diarios y los supermercados, apretándolos mafiosamente para que no anuncien en los medios que tienen una postura críticos hacia el gobierno.

Esa vez lo hicieron como los gángsters actúan en las películas: sin dejar nada por escrito, aplicando amenazas telefónicas y sin escribir una sola línea que permitiera encontrar una prueba documental del plan.

Ahora han salido a la luz. Es más,  es llamativo lo “pretencioso” de la postura siendo que el gobierno está teóricamente en sus últimos meses de mandato. Esta épica sería más compatible con un gobierno caracterizado por la prepotencia de los inicios, pero no por uno cuyos días finales se empiezan a contar cada vez más rápidamente. El incidente sirve para confirmar que estamos enfrente de “cuadros”, de “soldados”, de “mili… tares” no, simplemente de “militantes”.

En efecto, la movida sirve para confirmar una vez más la concepción bélica de la existencia que tiene la Sra. de Kirchner y quienes la siguen: hay un enemigo que utiliza la publicidad para financiar su ofensiva. Si cortamos ese chorro, la ofensiva caerá. Como la publicidad está regida por los rátings, la estrategia es elaborar una medición nueva para que el flujo de recursos publicitarios deje al enemigo y venga con nosotros. La presidente fue descarnadamente sincera, en ese sentido, en su presentación.

El modelo sigue lo que fue la ley de medios. Un pomposo nombre que trasmite la idea de la transparencia y la pluralidad para esconder la verdadera intención de unificar y monopolizar de modo hegemónico la palabra y, finalmente, el pensamiento, para ser coherentes con la creación de la Secretaría que a partir de antes de ayer lleva ese nombre. Se trata de un círculo que cierra y tiene una lógica impecable de dominación, pensamiento único y sojuzgamiento de la sociedad a un poder absoluto.

En este caso también el nuevo ente es presentado como una unidad que vendrá a “federalizar” las mediciones para terminar con los índices que solo miden Capital y GBA. El pararse sobre una anomalía verdadera le da sustento al argumento. Pero aquí no se generan las condiciones para que inversores privados multipliquen las agencias de medición, como antes existían -al lado de IBOPE- IPSA y Mercados y Tendencias. No. Aquí es el Estado el que se va a meter con lo que miramos y escuchamos.

La presidente, pensando que a lo mejor alguien le cree, puso énfasis en decir que el nuevo sistema será transparente y no gubernamental, porque se convocó a once universidades nacionales para estructurarlo. Pero, claro, olvidó decir que la “rectoría” del organismo estará a cargo de la Universidad de San Martín, cuya autoridad principal es Tristán Bauer, que, de casualidad, es el Secretario de Medios  de su gobierno.

Por lo demás, la Sra. de Kirchner quizás olvida que está entrando en un terreno en donde el resultado a entregar es una “medición”. Y el gobierno no puede exhibir en el campo de las “mediciones” antecedentes confiables. Mantuvo intervenido el Instituto de Estadísticas durante siete años y falseó los números de inflación, crecimiento y pobreza en la cara de todos. Persiguió, multó y le hizo juicio a todos aquellos que osaron informar estadísticas diferentes, hasta que la oposición en el Congreso tuvo que intervenir entregando un paraguas protector a todos ellos por la vía de publicar el llamado “índice Congreso”, para que el policía político Guillermo Moreno no pudiera emprenderla contra profesionales privados que lo único que pretendían era dar a conocer los resultados de su trabajo, apoyados en el iniciático principio de la libertad de expresión.

Resultó ser que, como por arte de magia, cuando el gobierno decidió que la estafa era tan evidente que no podía continuar, de la noche a la mañana los nuevos índices de precios (llamados IPCNu) empezaron a coincidir llamativamente con los que informaban los que antes habían sido perseguidos.

¿Pasará lo mismo ahora, con los rátings de la SIMEFA? A las consultoras económicas privadas se las había ninguneado diciendo que ninguna contaba con la parafernálica estructura que se necesita para medir bien los precios; que sólo el INDEC tenía semejante logística. Todo eso terminó con Kicillof dando números iguales a los que antes daban Melconian, Ferreres o Todesca.

Ahora también el argumento es que solo el Estado será capaz de traspasar las fronteras del Gran Buenos Aires para saber bien “que escuchan y miran los argentinos”. ¿Cuánto dibujo habrá en esos números? ¿Cuánta intención de moldear las cosas para llegar a un resultado que, paradójicamente, será lo primero y no lo último que se ponga?

El gobierno está entrando en un terreno que, desde el punto de vista de las libertades públicas, es tan grosero como peligroso. Y su espíritu de avance no se detiene. Ni el horizonte de su final lo amilana. No hay final para ellos.

El secuestro del 25 de Mayo

En el día de hoy se celebra el 204 aniversario de la Revolución de Mayo, el día en que los habitantes de Buenos Aires se rebelaron contra el autoritarismo, contra la prepotencia real, contra la falta de libertad para comerciar, contra la censura, contra el puerto único, contra el miedo y el terror, contra el centralismo y la concentración del poder, contra una manera de concebir la política basada en el avasallamiento y la fuerza.

Y hoy también el gobierno se prepara para secuestrar lo que debería ser el festejo de todas esas nociones y cambiar la celebración de la idea de la libertad por una celebración partidaria que recuerde el 11 aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, es decir la inauguración de un periodo nunca antes visto de concentración de poder, de unitarismo, de prepotencia, de gobierno por el miedo, de censura, de intimidación y coerción, de atropello, de restricción de los derechos civiles de la Constitución, de división y enfrentamiento.

Alguna vez la presidente tuvo la desafortunada idea de comparar el secuestro y la desaparición de personas con el secuestro de los goles, en las emisiones de fútbol por televisión. Fue una más de las cizañas que han sido sembradas en todos estos años.

Pero aquí estamos ante el secuestro partidario de una idea como posesiva de una sola parte de los argentinos; de aquellos que están con el gobierno. Y con la insalvable paradoja de encumbrar los contravalores de Mayo: el aislamiento, la restricción a las libertades fundamentales de los individuos, el reinado de las prohibiciones y de los permisos, el fiscalismo, el exprimir hasta dejar exhausto el bolsillo privado para alimentar un barril sin fondo encarnado por una Casa Real corrupta en aquellos días y por el Estado insaciable y también corrupto de hoy.

La Revolución de Mayo fue un hito de modernismo que pretendía acabar con la aldea y con la miseria, que apuntaba a las ideas de libertad que comenzaban a dividir al mundo entre la afluencia y la escasez. A eso apostaron aquellos hombres que, sin embargo, no tuvieron el coraje completo de emancipar definitivamente a la Nación de aquel sojuzgamiento y que la obligaron a mantenerse durante seis años en un limbo jurídico que, como un karma, nos persigue aun hasta nuestros días.

Porque incluso hoy, 204 años después, la Argentina no logra independizarse de la antigüedad, del paternalismo estatal, sigue con sus mejores energías atadas a regulaciones inútiles y a una casta enquistada en el Estado que ha venido a reemplazar el paquidermo Real del siglo XIX.

El 25 de mayo de 2003 es un hito en ese camino de retorno a la Colonia, al encierro, a los reglamentos, a la carga impositiva que exprime los bolsillos de los individuos, a la miseria -que de miseria aldeana pasó a convertirse en la miseria de las villas. Ese día comenzó una enorme involución hacia un régimen del que el país nunca pudo liberarse por completo.

Con el agravante de que en el día de hoy, el gobierno de la Sra. de Kirchner pretende reinvindicar esa contrarrevolución histórica desconociendo las verdaderas razones del pronunciamiento de hombres como Moreno, Paso, Saavedra, Castelli…

La palabra “revolución” ejerce un hipnotismo mágico sobre las cabezas del kirchenrismo. Creen que bajo la rebelión contra el orden establecido que regía en 1810 afloraba un justificativo a sus visiones de hoy. Parecen convencidos de que aquellos hombres querían reemplazar la dictadura de Madrid por la dictadura de Buenos Aires y consolidar un mero cambio de dueño en las vidas cotidianas de los hombres de la Argentina naciente. No. La Revolución de Mayo persiguió un corte con todo aquello; quería libertad donde había control, derechos donde había sumisión, respeto donde había terror, descentralización donde había concentración, riqueza donde había pobreza, abundancia donde había escasez, permisos donde había restricciones, apertura donde había aislamiento.

Probablemente no haya en toda la historía argentina dos fenómenos sociales más contrapuestos que el kirchnerismo y el Mayo de 1810. Su visión del mundo no podía ser más contradictoria, su concepción de la vida más enfrentada. Los unos pretendían romper las cadenas que mantenían sumergidas las mejores energías del país y los otros, al contrario, pretenden concentrar en un solo puño todo el poder y la facultad de decir qué se puede hacer y qué no.

Que en ese escenario la presidente pretenda apropiarse del festejo es una afrenta que se suma a las otras muchas que el país debió soportar a los largo de esos once años.

Hace poco, el ministro estrella de la presidente, Axel Kicillof, acusó en medio de una increíble conferencia de prensa (increíble porque en la Argentina no hay conferencias de prensa; esa vez no tuvieron más remedio porque el evento incluía a la presidente chilena) a una periodista de “antiargentina”. En efecto el kirchenrismo ha secuestrado la “argentinidad”. Se cree el resorvorio exclusivo de lo que es argentino y el juez supremo para decidir quién es argentino y quien “antiargentino”.

Si la “argentinidad” debiera definirse por los valores de Mayo, quizás Kicillof debería revisar sus ideas, porque a todas luces es él y el gobierno que integra el que más contradicciones tiene con las ideas que hace 204 años quisieron empezar a darle forma a un país muy diferente y que por obra de la mentalidad colonial que el gobierno actual representa como nadie, nunca terminó ni de formarse, ni de despegar, ni de independizarse de la concepción que lo ha mantenido bajo las formas del fracaso.

El pan y circo no alcanza

La noria vuelve al punto de partida. La “Pax Cambiaria” de estos últimos dos meses parece estar llegando a su fin. El experimento “fabreguista” que consistió en llevar la tasa de interés a las nubes para secar la plaza de pesos y con eso contener el dólar blue no fue acompañado por ninguna medida sobre el fondo de los problemas. Al ministro estrella del gabinete, Axel Kicillof, que sería un “genio” según la Presidente, le parece más atinado hablar del racismo clasista de los argentinos antes de solucionar el problema de los pobres que él dice representar. 

El analgésico disimuló la fiebre y todos andaban muy contentos porque la magia parecía dar resultados: no tenemos que hacer ninguno de los esfuerzos grandes que requeriría solucionar el problema verdaderamente y de todos modos estamos obteniendo los resultados que queremos, es decir que el enfermo no tenga fiebre.

Pero nada es permanente en el mundo de los analgésicos. Y además suelen tener efectos colaterales. Luego de dos meses de dosis abundantes de aspirinas y antiinflamatorios, al paciente le empezó a molestar el estómago, sus niveles de coagulación sanguínea se modificaron y todo el mundo empezó a alarmarse.

El nivel de actividad económica cayó, empezaron las suspensiones y los despidos; entonces se encendieron las alarmas. Había que terminar el jueguito de las tasas, la orden al Central debía ser bajarlas. Mientras se anunciaron más planes y más gasto.

Entonces la infección básica reapareció, y con ello las consecuencias obvias de la fiebre alta. Se disparó el tipo de cambio blue y ahora pasa los $ 12, volvieron las minidevaluaciones del oficial, superando los $ 8.07, se volvió a abrir la brecha entre ambos y regresaron los perfumes del verano.

Lo que está causando todo este desbarajuste es una cadena de impecable lógica económica que, sin embargo, los cráneos de la economía se niegan a aceptar. La inflación presiona el tipo de cambio porque cuando se pretende frenarlo artificialmente las tasas aseguran unos retornos en dólares que ninguna actividad productiva puede empatar. Como consecuencia de ello, la bicicleta financiera arroja gente a la calle, en medio del gobierno “nacional y popular”. La inflación a su vez está causada por la emisión que, o se seca a fuerza de tasas o se libera y se va a precios o a hacer presión sobre el tipo de cambio. Y la emisión está causada por el gasto improductivo y estrafalario en que la Presidente ha embarcado al país desde que tomó el gobierno en 2007, continuando la tendencia que su esposo había inaugurado 2 años antes cuando despidió a Lavagna.

Ese gasto desaforado desencadenó la presión impositiva insoportable, la crisis con el campo y la estatización de las AFJP. Nada de eso alcanzó, entonces se recurrió a la máquina de hacer billetes, lo que aceleró el proceso en el que estamos.

Si el gobierno no para su demagogia y deja de gastar, la bola de nieve acabará con nosotros, empezando por aquellos destinatarios iniciales de la demagogia. Es curioso pero quienes primero perecerán por los desmanejos causados por la mala praxis económica son aquellos a los que hipócritamente el gobierno dice defender, en nombre de los cuales no reparado siquiera en lanzar divisiones clasistas, frases que, una vez dichas, no se puede controlar sus consecuencias; en fin, lo que sea necesario, con tal de no frenar la demagogia y una ideología paleontológica.

El nivel de gasto público crece más de 10 puntos por encima de la recaudación a una tasa que supera el 40%. Este desbarajuste fiscal está en la base de los problemas que tenemos. Frente a ello el gobierno sólo atina a buscar culpables entre los que describen el problema y a radicalizar su discurso hacia variantes de clase que el mundo ha dejado atrás hace décadas.

El verso de los pobres, los negros, los excluidos, los marginados, como una consecuencia de la maldad de la oligarquía, ya no convence a nadie: el gobierno “nacional y popular” hace 11 años que tiene el poder absoluto del país. Ha embarcado a la Argentina en un proceso de concentración del poder y de la riqueza pocas veces visto y ha despilfarrado una fortuna de recursos provenientes de condiciones internacionales que ingresaron al país a pesar de todo lo que el gobierno hizo para convertir a la Argentina una isla separada del resto de la Tierra.

Ahora, según ha confesado increíblemente el Jefe de Gabinete, se espera la salvadora irrupción del Mundial de Fútbol para tener la esperanza de que la gente se olvide de que su plata no vale nada y hable de otra cosa. Capitanich, el día en que en el medio de un circo político que no imitó ni siquiera Irán en ocasión de presentar la lista de 30 jugadores, dijo que “en el próximo mes no se hablará de otra cosa que no sea de fútbol en la Argentina, lo cual coincide con nuestra pasión y con nuestro interés”, como si el gobierno estuviera deseando la llegada de ese otro analgésico para hacer de cuenta que los problemas se pueden resolver por el mero hecho de taparlos.

Es una pena que se eche mano de estos disimulos para seguir engañando a todos. Me ha tocado escuchar a muchos –con los que no comparto ni una letra- decir que prefieren que la Argentina no avance en la Copa del Mundo con tal de que el gobierno no encuentre una excusa para desviar la atención de la gente. Me parece que ya no es necesario. La gente podrá seguir siendo fiel a su pasión sin por ello dejar de percibir que toda la mentira populista se ha terminado. No hay espacio para el “pan y circo”. Disfrutaremos lo que podamos el “circo” sin dejar de saber, por ello, que la política socioeconómica del gobierno destruyó la fábrica de “pan”.

A propósito del impuesto a las ganancias

La expresa decisión del gobierno, confirmada tanto por la presidente como por el ministro de economía, de que no van a modificar el mínimo no imponible de ganancias constituye otra confirmación -por si hiciera falta- del rumbo y del modelo que encarna la idea que gobierna al país desde hace once años.

Como se sabe, en la gestión de la Alianza, el ministro José Luis Machinea introdujo modificaciones al impuesto generando una serie de escalas según los ingresos (conocida como “la tablita de Machinea) para alcanzar a más personas a la base de tributación y con ello acercar más recursos a las siempre voraces y nunca conformes fauces del Estado.

De eso han pasado ya 14 años. Los valores en pesos de aquella “tablita” siguen siendo los mismos. Sí, sí, como lo escucha: los valores en pesos de aquellas escalas siguen siendo los mismos hoy, 14 años después de una inflación creciente y evidente.

Como consecuencia de ello, hoy prácticamente toda la población económicamente activa en blanco, en relación de dependencia o independientes, paga impuesto a las ganancias sin que ningún mínimo lo proteja. Es más, las injusticias entre trabajadores en relación de dependencia y autónomos, entre los que entran en escalas subsiguientes por un aumento nominal de salarios y entre las personas verdaderamente ricas y aquellas que han cometido el inverosímil pecado de estudiar, emplearse y tener un puesto más o menos importantes en una empresa, son absolutamente desquiciantes.

Frente a todo esto, el gobierno tiene un solo argumento: si cambiamos este esquema, actualizamos las escalas, aumentamos el mínimo no imponible o ajustamos por inflación el ingreso de los autónomos, no podemos financiar los programas sociales, así que “sáquense la careta y digan: nosotros queremos que baje o se suprima la asignación universal por hijo”. Esta fue palabras más, palabras menos, la reacción oficial.

La cuestión tiene importancia porque estas decisiones indirectamente definen el perfil de país que se ha construido en los últimos años y el modelo que se pretende profundizar. Se trata de un sesgo por la informalidad, de una preferencia por la miseria igualitariamente repartida, de una desconsideración al esfuerzo, al estudio, al deseo de progreso y una opción por el clientelismo y la pauperización de las condiciones sociales.

El gobierno prefiere dejar exhaustas a las fuerzas productivas formales de la economía aspirando todos los recursos que producen para transferírselos a los sectores informales que pasan a depender clientelarmente del Estado. El desafío “moral” de Kicillof (“digan que quieren eliminar la AUH”) no es otra cosa que una chicana.

El asalto al bolsillo de los argentinos productivos de todos modos resulta insuficiente para darle a los argentinos marginados un buen nivel de vida (la AUH, con la recomposición anunciada, no llega a $650), con lo cual el gobierno ha encontrado una ecuación perfecta para reunir de un solo plumazo lo peor de los dos mundos: deja esquilmados a los argentinos formales y, aun así, no puede llevar a la dignidad a los argentinos informales.

Antes de seguir con el análisis del costado económico de esta realidad, hagamos una digresión política: resulta obvio que con este procedimiento el gobierno coopta voluntades de gente que se forma la impresión de que es efectivamente posible vivir de la limosna estatal, “rebuscándosela” aquí y allá sin ingresar nunca en la economía formal. Se estima que hoy en día esa masa puede rozar el 20% de las personas en condiciones de votar.

Por lo tanto, es por aquí por donde deben buscarse las racionalidades de estas decisiones. Está claro que, desde el punto de vista económico, el sistema no resiste el menor análisis.

Si realmente se quisiera mejorar las condiciones de vida de esos sectores en la Argentina, deberían ocurrir dos cosas: por un lado el gobierno debería facilitar las condiciones para que se genere trabajo genuino y, por el otro, esos argentinos deberían estar dispuestos a aceptar esos trabajos que se generen en lugar de preferir los planes asistenciales.

Para lograr esto el sector productivo del país debería disponer de excedentes que puedan ser derivados a la inversión, al mejoramiento de la infraestructura y a la innovación tecnológica. Si esos excedentes son aspirados por el gobierno para alimentar planes con los que se captan voluntades políticas, seguiremos sin generar trabajo y fomentando la informalidad de vivir a la espera de un plan.

Por eso las definiciones de la presidente y de su ministro son importantes en el sentido “filosófico”, para saber el contorno de país que se prefiere y que se moldea.

Ese país es el del socialismo, aquel que Churchill definía así: “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia; su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria.” Es el perfil que uno observa hoy en Caracas o en La Habana en donde se multiplican los edificios descascarados, las viviendas enmohecidas y precarias, en donde una extensa red de miseria cubre el campo visual de cualquier observador.

El llamado proceso de redistribución de la riqueza -para el que la herramienta impositiva es esencial- se ha convertido en un proceso generador de pobreza en la que caen los esquilmados trabajadores formales, los empresarios y los trabajadores independientes, y de la que no pueden salir los asalariados informales, los indigentes y los marginales.

El esquema económico en el que estamos profundizará este perfil. Bajo la demagógica careta de ayudar a los que menos tienen y bajo la chicana moral de que, quienes se nieguen a ello, quieren la exclusión de algunos argentinos, seguiremos construyendo un país cada vez más mísero, con menos trabajo real, con menos riqueza y con más dependientes de la limosna política. Será un perfil en donde el verso de la “moralidad” y la “solidaridad” tape la verdadera inmoralidad de mantener a propósito en la miseria a millones a cambio de que crean que el gobierno los ayuda y cubra la verdadera insolidaridad de perpetuarse para siempre en el poder.

Con las naves quemadas

Uno de los aspectos más criticados al gobierno del kirchnerismo y a la vez más ninguneado por éste -esto es, el clima de división social- se va convirtiendo en un tema central del drama económico que vive el país.

Ese clima le cierra al gobierno una válvula de escape. Tanto se enseñoreó en la titularidad de la verdad que hoy no puede recurrir a la ayuda de nadie.

Es cierto que la cara de piedra les permite a algunos lanzar acusaciones de conspiración contra los bancos y luego ir a pedirles la escupidera del dinero, como hizo el ministro Axel Kicillof sobre el fin de semana, nada más y nada menos que con los bancos extranjeros.

Pero esos son estertores de la desesperación. Se busca plata: de los exportadores a quienes se califica de desestabilizadores, de los retailers a quienes se acusa de inescrupulosos o de los bancos de quienes se asegura que orquestan un golpe de Estado.

Pero el camino que el gobierno se ha cerrado a sí mismo es el de las ideas: no puede ir a buscar ninguna al canasto de las disponibles; se metió en un callejón que lo obliga a rumiar en la antigüedad de las que siempre usó.

Hasta los bastiones más rancios del estatismo saben que el factor de velocidad del deterioro no resiste una multiplicación por dos años. Todo ese tiempo en manos de este marasmo dirigista y asfixiante va a matar a todos, incluso a ellos. Pero el gobierno se privó a sí mismo de usar la llave de la puerta que le permitiría descomprimir esta situación.

Ha etiquetado, insultado, ironizado a todos los que advertían el curso del desastre. Y lo que es peor, se ha mofado sarcásticamente de las ideas que esas personas sugerían.

Hace 11 años que el país está en quiebra internacional por no pagar sus deudas y por no presentarle a los acreedores una solución que éstos estén preparados para aceptar. El gobierno subestimó la situación y hasta se dio el lujo de cargar a los que opinaban que lo que estaba haciendo no era bueno. Eso aisló al país tanto como los discursos anti occidentales y las alianzas extravagantes, que parecieron buscarse más con el ánimo de molestar a aquellos a quienes el gobierno no soporta que como una política coherente, aquilatada y a la que sinceramente se considerara como una opción mejor para el país. Todo lo que ha emprendido el gobierno aparece hoy como hecho “en contra de” y “para diferenciarse de” más que como una política sincera y convencida.

El resultado de esta postura en el frente externo nos ha dejado hoy sin puertas a las que golpear en el mundo. Todos huyen de nosotros como de la peste. No inspiramos confianza a nadie y cualquiera consideraría fuera de sus cabales a quien pusiera un cobre en la Argentina.

Del mismo modo, fronteras adentro, el gobierno estiró la cuerda del odio ideológico a tal punto que hoy no puede llamar a nadie para que lo ayude. Ha roto los puentes de comunicación con todo aquel que no sea de la propia tropa aplaudidora de sí misma. Lo único que valió siempre es lo que ellos decían; todo lo demás se reducía al lugar del ridículo, generalmente por la vía del sarcasmo bajo y la altanería desubicada.

Parece poco creíble que el gobierno plantee una cuestión de convicciones. La única convicción visible es la de sostener el poder. Pero hasta ahora ese fin fue compatible con la demagogia populista de izquierda y es precisamente eso lo que ha terminado. El mantenimiento de la lógica populista de izquierda dirige al gobierno hacia la pérdida del poder. Hasta el peronismo está alarmado porque está sospechando que la sociedad, por primera vez, está adquiriendo conciencia de que es ese movimiento el inoperante, y de que nadie hará distingos entre cristinismo y peronismo.

Es más, suena hasta tragicómico, pero para el horror de sus aborrecibles enemigos, el péndulo argentino podría llevar nuevamente al país hacia el “neoliberalismo”.

La testarudez, el capricho y la irresponsabilidad han conducido a la Argentina a este punto impensado. Ojalá que la sociedad sea más inteligente que el gobierno y pueda abrazar por primera vez en más de un siglo la libertad verdadera. Decenas de veces hemos dicho que el “neoliberalismo” no existe. Que lo que sí existe, gracias a Dios, es el liberalismo; la idea que fundó este país y gracias a la cual fue grande alguna vez. Quizás su peor pecado haya sido haberlo hecho grande en un período muy corto de existencia, menos de 80 años. Esa velocidad en el éxito nos hizo creer que éramos algo más de lo que éramos y no pudimos absorber con dosificación las consecuencias de un cimbronazo internacional que nos noqueó.

Pero el único camino que nos puede sacar hoy del pozo a que nos ha conducido el populismo de izquierda es el liberalismo económico moderno, el occidentalismo, la competitividad exterior, la libertad interior y la persecución inquebrantable de la delincuencia.

Ese camino está cerrado para el gobierno porque la hondura de la grieta que produjo lo ha llevado a un punto sin retorno. La pregunta entonces es cómo vamos a transitar los dos años de faltan para que la señora de Kirchner complete su período. El gobierno ha tirado la llave de la caja que contenía las medidas que podrían salvarlo y con sus propias ideas se hundirá junto con todos nosotros.

La oposición tampoco ha emitido señales contundentes en el sentido de proyectar medidas de las que harían falta para detener el deterioro y avanzar hacia el desarrollo. Todos siguen con mensajes tímidos como si aun no estuvieran convencidos de que fueran a convocar a las mayorías nacionales si se expidieran públicamente en el sentido de tomar las medidas que habría que tomar.

Si esos políticos estuvieran acertados  -es decir que sus cálculos de conveniencia les estuvieran indicando que efectivamente perderían votos si dijeran que van a liberalizar la economía, revisar las alianzas internacionales y recomponer las relaciones con el mercado financiero internacional- entonces las responsabilidades por lo que está ocurriendo y por lo que pudiera ocurrir habría que retirarlas hasta del propio cristinismo para ponerlas en cabeza de nosotros mismos, que tenemos, aparentemente la estrafalaria idea de que es posible tener los niveles de vida de EEUU o Australia pero aplicando las ideas de Castro, Chavez o Lumumba.

Se supone que la democracia es un sistema insuperable, porque permite la rectificación pacífica de los errores cuando éstos se manifiestan con efectos negativos evidentes. Cerrarse a los beneficios de esa simpleza implica, en alguna medida, cerrarse a la democracia misma. Es lo que mejor define al cristinismo. La democracia no es un sistema épico de gobierno. No quema ninguna nave. Pero Cristina las ha quemado a todas.

¿Están contentos ahora, muchachos?

Quizás este fin de semana haya sido el que más gráficamente sirvió para mostrar los resultados prácticos del modelo; para ver, en definitiva, de qué sirvieron los años de gobierno de los Kirchner. 

En efecto mientras la sociedad veía como se le escurrían sus ahorros y el fruto de su trabajo por entre los dedos, y mientras los que menos tienen pensaban cómo sobrevivirían a la esperable crisis de ingresos y de actividad, una parte de los funcionarios del Estado encabezados -obviamente- por la propia Presidente y su hija, descansaban en La Habana haciendo turismo por la ciudad vieja y disfrutando al sol con la vista en el Caribe.

Así se describió el primer día en la isla de los Castro de la comitiva argentina, la única que ha llegado con cuatro días de antelación al comienzo de la reunión de la Cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamerica y el Caribe (Celac).

Dicen que la Presidente no salió de su habitación y que estuvo en permanente contacto con sus funcionarios en Buenos Aires. Pero no importa. Lo que sí importa es que quienes deben estar al servicio de la gente, descansaban en el agradable clima del trópico, mientras en la Argentina la gente -que es la importante en esta ecuación- trataba de figurarse cómo iba a hacer para cumplir con sus pagos, con los útiles de los chicos, con el colegio, con los impuestos, con el supermercado…

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El hablador

El jefe de Gabinete habrá asegurado que no iba a hacer anuncios grandilocuentes pero de lo que no caben dudas es que él es grandilocuente. En la inauguración de una costumbre que hasta podría calificarse de saludable -el hablar con los periodistas- el viernes por la mañana comentó algunas cuestiones que tienen que ver con lo que será la agenda de ahora en más.

Por empezar dijo que el gobierno tiene 200 metas que se ha propuesto cumplir. Uno no sabe bien si está en los albores de una especie de “plan quinquenal” (que en este caso sería “bienal”) o si lo que Capitanich pretende es inaugurar una ensalada de cuestiones en la que todo se mezcla de manera tal que nadie entienda nada.

El gobernador del Chaco en uso de licencia insistió con la idea de profundizar lo que se viene haciendo y no caben dudas de que está en esa línea porque habiendo podido inaugurar un período de apertura siguió refugiándose en los lugares en los que el gobierno ya lo venía haciendo. Así, por ejemplo ha llamado a reuniones de gremios y empresarios amigos, pero sigue excluyendo al campo y a los gremios críticos.

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Yendo al grano

Las audiencias que propuso la Corte Suprema a las partes en conflicto por la Ley de Medios sirvieron como escenario para un nuevo round de actuaciones que poco tienen que ver con lo único que importa en esta cuestión: saber si la ley supera el test de constitucionalidad.

Hacer ese análisis es bastante sencillo y queda muy lejos de las consideraciones incendiarias que se escucharon en las encumbradas salas del más alto tribunal del país.

Aquí no está en juicio el “ocultamiento de un genocidio” como afirmó actoralmente la defensora del público Cynthia Ottaviano, o la “violación de los derechos humanos” como aseguró la épica pomposa de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Aquí, de nuevo, lo único que se necesita saber es si la Ley de Medios viola o no la Constitución.

Los artículos discutidos de la ley son el 41, el 45 y el 161. Lo que hay que ver es qué dicen esos artículos y qué dice la Constitución. Todo lo demás es cartón pintado, como diría Kicillof.

El artículo 41 establece la prohibición de la transferencia de licencias de radio y televisión (abierta y por cable). El 45 impone límites a la propiedad territorial de licencias de radio y TV (abierta y por cable). El 161, finalmente, obliga a deshacerse de todas las licencias sobrantes a los que caigan en ese encuadre según la aplicación del 45. Este es el corazón discutido de la ley.

Veamos ahora el contraste de esos artículos con lo que dice y garantiza la Constitución.

El artículo 17 de la Ley Fundamental asegura que la propiedad es inviolable y garantiza a su titular su uso y disposición. En ese sentido, el artículo 41 es inconstitucional porque con su prohibición para transferir licencias borra el derecho del dueño de comercializar su derecho, de vender y de comprar. Pone fuera del comercio una actividad completa, una actividad a la que el titular ingresó legalmente y sin violar el orden jurídico.

Si bien en la Argentina los dueños de licencias no tienen la propiedad de la “onda” (que sigue en poder del Estado), sí son propietarios de su usufructo y ese derecho es susceptible de uso y disposición en los términos de la garantía constitucional del artículo 17. Por eso toda norma que lo restrinja viola esa garantía.

El artículo 45 es inconstitucional porque le prohíbe a unos lo que le permite a otros en igualdad de circunstancias. En efecto, el artículo establece límites a la titularidad de empresas de TV abierta y por cable (estas últimas que no ocupan espacio del espectro radioeléctrico) mientras que no establece ningún limite para las empresas de TV satelital. Se trata de una norma escrita poco menos que con nombre y apellido, lo cual es violatorio del artículo 16 de la Constitución. Además, el silenciamiento de las voces que hoy se escuchan por las señales que se cerrarían es violatorio del artículo 14 que garantiza la libre expresión de las ideas por la prensa, sin restricciones y sin censura previa.

El artículo 161 es inconstitucional porque por lo dispuesto en el artículo 19 de la CN, en la Argentina “nadie esta obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de los que ella no prohibe”. El Grupo Clarín -para hablar sin rodeos- adquirió todas las licencias de que dispone en un momento en el que la ley “no lo privaba de hacerlo”. Adquirir esos bienes no estaba prohibido por lo que nadie podía privar a nadie de adquirirlos. Por las garantías del artículo 14 (“las leyes deben ser anteriores al hecho del proceso”) una ley posterior no puede transformar en propiedad ilegal la propiedad que era legal al momento de ser adquirida y por lo tanto nadie puede obligar a su dueño a desprenderse de ellas.

Este es el análisis puro y simple de la “cuestión constitucional”. Los demás aditamentos son apelaciones panfletarias para la consecución de un fin. En ese marco deben ser analizadas las declaraciones poco felices de ayer de la presidente sobre las “balas de tinta” que utiliza el periodismo.

Un gobierno está en todo su derecho de ordenar las licencias de los medios audiovisuales. Pero no puede hacerlo violando los derechos adquiridos. Para eso hay que esperar que se venzan los plazos de las licencias actuales (que, en muchos casos, este mismo gobierno concedió) y aplicar el nuevo marco de allí en adelante.

El gobierno tendrá, en este aspecto, un poder de organizador, pero nunca podría bajo el ejercicio de esa excusa violar el artículo 32 de la Constitución que le impide al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa o establecer sobre ella la jurisdicción federal. Algún juez ultra expeditivo podría incluso fulminar toda la ley de medios por violar este último artículo, si no quisiera tomarse el trabajo de analizar puntualmente cada uno de los otros.